En 180 grados. Por Juan Pablo Cárdenas S.
Hasta hace muy poco tiempo, Héctor Llaitul, el líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), gozaba de un inmenso prestigio en todo el mundo de la izquierda y de la centro izquierda chilena. Se estimaba ampliamente que su lucha era justa al proponerse exigir del Estado la devolución de las tierras confiscadas (más de 300 mil ha), como el reconocimiento de su identidad como nación y cultura. Sin embargo, para la derecha y los poderosos empresarios de la macro zona sur del país siempre se trató de un extremista y hasta terrorista empeñado en afectar las propiedades industriales y madereras que operan en toda la Araucanía, esto es en los territorios que se le reconocieron como propios con la Independencia del país, hasta que los gobiernos chilenos que sucedieron al del Libertador Bernardo O´Higgins impulsaron su desalojo e instalación de migrantes europeos e inversionistas acogidos por el país. Haciendo caso omiso de la propiedad ancestral que hoy no solo la CAM clama por su devolución sino el conjunto de las otras etnias y buena parte de la población chilena. No es casualidad que uno de las familias más ricas del país, como es la heredera del magnate Anacleto Angelini, sea la dueña de la Celulosa Arauco cuya empresa se enseñorea en la zona y le ayuda a incrementar su fortuna de más de 3 mil 500 millones de dólares. La palabra de Llaitul y su épica lucha han merecido reconocimiento y asistencia internacional y los últimos gobiernos del país han comprometido una paulatina, aunque desganada, devolución de sus territorios, así como se han dado pasos en el reconocimiento de su condición, lengua, bandera y otros emblemas. Sumado el testimonio de múltiples historiadores que han consignado que la lucha mapuche contra el imperio español fue decisiva para el establecimiento de nuestra república. No está demás decir que gracias a las armas empuñadas por tantos patriotas fue posible nuestra Emancipación y que después los guerrilleros de entonces fueran reconocidos como héroes de la Patria. En un giro de 180 grados, expresiones políticas que aplaudían el levantamiento mapuche una vez instalados en el Gobierno francamente se sumaron a la intención del Presidente Sebastián Piñera por militarizar la Araucanía, mediante sucesivos estados de emergencia y el envío a la zona de fuertes contingentes policiales y militares. En una decisión que solo ha venido a legitimar la rebeldía de Llaitul y de sus organizaciones, instándolos a realizar tomas de predios, sabotaje a diversas empresas como a “recuperar” la madera comercializada por estas poderosas compañías. “Cada árbol de la zona es de nuestra propiedad” dicen con razón los diversos longos y combatientes de una nación que nunca se ha doblegado ante la opresión que sistemáticamente se le ha ejercido durante cinco siglos. Sorprende entonces que el gobierno de los múltiples referentes del Frente Amplio, comunistas y diversas otras expresiones que formaron parte de la Concertación y de la Nueva Mayoría se empeñen ahora en recurrir a la Ley de Seguridad del Estado, propiciando querellas criminales para neutralizar lo que es, sin duda, un severo conflicto que tiene origen en el despojo y el atraso en que viven los mapuches reconocidos años atrás por los obispos chilenos como “los más pobres entre los pobres chilenos”. En virtud de lo anterior es que el propio Llaitul ha sido encarcelado y formalizado nuevamente por los más diversos cargos, además el de fomentar la lucha armada y atentar contra las autoridades. No olvidemos que también hasta solo algunas semanas, voceros de la izquierda política prometieron renunciar a la aplicación de estas leyes represivas, apostando como dijeron al diálogo con las comunidades y dirigentes de esta etnia. Quizás en cándida consecuencia de esto es que una estrecha colaboradora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, realizó en su nombre contactos telefónicos para alentar un proceso de diálogo con el líder de la CAM, comunicación que fuera infiltrada por la Policía de Investigaciones y revelada a La Moneda. Lo que veloz e insólitamente llevara al Presidente Boric a destituir de su cargo a esta secretaria de Estado, accediendo a la petición, o exigencia, que en este sentido le hiciera la UDI, una de las colectividades de la