El pasado día jueves 20 de abril, el presidente Gabriel Boric marcó un simbólico hito al anunciar al país, mediante una cadena nacional, la Estrategia Nacional del Litio. Esta es, sin lugar a dudas, una propuesta que rompe con décadas de inhibición de la iniciativa empresarial del Estado de Chile, condicionada por la Constitución Política de 1980, para establecer el ejercicio de soberanía sobre nuestros recursos naturales de carácter estratégico, construyendo alternativas de desarrollo para nuestra economía.
Este hecho, cargado de simbolismo, es la concreción de uno de los más relevantes compromisos programáticos adquiridos por el mandatario, permitiéndole recuperar una agenda de transformaciones y promover en la ciudadanía discusiones sobre asuntos de fondo en una contingencia informativa centrada en asuntos como la delincuencia e inseguridad, horizonte elegido por la derecha para construir su base social de apoyo ante la elección de consejeros constitucionales, así como eventualmente, su retorno al gobierno.
Durante las últimas décadas, se ha extendido la conciencia acerca de la importancia de los recursos naturales de carácter estratégico presentes en nuestro territorio, como un elemento fundamental para el desarrollo de exportaciones con un mayor valor agregado y para la especialización de empleo dentro de este rubro, sino también, sobre la ineludible responsabilidad de que su explotación asuma un carácter sustentable, particularmente, en relación al uso racional y equitativo de los recursos hídricos, especialmente frágiles ante el fenómeno del Cambio Climático que experimenta el planeta en la actual fase del Antropoceno.
Esta iniciativa debe necesariamente recoger interesantes y valiosas experiencias emprendidas por países de la región, como Argentina y Bolivia, que les han permitido no solo incrementar sostenidamente sus exportaciones de este mineral indispensable para la industria tecnológica a nivel mundial, sino también desarrollar su industrialización en toda su cadena productiva como en el caso del país altiplánico. Ello es una demostración, a escala de países en vías de desarrollo, de las ideas planteadas por la economista italiana Mariana Mazzucato quien, en atención al indispensable rol de fomento productivo desempeñado por el sector público, ha afirmado que “El Estado ha actuado históricamente no solo como administrador y regulador del proceso de creación de riqueza, sino que ha sido un actor clave de este proceso y, a menudo, uno más atrevido y más dispuesto a afrontar riesgos que las empresas no querían asumir”, ideas que, en los ejemplos antes señalados, encuentran clara evidencia.
La definición de un nuevo modelo para gestionar el uso de los recursos naturales en el nuevo escenario mundial, ante la abierta disputa hegemónica que se libra en sus mercados, en un panorama de desequilibrios ambientales y de agudización de las desigualdades sociales en nuestra región, son condiciones que sugieren la existencia de un panorama de nuevas oportunidades de crecimiento económico como, asimismo, de articulación política a nivel del continente. Así, para la CEPAL, “La instalación de una industria en la cadena de valor del litio además de herramientas de política de incentivos económicos, en el caso de Chile, podría requerir de una vinculación de carácter político estratégico a nivel de gobiernos entre países, en donde se encuentren la convergencia de intereses por un lado de expandir su posición geopolítica en América Latina. Este hecho resulta indispensable, habida cuenta de las definiciones, realizadas desde los Estados Unidos y su interés por el denominado “Triángulo del Litio”.
La hegemonía establecida por el neoliberalismo en Chile es tan sólida que resulta admirable ver involucradas con este objetivo a entidades como CODELCO y CORFO, parte fundamental de la capacidad instalada en nuestro Estado en materia productiva, la que parecía definitivamente desplazada dentro de este ámbito. Ello obedece a un lento, y por momento sinuoso, proceso de reconstrucción de las potencialidades del ente público, el que en modo alguno es un tránsito aséptico, sino resultado de complejas disputas.
De este modo, como ha señalado el economista francés Thomas Piketty, “El desarrollo de un Estado fiscal y social se vincula íntimamente con el proceso de construcción del Estado a secas. Se trata, pues, de una historia eminentemente política y cultural, muy relacionada con las especificidades de cada historia nacional y con las discrepancias propias de cada país”. Este mismo Estado, al que la ciudadanía reclama con justa razón mayor presencia y liderazgo en la gestión de los bienes comunes y en la ampliación de sus derechos sociales, no puede solo depender de fórmulas mágicas como los eventuales beneficios que podría generar la intervención del sector público en la explotación de un recurso como el litio, requiere, para tal efecto, del acceso a fuentes de financiamiento permanentes como el que podría proveer una Reforma Tributaria en atención a la necesaria responsabilidad fiscal en los complejos tiempos que corren para la economía mundial.
Lo anterior, no puede significar abandonar definiciones medulares establecidas en su programa del actual gobierno y que, con toda prudencia, pero con clara determinación nos permitirían avanzar hacia un modelo productivo posneoliberal y ello, no necesariamente por la configuración de una nueva correlación de fuerzas en el escenario político, sino porque tales ideas logran ser significativas y trascendentes para el sentido común ante la necesidad de abordar desafíos en materia de innovación, inclusión y sustentabilidad, por ejemplo, ante propuestas como que “el Estado debe convertirse en un Estado emprendedor, el que jugará un rol activo en la economía, financiando y participando en emprendimientos innovadores. (…) debe poder emprender, financiar y participar del emprendimiento en los sectores prioritarios que se defina, apostando por nuevas ideas, teniendo en particular consideración la emergencia climática y promoviendo la igualdad de género”. El anuncio y la favorable acogida que este ha encontrado en el mundo social, auguran el establecimiento de un interesante clivaje que permitirá, en un futuro cercano, recuperar soberanía sobre el litio.
