Nadie puede discutir que en Chile hoy se ha instalado la idea de que existe una crisis de seguridad ante el incremento de la delincuencia. Una sensación de miedo en muchas personas ha ido creciendo con los años, incentivada y alimentada por los medios de comunicación (particularmente la TV) y por los discursos de políticos de derecha, a los que han terminado por sumarse los demás grupos políticos. El objetivo declarado de los que alzan sus voces al respecto es que el gobierno “haga algo” para contener una delincuencia que pareciera estar dominando el escenario.
La sensación de inseguridad
Esa “sensación de crisis de seguridad” de la que hablamos no encuentra correlato en los datos, pues Chile sigue siendo uno de los países más seguros (o menos inseguros) de América Latina. Hay una gran diferencia entre los hechos reales y el miedo que la ciudadanía siente de ser víctima de delitos.
No existe sociedad del mundo en la que no haya delitos. Su gravedad, extensión, violencia o efectos dañinos son diversos según el país de que se trate. En lugares más desarrollado se viven realidades de mucha violencia, sin olvidar la enorme cantidad de delitos más silenciosos relacionados con aspectos económicos, todo ello en un marco de alta corrupción política, empresarial y policial, en alianza con agrupaciones que hoy se denominan “crimen organizado”. Eso también ha llegado a nuestro país.
Debemos reconocer que, más allá de la exageración mediática e intencionada políticamente, hay problemas serios derivados de algo que está más allá de la simple impericia de las autoridades de los diferentes gobiernos que ha habido en Chile. El tema es serio y de ello hay que ocuparse.
Nuevas realidades
Delito hemos tenido siempre, pero las cosas han cambiado. Hemos podido constatar que existen en la sociedad nuevas organizaciones delictuales, especialmente ligadas al narcotráfico, que están conectadas con agrupaciones delictuales internacionales. El “tren de Aragua” es quizás el mejor ejemplo, sin ser el único caso. Algunas de estas organizaciones delictuales están ligadas a delitos de carácter económico, tráfico de influencias, sobornos de nivel internacional, cuyos efectos son muy dañosos en toda la extensión de la vida social. La presencia de bandas extranjeras aliadas a delincuentes locales nos hace pensar que no es posible pretender que nos abramos al mundo tan ampliamente y en todos los planos como lo hemos hecho y no quedemos expuesto a que llegue hasta nosotros una parte de esa ola delictual que domina escenarios de países cercanos y lejanos, sobre todo en medio de una globalización tan veloz e intensa como la que vivimos. Incluso las películas y series que nos llegan muestran formas y estilos delictuales que han sido adoptados entre nosotros. Son verdaderos cursos para aprender a delinquir.
Han aparecido grados de violencia en la comisión de ciertos delitos, tales como homicidios, asaltos a automovilistas y a residencias, que nunca habíamos visto hasta ahora. Antes los homicidios eran principalmente en riñas y con arma blanca. Hoy es a balazos. Con uso de armamento que hasta hace poco no tenían acceso de los delincuentes y, como se sabe, incluso son vendidas en un mercado negro por militares y policías. Estamos viendo “ajustes de cuentas”, asesinatos por encargo, secuestros y un brutal incremento del tráfico local de drogas.
Estamos presenciando delitos económicos de un nivel y frecuencia mucho mayor que antes, apoyados en la corrupción y en un paisaje argumental que da visos de legalidad a estafas, colusiones ilegales, apropiaciones de bienes ajenos, prebendas indebidas, entre otras variedades, con lo cual no hay sancionados.
Esto no es nuevo
Por cierto que esto no ha pasado solo en los dos años del presidente Boric y lo que sucede no es solo responsabilidad de las autoridades de hoy. Recordemos que el presidente Piñera en sus primeras campañas planteaba este tema con mucha crudeza y con promesas que no se cumplieron: “delincuentes, tienen sus días contados”. El creciente agravamiento se debe a causas que se arrastran hace décadas, pero en un proceso que incrementa su visibilidad y efectos en la medida que los delincuentes sienten que se pueden mover sin dificultades. Estamos frente a algo mayor que la crisis de seguridad: es una crisis ética, porque deriva del debilitamiento concreto de los valores que la sociedad chilena mantuvo como pilares y estilos de vida a lo largo de su historia.
