Nadie puede tener certeza de lo que pueda suceder después del acuerdo político de los partidos que conforman el parlamento chileno destinado a plebiscitar en abril próximo la posibilidad de una nueva Constitución y el mecanismo para definirla. Damos por descontado que la ciudadanía va a optar por una nueva Carta Fundamental, pero tenemos muchas dudas respecto del organismo que se escoja para redactar el nuevo texto; porque ello dependerá de cómo se promueva y se venda publicitariamente la idea de una asamblea o convención constituyente, integrada solo por representantes electos por el pueblo, o bien se opte por la entidad propiciada por la derecha, integrado en un 50 por ciento por representantes del Congreso Nacional más la mitad de ciudadanos surgidos de las urnas.
De lo que ya no habría duda es que el ente que finalmente resulte tendrá que aprobar cada acápite de la nueva Constitución con un quórum mínimo de dos tercios, lo que augura un casi imposible desafío para legitimar este nuevo texto. No olvidemos que desde el año 1980, la Carta Fundamental heredada por Pinochet solo pudo ser sometida a dos reformas por nuestro parlamento debido justamente al alto quórum que el mismo texto exigía para ser reformado. Situación que ahora se repetiría y haría bien difícil obtener mayorías tan sólidas a la hora de definir la institucionalidad que los chilenos quieren consolidar. Cuando persisten diametrales diferencias en el país entre los que buscan un estado subsidiario o, por el contrario, un estado soberano respecto de la propiedad de sus riquezas fundamentales y capacidad de iniciativa económica. Tal como entre una institucionalidad que asume la educación, la salud, la vivienda y la previsión social como derechos del pueblo, y no la deje a merced del mercado, el régimen neoliberal y los inversionistas privados o extranjeros.
Al acometer estas decisiones, bastará que solo un tercio de los chilenos constituyentes asuman una posición al respecto para desbaratar la posición mayoritaria. Por lo mismo que la tarea será ardua y muy difícil de agotarse en tan solo un año de plazo, a juzgar por los tiempos definidos para ello y apurados por las urgentes soluciones que se les deben dar a las demandas públicas. No olvidemos que hemos tenido que soportar por cuarenta años una constitución ilegítima en su origen y ejercicio. Pese al triunfo del NO contra Pinochet, la persistente demanda popular por los cambios y la voluntad de muchos legisladores que una y otra vez se estrellaron con estos quórum, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la falta de solvencia y consecuencia de los sucesivos gobiernos que se rindieron al legado del Dictador en ésta y tantas materias.
No es sorprendente la positiva reacción “de los mercados” después de este acuerdo entre las directivas partidistas, si se considera , por ejemplo, que la recuperación de riquezas básicas como el cobre y el litio, aunque fueran apoyadas masivamente, le darían amplio margen a las empresas nacionales y extranjeras para asegurarse el quórum mínimo a fin de que no prospere ni una reforma sustantiva. Y ya sabemos cómo éstas, o las AFP y las isapres no trepidan en sobornar a quienes toman las decisiones cuando se les hace necesario defender sus intereses.
No dejemos de lado, tampoco, que fue el estallido social el que nos puso a las puertas de un gran cambio en el país. Es decir, la enorme movilización que cumplió cuatro exitosas semanas a lo largo de todo el territorio, en la cual los chilenos le dijeron basta al Gobierno de Sebastián Piñera pero también al conjunto de la clase política. Como consta que entre los millones de compatriotas movilizados todos los días no se pudieron apreciar las banderas o pancartas de los partidos. Aunque la rebelión de pueblo mapuche contra el Estado, sin embargo, desplegó la mayor cantidad de banderas junto al pabellón tricolor.
Tampoco podemos soslayar que en esta protestas, si bien la nueva Constitución fue intensamente demandada, en lo principal el pueblo reclamó mejores salarios y pensiones, resolver los déficit de la salud y el precio abusivo de los medicamentos. Dejando en evidencia la profunda inequidad que existe entre los habitantes de nuestro país. Esto es, entre la pavorosa opulencia de un puñado de privilegiados y explotadores y la inmensa mayoría de trabajadores que sufre las más drásticas e injustas carencias. O la desesperanza de los jóvenes, de los estudiantes endeudados de por vida y la de esos 500 mil que no estudian ni trabajan.
