En el Chile postdictadura, el respeto por el medio ambiente se ha ido instalando lentamente como una preocupación central, especialmente desde los territorios y comunidades que han debido enfrentar, en carne propia, las vulneraciones asociadas a las llamadas zonas de sacrificio, presentes de norte a sur del país. Desde luego, este diálogo de carácter nacional ha sido impulsado por profundas crisis socioecológicas y una creciente presión ciudadana, motivada por casos emblemáticos como los de Pascua Lama, Ralco, HidroAysén, el Relleno Santa Marta, la Celulosa Arauco, Quintero-Puchuncaví, Freirina, Petorca y Paipote, entre muchos otros.
A partir de estos conflictos y de las demandas populares sostenidas en el tiempo, Chile ha ido construyendo una institucionalidad ambiental que, si bien está lejos de ser perfecta, ha establecido estándares mínimos para proteger los ecosistemas y promover un desarrollo más humano y socialmente justo. En Chile, la defensa del medio ambiente no nació desde arriba, sino desde abajo: desde comunidades y territorios que han debido resistir, con sus cuerpos y entornos, las múltiples formas de devastación impuestas en nombre del “desarrollo”.
Así, la década de 2010 marcó un punto de inflexión con la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los Tribunales Ambientales. Más recientemente, durante el gobierno de Gabriel Boric, se han dado pasos importantes con la ratificación del Acuerdo de Escazú, el lanzamiento de la Estrategia Climática de Largo Plazo y el avance en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.
Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, se ha mantenido una tensión persistente entre quienes plantean que el desarrollo económico y el resguardo ambiental son incompatibles. Esta dicotomía sigue presente en el debate público. El caso más reciente es la controversia en torno a la (mal) llamada “permisología”, donde ciertos sectores presentan la regulación ambiental como una traba para el crecimiento económico.
No obstante, desde la mirada de las comunidades que viven en territorios afectados por estas crisis socioecológicas, existe una contradicción evidente. Una y otra vez, se ha repetido el patrón en el que los beneficios del desarrollo de infraestructura conflictiva ―a menudo percibidos en forma de lucro― se concentran lejos de las zonas que sufren las consecuencias: a saber, deterioro de los ecosistemas, afectaciones a la salud y pérdida del bienestar local, además del aumento de la violencia y la amenaza de los modos de vida locales. A esto se suma una preocupación intergeneracional creciente: las generaciones que vendrán también tienen derecho a habitar entornos sanos, como los que alguna vez heredamos.
Adicionalmente, el cambio climático agrega una capa de complejidad aún mayor. Los eventos extremos —cada vez más frecuentes e impredecibles— golpean con mayor fuerza a quienes menos tienen, no solo en Chile, sino en toda América Latina y el mundo. Las lluvias torrenciales que afectaron recientemente a São Paulo, Rio Grande do Sul y diversas regiones argentinas, así como los incendios forestales que verano tras verano amenazan los hogares de muchas familias en la región central de Chile, son señales de alerta que ya no se pueden ignorar. Por cierto, existe literatura académica que evidencia que, con el cambio climático, y sus amenazas, se intensifican las desigualdades preexistentes.
En este contexto, Chile se prepara para una nueva elección presidencial. Y es un buen momento para observar con atención el caso de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hoy investigado por haber instigado un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022. Durante su mandato, se llevó a cabo un proceso evidente de desmantelamiento de la institucionalidad ambiental y la agenda climática. A un discurso agresivo y negacionista, se sumaron decisiones concretas: nombramientos de asesores sin experiencia y ajenos a la materia ambiental en cargos clave, recortes presupuestarios a instituciones fiscalizadoras, debilitamiento normativo y un creciente aislamiento internacional en materia de las discusiones ambientales y climáticas.
Las consecuencias no tardaron en aparecer: aumento de la deforestación en la Amazonía, proliferación de la minería ilegal, avance sobre territorios indígenas y ataques contra defensores y defensoras del medio ambiente. Incluso aquello tuvo consecuencias políticas y comerciales con socios estratégicos del país. Todo esto ocurrió, además, en medio de la pandemia por COVID-19, también minimizada por el gobierno. Fue precisamente en ese contexto cuando el entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, habló sin tapujos de la oportunidad de “pasar la boiada” —es decir, aprovechar la distracción del mundo para avanzar con el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental.
La crisis climática ya no es una amenaza futura; es una realidad presente que nos exige actuar con urgencia, responsabilidad y visión de largo plazo. Su abordaje no puede postergarse ni basarse en falsas disyuntivas entre economía y naturaleza. Avanzar hacia una transición socioecológica justa implica repensar profundamente nuestro modelo de desarrollo, situar a los territorios y a las comunidades en el centro de las decisiones, y garantizar que la justicia social y ambiental sean un pilar ineludible del nuevo pacto social que Chile necesita construir en estos tiempos de crisis socioecológica global.
El caso brasileño es una advertencia clara: retroceder en la protección ambiental tiene consecuencias graves y duraderas, no solo para un país, sino para toda la región y el planeta. Pensar en ello es urgente, porque hoy, en Chile, figuras políticas que reivindican ese mismo ideario autoritario y antiecológico se posicionan como candidaturas presidenciales viables. Economía y ecología tienen un origen etimológico común. Cuidado y administración de nuestra Casa Común deben ser sinérgicos, y aquello está en juego en las próximas elecciones presidenciales.
Axel Bastián Poque González
Investigador Postdoctoral