La situación es delicada por el incremento y complejidad de los delitos y la audacia de los delincuentes, pero sobre todo por l la sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos, y de eso hay que hacerse cargo con urgencia para que haya efectos inmediatos. Pero las medidas que se tomen serán siempre soluciones parciales y precarias porque están basadas en los síntomas y no en la causa profunda. Si no se comprende correctamente lo que pasa, será imposible encontrar soluciones. Y si no se toman medidas de mediano y largo plazo que acompañen a las de efecto inmediato, los resultados serán solo de apariencia útiles, pues no producirán efectos permanentes.
Hacia donde queremos ir
Sabemos que el delito no desaparecerá. Lo que debe interesarnos es:
disminuir la frecuencia y gravedad de los delitos;
esclarecer los casos que se presenten;
generar confianza en la sociedad en el sentido de que haya mayor seguridad, prevención y eficacia en la captura de los delincuentes;
juicios menos demorosos;
prisión con objetivos de rehabilitación social;
sistemas legales menos complicados y de más sencilla aplicación;
procedimientos penales justos para imputados y víctimas.
Evitando entrar en los problemas de fondo, tanto quienes han conducido los distintos gobiernos como los políticos en general, líderes de opinión, empresarios, periodistas, proponen soluciones centradas en la represión: mano más dura, subir las penas, bajar la edad de responsabilidad criminal, evitar las libertades provisionales, no dar beneficios penitenciarios ni indultos, más cárcel y más permiso a las policías para reprimir sin límite ni prudencia.
Está probado en el mundo entero que esas medidas no tienen resultados efectivos. El delincuente no observa la pena cuando decide delinquir. Simplemente se preocupa de ver cómo cometer su delito de modo de quedar protegido, no ser sorprendido o tener una buena defensa. Las penas no son disuasivas. Por el contrario, son estímulos para perfeccionar los métodos delictuales.
Ahora se quiere seguir bajando las edades para la responsabilidad criminal y tratar a los menores como si fueran adultos. Es decir llevar a los menores a las cárceles, para que entren más jóvenes a una prisión que es una escuela de delincuentes. Se olvida asimismo que el que cumple la pena en estos tiempos, al salir de la cárcel queda estigmatizado, es considerado indeseable en todas partes y tiene pocas posibilidades de reinserción social. Su camino será casi siempre volver a delinquir.
El origen
Las soluciones deben atacar las causas más profundas y no pretender que haya resultados permanentes en el corto plazo. Ya sabemos que el delito, la violencia, los abusos de poder, están en la raíz de toda organización humana construida hasta ahora.
El origen de la gravedad del problema actual radica en una profunda crisis ética, en la cual, más allá de los valores en sí mismos aceptados por casi la unanimidad de la sociedad, las conductas concretas no se condicen con ello.
Es decir, formulamos una serie de palabras y conceptos en la idea de lo que queremos de la sociedad, pero la conducta concreta que tomamos los habitantes del país es distinta. Elijo un ejemplo sencillo: el uso de las calles por parte de los automovilistas. En Chile están prohibidos los vidrios polarizados en los vehículos, pero muchos, sobre todo los que conducen los autos más caros del mercado, los usan.
Los accidentes del tránsito han ido en aumento porque los automovilistas conducen a exceso de velocidad, no respetan las reglas ni están atentos a las condiciones del tránsito, manejan bajo la influencia del alcohol y las drogas. Se dictan leyes para bajar la velocidad máxima: muy pocos ciudadanos la respetan, tanto en ciudades como carreteras. Más leyes para todo lo demás y las cosas sigue igual. Es delito: pero el sujeto considera que si no es sorprendido no tiene importancia.
¡He aquí parte clave del problema! La ley se obedece cuando hay control, pero no porque haya convencimiento de que deba ser respetada ni por la valoración que merece la situación del resto de las personas que integran la sociedad.
Desde este ejemplo podemos partir para las más variadas situaciones. Siempre el delincuente tiene desprecio por las leyes. Cuando hay una ética básica en la sociedad, responsabilidad cívica, sentido del deber social, el delito pasa a ser una cuestión excepcional, marginal.
