Chile ha desarrollado una infraestructura cada vez más sofisticada para vigilar y controlar su frontera norte. Sin embargo, las tecnologías orientadas a facilitar la regularización, el acceso a información y la integración de las personas migrantes siguen siendo más fragmentadas y desiguales. El desafío no es elegir entre seguridad e inclusión, sino construir una política migratoria capaz de equilibrar ambas dimensiones.
Durante los últimos años, Chile ha avanzado en la incorporación de tecnologías para reforzar el control de su frontera norte. Drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, sistemas de vigilancia y mecanismos de reconocimiento facial forman parte de una infraestructura que busca detectar ingresos irregulares, apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas y enfrentar actividades vinculadas con el contrabando y el crimen organizado. Esta modernización demuestra que el Estado posee la capacidad de movilizar recursos, coordinar instituciones e implementar tecnologías complejas cuando identifica un problema como prioritario. Sin embargo, esa misma capacidad no se observa con igual intensidad en las herramientas destinadas a facilitar la regularización y la integración de las personas migrantes que ya viven en el país.
El problema no radica en que Chile utilice tecnología para gestionar sus fronteras. Conocer quién ingresa al territorio, combatir el tráfico de personas y enfrentar redes delictivas son responsabilidades legítimas del Estado. La dificultad aparece cuando la modernización tecnológica de la frontera se presenta como la respuesta principal a un fenómeno que también posee dimensiones sociales, laborales, administrativas y culturales. Una política migratoria no puede considerarse moderna únicamente porque dispone de dispositivos sofisticados para observar y controlar; también debe ser capaz de entregar información comprensible, facilitar trámites, coordinar instituciones y apoyar la inclusión de las personas en la sociedad receptora.
El reportaje de CIPER “Tras 48 días de gobierno el plan para la frontera norte cuenta tres avances: más militares, nuevas zanjas y un coordinador general”, publicado el 28 de abril de 2026 por Daniel Meza Riquelme, Diego Ortiz y Gabriela Pizarro, describe la continuidad y ampliación de diversas iniciativas tecnológicas. Según la investigación, el Sistema Integrado de Fronteras implicó una inversión de $8.931 millones en drones, cámaras térmicas, vehículos y puestos de observación, mientras que el Sistema de Vigilancia Tecnológica de Frontera, conocido como Muralla Digital, recibió otros $7.650 millones. Entre 2023 y 2025, ambas iniciativas concentraron $16.581 millones destinados a tecnologías para fortalecer la frontera norte.
Estas cifras no implican necesariamente que los recursos hayan sido mal asignados. Lo que muestran es que la seguridad fronteriza cuenta con proyectos identificables, presupuestos significativos y objetivos visibles para la opinión pública. La integración, por el contrario, se distribuye entre distintos programas, instituciones y niveles territoriales, con capacidades que pueden variar ampliamente entre una comuna y otra. Mientras los sistemas de vigilancia se diseñan de manera centralizada y con equipamiento especializado, la orientación cotidiana de las personas migrantes suele recaer en municipios, organizaciones sociales y funcionarios que no siempre disponen de los recursos, la formación o las herramientas necesarias.
Esta asimetría es especialmente relevante porque la situación migratoria ha cambiado. El mismo reportaje de CIPER muestra que los ingresos irregulares detectados en la frontera norte han disminuido progresivamente desde 2024 y recoge la opinión de autoridades de distintos sectores que señalan que el desafío actual se ha desplazado hacia las ciudades. La pregunta central ya no es solamente cómo impedir nuevos ingresos, sino qué hacer con las personas que llegaron durante los últimos años, algunas de las cuales permanecen en situación irregular o encuentran barreras para incorporarse plenamente al mercado laboral, la educación, la salud y los servicios públicos. En consecuencia, seguir concentrando la discusión únicamente en la frontera puede impedir que el país atienda una realidad que ya se encuentra instalada dentro de su territorio.
Chile sí cuenta con iniciativas orientadas a la integración. La Política Nacional de Migración y Extranjería declara entre sus propósitos promover una migración ordenada, segura y regular, fomentar la integración de las personas migrantes y respetar sus derechos. Igualmente, el Servicio Nacional de Migraciones desarrolla programas como Sello Migrante, Compromiso Migrante, Apoya Mujer Migrante y acciones de mediación intercultural y fortalecimiento municipal. Por esta razón, no sería correcto afirmar que el Estado solo vigila y no realiza esfuerzos de inclusión. El problema se encuentra, más bien, en la diferencia de escala, continuidad, visibilidad y capacidad tecnológica entre ambos ámbitos. Uno de los espacios en que esta diferencia se hace más evidente es la digitalización de los trámites migratorios. La posibilidad de presentar solicitudes en línea puede reducir desplazamientos, evitar filas y facilitar el acceso para quienes viven lejos de las oficinas públicas. No obstante, estos beneficios dependen de que las personas cuenten con conexión a internet, dispositivos adecuados, competencias digitales, comprensión del lenguaje administrativo y capacidad para seguir procedimientos que pueden tener consecuencias importantes. Cuando estas condiciones no existen, una plataforma creada para facilitar el acceso puede convertirse en una nueva barrera.