derecha más extrema. Aunque muchos dudan realmente que la iniciativa de la Ministra no fuera alentada por sus superiores, lo evidente es que con esta destitución los actuales moradores del Poder Ejecutivo están desahuciando realmente al diálogo y optado por el camino de apertrechar a las FF. AA y las policías para emprender una segunda Pacificación de la Araucanía. Recordemos, de paso, querecién la misma Ministra reconoció en una entrevista que en Chile había presos políticos mapuches, en palabras que después tuvo que desistirse o fuera conminada a ello. Queda más que claro que con Llaitul en la cárcel se hará muy difícil lograr que los ánimos en la Araucanía se apacigüen y que este gobierno pueda conseguir el propósito hasta ayer prometido de lograr la paz con el pueblo mapuche con el reconocimiento pleno de sus derechos conculcados y su justa reparación. Desgraciadamente, queda consignada la enorme influencia que mantienen los sectores más retardatarios y racistas del país ante La Moneda y los medios de comunicación masivos. Protagonizados, como consta, por una suerte de animadores televisivos que más bien ofician de locutores comerciales y caja de resonancia de los intereses que los poderosos consorcios que los financian, antes que desempeñarse como periodistas libres, independientes y satisfactoriamente informados. Para ser justos, hay que reconocer que la destitución de la Ministra y aquella majadera insistencia oficial de que “nadie está por sobre la Ley” para impugnar el justo malestar y levantamiento mapuche, no es visto por buenos ojos por parte del propio gobierno y sus partidos y movimientos asociados. Por lo que ya se augura que puedan sucederse rupturas al interior de la coalición de gobierno por su melifluo asentimiento con lo demandado por los opositores. Además de los pronósticos electorales que señalan las encuestas, también se consigna que el liderazgo de Boric y de su más cercano círculo de colaboradores ha ido perdiendo credibilidad por sus reiteradas inconsistencias ideológicas, como por la incertidumbre que aumenta respecto de que el Ejecutivo realmente se proponga realizar las profundas reformas económico sociales prometidas. Tanto es así que antes de los resultados del próximo Plebiscito, la Moneda ya viene propiciando acuerdos amplios que lleven a enmendar el texto constitucional en caso de que éste llegara a aprobarse. De nuevo la tan recurrida unidad nacional pudiera servir para que sigan postergándose las reformas que el pueblo ha demandado largamente en las calles y pueblos. Lo que se comprueba todos los días es que por sobre la ley, pero especialmente por encima de la justicia y la palabra empeñada, siguen gobernando los mismos y oscuros intereses. Lo que alienta que las tensiones del sur y del norte terminen abrazando todo el territorio con un nuevo estallido social. Ahora en demérito de los que antes lo propiciaron con tanto entusiasmo.
DETENCIÓN DE HECTOR LLAITUL: OPERACIÓN HURACÁN 2.0 CORREGIDA Y AUMENTADA. Por Comisión Ética Contra la Tortura
La Comisión Ética Contra la Tortura ante la detención de Héctor Llaitul Carrillanca, declara que es el Estado chileno el que ha condenado a la opresión y pobreza extrema a miles de personas del pueblo mapuche, con el fin de depredar y convertir en zona de sacrificio uno de los territorios con más riqueza y biodiversidad natural de Chile. Es justamente esta tremenda injusticia la que llevó a este pueblo a luchar por la preservación de las comunidades, la defensa de la tierra, de las aguas y de su cosmovisión, todos elementos vitales para la continuidad de su vida y cultura como pueblo.
Le decimos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que la lucha de las comunidades mapuche no es individual, es una exigencia plural, colectiva, de un pueblo que vive las consecuencias de la aplicación del decreto 701 que por casi 50 años ha convertido una tierra fértil en un territorio depredado por las forestales, con escasez de agua y con el bosque nativo destruido. La detención de Héctor Llaitul no va a resolver el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche y sólo se convierte en una forma de encarnizamiento y castigo ejemplar que busca dar la derecha un líder que jamás ha escondido su pensamiento y donde las arengas a su pueblo siempre han sido de público conocimiento.