Un grado de injusticia social de la cual no solo es responsable la administración de Piñera sino todos los gobiernos anteriores que tenían por misión construir una democracia participativa y un régimen económico social solidario. Además de la recuperar nuestros recursos naturales, imponer el respeto al medioambiente y ponerle término a los privilegios de la casta militar, tanto o más cuestionada por las corrupciones del poder empresarial y político. A todo lo cual se debe consignar, también, todos los pendientes de la verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos por el último Régimen Militar, sumado a la barbarie acometida hasta nuestros días contra el pueblo mapuche y otras minorías étnicas.
No vaya a ser cosa que el proceso constituyente acordado en esa desesperada y maratónica sesión de las cúpulas políticas vaya a supeditar las urgentes demandas sociales a la posibilidad solo de darnos una nueva Constitución. Más bien, creemos que si el actual gobierno y los parlamentarios no implementan con suma urgencia una real agenda social lo que podría fomentarse es el rápido retorno de nuevas protestas y más radicalizaciones. Como verdaderamente una verdadera guerra civil y fratricida, posibilidad que empezó a insinuarse en los últimos días con esa violencia ciertamente brutal e incontrolable que no trepidó en avanzar hacia los barrios más pudientes, que llegó a incendiar iglesias y edificios patrimoniales y hasta se atrevió a disparar contra los cuarteles policiales y militares.
Sabemos que el proceso constituyente, que algunos todavía festejan, ha dejado profundas heridas en los propios actores que lo acordaron, tanto en sus propias bases partidarias como en todo el movimiento social que fue excluido de las negociaciones. Una discriminación que puede conspirar mucho contra la intención de quienes pusieron la firma de este acuerdo. Claro: las dirigencias políticas, en su desarraigo de la realidad y crónica falta de prolijidad, pasaron por encima de movimientos tan prestigiados como No+AFP, no+TAG, los gremios de la administración pública, los colegios profesionales, las organizaciones de DDHH, la propia Central Unitaria de Trabajadores, las federaciones estudiantiles y otras múltiples y legitimadas instituciones que ciertamente han resultado más convocantes que los partidos políticos.
En nuestro deber de informar lo que apreciamos, ya sabemos que la protesta vuelve a encenderse en algunos barrios de Santiago y regiones.
Pareciera que Sebastián Piñera, cuya renuncia se seguirá exigiendo como condición sustantiva de la paz, busca la oportunidad histórica de revertir sus deplorables atentados en contra de los derechos humanos de la población con un itinerario político que lo conduzca a ponerle su rúbrica a una nueva Carta Magna y ser reconocido, así, por la posteridad. Como tantos otros viles gobernantes de nuestra historia que fueron capaces de eludir sus crímenes y despropósitos con algunos aciertos (la Constitución de 1925, por ejemplo). Lo que se explica en los múltiples monumentos que los honran en todas nuestras ciudades y pueblos y que con muchísima más razón podrían haber terminado derrumbados por la insurrección popular que vivimos.
Sin duda que la recuperación de imagen que se propone Piñera ya tiene drásticos opositores en su propio sector, donde por mucho tiempo ha acumulado numerosos detractores. Porque hay demócratas consecuentes que lo conocieron como partidario y beneficiario de la Dictadura, como un empresario sumido constantemente en las malas prácticas y un descarado gobernante que, además, tuvo la pretensión de ser reconocido como un líder continental y mundial.
Después de tal desenlace político cupular, creemos que sería muy apropiado que la Justicia aclare si la violencia que empañó muchos actos constituyó solo una explicable respuesta de una juventud burlada y agredida por la represión policial y militar, como de una población harta del saqueo propiciado por el sistema que consagró la Constitución de 1980 y que nos llevara a extremos nunca vistos en inequidad social. Si no tendrá explicación, además, en los agentes policiales encubiertos y las complicidades gubernamentales que, como en otros momentos de nuestra historia, ya saben que las manifestaciones vandálicas logran inhibir las justas demandas de la población, alentar sus temores y renunciar a sus legítimas aspiraciones.
Sábado 16 de noviembre 2019
