El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta Trincado, y el ex juez y presidente de Fundación FIBGAR, Baltasar Garzón, en conjunto con Fabio Marcelli, presidente del Centro di Recerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), y Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas (AJJ), ofrecieron este viernes una conferencia de prensa para entregar más antecedentes respecto de los argumentos que fundamentan la acusación por crímenes de lesa humanidad, presentada ante la Fiscal de la Corte Internacional Penal (CPI), en contra del Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique.
En la oportunidad, el abogado y presidente de la CCHDH, Carlos Margotta, puntualizó que esta acción legal se presentó porque se enmarca dentro del permanente quehacer y misión institucional de la CChDH, y porque “no podemos permitir que el crimen y la impunidad se normalicen en nuestro país. No sólo porque es contrario a las normas del derecho internacional de derechos humanos, que el Estado chileno se comprometió a cumplir, sino que, además, porque desconoce el anhelo mayoritario de la sociedad chilena de construir una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
“Queremos que el Presidente de la República y demás autoridades civiles y policiales respondan ante la Corte Penal Internacional, porque se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo 7° del Estatuto de Roma, que describen los crímenes de lesa humanidad como los homicidios, torturas, mutilaciones, detenciones arbitrarias y otros actos inhumanos de carácter similar que causaron, intencionalmente, grandes sufrimientos y atentaron seriamente contra la integridad física y salud mental de miles de habitantes de nuestro país. Todas ellas cometidas en el marco de un ataque sistemático o generalizado contra la población en Chile, a partir del 18 de Octubre de 2019, y con pleno conocimiento de las máximas autoridades”.
Carlos Margotta también se refirió al incumplimiento por parte de los organismos encargados de investigar, juzgar y sancionar, precisando que de un total de 11.488 causas iniciadas desde el 18-O a la fecha, 6.321 se encuentran cerradas o concluidas, representando un 55.02% del total. De éstas, precisó que 541 causas concluidas, corresponden a investigaciones cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes.
De igual forma, destacó que en Chile se ha violado el principio de igualdad ante la ley, lo que se evidencia con pocos agentes del Estado formalizados y/o sujetos a alguna medida cautelar de privación de libertad, versus la cantidad de presos de revuelta social, sujetos a prisiones preventivas abusivas y formalizaciones arbitrarias, entre otras vulneraciones al derecho al debido proceso.
Carlos Margotta cerró su intervención reconociendo el gran trabajo realizado por el equipo jurídico de la CChDH, Carolina Cubillos de la Fuente, Yuri Vásquez Santander y Pablo Corvalán Alvarado, y dedicó el resultado final “a todas y cada una de las víctimas de crímenes lesa humanidad, a los presos de la Revuelta, y a la sociedad chilena en su conjunto, que sólo anhela terminar con la impunidad y establecer una nueva convivencia social, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
El ex juez Baltasar Garzón, en tanto, explicó que espera la Corte Penal Internacional acoja la presentación y revise los antecedentes, “consideramos que son crímenes de lesa humanidad porque fueron realizados de forma sistemática durante varios meses, e incluso diríamos que llegan hasta este momento, porque siguen sucediendo acontecimientos que son, o pueden ser considerados integrados en esta dinámica delictiva”.
“Ha habido sencillamente impunidad en gran medida. Se han dicho los porcentajes, proporcionalmente eso equivale a una actitud absolutamente laxa por parte de las instituciones judiciales chilenas y, en definitiva, por la exigencia de ningún tipo de responsabilidad por el mando, a quienes tomaron las decisiones fundamentales, y que supusieron el inicio de las acciones por parte de Carabineros, los cuerpos de seguridad y militares, a partir del día 18 de Octubre de 2019”, puntualizó, al enfatizar que consideran que esto inicialmente está acreditado en la acusación ante la CPI, y es esa responsabilidad la que se solicita se haga efectiva ante la ausencia de justicia en Chile.
Por su parte, Fabio Marcelli, explicó que si bien la CPI fue creada hace 23 años, tiempo en que su aparición despertó mucha esperanza para poner fin a la impunidad de la cual hasta entonces habían gozado violadores de derechos humanos, consideran que esta puede hacer más, razón por la cual -explicó- están apelando “al principio de complementariedad que la rige para intervenir sólo en caso que Estado involucrado no quiera o no pueda sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los crímenes de lesa humanidad”.
“La denuncia explica muy bien por qué los hechos que acontecieron en Chile hacen más de un año y medio constituyen este tipo de crímenes”, indicó, al manifestar que esto también “constituye un desafío para magistratura chilena para que se haga interprete de esa demanda de justicia”.
Por su parte, Beinusz Szmukler destacó la importancia de esta denuncia ante la CPI ya que ésta “contiene enorme cantidad de hechos que constituyen violaciones a los derechos internacionales a los derechos humanos”. “Creo que hay elementos sustanciales que afectan a miles de chilenos y chilenas, niños, niñas y adolescentes; una represión de un nivel realmente inconvencible en un Estado que pretende ser un Estado que se rige por el Derecho y que aspira a un funcionamiento democrático”, puntualizó, al indicar que hace mucho tiempo “que no teníamos en América del Sur, una violación así, con esta cantidad enorme de víctimas que han perdido la vista en uno o dos ojos. Centenares de víctimas de la represión policial a manifestaciones pacíficas”, concluyó, explicando que el mundo de los derechos humanos tiene la tarea de contribuir para que no haya impunidad por estos crímenes, de los ejecutores directos, y “especialmente ni de quienes han dado las órdenes, y que son responsables en el Estado chileno de garantizar la vida y no facilitar la muerte”.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 30 de abril de 2021.-