También le recordamos Sr. Presidente que el gobierno de Piñera no pudo perseverar judicialmente en su contra. Hoy al aplicar usted la Ley de Seguridad del Estado, convierte a Héctor Llaitul en un enemigo declarado del Estado que dirige y ciertamente será aplaudido por una derecha que alienta la militarización y represión en tierras mapuche. Con la aplicación de ésta ley, reconocemos consecuentemente a Llaitul como preso político, quien es perseguido por su condición de dirigente social y líder de su pueblo, cuyo único objetivo es castigarlo por no atender el -pseudo- diálogo al que se le ha convocado, buscando condenarlo a altas penas de cárcel por supuestos delitos que por leyes comunes no permitirían ni un día de cárcel.
No podemos callar frente a las frases grandilocuentes sobre el funcionamiento de las instituciones, de la igualdad ante la ley de todas las personas, cuando todos los días vemos la inequidad y la injusticia, no sólo para los mapuche, sino para todas las personas ajenas al poder empresarial, político, represivo y mediático. A raíz de esto preguntamos ¿Cuál fue la condena social, política y jurídica a los dichos del empresario Pedro Pool que llamó a fusilar a los convencionales, a hacer desaparecer más personas que las realizadas en dictadura y de confinar en islas australes a miles de personas? ¿Funcionaron las instituciones como dice el Gobierno, o ese sujeto está por encima de la ley?
Tampoco olvidamos la información sobre la detención de un Jefe de la Inteligencia de Carabineros de la llamada macro zona sur, su relación con el robo de madera y como la Ministra del Interior se apuró en desmentir sin aclarar por qué lo arrestaron, dónde lo trasladaron, qué se investiga. Sin embargo, las interrogantes no se detienen en las aseveraciones de la autoridad y nos seguimos preguntando ¿Cuántas son las organizaciones, entidades, agrupaciones que roban madera en Chile? ¿Quiénes las integran? ¿Por qué no han sido detenidos sus integrantes? ¿Quiénes los amparan? ¿Se interceptan las cuentas bancarias de esa gente? ¿El persecutor, el Ministerio Público y las Fiscalías han actuado frente a este tema y con cuáles resultados? ¿Si Carabineros de Chile custodia y monta guardia en las empresas forestales, cómo es que se roba madera?
Hasta ahora, el Estado de Chile no ha esclarecido los dos recientes asesinatos de mapuche: el de José Segundo Catril Nencuqueo, en Lumaco, en mayo del 2022; y el de Eloy Alarcón Manquepan, en Lican Ray, en junio del 2022 ambos crímenes impunes. No obstante los sectores de derecha ejercen presión para continuar decretando y prolongando el Estado de Excepción y seguir ocupando ese territorio desde Arauco hasta Los Ríos con efectivos militares, policiales, infantes de marina, drones, vehículos blindados e interceptaciones telefónicas.
La criminalización preventiva que se ha hecho de Héctor Llaitul hipoteca la posibilidad de garantizar un juicio justo. Y la pretensión de aislarlo y encerrarlo en una cárcel de alta seguridad, vulnera el compromiso del Estado chileno de respetar y hacer valer el Convenio 169 de la OIT, donde literalmente se prohíben las medidas de encarnizamiento penal para las personas de pueblos originarios. Hablan de diálogo y buscan apresar a los supuestos 200 hombres armados pertenecientes a los grupos de resistencia de la CAM, a quienes acusan de todos los atentados, y a quienes quieren encerrar de por vida. Eso no es diálogo es venganza frente a quienes los han desafiado por la destrucción de un territorio donde toda VIDA era posible y han resistido al neoliberalismo salvaje, que dicho de paso no sólo afecta los derechos de los pueblos originarios.
La situación actual se enmarca en un contexto de larga data, atravesado por la violencia política del Estado en contra de los pueblos que habitan este territorio. No obstante, en este momento decisivo de cuestionamiento profundo al aparato político instaurado en dictadura, la casta política proclive a la Constitución de Pinochet parecieran ver en esta acusación persecutoria, una oportunidad para revertir el camino hacia el establecimiento de una Constitución que garantice el Estado Social de Derecho, Paritaria, Plurinacional y Ecológica.