En busca de las causas
Lo que ha sucedido en Chile – y probablemente en otros lugares al menos de América Latina – es que esos enfoques (ética, responsabilidad y deber social) se han ido perdiendo progresivamente. El resultado es un desprestigio de las instituciones y una desvalorización de la justicia, además de variadas formas de corrupción que van minando la cohesión de la sociedad y la valoración de las normas.
Identifico dos factores causales como los dominantes en esta perspectiva:
deterioro de la democracia y el respeto de los derechos humanos; eso se sostiene en la definición y apropiación de los conceptos de lo justo y lo verdadero por parte de quienes detentan la fuerza armada y el dominio de las comunicaciones.
instalación de un sistema socio económico (que algunos llamamos neoliberal) que privilegia la competencia por sobre la colaboración, el egoísmo individualista por sobre la solidaridad, “tener más” por sobre “ser más” como objetivo en la vida social.
El primero de ellos encuentra su raíz en la instalación de una dictadura en Chile, que nace con el argumento de que la democracia y la libertad corren peligro y para salvarlas se derroca al Presidente, se cierra el Congreso Nacional y un grupo militar se hace cargo del poder con la ayuda, inspiración, respaldo y compromiso efectivo de grupos de civiles identificados políticamente con la derecha y vinculados principalmente a los sectores empresariales.
Quienes se alzan contra el poder establecido, contravienen leyes y cometen delitos de subversión, sedición, sublevación y atentados contra la seguridad del Estado, en abierta violación de la Constitución vigente entonces. En lugar de ser castigados por esos delitos, se convierten en gobernantes, gracias al uso de las armas que el Estado les confió para la defensa exterior.
La consecuencia es que la democracia y la libertad por cuya defensa se justificaba intervenir desaparecen para la gran mayoría de los habitantes de Chile. En una guerra inventada (que le permite a militares y policías cobrar sobresueldos por años), se desata una violenta acción represiva en contra de opositores políticos: muchas personas son arrestadas indebidamente, torturadas, condenadas en procesos espurios, asesinadas, privadas de sus derechos y la mayoría de la sociedad ve afectadas su seguridad personal, su derecho a la vida privada, su patrimonio, su trabajo. Con la complicidad y complacencia institucional del Poder Judicial (hubo pocas excepciones personales de jueces) desaparecen los juicios justos, el derecho a una defensa adecuada, se acepta como verdad incuestionable la palabra de los gobernantes de facto. Todo pasa a ser relativo con la reducción argumental de la “seguridad nacional”.
Se hacen habituales y se reconocen como lícitos los actos criminales de asesinar opositores, encarcelar sin proceso, hacer desaparecer personas, apoderarse de los bienes de los detenidos, el acallamiento de la justicia, el predominio de la mentira y la arbitrariedad y la negación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En el caso de los gobernantes de facto, su conducta se convierte en la medida de todas las cosas y el hecho de que ellos actúen así pasa a ser considerado en sí mismo legítimo sin mayor argumentación. Se invierte el peso de la prueba: el ciudadano debe demostrar que es inocente, con lo cual para probar la culpabilidad basta la imputación.
Se ha deteriorado la justicia y la democracia, los derechos humanos son violentados. Con eso se proclama un principio: “Yo hago lo que quiero, porque puedo”, lo que pasará a ser generalmente aceptado, pues es el del delincuente que considera que nunca va a ser sorprendido y menos todavía castigado.
Incluso, para desacreditar la democracia como modelo para detener la delincuencia, se la ha llegado a contraponer con la seguridad. Una encuesta difundida masivamente a comienzos de 2023 le preguntaba a la gente si prefería la democracia o la seguridad, como si se tratara de cuestiones alternativas y que no pueden coexistir, en circunstancias que solo puede haber verdadera seguridad cuando las personas están conscientes de sus derechos y los pueden ejercer y defender.
Y todos caen en la trampa: de las distintas posiciones políticas comienza a repetirse el discurso y se trata de centrar todo en los mecanismos represivos. Cunde la desesperación, sobre todo porque electoralmente el tema de los delitos inclina votación hacia la derecha.
