El caso del sicario liberado por orden de un tribunal (8° Tribunal de Garantía), nuevamente ha remecido la (poca) confianza ciudadana en las instituciones. El ciudadano sicario (hoy está libre igual que todos, así que tiene sus derechos intactos) fue imputado por homicidio, la jueza del tribunal decidió dejarlo en prisión preventiva, decretando 120 días para la investigación, porque hace falta mucho, mucho tiempo para investigar lo que se ve en los videos, lo que señalan los testigos, lo que dicen las pruebas de peritos, etc. Sin embargo, inesperada e instantáneamente, se emite una orden que permite la liberación del sujeto generando un desconcierto o incredulidad, tal vez, en los tribunales, Gendarmería, Ministerio Público, y todas las instituciones involucradas. Pero percibo que entre la población chilena, esto ha sido el chiste del año, o sea, solo nos reímos. ¿Cómo es posible que un individuo acusado de un crimen tan grave pueda recuperar su libertad, decretada por el mismo tribunal que lo envío a prisión preventiva? ¿De qué estamos hablando?
Entonces, parece que ya no vale la pena preocuparse de la sensación de inseguridad que sufrimos todos, todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Se ha intensificado? Sí. Pero si ninguna institución se “ocupa” del tema ¿qué ganamos preocupándonos? Solo nos estresamos y vivimos encerrados en nuestras casas (para que el señor sicario haga de las suyas libremente).
A estas alturas, pareciera legítimo pensar que sistema judicial ha sido viciado, permeado o corrompido. Pero, después del caso de las licencias médicas (del cual nunca más se supo), los casos fundaciones, los casos de parlamentarios desaforados (de los cuales nada más se supo), es fundamental cuestionarse si aún existe compromiso, seriedad, ética en el desarrollo de la labor que, el Estado (y los concursos públicos) han encomendado. La percepción actual es terriblemente desalentadora; los ciudadanos y ciudadanas tienen todo el derecho a sentir que el sistema no solo les ha fallado, sino que también ha sido incapaz de proteger sus derechos y su seguridad.
La crisis de confianza en las instituciones se acabó. Llegó el caos. Como ciudadana, me pregunto: ¿qué sigue? ¿Qué más debo esperar de un sistema que parece no tener control sobre sus propios procesos? Las explicaciones de las autoridades —Ministerio de Justicia, Ministerio Público, el tribunal e incluso el arzobispo— suenan sin sentido, vacías ante la gravedad de la situación. ¿Bastan realmente las justificaciones para restaurar la confianza?
La decisión de investigar el caso, que probablemente tomará otros 120 días, solo agrava la frustración. Mientras tanto, el sicario liberado ya debe estar en las Bahamas tomando sol.
Tal vez, se debe dejar de lado el discurso, repetitivo, de la necesidad de reflexión sobre seguridad y confianza. Tal vez, se debe dejar de repetir que las instituciones deben ser reevaluadas y fortalecidas. Tal vez, se debe dejar de pedir que se implementen medidas efectivas para garantizar que situaciones como la del sicario liberado no se repitan.
Tal vez, si se trabajara para restaurar las confianzas, la sociedad, la ciudadanía tendría las respuestas que se merece y, sobre todo, se tendría un sistema que funcione con transparencia y ética.
¿O será que se está esperando por un nuevo “Octubrazo”?. Tal vez. Demandar un cambio real, justicia y responsabilidad. No permitir que el caos se convierta en “normalidad”.
Por último, el bienestar social de una sociedad depende de la capacidad de sus miembros para actuar, para exigir un sistema que proteja los derechos y garantice la seguridad de todos y todas.
