La norma recientemente aprobada por el Consejo Constitucional orientada a suprimir el pago de contribuciones para primera vivienda encendió las alarmas de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), de actores de la sociedad civil y del mundo académico que estiman que la medida, de ser aplicada, significará un agravamiento de las ya deterioradas condiciones de vida de la población de muchas comunas del país. Lo anterior puesto que, como indica Trivelli (2014) “La Contribución de Bienes Raíces o Impuesto Territorial es la principal fuente de ingresos de los municipios en Chile, al igual que en la mayor parte de los países del mundo. Su recaudación depende de la cantidad de bienes afectos, del valor de esas propiedades y de la tasa de impuesto que se les aplique”. Su supresión implicaría un duro golpe al Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios permanentes de las municipalidades, según establece el Artículo 122 de la actual Constitución Política chilena. Como expresan los alcaldes agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades el día 2 de septiembre en la edición electrónica del diario El Mercurio online “el impuesto territorial no sólo es un aporte al desarrollo de las comunas y al bienestar de sus habitantes, sino que es una piedra angular del financiamiento del sistema municipal". Según los datos aportados por la ACHM en esta misma publicación, estos ingresos representan el 60% de todo el Fondo Común Municipal y el 45% de todos los ingresos que reciben los municipios de Chile, lo que a juicio de la ACHM "tiene un potente efecto de redistribución y solidaridad" (Guerra, 2023).
El FCM nace en 1979 al alero de las reformas neoliberales de suelo urbano realizadas por el régimen militar, cuyo principio rector será que los usos de suelo deben regirse por disposiciones flexibles definidas por los requerimientos del mercado. A partir de ese momento, el destino de un territorio se jugará, principalmente, en su capacidad de atraer inversión, lo que significa mayor o menor recaudación por pago de impuestos y permisos de diverso tipo y por la mayor o menor concentración de población de altos ingresos, la que, atraída por los atributos y ventajas urbanas de los espacios económicamente dinámicos, los escogerá para vivir y dejar ahí sus ingresos. Como parte de este paquete de reformas, las funciones de educación, salud y tratamiento de la extrema pobreza le serán traspasadas a los municipios desde el nivel central (ministerios) los que inicialmente deberán gestionar estos servicios con los recursos de los cuales disponen y los ingresos que pueden generar (Celedón, 2019). Esta combinación de mecanismos neoliberales resultará el coctel perfecto para producir diferencias abismantes entre territorios urbanos que se sedimentarán en el espacio durante décadas bajo la forma de desigualdades de toda índole muy difíciles de revertir. El FCM surge entonces como un paliativo para contrarrestar estas desigualdades que se producirán inevitablemente a partir de este modo de concebir el desarrollo de la ciudad. Para formar el Fondo Común Municipal, nos indica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, cada comuna aporta dinero de acuerdo con un formato establecido. Las 4 comunas con mayor nivel de ingresos propios entregan mayores recursos. Entre estas comunas están Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago quienes aportan más al FCM que el resto de las comunas entregando, por ejemplo, entre el 55% y el 65% de lo que recaudan en Patentes Comerciales, mientras que el resto de las comunas no aportan dinero por este concepto. Estas comunas, en tanto, aportan con un 65% al FCM de lo recaudado por concepto de impuesto territorial respecto de otras comunas que también aportan a dicho fondo, pero en menor proporción (Ley 18.695). No obstante, en comunas pobres la recaudación de contribuciones como parte de los ingresos propios permanentes (IPP), es muy baja.
El FCM distribuye los ingresos en función de variables sociodemográficas y económicas, privilegiando los municipios con mayor vulnerabilidad y número de habitantes (Puentes UC). El problema se complica cuando constatamos que, del total de 345 comunas que existen en el país, “el FCM redistribuye recursos netos sólo desde 52 comunas; en otras palabras, 293 municipalidades del país reciben una mayor cantidad de recursos que lo que aportan a él (HL 20.237)” (Dazarola, 2020). Las comunas pobres, puntualiza el sitio Puentes UC del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, “tienen mayores necesidades que cubrir y subsidiar, como programas sociales, salud, educación, vivienda e inclusive derechos de aseo. Esto implica que los tipos y niveles de gastos de los municipios dependen estrictamente de las características de su comunidad y territorio y de los recursos con los que cuenta la institución”. Prueba de ello es la situación de La Pintana; con un 14,1% de pobreza por ingresos, un 32,7% de pobreza multidimensional (Casen, 2022) y casi 200.000 habitantes, esta comuna contaba, al 2020, con un presupuesto de $ 28.295.889.909 sumando el aporte del FCM (Henríquez, 2019). Si quitamos este aporte, su presupuesto se reduce a 7.599.353.045. Una situación similar afecta, entre muchas otras, a comunas como El Bosque y San Ramón y a diversas comunas rurales pobres de regiones como Ñuble y La Araucanía. En tanto Vitacura con aproximadamente 85.000 habitantes, cero% de pobreza por ingresos y un 2,8% de pobreza multidimensional (Casen, 2015) cuenta con un presupuesto de 62.985.098.747 (Henríquez, 2019). En suma, hay comunas cuyos ingresos y, por lo tanto, sus posibilidades de financiar proyectos de diferente naturaleza para mejorar sus atributos, excluyendo los aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), dependen en un porcentaje importantísimo de los montos que aporta el FCM.
En una obra colectiva titulada “Santiago Humano y Resiliente” (Elgueta, Robertson y Huidobro, 2017) se constataba que la población de mayores ingresos del país se concentra en 5 municipios donde el 50% de la producción tributaria permanecía en esos territorios. En base a lo anterior, sus autores formulaban propuestas para superar las desigualdades socio espaciales en la ciudad, entre las que estaban la urgencia de realizar reformas tributarias que redujeran los privilegios de ciertos grupos, aumentando la transferencia de recursos del gobierno central a los municipios afectados por la pobreza y la segregación. Estas medidas que, en cualquier país con acuerdos éticos y políticos mínimos orientados a reducir las desigualdades territoriales, serían consideradas una inversión social y de sostenibilidad urbana, en Chile, en cambio, pretenden ser revertidas en un proyecto de Nueva Constitución Política para el país. Bibliografía
Guerra, I. (2023) Municipios rechazan norma aprobada por el Consejo que suprime el pago de contribuciones para primera vivienda. Recuperado de: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/09/01/1105998/municipalidades-rechazan-norma-contribuciones-vivienda.html
Trivelli, P. (2014) Grandes ausentes de la reforma tributaria: contribuciones y Ley de Rentas Municipales – Recuperado de CIPER Chile
Puentes UC (2020) ¿Qué es el Fondo Común Municipal? Recuperado de ¿Qué es el Fondo Común Municipal? — Puentes UC.
Henríquez, M. (2019) ¿Cuáles son las brechas que existen entre los ingresos municipales de cada comuna? - 2019 | Fundación Observatorio Fiscal
Dazarola, G. (2020) Fondo Común Municipal (FCM) Composición y criterios de distribución. Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado de obtiene archivo (bcn.cl)
Elgueta, G., Robertson & C. & Huidobro, C. (2017) Santiago Humano y Resiliente. Una Mirada desde la Academia (varios editores) Recuperado de SANTIAGO-HUMANO-Y-RESILIENTE-UNAMIRADA-DESDE-LA-ACADEMIA-versio¦ün-digital.pdf (cigiden.cl)
