Durante los últimos veinticinco años, el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista ha experimentado una transformación radical en su frecuencia social. No se trata únicamente de un fenómeno estadístico: es una mutación en la manera en que comprendemos, categorizamos y —lamentablemente— también en cómo comercializamos el sufrimiento psíquico. Las cifras son elocuentes. A nivel mundial, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han documentado una evolución de 1 en 150 niños identificados en el año 2000 a 1 en 31 en 2025 (dato basado en vigilancia epidemiológica de 2022, publicado en abril de 2025). En Chile, la magnitud del fenómeno no es menos sorprendente: un estudio de Yáñez y colaboradores en 2021 estimó que uno de cada 51 niños en zonas urbanas de la Región Metropolitana presenta esta condición, lo que equivale a casi el 2% de los niños evaluados en esa muestra. Una investigación de gran escala realizada por un equipo internacional con participación de investigadores chilenos, publicada en 2025 en la revista Autism, analizó registros escolares nacionales de más de tres millones de estudiantes y los validó con datos de salud electrónicos de una región del país para proyectar bayesianamente la prevalencia nacional; el resultado fue una estimación del 1,31%, es decir, uno de cada 76 menores de edad. Chile supera así la media mundial estimada por la OMS —aproximadamente 1 en 100 niños—, ubicándose entre los países con mayor número de diagnósticos de autismo infantil, aunque la magnitud exacta de esa brecha varía según el estudio y la metodología empleada.
Ante estas cifras, el debate se ha polarizado entre dos posturas igualmente insuficientes. Por un lado, quienes hablan de una presunta «epidemia» y, por otro, quienes lo reducen todo a la supuesta virtud de disponer de «mejores herramientas diagnósticas». La realidad, como suele ocurrir, se aloja en las fisuras de esa falsa dicotomía.
Es innegable que hoy existe una capacidad mayor para detectar perfiles que durante décadas permanecieron invisibles: mujeres, adultos y personas cuyas manifestaciones clínicas no se ajustaban al arquetipo masculino infantil de manual. La ampliación de criterios en el DSM-5 y el desarrollo de instrumentos estandarizados como el ADOS‑2 y el ADI‑R han permitido reconocer formas del espectro antes marginadas de la mirada clínica. En Chile, la promulgación de la Ley 21.545 en 2023 representó un avance legítimo en el reconocimiento de derechos, fijando plazos concretos como la obligación de que cada Servicio de Salud cuente con al menos una sala destinada al diagnóstico y atención integral de niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista en marzo de 2025, al cumplirse veinticuatro meses desde la publicación de la ley. Sus objetivos —igualdad de oportunidades, inclusión social y atención integral— son irrefutables.
Pero entre la ley escrita y su implementación efectiva se abre un abismo que nadie parece dispuesto a nombrar con crudeza.
La industrialización de una condición clínica
El aumento en la demanda de diagnóstico generó, como era de esperar, una oferta igualmente expansiva: una constelación de cursos, diplomados y certificaciones en autismo impartidos por instituciones privadas que operan al margen de cualquier regulación ministerial rigurosa. No se trata de universidades acreditadas, sino de centros de formación que proliferan en el vacío normativo que dejó una ley que fija derechos pero no establece estándares mínimos sobre quién está habilitado para diagnosticar, con qué formación y bajo qué supervisión.
La consecuencia es delicada: profesionales de diversas disciplinas —psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales— que completan programas breves y adquieren la capacidad de aplicar el ADOS‑2 y el ADI‑R, pero que carecen de una formación fenomenológica, psicopatológica y diferencial sólida para interpretar aquello que esas pruebas entregan. Y es aquí donde aparece el problema central.
El ADOS‑2 y el ADI‑R son instrumentos valiosos cuando se utilizan dentro de evaluaciones integrales y multidisciplinarias. No lo son cuando se convierten en sustitutos del juicio clínico. Como ha señalado la literatura especializada, no existe prueba psicológica o neuropsicológica alguna con la que se pueda establecer de forma concluyente un diagnóstico de TEA únicamente por obtener una puntuación significativa en cualquiera de esos instrumentos. El ADOS‑2, por ejemplo, fue concebido como una herramienta complementaria, no como un test de diagnóstico autónomo, y su aplicación rigurosa requiere examinar al paciente desde múltiples dimensiones —cognitiva, adaptativa, neurolingüística, sensorial y médica—, no sólo a través de una pauta de observación conductual.
