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Sobre los despidos masivos en las universidades

1.- Este año hemos sido testigos de las consecuencias de la crisis económica y administrativa que viven varias de las universidades del país. Estas dificultades han provocado despidos masivos, como ocurrió en universidades privadas del Consejo de Rectores como las Universidades Alberto Hurtado y Austral de Chile. Y durante este mes, lo acontecido en planteles estatales como la Universidad de la Frontera, la Universidad de Antofagasta, la Universidad del Bío Bío y la Universidad de Magallanes. Estos hechos han dejado en evidencia la vulnerabilidad contractual en que se encuentran varios/as trabajadores del conocimiento y la investigación, principalmente aquellos que se desempeñan en condiciones laborales más flexibles, como quienes ejercen sus labores a honorario, a plazo fijo o a contrata.

2.- Consideramos que las crisis económicas que afectan a las universidades no deben comprometer el empleo de las y los trabajadores que forman parte de su cuerpo académico, docente y administrativo. Este personal debe ser siempre una prioridad en la planificación presupuestaria de las instituciones, especialmente porque son responsables de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de educación superior. Dichos procesos de enseñanza son los más afectados con estas resoluciones, que perjudican a las y los docentes e investigadores que los llevan a cabo, generando inestabilidad y rotatividad laboral.

3.- Esta problemática pone de manifiesto la urgente necesidad de promover políticas que regularicen la actividad de las y los trabajadores del conocimiento y la investigación en las universidades en Chile, en el mediano y largo plazo. Esto exige un esfuerzo conjunto desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo para impulsar un estatuto laboral que permita una discusión seria en el contexto de una modernización de la educación superior, poniendo en el centro la estabilidad laboral de las y los trabajadores del área, que son el principal motor de la enseñanza. Sin embargo, éstos son los primeros perjudicados cuando las universidades entran en crisis, al igual que sus estudiantes. Asimismo, resulta indispensable reformar la normativa de acreditación de las universidades, estableciendo como criterio un porcentaje mayoritario de docentes con contratos estables, como un indicador clave de desempeño.

4.- Por todo lo mencionado, desde la Directiva de la Asociación Nacional de Investigadoras/es en Postgrado (ANIP), manifestamos nuestro férreo rechazo al despido masivo de trabajadoras y trabajadores de la educación superior de nuestro país. Asimismo, hacemos un llamado urgente al Parlamento y al Ejecutivo a legislar para fortalecer la estabilidad laboral en las universidades, eliminando la excesiva flexibilidad contractual, y a reformar la acreditación universitaria, exigiendo un porcentaje significativo de docentes con contratos estables como indicador de desempeño.

Directiva Asociación Nacional de Investigadoras/es en Postgrado (ANIP)

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