El documento del Servicio Nacional de Migraciones “Programa de Mediación Intercultural para la prevención y solución de conflictos territoriales: Caracterización y diagnóstico previo a la formación de mediadores interculturales”, elaborado en noviembre de 2024 por los departamentos de Inclusión y Estudios, reconoce esta situación. A partir de entrevistas con funcionarios municipales, el informe identifica obstáculos vinculados con las brechas digitales, la usabilidad de la plataforma y la disminución de la atención presencial. Algunos funcionarios señalan que existen personas que no saben crear un correo electrónico o realizar trámites básicos y que, por esta razón, terminan recurriendo a intermediarios. El mismo diagnóstico advierte que los municipios necesitan más recursos, orientación del Gobierno central y capacitación para responder adecuadamente a las necesidades de la población migrante.
Estos antecedentes demuestran que digitalizar un trámite no equivale necesariamente a facilitarlo. En muchos casos, la digitalización traslada hacia el usuario tareas que antes realizaba la institución: interpretar instrucciones, convertir documentos, verificar formatos, conservar contraseñas, revisar notificaciones y determinar en qué etapa se encuentra una solicitud. Para una persona familiarizada con el sistema, estas actividades pueden parecer sencillas. Para alguien que desconoce la normativa, tiene dificultades idiomáticas o posee competencias digitales limitadas, pueden convertirse en una fuente de errores, incertidumbre y dependencia de terceros.
Esta situación tiene consecuencias que van más allá de una mala experiencia de usuario. En un sistema migratorio digitalizado, un documento cargado incorrectamente, una notificación que no fue comprendida o una observación que no se respondió a tiempo puede retrasar una residencia y afectar el acceso al trabajo formal, la vivienda, los servicios financieros o determinados beneficios. Por esta razón, la calidad de una plataforma pública no debería medirse solo por el número de trámites digitalizados o por la reducción de los tiempos internos. También debe evaluarse por la capacidad efectiva de las personas para utilizarla, completar sus procedimientos y corregir los errores sin quedar excluidas.
El Estado ha reconocido varios de estos desafíos. El “Informe final de gestión 2022-2026” del Servicio Nacional de Migraciones describe avances en automatización, integración de bases de datos, interoperabilidad y desarrollo de MiSERMIG, plataforma diseñada para mejorar el acceso de las personas extranjeras a sus trámites e información. El mismo documento propone un plan tecnológico para el periodo 2026-2028, orientado a mejorar la experiencia de las personas usuarias, fortalecer la calidad y gobernanza de los datos, potenciar la interoperabilidad y optimizar la atención no presencial. Estos avances son importantes, porque muestran que existe una trayectoria institucional que puede ser fortalecida y ampliada.
Sin embargo, una política tecnológica para la integración debería ir más allá de mejorar la interfaz de una plataforma. Es necesario diseñar sistemas que acompañen las trayectorias tecnológicas de las personas migrantes y que les permitan conocer claramente el estado de sus solicitudes, los documentos pendientes, los plazos estimados y las alternativas disponibles ante un rechazo u observación. Igualmente, la interoperabilidad debe evitar que las personas presenten repetidamente información que ya se encuentra en poder de otra institución pública, siempre resguardando la seguridad y protección de sus datos personales.
También se requiere mantener diferentes canales de atención. La atención presencial, telefónica, municipal y digital no debe entenderse como una competencia en la que la tecnología termina reemplazando completamente a los funcionarios. Por el contrario, debe conformar una red complementaria que permita responder a las distintas capacidades y necesidades de la población. Cuanto más compleja sea una decisión administrativa y mayores sean sus consecuencias sobre la vida de una persona, más importante resulta disponer de orientación humana y de mecanismos accesibles para corregir errores.
Igualmente, la tecnología destinada a la integración no debería limitarse a los trámites migratorios. Puede contribuir al reconocimiento de competencias y títulos, a la vinculación con oportunidades laborales, a la entrega de información sobre salud y educación y a la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, los municipios y otras instituciones públicas. Esto implica pasar de una digitalización concentrada en recibir documentos hacia una infraestructura que facilite la participación de las personas migrantes en la sociedad. De esta forma, la tecnología no sería únicamente un mecanismo para determinar quién puede permanecer en el país, sino también una herramienta para aprovechar las capacidades de quienes ya forman parte de él.
En consecuencia, el desafío no consiste en elegir entre seguridad e integración. Ambas dimensiones son necesarias y deben formar parte de una política migratoria coherente. No obstante, Chile debe evitar que la innovación se concentre en las tecnologías más visibles y políticamente rentables, dejando la inclusión en manos de programas fragmentados o de municipios con capacidades desiguales. La modernización del Estado también debe medirse por su capacidad para simplificar procedimientos, reducir barreras y generar condiciones para que las personas cumplan la normativa y contribuyan al desarrollo del país.
Una frontera equipada con drones, sensores y cámaras puede ser tecnológicamente avanzada, pero eso no convierte automáticamente a Chile en un buen gestor de la migración. La verdadera transformación digital de la política migratoria exige desarrollar capacidades institucionales tanto para controlar como para integrar, y evaluar sus resultados no solo desde la seguridad, sino también desde la eficiencia administrativa y la inclusión social. Un Estado moderno debe ser capaz de reconocer quién ingresa al territorio, pero también de reconocer las trayectorias, conocimientos y capacidades de quienes ya viven en el.
Ochoa-Urrego, Rafael-Leonardo
Departamento de Tecnologías de Gestión
Facultad Tecnológica
Universidad Santiago de Chile
rafael.ochoa@usach.cl
Martínez-Quesada, Claudia-Liliana
Candidata a Doctora en Psicología
Universidad de Chile
claudia.martinez.q@ug.uchile.cl
