El Sindicato de Actores y Actrices de Chile (SIDARTE) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), deseamos expresar nuestro profundo rechazo a los recortes presupuestarios que afectan al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio durante el año 2026.
Resulta particularmente preocupante que se reduzca en un 10% el presupuesto vigente del Ministerio, uno de los recortes más significativos aplicados al sector público, afectando programas, fondos, organizaciones culturales, espacios comunitarios, sitios patrimoniales y miles de puestos de trabajo vinculados al ecosistema cultural del país.
Esta decisión es aún más grave si consideramos que la inversión pública en cultura representa apenas el 0,56% del gasto público nacional, muy lejos del histórico compromiso de avanzar hacia un 1% para cultura.
La cultura no constituye un gasto prescindible ni un privilegio para unos pocos. Es un derecho humano fundamental y una herramienta indispensable para fortalecer la democracia, la cohesión social, la memoria colectiva, la educación, la salud comunitaria y el desarrollo de los territorios.
Asimismo, los recortes desconocen el aporte económico concreto que realiza el sector. Las industrias culturales y creativas representan aproximadamente el 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile y generan más de 300.000 empleos formales, constituyéndose como un sector estratégico para la economía nacional, la innovación y la proyección internacional del país.
Cada peso que se recorta en Cultura, significa menos acceso a la lectura, menos actividades artísticas en barrios y comunas, menos oportunidades de formación para niñas, niños y jóvenes, menos apoyo a espacios culturales independientes, menos protección del patrimonio material e inmaterial y menos herramientas para construir comunidades más democráticas, inclusivas y cohesionadas. Nos preocupa profundamente que estas decisiones se adopten sin un diálogo amplio y vinculante con el sector cultural, desconociendo el impacto que tendrán sobre organizaciones, artistas, trabajadoras y trabajadores que históricamente han sostenido sus labores en condiciones de precariedad.
Al mismo tiempo, queremos expresar nuestra preocupación por la continuidad en materias de políticas públicas e institucionalidad cultural, la que ha sido el fruto de décadas de trabajo, que posibilitaron la creación de un ministerio y leyes sectoriales, que han permitido avances en condiciones de trabajo y la necesaria visibilización de la actividad, lo que impacta directamente en la ciudadanía.
Denunciamos que esta política de recortes en Cultura, constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, emanadas de la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que en su artículo 27 dispone:
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969), en su Artículo 26 dispone:
“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
Por todo lo anterior, exigimos del Gobierno, la reversión inmediata de estos recortes y el fortalecimiento efectivo de las políticas públicas culturales, so pena de hacer incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional.
Por último, hacemos un llamado al conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones, a defender la Cultura, pues hacerlo es defender el derecho de las comunidades a imaginar otros futuros posibles, a preservar sus memorias, a expresar sus diversidades y a construir una sociedad con mayor reflexión crítica y participación ciudadana, a la vez que más justa y democrática.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS - SIDARTE
Santiago, 17 de junio de 2026.-