1. En este contexto, exigimos al gobierno la libertad de Héctor Llaitul y de todos los
presos políticos mapuche hoy con más de 50 días en huelga de hambre para exigir juicios justos; esto implica respetar el compromiso del Estado chileno establecido en la ratificación del Convenio 169 de la OIT y atender todas las observaciones realizadas por los sucesivos relatores especiales de organismos internacionales, que han analizado la situación de La Araucanía y han llegado a la conclusión que las violaciones a los derechos humanos son responsabilidad del Estado de Chile y distinguen claramente entre actuaciones de carácter terrorista y atentados contra la propiedad.
2. Responsabilizamos al gobierno de todo ataque a la integridad física y psíquica a Héctor Llaitul durante su encarcelamiento, así como los actos represivos que puedan afectar a los integrantes de su organización.
3. Exigimos investigación a los crímenes contra mapuche perpetrados por sectores terratenientes y empresariales.
4. Exigimos derogar el decreto 701 de 1974 y con él, el incentivo y subsidio a la depredadora industria forestal.
5. Aspiramos que sea la JUSTICIA la base de la PAZ en la zona y se termine con la militarización y criminalización de las demandas del pueblo mapuche.  COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, 26 de agosto 2022
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¿Todos somos Llaitul?
Por Juan Carlos Gómez Leyton
A todos las y los mártires de la lucha social y política mapuche
Por la libertad de todas y todos los presos mapuches
Por la libertad Inmediata de Héctor Llaitul
Dice el refrán popular “tanto va el agua al cántaro que este finalmente se rompe” es lo que ha ocurrido con la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul. Las presiones que tanto al gobierno del presidente Gabriel Boric y a su Ministra del Interior Izkia Siches como al Ministerio Público ejercidas por el poder del capital, empresarios de las forestales, las autoridades políticas (gobernadores, alcaldes, parlamentarios locales como nacionales de amplio espectro) como de los medios de comunicación, entre otros; para actuar en contra del líder mapuche, han dado resultados, Héctor Llaitul ha sido formalizado por un conjunto (cinco) heterogéneo de supuestos delitos contra del Estado de Derecho y se ha decretado su prisión preventiva. La “guerra de Arauco” en el Wallmapu se reactiva nuevamente bajo otros medios, pero desde 1541 sigue siendo la misma: la lucha del pueblo nación-mapuche por liberarse de los invasores, de los colonizadores, de los explotadores y un vario pinto conjunto de hombres y mujeres no mapuches que amparados por el Estado Imperial, primero, y luego, por el Estado chileno, han buscado aniquilar y hacer desparecer a un pueblo-nación, solo por existir y habitar un territorio que les pertenece desde siempre. La aniquilación, la desaparición forzosa, de los pueblos preexistentes a la invasión europea y nacional ha sido una práctica de cinco siglos en el territorio de Abya Yala; en Chile, por ejemplo, el pueblo Ona, habitantes de la denominada Tierra del Fuego, en el extremo Austral del Continente, fue financiada por los grandes estancieros de Magallanes para invadir sus territorios a objeto de ocuparlos con miles de cabezas de ovinos. Los exterminaron. Por lo tanto, que los grandes empresarios capitalistas que hoy ocupan y explotan el Wallmapu busquen por todos los medios legales o extralegales hacer desaparecer al pueblo Mapuche no es de ninguna manera una novedad es una constante histórica y política. Pero también ha sido una constante histórica y política que el pueblo-nación mapuche se levante y resista abiertamente esa ocupación e intento de aniquilación. Por eso, su lucha es legítima. Todo pueblo tiene derecho a resistir cualquier intento político de exterminarlo. En Chile, el Estado, como expresión de la dominación de la cultura cristiana occidental y, por cierto, capitalista, ha buscado de diferentes formas someter, subyugar y aniquilar física y culturalmente al pueblo mapuche. La pacificación de la Araucanía en el siglo XIX fue una expresión de la estrategia política-militar emprendida por el Estado chileno para desplazar a los mapuche de sus tierras, reducirlos en “reservaciones” en tierras de mala calidad, para matarlos de hambre, negándoles su cultura, creando estereotipos de ellos: indios flojos, ignorantes, barbaros, borrachos, entre otros. Discriminación racial y cultural. El Estado nacional chileno, le declaro la “guerra” a un pueblo, solo porque este tenía la “propiedad” de tierras, bosques, ríos, lagos, flora y fauna que el capital privado como también estatal ambicionaba para incrementar su expansión y desenvolvimiento a objeto de hacer posible su reproducción en el tiempo. Devastar la naturaleza y la vida humana, no son límites ni fronteras para la acción del capital. Durante 150 años el capital nacional e internacional protegido por el Estado nacional a expoliado, explotado y arrasado con todo aquello que para los mapuche es considerado vital para su existencia como cultura y pueblo. El despojo de todo lo mapuche ha sido expuesto por todos los interesados en dar conocer esta devastación, ya sea, por los propios mapuche como también por las y los chilenos hastiados de tanta destrucción. Sin embargo, el Estado nacional como también la sociedad chilena han sido en el largo plazo: sordos, ciegos y mudos. Y, por lo general, han actuado en favor de los grandes, medianos y pequeños intereses del capital. Solo en los últimos años, a lo menos, en las últimas dos décadas, se ha despertado una cierta sensibilidad hacia la situación de los pueblos originarios y, especialmente, de la lucha mapuche. Durante la pasada revuelta popular y ciudadana de Octubre de 2019 el país contempló, con asombro, que en las grandes acciones colectivas que ocuparon los espacios públicos de las ciudades del país, miles de personas agitaron e hicieron flamear los emblemas, la bandera, del pueblo mapuche. Más tarde en la Convención Constitucional, la reivindicación de los pueblos originarios quedo manifiesta en los “escaños reservados” para representantes de estos pueblos. Para ratificar, la presencia política e histórica de las naciones prexistentes, fue elegida una representante del pueblo-nación mapuche como presidenta de la Convención. La presencia de Elisa Loncon fue alabada, celebrada y aplaudida por muchos. No por todos, pues los representantes del capital y de los sectores dominantes expresaron en múltiples ocasiones el encono que les producía la presencia y actuación de las y los representantes de las primeras naciones, especialmente, de los mapuche. La Constitución Política elaborada por la Convención, con la oposición irrestricta de las y los convencionalistas recogió la sensibilidad expresada por las ciudadanías en Octubre y expreso en diversas normas el reconocimiento histórico, político, cultural e identitario de las primeras naciones, en el Artículo 5. La declaración normativa de la plurinacionalidad del Estado es un rasgo destacado de la propuesta constitucional. Si embargo, estos aspectos han merecido por parte de la comunidad nacional, o sea, de la sociedad chilena, una fuerte reacción contraria, acusando a la Convención de producir una Constitución Indigenista. El rechazo a estas normas ha provenido de distintos sectores de la ciudadanía no solo de los grupos sociales dominantes sino también de sectores medios como populares: dejando al descubierto que los profundos rasgos racistas y discriminatorios de la sociedad chilena no es un asunto del pasado sino todo lo contrario pervive entre las ciudadanas nacionales. Esta situación contrasta con la reivindicación de lo mapuche en las manifestaciones de Octubre y, sobre todo, por la condena que muchos sectores sociales y políticos levantan actualmente contra de la lucha que levantan las diversas organizaciones políticas y sociales mapuche en el Wallmapu. La lucha mapuche es plural y diversa. No hay una sola forma, ellos implementan tanto la lucha política-institucional como la directa, política-militar, o sea, armada. La CAM, organización donde participa, Héctor Llaitul, ha declarado su combate directo y activo en contra de las empresas capitalistas forestales, hidroeléctrica, minera y salmonera que actualmente como hemos dicho devastan la vida humana y natural del Wallmapu. La lucha directa y abierta de la CAM no ataca ni atenta contra personas sino contra los bienes de capital de estas empresas posee un componente ético-político que ni la acción del Estado nacional ni de los propietarios de esas empresas poseen: respetar la vida humana. Como se sabe el Estado, a través de sus instituciones policiales, ha dado muerte a numerosos mapuche en los últimos años. Crímenes de lesa humanidad que, por cierto, muchos de los cuales han quedado impunes. Lo mismo ha ocurrido con las diversas acciones violentas que han realizado los distintos grupos armados no mapuche que actúan en la macrozona sur. Ahora bien, en todo