Respecto del segundo factor causal, que terminará apoyándose también en el mismo principio anterior, el sistema económico que se instala con el golpe de Estado se proclama sustentado, en teoría, en la libertad de mercado, dejando al Estado en un papel subsidiario. Son los privados quienes se hacen cargo del manejo real de la economía, en un estrecho espacio que no permite una verdadera competencia, donde todo se concentra en las manos de unos pocos grupos. Se facilita y acentúa el desequilibrio económico en la sociedad, haciendo cada vez más ricos a los ricos y manteniendo una clase media empobrecida y endeudada, mientras los sectores de extrema pobreza reciben beneficios para paliar su desmedrada situación, a costa de mantenerlos en ella.
Lo más importante es ganar dinero, enriquecerse y para conseguir ese objetivo todo comienza a resultar lícito. En aplicación de este sistema, primero durante la dictadura y luego en la naciente democracia, muchos que están en las posiciones de poder se enriquecen con el traspaso de bienes estatales y otros beneficios, en maniobras burdas o disfrazadas de “capitalismo popular” o venta de empresas sosteniendo que al Estado le significan pérdidas, pero que en poco tiempo darán grandes utilidades a los que las reciben. Políticos destacados, empresarios, personas conocidas del espectáculo o las comunicaciones – incluyendo un presidente de la República y ministros de Estado – se aprovechan de información privilegiada o hacen maniobras para obtener ganancias pecuniarias con métodos penados por la ley, se enriquecen indebidamente, dando una señal a la población: para tener dinero y el bienestar que ello conlleva, “todo es correcto siempre que no te pillen”.
Cuando el sistema económico lleva a despojar al Estado de las empresas que se han creado con el esfuerzo nacional para pasarlas a manos privadas, lo que se hace es organizar un mecanismo destinado a expoliar a los organismos públicos mediante sistemas que solo encarecen los bienes, favorecen a pequeños grupos y facilitan que la ambición desatada los lleve a organizar sistemas desde la combinación público-privada para obtener beneficios ilícitos.
La felicidad se iguala a la riqueza y la avidez de enriquecimiento lleva a los jóvenes a elegir sus carreras universitarias no por su vocación, compromiso humanitario, capacidades, sino por el grado de empleabilidad o las expectativas de ingreso económico que ello genera.
Lo importante no es “ser más” sino “tener más”. Y cuando una sociedad opera con la ostentación y el derroche de una minoría enriquecida, lo que se despierta en los demás es la envidia, la ira y el deseo de obtener en el más corto plazo el mayor beneficio para sí mismo. Ejemplos de eso sobran.
Se diluyen así los valores solidarios y el sentido de justicia, para dar paso a la codicia como motor de la vida social y económica. Y también política, porque las posiciones de poder se buscan para enriquecerse.
La combinación “poder total + codicia” es una fórmula que incentiva el delito: he aquí la crisis ética que lleva a los habitantes del país a delinquir bajo el convencimiento de que si no son sorprendidos podrán gozar de los mayores beneficios imaginables.
La publicidad ayuda a eso, al destacar los valores de la apariencia, incentivar el endeudamiento para conseguir lucir de mejor manera, aunque ello se construya desde el deterioro moral.
Lo que la sociedad ha aprendido
Estas realidades expuestas han sido orientadoras para las conductas de los habitantes de Chile. No deja de ser ilustrativo el relativismo ético del que hizo gala la institucionalidad de la dictadura, cuando se dictó aquel decreto ley en el cual se estableció que si una norma dictada por la Junta de Gobierno estaba en contraposición a la Constitución, considerando que el poder constituyente estaba radicado en ese organismo, no se entendía que la violaba, sino que la modificaba. ¡Blanqueo constitucional, lo llamamos los abogados!
Entonces, todo el que puede se sentirá todopoderoso y en su actuar no tendrá límites de ninguna especie.
Otro aprendizaje relevante es que las personas que pueden violar la ley sin ser castigadas, son especiales, más poderosas que los demás ciudadanos. Por lo tanto, muchos aspirarán a lograr lo mismo: tener dinero para hacer lo que quieran, aunque para eso sea necesario cometer delitos, pues si tienen poder no serán castigados.
