El 12 de enero de 2026 Chile cerró oficialmente el Servicio Nacional de Menores. No fue una ceremonia cualquiera ni un gesto neutro. Fue el cierre de una institución que durante décadas estuvo a cargo de la protección - y también del castigo - de niños, niñas y adolescentes, y que terminó convertida en símbolo del fracaso del Estado frente a su deber más básico: cuidar la vida de su infancia.
El Estado habla de cierre, transición y nuevo comienzo. Pero para quienes hemos trabajado, investigado y acompañado las consecuencias de este sistema, no hay nada de simbólico ni reparador en este acto. Lo que ocurre es algo mucho más incómodo: una institución se va sin haber respondido plenamente por el daño causado.
El cierre del SENAME no puede leerse como un simple cambio administrativo ni como el final de una sigla incómoda. Se cierra cargando una historia dolorosa, atravesada por graves violaciones a los derechos humanos, negligencias estructurales y muertes que nunca debieron ocurrir. Aquí no hablamos solo de fallas técnicas. Hablamos de niños, niñas y adolescentes que murieron bajo custodia estatal.
El año 2007 dejó una de las señales más tempranas y brutales del deterioro del sistema. En Puerto Montt, un incendio al interior del centro “Tiempo de Crecer” terminó con la vida de diez adolescentes privados de libertad. No fue solo una tragedia, fue una advertencia temprana: recintos inseguros, sobreocupados y sin condiciones mínimas de protección. La muerte ocurrió en un espacio donde el cuidado debía ser la prioridad, y dejó al descubierto una institucionalidad incapaz de resguardar la vida de quienes tenía bajo su responsabilidad.
Diecisiete años después, ese mismo caso volvió a interpelar al país desde fuera de sus fronteras. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Chile por vulneraciones múltiples y simultáneas cometidas contra niños y adolescentes bajo custodia estatal. El fallo no sólo abordó la pérdida de vidas, sino un entramado de omisiones que afectaron derechos esenciales, confirmando que la desprotección no era circunstancial, sino estructural.
El año 2016 marcó otro punto de quiebre con la muerte de Lissette Villa. Su fallecimiento no fue un accidente ni un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo institucional que normaliza la violencia, confundió contención con castigo y cuidado con control. Lissette murió frente a un sistema que durante años minimizó, justificó y postergó responsabilidades. Su caso expuso, sin eufemismos, lo que numerosos informes ya advertían: la infancia vulnerada estaba siendo dañada por el propio sistema que debía protegerla.
Durante años, informes técnicos, comisiones investigadoras, fallos judiciales y organismos internacionales alertaron sobre malos tratos, abusos, sobre medicación, negligencias graves y muertes evitables. El Estado supo. La sociedad supo. Y, aun así, el sistema continuó operando, acumulando diagnósticos sin transformar prácticas. El colapso del SENAME no fue accidental: fue el resultado de décadas de advertencias ignoradas, denuncias archivadas y una tolerancia institucional persistente frente al daño.
Las cifras, aunque incómodas, también hablan. Entre 2005 y 2020, más de mil niños, niñas y adolescentes murieron mientras se encontraban vinculados a programas del Estado. No se trata solo de centros cerrados ni de adolescentes infractores. La mayoría de esas muertes ocurrieron en programas de protección, en espacios donde el cuidado debía ser la respuesta principal. Hubo niños pequeños, lactantes, niñas y niños con discapacidad, adolescentes con trayectorias marcadas por la exclusión. En muchos casos, no existieron registros claros, protocolos de fallecimiento ni investigaciones oportunas.
No murieron por azar.
No murieron por mala suerte.
Murieron en un entramado institucional que sabía lo que estaba ocurriendo y que, aun así, decidió no actuar con la urgencia que la vida exigía. La estadística no es neutra: es la evidencia de una responsabilidad estructural.
Estos hechos no quedaron solo en el ámbito nacional. De la condena internacional surgió la Comisión Verdad y Niñez, precisamente porque el daño no podía seguir siendo negado ni diluido, y porque la verdad era una condición mínima para cualquier intento de reparación.
Hoy, sin embargo, enfrentamos un nuevo riesgo. En marzo, con el cambio de gobierno, no existe certeza alguna de que esta Comisión continúe. Y esto no es un detalle administrativo. Es una señal profundamente preocupante. Porque cerrar una comisión de verdad sin haber garantizado plenamente verdad, justicia y reparación es volver a empujar el dolor bajo la alfombra. Es transmitir el mensaje de que el tiempo basta para resolver responsabilidades, cuando en realidad lo que hace es profundizar la impunidad.
