Desde 1990, en que comenzó la transición a la democracia, la publicidad estatal siguió siendo direccionada casi exclusivamente a la prensa oficial, fortaleciendo el duopolio mediático. Así los diarios (La Época y Fortín Mapocho) y las numerosas revistas que existieron en los últimos años de la dictadura (entre ellas Análisis, APSI, Cauce, Hoy, Página Abierta…) fueron desapareciendo, al igual que nuevos medios que no lograron sobrevivir.
Los diferentes medios independientes han planteado la necesidad que el Estado no los discrimine con la publicidad. Incluso la revista Punto Final presentó en 2008 una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia pidiendo “que el Estado distribuya el avisaje fiscal en forma equitativa y ponga fin a una política discriminatoria que, en el caso de la prensa escrita, favorece en forma abrumadora a las empresas El Mercurio y Copesa (La Tercera)”. Esta demanda, al igual que todas las exigencias, incluyendo del Colegio de Periodistas, no fueron tomadas en cuenta.
Solo en el presente programa de gobierno de Michelle Bachelet aparece una mención en que se señala que se diversificará la publicidad estatal para favorecer el pluralismo.
Tras un año de gobierno algunos ministerios y reparticiones estatales han comenzado a publicar avisos en la prensa independiente. Esperamos que esta situación se generalice. Los medios alternativos necesitan esa publicidad para mantener su existencia y también su independencia frente a todo poder económico o político.
Publicado en Le Monde Diplomatique, abril 2015