Eso se señala en un marco ético aplicable en diversas escalas.
Desde: > la persona común y corriente, sin poder externo, pero que ejerce la violencia en el interior de su casa o de su pequeño grupo de amigos;
> el que roba en el supermercado o en la frutería;
> el que trafica drogas en pocas cantidades;
> el ratero del transporte público; etc…,
Hasta:
> el que evade impuestos por cientos o miles de millones;
> el abogado que basa su defensa penal en sobornos;
> el que organiza y ejecuta asaltos usando armas;
> el que viola la legislación económica para sacar provechos indebidos;
> el que tiene y mantiene organizaciones criminales para el tráfico de drogas;
> el contrabandista;
> el que piratea libros industrialmente y tiene cientos de personas a su servicio;
> los que participan de todos los actos de corrupción;
> los que violan las leyes de las más diversas maneras.
Quienes más han aprendido de estos factores que hemos mencionado han sido los policías y los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ellos se dijeron que si sus superiores o los amigos de sus superiores podían, ¿por qué no los demás? De capitán a paje, se decía antiguamente. Muchos (¡muchísimos!) integrantes de la policía uniformada se dan cuenta que si la sociedad se organiza del modo que hemos descrito y el bienestar económico es lo más importante, nada les debiera impedir que ellos, utilizando el poder que tienen, busquen métodos de enriquecimiento adicional.
Así partió con los latrocinios en los allanamientos durante la dictadura; se “perfeccionó” con mecanismos extorsivos a sectores populares, especialmente comerciantes a quienes se vendía protección a cambio de pagos directos. Todo ello, con la impunidad que se conseguía gracias a su poder y a las protecciones que se brindaban entre los distintos organismos. Mal podían frenar esa corrupción los altos mandos, cuando ellos eran quienes más se aprovechaban de la situación. Sembrada la semilla de la corrupción y de la impunidad, hasta hoy mismo, 50 años después del inicio de todo, ya no hay como detenerla, salvo disolver o intervenir la institución.
Desde 1985 las cosas fueron peores: los asaltos a farmacias perpetrados por grupos de policías, paralelamente a los asesinatos y secuestros llevados a cabo por DICOMCAR, fueron el inicio de delitos cometidos por funcionarios policiales (se les presenta como “ex carabineros”, aunque el delito lo cometieron en servicio activo) de las más variadas modalidades: fraudes, exacciones ilegales, amenazas, robo y venta de armas, tráfico de drogas, asaltos, soplonaje en favor de delincuentes, asociaciones ilícitas, participación en asaltos, venta de protección y otros delitos tanto o más graves que éstos. Los robos de armamento en cuarteles de las Fuerzas Armadas y de Carabineros permiten explicarse de dónde sacan los delincuentes la mayoría del armamento que están usando en sus acciones.
El aprendizaje, repito, es: “Delinque mientras no te pillen, usa todo tu poder mientras puedas”. Estamos frente a una enorme crisis ética, que es causa directa de un deterioro social y del incremento del delito.
Cuando las policías no solo eluden su deber sino que están corruptas, los delincuentes sacan más fuerza para sus cometidos, sabiendo que las detenciones serán ocasionales y lo más probable es que no sean castigados.
Las medidas inmediatas
Hay que tomar medidas con urgencia, destinadas a frenar la sensación de crisis y la delincuencia misma. Son dos direcciones.
Es preciso actuar de inmediato para recuperar la tranquilidad pública y callar el discurso alarmista de los medios de comunicación y de los políticos interesados. Pero, sabemos que no se saca nada con soluciones de parche o respuestas legislativas efectistas. Como con el tema del tránsito. Se pensó que disminuirían los accidentes al bajar la velocidad máxima de 60 a 50 km/h, sin darse cuenta que los problemas no estaban en ese tramo de 10, sino en que los automovilistas conducen en la ciudad a 80, 90 o más y en carreteras sobre 140 Km. Voladores de luces, a los que nos acostumbran los vendedores de ilusiones, que prometen realidades que no pueden cumplir: gobiernos, parlamentarios, lideres de opinión.