conflicto político hay perdidas humanas. Eso es lamentable. Pero, la mayoría de los muertos han sido del pueblo mapuche. Todos, por cierto, estamos interesados que la problemática histórica y política que afecta al pueblo nación mapuche se resuelva. Esa resolución es extremadamente compleja. La cual, por cierto, no se soluciona con las normativas presentes en el texto constitucional que se somete a plebiscito el próximo 4 de septiembre, pero que ellas son un avance lo son y, por esa razón, se requiere su aprobación. La situación se vería agravada sí se mantiene la actual Constitución. Si, la ciudadanía salió a flamear la bandera mapuche en Octubre 2019, no podría actuar el 4 de septiembre en un sentido contrario. Sería una inconsecuencia y un absurdo, o solo, una “monería” posmoderna, insustantiva, light, vacía. La ciudadanía no se puede quedar inactiva ante la detención de Héctor Llaitul. Detención propiciada y auspiciada por el capital. El gobierno de Gabriel Boric fue incapaz y débil para resistir la presión de los poderes políticos, económicos y comunicacionales del capital. Desgraciadamente, el gobierno actual no tiene ni la fuerza, ni la entereza, ni la habilidad política ni tampoco el personal competente para enfrentar de manera decisiva al poder al capital. Tampoco poseen una visión ni una estrategia para tratar el conflicto en el Wallmapu. Su intención inicial de “dialogar” sin considerar los elementos propios de la cultura del pueblo mapuche, fue un fiasco. No es llegar y subirse a un automóvil e ingresar al territorio mapuche. Hay que respetar y este gobierno solo respeta y se inclina lacayamente ante los deseos y presiones de la derecha y el capital empresarial. Luego del bochorno ministerial, la Ministra del Interior, acosada por la derecha política ha debido someterse e iniciar la persecución del dirigente máximo de la CAM. Pues, resulta paradojal que el gobierno vaya en contra de Llaitul y no sobre todas y todos los miembros que integran la CAM, pues los delitos que se atribuyen a Llaitul no son personales sino colectivos. Lo cual prueba que es intento de descabezar el movimiento, sin comprender que esta lucha es colectiva. Por esa razón, podrán meter a la cárcel a Llaitul, pero, con ello no van a frenar la lucha mapuche. La detención y presión política Llaitul como la ocupación militar desde hace meses, es otra forma de darles garantías al capital que podrá seguir operando en el Wallmapu, sin problemas. Pero, allí el gobierno yerra, la lucha del pueblo mapuche no depende de la existencia de uno u otro líder es, fundamentalmente, una lucha de un colectivo, de un pueblo. La prisión política de Llaitul debe verse como una oportunidad para que la sociedad civil chilena se pronuncie de manera conjunta con el pueblo mapuche por su libertad. Se debe configurar una gran alianza social y política anticapitalista que exija la salida del Wallmapu de todas las empresas que allí operan. Se debe avanzar en la devolución no de tierras a los mapuche sino del territorio que el Estado Nacional usurpo en el siglo XIX. Otorgarle autonomia territorial y, sobre todo, autodeterminación gubernamental. Sin que lo anterior implique la desmembración del estado plurinacional, sino que seamos capaces de dar vida a una nueva forma de organización política que permita que todes podamos vivir en este territorio nombrado como Chile. Pero, ello implica eso sí, que el problema no son las y los chilenos, ni los mapuche u otros grupos sociales y culturales, el problema, fundamental, es el capitalismo depredador y salvaje. A pesar de todas de las “buenas ondas” con los mapuche por parte de las ciudadanía nacionales, ni las celebradas ovaciones a la expresidenta de la Convención Elisa Loncon, y tantas otras, nada de eso da solución a la devastación del pueblo mapuche, sino se frena la acción del capitalismo. La lucha social y política debe ser contra la actual forma de Estado y gobierno, expresiones, políticas de la dominación capitalista. De más está decir que el deseo expresado por Elisa Loncon al momento de asumir la presidencia de la Convención el pasado 4 de julio de 2021, de “refundar Chile”, se las llevo el viento. Sin destruir las estructuras de poder existentes en el país, será imposible hacerlo. La criminalización de la lucha social, cultural y política mapuche obliga a todes los que salieron a flamear la bandera mapuche a lucha por la libertad de todos los presos políticos mapuche y de Héctor Llaitul. Pues, ¡¡¿“todos somos Llaitul”?!!
JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON
DR. EN CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICA
DIRECTOR ACADÉMICO, CIPPSAL
San Joaquín, 25 de agosto de 2022
®JCGL/jcgl
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La detención de Héctor Llaitul sólo profundizará el conflicto chileno-mapuche
Dr. Tito Tricot
En relación al conflicto chileno-mapuche, el gobierno del presidente Gabriel Boric perdió la brújula antes de siquiera empezar a usarla. Peor aún, no sabe cómo usarla, tal como todos los gobiernos en los últimos 30 años.
La detención de Héctor Llaitul constituye un fracaso total, pues el Estado está profundamente equivocado si piensa que con su detención cesará el conflicto. Este no es un problema entre personas, sino que entre actores políticos. Llaitul representa a una parte del movimiento mapuche autonomista, un segmento significativo, pero no es el movimiento. Sin embargo, Llaitul es, sin duda, un dirigente que con el transcurso de los años se ha convertido en un líder consecuente. Ha pasado luengo tiempo en la cárcel y se ha ganado un prestigio que no todos poseen en el mundo mapuche, más allá que se concuerde con él o no. Por lo mismo, su detención traerá consecuencias insospechadas.
El gobierno de Boric perdió la brújula o simplemente no sabe cómo utilizarla. O, quizás, se rindió antes las presiones de la Derecha, los empresarios y las forestales antes del plebiscito para obtener réditos electorales. Mal que mal ¿A quien le importan los indios? Tan solo en La Moneda lo saben -y los organismos de inteligencia- claro. Para lo anterior no requieren brújulas, sino que atalayas: mirar hacia adelante y hacia atrás. Desde aquel torreón, tanto el presidente Boric como la ministra Siches podrían haber divisado el pasado lejano y reciente, aquel de racismo, discriminación, usurpación territorial e interminables abusos. Incluso, desde las alturas, Gabriel Boric podría haber rozado en el viento sus propias palabras cuando en su primera Cuenta Pública, declaró -en lo concerniente a los pueblos indígenas- la importancia de establecer una “relación intercultural fundada en el respeto y el entendimiento mutuo que fortalezca el pluralismo”. También afirmó que “la vía para lograrlo es el diálogo, la observancia de la ley, el respeto bidireccional y el Estado de Derecho…”. Además, se comprometió a “dar lo mejor de nosotros para construir una cultura de paz”. Pero la paz se construyó enviando los militares al Wallmapu, declarando un Estado de Excepción, prorrogado tantas veces, que ya dejó de ser excepcional para delinear una política de Estado que en nada difiere de las implementadas por todos los gobiernos anteriores. Por ello, reiteramos, esto trasciende la detención de Héctor Llaitul, porque toca la esencia de un conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
La Coordinadora Arauco-Malleco, en relación al encarcelamiento de su vocero, ya señaló explícitamente que proseguirá con nuevos “procesos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial. A continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera”. En otras palabras, todo sigue igual, o, dicho de otro modo, el gobierno ha perdido una oportunidad valiosa para intentar resolver un problema complejo por no saber usar la brújula política. O no querer desarmar la brújula colonizadora en mil pedazos y simplemente fraguar otra. La derecha, por su parte, está feliz como siempre. Total ¿A quién le importan los indios?
Dr. Tito Tricot
Sociólogo
Director
Centro de Estudios de América Latina y el Caribe- CEALC
Valparaíso
26 de agosto de 2022
