Se acercan las elecciones presidenciales y las últimas encuestas de La Cosa Nostra, lideradas por el sociólogo Alberto Mayol, revelan que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad. En dichas encuestas se plantea, además, que existe una transformación cultural en la política chilena: valores tradicionalmente asociados a la derecha —como orden, progreso y seguridad— han pasado a estar en el centro del debate, mientras que otros, vinculados a la igualdad, aparecen hoy desplazados y con menor relevancia en las prioridades de la población.
Esta mutación no puede entenderse sin la responsabilidad del actual gobierno. Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia, no contaba con un proyecto ni con una narrativa clara en torno a la seguridad. De hecho, este tema no estaba instalado en la agenda pública hasta que se produjo un aumento considerable de delitos vinculados al crimen organizado, a hechos violentos de alto impacto e incluso a la inmigración irregular. Todo ello fue erosionando la percepción ciudadana generó un clima de cansancio frente a asesinatos, ajustes de cuentas, extorsiones y secuestros.
El gobierno reaccionó tardíamente, incorporando el discurso de la seguridad solo después de que la realidad lo desbordara. Algo similar a lo que he denominado en otra columna como la histéresis del habitus: Boric llegó a La Moneda todavía imbuido del espíritu del estallido social, con la bandera de la igualdad y justicia social, pero ese impulso se vio frustrado tras el rechazo a la primera propuesta constitucional. A partir de ese momento, el Ejecutivo quedó sin relato y debió apoyarse en antiguos cuadros de la Concertación para sostener una mínima estabilidad política.
Hoy, el propio presidente parece más un exmandatario en ejercicio que un jefe de gobierno con iniciativa. Varios de sus cercanos han abandonado el “barco” para postular a cargos de elección popular, y lo cierto es que nunca existió un grupo intelectual que defendiera con convicción su proyecto. Esa ausencia también revela una falencia estructural de las izquierdas chilenas: se retiran del campo de la batalla discursiva y dejan que el adversario imponga la agenda.
En este escenario, nos encaminamos hacia un nuevo ciclo político de signo conservador. Es muy probable que la derecha vuelva a gobernar, y que José Antonio Kast tenga opciones reales de convertirse en el próximo presidente de Chile, con la seguridad como eje principal de su programa. Empero, la literatura especializada en derechas radicales advierte que los partidos que construyen su agenda en torno a un único tema enfrentan luego la dificultad de responder a otras áreas. ¿Qué más puede ofrecer Kast, más allá del orden y la seguridad? Su propuesta económica, según varios analistas, parece poco verosímil: Chile, a pesar de sus tensiones, sigue siendo una economía próspera.
Otro dilema no menor es si Kast cuenta realmente con cuadros políticos preparados para asumir la gestión del Estado, o si inevitablemente deberá recurrir a Chile Vamos, con quienes mantiene conflictos internos. La gobernabilidad de un eventual gobierno suyo dependerá, en gran medida, de esa capacidad de articular equipos más allá de la retórica electoral.
Fabián Bustamante Olguín. Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte, Coquimbo