Para lograr efectos prontos, todas las medidas deberían centrarse en mejorar la eficacia policial, que es uno de los problemas más serios en la sociedad. Pero si esa eficacia – en caso de existir – no va acompañada de medidas de mediano y largo plazo que contribuyan a solucionar el problema en toda su dimensión, eso será una pérdida de tiempo.
Al respecto es necesario señalar que hay ocasiones en que las policías, cuando se lo proponen verdaderamente, tienen éxitos sonados. Sobre todo la llamada PDI, de cuya capacidad investigativa no se puede dudar.
¿Qué se puede hacer?
1. Mejorar el carácter preventivo de la acción policial.
2. Fortalecer la labor de investigación policial en una sola institución.
3. Mejorar la situación del Ministerio Público.
Estas tres tareas inmediatas solo tienen como dificultad la oposición que pueden presentar los incumbentes, pues eso puede debilitar el grado de influencia de algunos de ellos en la vida nacional al serles acotadas sus funciones.
Vamos a hablar de las policías que hoy existen –aun cuando la aspiración de muchos es que la actual institución de Carabineros sea disuelta y sustituida por una nueva que nazca sin contaminación– pues de otro modo sería demasiado largo.
A Carabineros debe encomendársele solo la función preventiva y de vigilancia. Para eso se requiere una mejor y mayor preparación con ese énfasis específico, centrado en dos cuestiones: los puntos de origen del delito (las organizaciones criminales, ya sean barriales o de mayor envergadura) y en los objetivos que los delincuentes se fijan.
Presencia en las ciudades y sus barrios, en los caminos, con tácticas que dificulten la acción de los grupos delictuales en puntos neurálgicos. Ello incluye una labor de inteligencia policial – que hoy no existe más que en papel – para analizar comportamientos y establecer una prevención de los riesgos que corre la población.
Para que esto sea posible no debe haber personal policial en labores administrativas, todas las cuales deben quedar a cargo de funcionarios civiles (no personal en retiro, sino civiles preparados en administración, organización, logística y registro).
La tarea preventiva, de vigilancia, control de calles y espacios públicos, debe ser apoyada por los servicios que los municipios han creado con esa finalidad, en una coordinación eficaz.
Todas las funciones, personal y recursos que hoy tiene Carabineros en la labor de investigar deben traspasarse a lo que se llama PDI, policía encargada de investigar los delitos cometidos. Esta entidad debe ser fortalecida en su labor para hacer su trabajo con mayor celeridad y calidad, aumentando el personal, mejorando la preparación, incrementando los recursos.
El Ministerio Público, que debe trabajar coordinadamente con PDI, debe contar con personal preparado y recursos para cumplir su tarea con eficacia y eficiencia, cubriendo todos los casos y no solo aquellos que capturan atención de los medios de comunicación o afectan a personas social, política o económicamente importantes. Todo delito, grande o pequeño, con prensa o sin ella, con personas famosas o sencillas, debe ser investigado con la misma acuciosidad y resuelto en plazos breves.
Gran parte de la percepción de inseguridad en la ciudadanía se debe al desamparo que siente el ciudadano común cuando su delito es archivado sin siquiera investigarse.
Una de las cuestiones claves es que el Ministerio Público preste atención a las víctimas de los delitos, facilite los mecanismos de denuncia y apoye psicológica y jurídicamente a quienes han padecido la acción de los delincuentes, poniendo mayor atención y recursos para las personas más desvalidas de cualquier punto de vista.
El gobierno, a través de su organización nacional, regional y provincial, en coordinación con los municipios, debe prestar colaboración administrativa a todos los actores de la prevención, la vigilancia y la investigación, tanto con organización como campañas de instrucción y educación de la población para que los delitos sean denunciados.
Todo esto se puede hacer sin necesidad de grandes discusiones legales. Leyes breves y precisas, simples decretos en muchos casos, pero por sobre todo voluntad y premura en la acción.
Medidas de mediano y largo plazo
Si las causas provienen de un enfoque político, económico y social de carácter sistémico, es evidente que el tema de la delincuencia y la seguridad de los ciudadanos debe ser enfrentado también de ese modo.