Sin embargo, la lógica del mercado ha invertido esta jerarquía. El instrumento se ha vuelto más fácil de comercializar que el juicio clínico. Instituciones sin acreditación ministerial ofrecen entrenamientos en estas herramientas, en muchos casos bajo modalidades breves, y prometen a sus egresados la competencia para diagnosticar, creando así un ejército de profesionales que, con la mejor de las intenciones, aplican protocolos estandarizados sin comprender a cabalidad las complejidades del diagnóstico diferencial. La presencia de figuras internacionales en estos programas funciona con frecuencia menos como garantía de calidad formativa y más como estrategia de marketing: la imagen de autoridad reemplaza la profundidad del entrenamiento.
Cuando el diagnóstico se convierte en identidad aspiracional
A este escenario se suma un fenómeno cultural menos visible pero igualmente problemático: la creciente valorización identitaria de la neurodiversidad. Para muchas personas, el diagnóstico de TEA ha significado alivio, comprensión biográfica y un reconocimiento largamente negado. Ese valor es legítimo y necesario. Pero cuando la categoría diagnóstica comienza a circular también como identidad aspiracional —como una forma de explicar el malestar subjetivo que resulta socialmente más aceptable que otras— emerge un riesgo clínico de primera magnitud.
El Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y la literatura científica han señalado en numerosas ocasiones el solapamiento sintomático entre el TEA y otros cuadros: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad social severa, trastorno obsesivo-compulsivo, trauma complejo, trastornos específicos del lenguaje e incluso ciertas configuraciones de personalidad como el trastorno límite de la personalidad. El MINSAL ha reconocido explícitamente la complejidad del diagnóstico en población adulta precisamente por esta coincidencia de síntomas.
La pregunta ética que emerge es la siguiente: ¿estamos diagnosticando TEA en personas que presentan, en realidad, trastornos de personalidad del grupo B, simplemente porque la etiqueta «autista» carga hoy con menos estigma, alinea a la persona con un movimiento social de creciente legitimidad, y resulta más fácil de gestionar para un sistema que ha convertido el diagnóstico en moneda de acceso a prestaciones y apoyos? La hipótesis no es una provocación, sino una pregunta clínica legítima que, me parece, requiere ser investigada con el mismo rigor que merece cualquier otra hipótesis diagnóstica.
El vacío que dejó la Ley TEA
La Ley 21.545 consagró derechos, pero dejó un vacío regulatorio en el corazón del proceso diagnóstico. No establece quién diagnostica, bajo qué estándares formativos ni qué mecanismos de supervisión y fiscalización existen para garantizar la calidad del proceso. Los avances reglamentarios posteriores a la ley han comenzado a operar, pero aún están lejos de resolver el problema de fondo: la certificación acelerada, la expansión comercial del conocimiento clínico y la producción masiva de especialistas autoproclamados que, sin una formación fenomenológica profunda, deciden sobre la etiqueta que marcará el destino terapéutico, educativo y social de una persona para toda su vida.
El problema, entonces, no es el sobrediagnóstico como categoría abstracta. Tampoco es la ampliación legítima del espectro clínico. El problema es la precarización del acto diagnóstico —su transformación en un procedimiento técnico despojado de reflexión clínica— y la ausencia de un sistema que garantice que quienes diagnostican saben realmente lo que están haciendo.
Lo que viene
El escenario futuro inmediato agrega nuevas tensiones. El Ministerio de Salud evalúa formalmente la incorporación del Trastorno del Espectro Autista al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), en el marco del proceso de elaboración del Decreto GES 2025–2028 contemplado en el artículo cuarto transitorio de la Ley 21.545. Si esta incorporación se concreta, el diagnóstico adquirirá una nueva dimensión: ya no será únicamente una etiqueta clínica o identitaria, sino una llave de acceso concreta a prestaciones garantizadas. Esto multiplicará aún más la demanda por diagnóstico y, con ella, la presión por respuestas rápidas. En ese contexto, la banalización del diagnóstico dejará de ser un problema académico para convertirse en un problema de salud pública de dimensiones mayúsculas.
La pregunta de fondo no debería reducirse a si existe o no sobrediagnóstico. La pregunta relevante es otra: ¿qué tipo de sistema de salud mental estamos construyendo cuando la formación clínica profunda es reemplazada por mercados de certificación acelerada, y cuando la etiqueta diagnóstica circula con mayor fluidez que el juicio clínico que debería sustentarla?
Porque mientras el diagnóstico se transforma en mercancía, las personas —con TEA, con trastorno límite de la personalidad, con ansiedad social o simplemente con una configuración particular del sufrimiento humano— siguen necesitando algo menos espectacular y considerablemente más difícil de producir en masa: profesionales realmente bien formados, capaces de mirar más allá de la puntuación de corte y habitar la incertidumbre clínica sin convertirla en una certeza comercial.
Por Dr. Pedro J. Salinas-Quintana
Académico UTEM / Director Fundación Santa Sophia
