La reciente discusión en torno a la reforma del sistema de pensiones en Chile se encuentra marcada por tensiones ideológicas y pragmáticas. Según las distintas encuestas o estudios de opinión, existe un amplio consenso respecto a la necesidad de una reforma previsional y además es uno de los temas o reforma prioritaria para la ciudadanía (Cadem; CEP; Ipsos; Pulso Ciudadano, entre otras). Esta urgencia legislativa, si bien no cambia el modelo de AFP, permitirá mejorar -en teoría- y en el largo plazo: la tasa de reemplazo y el aumento de la PGU. En el marco de este debate, nos centraremos en las percepciones ciudadanas sobre la distribución de los aportes previsionales, específicamente nos interesa el destino de la cotización adicional del 6%, que revela un escenario complejo donde coexisten valores de solidaridad y preferencias por el ahorro individual.
Autores como Wendy Brown y David Harvey han argumentado que el neoliberalismo no solo es un modelo económico, sino también un proyecto de subjetivación que configura a las personas “[...] como proyectos individuales cuya responsabilidad es maximizar y sostener su propio valor” (Brown 2015).
En el contexto de las pensiones, esta subjetividad se manifiesta en la centralidad otorgada al ahorro individual como única garantía de seguridad futura. En este sentido, las personas a través de las encuestas Ipsos (63%) y Pulso Ciudadano (35,9%), ambas de enero de este año, han otorgado una mayor preferencia por la capitalización individual. Así también es confirmado por la reciente “Encuesta de Pensiones 2024: Anhelos y preocupaciones ciudadanas ante una reforma inminente” que entrega datos que refuerzan esta tesis: el 52% de las personas cree que el 6% adicional de cotización debe destinarse únicamente a la cuenta personal del trabajador/a y un 44% de este grupo descansa en el argumento que es fruto del trabajo individual (Espacio Público, Ipsos, OIT y PNUD 2024).
Sin embargo, existe otra parte relevante de la ciudadanía que elige entre un sistema mixto o en menor medida por uno completamente solidario, y en forma más significativa, por algunos elementos de solidaridad. Por ejemplo, que cuidadores no remunerado/as reciban un aporte de lo/as trabajadores -57%- o que parte de las cotizaciones de lo/as trabajadores activo/as financien pensiones actuales -50%- (Idem). De esta forma, la ciudadanía parece valorar un equilibrio entre reconocimiento del esfuerzo personal y justicia social. Esto se evidencia en el rechazo generalizado al financiamiento exclusivo por ahorros individuales, particularmente entre mayores de 60 años (Idem). Este grupo, que vive de manera más directa las insuficiencias y precariedad del sistema actual, evidencia una mayor predisposición hacia modelos solidarios que compensen los riesgos colectivos.
Por otra parte, es dable destacar que ante la pregunta explícita que un fondo colectivo ofrezca pensiones iguales o mayores que uno de ahorro individual, aumenta sustancialmente el apoyo al fondo colectivo -46%-, aunque se mantenga persistente la opinión que el monto de las pensiones siempre debe reflejar el esfuerzo personal, inclusive si es inferior -47%- (Ipsos, enero 2024). Asimismo, si el 6% fuera distribuido entre un fondo colectivo y cuenta individual: un 62% estaría abierto a traspasar algún porcentaje al primero y el 53% opta porque al menos sea de un 2% (Idem).
Esto sugiere una tensión entre el imaginario individualista y una creciente valoración de la solidaridad en el sistema previsional. Según Harvey (2005), estas contradicciones son inherentes al neoliberalismo, que promete libertad individual mientras profundiza las desigualdades estructurales. Por tanto, la consideración que al menos una parte de esta cotización debería ir a un fondo colectivo, manifiesta un reconocimiento importante de la ciudadanía por compartir beneficios y riesgos, constituyendo una resistencia parcial al paradigma neoliberal que fragmenta los vínculos colectivos en favor de la competencia individual.
Nancy Fraser (2003) ha conceptualizado esta lucha entre individualismo y solidaridad como una batalla por la justicia distributiva y de reconocimiento. En el caso chileno, el respaldo a medidas solidarias sugiere que las personas perciben las desigualdades estructurales del sistema previsional y buscan corregirlas. Sin embargo, este apoyo varía significativamente según factores sociodemográficos, como lo muestra la mayor aceptación de elementos de solidaridad en las personas pertenecientes al sector ABC1, en contraste, con el mayor rechazo inter e intrageneracional de los sectores C3 o D-E.
El menor apoyo por parte de estos segmentos de la población es una gran paradoja, puesto que en un sistema de reparto solidario serían los principales beneficiarios. Esto podría explicarse por las mayores posibilidades de enfrentarse a las deficiencias del sistema, dado que dependen de forma inmediata y complementaria para su subsistencia; la percepción que el esfuerzo adicional podría no traducirse en un beneficio directo, sino en una mayor carga económica en el corto plazo; el menor nivel educacional o capital cultural para la comprensión del funcionamiento y valores del reparto solidario; o, por la influencia de la narrativa neoliberal que promueve el mérito personal como ideal aspiracional, entre otras.
Otro factor que influye en las preferencias ciudadanas es la desconfianza hacia las instituciones, en la encuestas Ipsos y Espacio Público, un 29% y 21% teme que los fondos sean mal administrados o utilizados respectivamente, y en la CEP, sólo un 10% confía en el sistema de pensiones (octubre 2024). Esto último, puede deberse a los casos de corrupción financieros y la falta de fiscalización que refuerzan las soluciones individualistas.
El debate en torno a la reforma previsional se ubica en una encrucijada cultural y política. Por un lado, el neoliberalismo ha moldeado los anhelos ciudadanos en torno a la responsabilidad y expectativa individual. Por otro lado, la realidad económica y social de Chile, marcada por profundas desigualdades, impulsa una demanda por soluciones solidarias. Según Pierre Bourdieu (1979), los sistemas de dominación económica también son sistemas simbólicos que estructuran las formas de pensar y actuar, y en consecuencia, naturalizan las desigualdades. Por tanto, la subjetividad ciudadana respecto a la reforma de pensiones en Chile está profundamente influida por el marco neoliberal que ha predominado en las últimas décadas. Empero, los datos de las encuestas también muestran que existe espacio para un cambio hacia un modelo más solidario o con algunos elementos correctivos, característicos de una ciudadanía en transición.
La percepción y tensión sobre quién gana y quién pierde en un sistema solidario depende tanto de factores estructurales (ej. nivel de ingreso o educativo) como de factores subjetivos (ej. confianza, valores o identidad social). Por esta razón, diseñar políticas que integren estos matices requiere no sólo de un aspecto técnico, sino también de narrativas que generen confianza y fortalezcan la cohesión social. En este contexto, las decisiones políticas sobre la reforma previsional tienen el potencial de redefinir las bases de la solidaridad en Chile, desafiando las lógicas individualistas que han predominado hasta la actualidad.