La verdad sobre lo ocurrido en el sistema de protección no puede quedar supeditada a ciclos políticos ni a incomodidades institucionales.
Porque sin verdad no hay reparación real.
Sin memoria no hay garantías de no repetición.
Y sin justicia, el cierre del SENAME corre el riesgo de convertirse en un gesto vacío.
Por eso, el cierre del SENAME no es una victoria. Es, a lo más, una reparación tardía. El reconocimiento explícito de que el modelo fracasó y de que separar la protección de la infancia de la lógica punitiva no era una opción política, sino una obligación ética. Pero sería un error profundo creer que con este cierre la deuda queda saldada.
Los nuevos servicios heredan una responsabilidad histórica enorme. No solo deben administrar programas: deben romper con una cultura institucional que durante décadas toleró el daño, precarizó a los equipos y trató a los niños vulnerados como expedientes y no como sujetos de derechos.
Esa responsabilidad hoy recae en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Su sola creación no garantiza un cambio real si no se transforman las prácticas, las condiciones materiales y la cultura institucional que históricamente sostuvo el daño. Cambiar estructuras sin cambiar miradas, sin fortalecer a los equipos y sin asumir el peso de la historia puede convertir la reforma en una mera continuidad con otro nombre.
Estos nuevos servicios no solo deben responder al mandato legal que los origina, sino también a una exigencia ética ineludible: no reproducir las lógicas que llevaron al colapso del sistema anterior. Eso implica garantizar estándares reales de cuidado, supervisión efectiva, condiciones laborales dignas para quienes intervienen y, sobre todo, una comprensión profunda de que niños, niñas y adolescentes no son “casos”, “cupos”, “asignación mensual”, ni “trayectorias administrativas”, sino sujetos de derechos cuya vida y dignidad no admiten margen de error. Si estos servicios no se hacen cargo de esa memoria, el riesgo no es solo fracasar nuevamente, sino volver a dañar en nombre de la protección en Chile.
Desde el Trabajo Social, nuestra responsabilidad no ha sido solo técnica ni administrativa. Hemos sido quienes sostuvimos la escucha cuando no había respuestas, quienes levantamos alertas cuando el daño era evidente y quienes acompañamos trayectorias marcadas por el abandono institucional. Estuvimos en residencias, tribunales, hospitales, programas ambulatorios y territorios donde la infancia vulnerada aprendió demasiado pronto que el Estado no siempre llega a tiempo. Nuestro rol ha sido nombrar lo que otros prefirieron callar, documentar lo que parecía invisible y resistir, muchas veces en soledad, la normalización del daño. Pero también debemos decirlo con claridad: no siempre fuimos suficientes. A veces callamos, a veces omitimos, a veces nos adaptamos a lógicas que sabíamos injustas para poder seguir dentro del sistema.
Esa autocrítica no debilita a la profesión; la fortalece. Porque el cierre del SENAME interpela directamente al Trabajo Social, no como observador externo, sino como una profesión que cargó con el peso de decisiones institucionales que no siempre compartió, pero que debió ejecutar en contextos de precariedad, sobrecarga y desgaste emocional profundo. Nos corresponde hoy exigir memoria, verdad y responsabilidades claras, no por revancha ni consigna, sino porque sin una revisión honesta de nuestras propias prácticas no hay posibilidad real de transformación. El Trabajo Social no puede ser convocado sólo para implementar reformas: debe ser escuchado como voz ética y política en la construcción de un sistema de protección que no vuelva a dañar en nombre del cuidado.
Esto no terminó ayer.
Esto no se cierra con una firma.
Vamos a seguir en esto.
Vamos a seguir nombrando a quienes ya no están, recordando que cada cifra tuvo un rostro, una historia y una vida que importaba. Vamos a seguir exigiendo que la verdad no se archive, que la memoria no se negocie y que la protección no vuelva a confundirse con control. Porque cerrar una institución no borra las responsabilidades ni repara por sí sola el daño causado.
Porque la infancia no puede volver a quedar atrapada entre el olvido y la conveniencia política. Porque ningún proyecto de país puede construirse sobre silencios impuestos ni sobre muertes que se intentan dejar atrás sin justicia. Y porque un Estado que no responde por sus niños, niñas o adolescentes no puede llamarse protector.
Y porque la deuda con la infancia - aunque incomode, aunque moleste, aunque duela - no prescribe. Nos seguirá interpelando mientras exista un solo niño, niña o adolescente para quien el cuidado llegue tarde, y mientras la memoria siga siendo la única garantía real de que aquello que ocurrió no vuelva a repetirse.
