“Cuando el gobierno debilita el MEPCO; el mecanismo que estabiliza el precio de los combustibles; no está ajustando cifras: se mete en el bolsillo de las familias y precariza su calidad de vida.”
Se ha instalado la idea de que “sincerar” el precio de los combustibles es una medida técnica inevitable, y que mantener el mecanismo, sería sostener una ilusión que pagamos entre todos. Pero en un país como Chile; largo, angosto y profundamente dependiente del transporte; esa decisión está lejos de ser neutra: impacta directamente el costo de la vida.
El MEPCO, creado en 2014, no es un lujo ni un capricho, sino una herramienta que actúa como amortiguador frente a crisis internacionales. Cuando el precio del petróleo sube abruptamente, el Estado interviene para evitar que ese impacto llegue de golpe al bolsillo de las familias.
Debilitar o eliminar este mecanismo implica exactamente lo contrario: que las alzas internacionales se traspasen de forma inmediata y sin protección. Y en Chile, eso no se queda en la bomba de bencina.
Aquí operamos con una cadena larga de logística y distribución. Cuando sube el combustible, sube el transporte; y cuando sube el transporte, suben los alimentos, los materiales y los servicios básicos. Es una cadena donde todo se conecta y donde el costo siempre termina trasladándose a las familias.
Por eso, modificar el MEPCO va mucho más allá del precio de la bencina o la parafina. Es una decisión que encarece la vida.
Ahora bien, si el argumento es fiscal, la discusión no puede limitarse a retirar mecanismos de protección. Tiene que mirar el problema de fondo.
Si realmente queremos reducir el impacto del precio de los combustibles, es necesario intervenir la estructura de nuestra economía. Chile necesita avanzar hacia circuitos más cortos de producción y distribución, especialmente en alimentos: menos intermediarios, menor dependencia de largas cadenas logísticas y más producción local y regional. Esto no solo reduce costos; también fortalece las economías territoriales y disminuye la vulnerabilidad frente a crisis externas.
En esa misma línea, es clave impulsar con decisión una política de trenes para Chile. El transporte ferroviario permite reducir costos logísticos, mejorar la competitividad y avanzar hacia un modelo más sustentable. Sin embargo, frenar proyectos estratégicos como el tren Santiago–Valparaíso va en la dirección contraria: mantiene la dependencia de un sistema más caro y más expuesto a las variaciones del precio del combustible.
Pero hay un punto aún más profundo. Si el costo de las decisiones económicas lo están pagando las familias, entonces también es legítimo preguntarse cómo estamos recaudando.
Hoy Chile sigue dependiendo fuertemente del IVA, un impuesto regresivo que recae proporcionalmente más sobre quienes menos tienen. Si queremos avanzar hacia un sistema más justo, es necesario fortalecer un enfoque basado en la capacidad contributiva: reducir la carga sobre el consumo y aumentar los impuestos a la renta, a las herencias y a las grandes donaciones, junto con mejorar los mecanismos de control de la evasión y la elusión.
Y si el desafío es el crecimiento, también hay herramientas. Una política fiscal activa, que impulse la productividad, la inversión y el desarrollo territorial, puede dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer el consumo. Más aún cuando contamos con un Banco Central sólido que permite acompañar estos procesos con herramientas de política monetaria.
Por eso, la discusión sobre el MEPCO no es técnica. Es profundamente política.
Porque cuando se decide debilitar un mecanismo de protección en medio de una crisis internacional, sin tocar las estructuras que generan desigualdad ni distribuir de manera justa los costos, lo que se está haciendo es tomar partido.
Y en esa decisión hay algo que ya es evidente: en Chile, cuando sube la bencina, sube todo. Y una vez más, la cuenta la terminan pagando las familias, las mismas que día a día, con esfuerzo y trabajo, sostienen este país.
Leslie Venegas Venegas
Consejera Regional por Maipú, Cerrillos y Estación Central.
