Mientras el país se encamina hacia una histórica elección de convencionales constituyentes y de gobernadores regionales, que definitivamente puede modificar el escenario político nacional y el gobierno se allana al dialogo con la oposición para acordar los llamados “mínimos comunes” en materia de ayuda a las familias víctimas de los efectos sociales de la pandemia, distintas iniciativas de orden legislativo encuentran espacio en el Congreso Nacional para alterar ciertas definiciones de carácter medular en el ámbito educativo.
Una de ellas es la iniciativa de un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, en orden a postergar en dos años la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), finalizando este proceso el año 2027[1]. Lo anterior, resulta complejo pues, el pasado 01 de abril, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, hizo entrega al Presidente de la República de su Informe y, según las versiones disponibles hasta ahora, este documento no plantea la posibilidad de retrasar la creación de las mencionadas entidades[2], dando un paso decisivo en favor de la concreción de la desmunicipalización de la enseñanza.
En tal sentido, cabe preguntarse si bajo las actuales condiciones, en donde el gasto público ha asumido una orientación relacionada con el financiamiento, parcial y limitado, las consecuencias sociales derivadas de la situación sanitaria, es válido interrogarse si ¿Son los municipios los organismos mejor preparados para continuar administrando este servicio? ¿Qué características, cualitativamente distintas poseen respecto los recursos disponibles hace aconsejable una medida como esta?
Sabido es que la experiencia desarrollada en Chile, a partir de la imposición de un modelo de administración municipal de la educación pública durante la Dictadura Militar, ha redundado en términos globales en una política fracasada que no logró articularse como sistema, adquiriendo el status que las administraciones locales quisieron otorgarle dentro de sus múltiples tareas y responsabilidades. Sus resultados son elocuentes: pérdida de matrícula, agudización de las brechas de resultados con establecimientos bajo otras modalidades de dependencia y pérdida del reconocimiento social del que disfrutara, más allá del indudable aporte histórico realizado por la educación pública en la democratización de los derechos sociales en Chile.
Por otra parte, la reciente información del descenso en la matrícula de estudiantes en carreras de pedagogía en las universidades, ha sido una preocupante señal. Desde luego, porque la escasez de educadores en determinados niveles y asignaturas puede ser un obstáculo concreto para el logro los mínimos niveles de equidad y deteriorar perspectivas de desarrollo futuro para nuestro país.
Según datos del Ministerio de Educación, entre los años 2011 y 2020, se ha producido un descenso de un 39% en el número de estudiantes matriculados en este tipo de programas académicos.[3] Es necesario considerar que el año 2016, se aprobó la Ley 20.903 que creo el Sistema de Desarrollo Profesional Docente[4], la que elevó los requisitos para el acceso de postulantes a estas carreras, cuya formación se estableció exclusivamente en universidades acreditadas, estableciendo procesos de inducción a los docentes principiantes, entre otras medidas. La norma estableció un progresivo aumento de requisitos para estudiar pedagogía que se planificó, de manera progresiva, en tres tramos considerando elementos tales como el aumento en los puntajes mínimos de ingreso, el ranking de egreso dentro de su promoción en la Educación Media, entre otros.
En vista del descenso en la matrícula, la respuesta del ejecutivo fue enviar un proyecto de ley que, según el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, “posterga la entrada en vigor del segundo tramo de requisitos y elimina el tercer tramo”[5]. Tiene entonces sentido preguntarse si, esta es la mejor opción o, por el contrario, establecer una política de incentivos para que jóvenes movidos por su vocación y espíritu de servicio, movilicen sus talentos como futuros educadores ¿Por qué no entonces la autoridad encargada de prever y de resolver futuros déficits no establece una política de estímulos que promuevan la elección de estas carreras en vez de flexibilizar los requisitos para ingresar a ellas?
Sin lugar a dudas, un incentivo que resultaría fundamental es la mejora de las condiciones de desempeño para profesores y profesoras que les permitan el pleno ejercicio de su autonomía profesional en condiciones que les posibiliten desempeñar un rol efectivo para el aprendizaje, por ejemplo, reduciendo el número de estudiantes por curso, mejorando sus remuneraciones en los tramos iniciales de la carrera docente, fortaleciendo el desarrollo de herramientas para su mejor inserción en el medio escolar y reduciendo el tiempo destinado a las actividades lectivas equiparándolas a aquellas asociadas a la preparación de la enseñanza.
Todo lo anterior, resulta de meridiana importancia pues, recientes estudios concluyen que un 40% de los docentes abandona el ejercicio docente dentro de los cinco años primeros años de ejercicio profesional.[6] La problemática, expone entonces la multiplicidad de factores que inciden en ella y que, no solo se vinculan a optar o no por una determinada carrera, más allá de ello, en la compleja pérdida de un importante capital humano, que opta otras actividades, dado el desencanto experimentado en el sistema escolar.
Pero sobre todo, la pedagogía será atractiva como opción profesional cuando en el discurso y en el debate público, esta cuente con el reconocimiento social que todavía se le adeuda, cuando la autoridad sea la primera en destacar la importancia de su rol, cuando las propuestas electorales se orienten a fortalecer la formación de las y de los educadores, y no a generar alternativas fáciles, que solo consolidan la dependencia y el subdesarrollo.
Las adversas condiciones sociales y económicas derivadas de los efectos de la situación sanitaria, requieren consolidar pilares fundamentales de un sistema educacional que permitan al país transitar hacia una senda de mayor equidad y de justicia social, mediante políticas coherentes en el corto y mediano plazo. Definitivamente, este no es el momento para implementar una silenciosa contrarreforma educacional.
[1] https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14560&prmTIPO=INICIATIVA.