Resumo las medidas en las siguientes áreas:
Educación, instrucción y fortalecimiento de la ética y el compromiso ciudadano;
Reforma a los sistemas penitenciarios;
Fortalecimiento de los mecanismos para favorecer la trasparencia y disminuir la corrupción especialmente en áreas del servicio público;
Reordenamiento legal, que incluya un nuevo Código Penal y las reformas necesarias al procedimiento penal, para garantizar los derechos ciudadanos tanto de los imputados como de las víctimas.
En el primer aspecto, el tema ético es crucial, entendiendo que el comportamiento adecuado tiene que ver con el respeto de las personas, la solidaridad, la colaboración, la resolución de los problemas grupales con la concurrencia y buena disposición de todos, la solución de los conflictos entre los vecinos mediante procedimientos de mediación local antes de llegar a las acciones judiciales.
Educar para entender que todos somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno y que no podemos marginarnos ni actuar como el avestruz que esconde su cabeza. Pero también instruir en el conocimiento de las leyes y los derechos y deberes que emanan de ellas. Será necesario abrir espacios de comunicación de las personas con las autoridades, generando –a través de la Constitución Política – mecanismos de participación que hagan sentir a los ciudadanos que pueden incidir en los procesos de formación de las leyes y que sus mandatarios – diputados, senadores, consejeros regionales, concejales, alcaldes – deben estar cerca de ellos para escuchar sus proposiciones.
Cuando se habla en Chile de los problemas de la calidad de la educación, deberá comprenderse que más allá de los mecanismos de instrucción en los que se pone tanto énfasis, debe haber una preocupación especial por el desarrollo de las personas, para que asuman la plenitud de su naturaleza humana, de sus derechos y posibilidades, pensando en que lo que los ingenieros y gerentes llaman peyorativamente “habilidades blandas”, son en realidad cruciales para la convivencia y progreso de la sociedad en su conjunto. Por eso deberá desarrollarse, mediante un enfoque sistémico, la concepción del “ser” por sobre el “tener”. Más que propietarios, debemos ser personas.
Los sistemas penitenciarios deben orientarse verdaderamente a la recuperación de las personas, mediante apoyos psicológicos, educativos y laborales. Por ejemplo, ampliar el concepto de cárceles rurales, talleres de trabajo, apoyos educativos y de instrucción en los penales. Por supuesto que ello debe ir acompañado de mecanismos de seguridad y control, la separación de los presos para evitar los conflictos que se producen e impedir la creación y desarrollo de organizaciones delictivas en el interior y hacia el exterior.
Esto implica reformar la institución completa, mejorando su formación e incrementando el personal adecuado más allá de la función de vigilancia. Muchos de estos planes ya existen, pero la sociedad chilena no ha creído necesario invertir en ello, al no haber entendido que si no se trabaja a este nivel, las “escuelas de delincuentes” seguirán funcionando desde las cárceles.
Para combatir la corrupción en el Estado y las Municipalidades desde sus inicios, deberá acentuarse la preparación y selección de los funcionarios, mejorar sus remuneraciones y garantizar una cierta estabilidad en el empleo. Las contrataciones a honorarios o los contratos anuales pueden ser tan nocivos como las plantas inamovibles que hacen que una persona sea dueño de su cargo de por vida. Es necesario encontrar fórmulas – que ya existen en otros países del mundo – que siendo adecuadas para la idiosincrasia nacional permitan disminuir los riesgos de corrupción. Uno de los mayores castigos para quienes se involucren en situaciones de corrupción desde la política o del servicio público, debe ser la prohibición temporal o perpetua de tener cargos en el Estado o plenos derechos políticos. Igual restricción debería imponerse a quienes, desde el mundo privado, intervengan en la corrupción de los funcionarios. Las reformas legales son importantísimas y deben trabajarse con celeridad, pero siempre con la prudencia del caso para que las cosas se hagan bien y no queden vacíos que en materia penal son tan peligrosos.
En todo caso, la ley será siempre perfectible.
La tarea es difícil, pero como hemos dicho, requiere el compromiso del país en su conjunto y, junto con actuar ya, hay que ir mirando el futuro. Y eso no lo hace un gobierno, ni un iluminado, ni un partido, sino el conjunto mayoritario de una sociedad que aspira a vivir en paz y en la mayor tranquilidad.
Jaime Hales es abogado y escritor
