Después de las elecciones, y tras expresar públicamente una postura ética y política - como lo hacen miles de personas en democracia - comenzaron a aparecer comentarios que no discuten ideas, sino que atacan una profesión. No cuestionan un argumento: cuestionan la existencia misma del Trabajo Social.
- Que “solo trabajamos cuando hay pobres”.
- Que es “una carrera para flojos”.
- Que “no estudiamos”.
- Que “somos comunistas”.
- Que “no trabajamos”.
- Que “estamos donde estamos por pitutos”.
Que "no sabemos sumar, ni restar"
En este contexto, no deja de ser inquietante que, tras una elección democrática, parecen reactivarse climas sociales que habilitan la descalificación, la burla y el maltrato como formas legítimas de expresión. Como si el resultado electoral no solo ordenara mayorías políticas, sino que también autorizará la rabia, la falta de respeto y la agresión hacia quienes piensan distinto o encarnan discursos incómodos.
Los resultados electorales no pueden convertirse en una excusa para abrir espacios donde el odio, la humillación o la deshumanización circulen sin cuestionamiento. Mucho menos cuando ese clima se dirige contra profesiones cuyo rol es precisamente sostener derechos, acompañar a quienes quedan fuera y nombrar aquello que incomoda al orden social.
A esto se suma algo aún más revelador: la burla explícita hacia palabras como dignidad, justicia social o pobreza, dichas con ironía, entre comillas, como si se tratara de exageraciones morales, consignas ideológicas o sentimentalismos vacíos. Como si nombrar la desigualdad fuera una provocación y no una descripción empírica de la realidad social.
Este fenómeno no es anecdótico. En términos sociológicos, la ridiculización del lenguaje ético constituye una forma de deslegitimación simbólica: no se refuta el contenido, se desacredita el marco desde el cual se produce el conocimiento. Como ha señalado Pierre Bourdieu, el poder simbólico opera precisamente cuando ciertas palabras, saberes o profesiones pierden legitimidad pública y pasan a ser objeto de burla antes que de debate. No se discute lo que se dice; se invalida el lugar desde donde se habla, reduciendo ciertos discursos - y a quienes los sostienen - a caricaturas ideológicas o morales.
En ese desplazamiento, términos como dignidad, justicia social o pobreza dejan de ser categorías analíticas y éticas para transformarse en etiquetas incómodas, prescindibles o exageradas. La burla no es ingenua: cumple la función de neutralizar la crítica y de volver irrelevante aquello que cuestiona la distribución desigual de poder y derechos. Así, no se busca refutar argumentos, sino erosionar la legitimidad de quienes insisten en nombrar lo que otros prefieren mantener fuera del lenguaje público.
Conviene entonces detenerse y precisar, con rigor, de qué hablamos cuando hablamos de Trabajo Social.
El Trabajo Social surge como profesión a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en un contexto marcado por la Revolución Industrial, la urbanización acelerada, el aumento de la pobreza urbana, la explotación laboral, el hacinamiento, las enfermedades y la ausencia de sistemas de protección social. No nace desde una ideología partidaria ni como un proyecto moral abstracto, sino como una respuesta concreta a necesidades sociales urgentes que los Estados ya no podían ignorar. Antes de su institucionalización, la atención a la pobreza se realizaba principalmente a través de la caridad religiosa, la filantropía privada y las leyes de pobres - como las Poor Laws inglesas vigentes desde el siglo XVI -, mecanismos que, aunque relevantes en su tiempo, solían ser asistencialistas, moralizantes e incluso punitivos. En ellos, la pobreza era entendida como una falla individual más que como un problema social estructural.
El origen moderno del Trabajo Social se consolida durante el siglo XIX en Inglaterra y Estados Unidos, dando lugar a una tensión fundante que marcaría el desarrollo de la profesión. En 1869, la creación de la Charity Organisation Society en Londres introdujo prácticas sistemáticas como las visitas domiciliarias y el registro de casos, aportando método y racionalidad a la intervención social, aunque desde una mirada aún moralizante. En contraste, en 1889, Jane Addams fundó Hull House en Chicago, impulsando un enfoque comunitario, educativo y político orientado a transformar las condiciones sociales. La profesionalización se afianza con Mary Ellen Richmond y la publicación de Social Diagnosis en 1917, que instala el diagnóstico social como herramienta científica, y con el ingreso del Trabajo Social al ámbito de la salud en 1905, cuando Ida M. Cannon incorpora la dimensión social al tratamiento médico. Este proceso se expande a América Latina, con un hito fundamental en 1925, año en que Chile crea la primera Escuela de Servicio Social, posicionándose como país pionero en la institucionalización de la profesión en la región y consolidando su ingreso al Estado, a las instituciones y a la política pública.
El Trabajo Social no existe porque exista pobreza. Existe porque las sociedades producen desigualdades estructurales, exclusiones persistentes, violencias institucionales y abandonos sistemáticos que no se corrigen de manera espontánea.
Aun en escenarios de reducción de pobreza por ingresos, el Trabajo Social seguiría siendo indispensable, porque interviene en derechos, salud, infancia, vejez, discapacidad, justicia, migración, cuidados, duelo, crisis vitales y dinámicas comunitarias complejas. La pobreza no es su objeto exclusivo; su objeto es la dignidad humana situada en contextos sociales concretos.
Burlarse de la pobreza no la elimina. Solo facilita su invisibilización y su naturalización.
Resulta llamativo, además, que este tipo de descalificaciones se dirijan selectivamente al Trabajo Social. ¿Se le dice a un médico que “solo trabaja cuando hay enfermos”? ¿Se acusa a una matrona de existir únicamente porque hay partos? ¿Se ridiculiza a la psicología por intervenir cuando hay desgaste de la salud mental? En ninguna de estas profesiones la existencia del problema invalida la legitimidad del rol. Sin embargo, cuando se trata de lo social, la lógica parece invertirse: se culpa a la profesión por el fenómeno que aborda.
Decir que “solo trabajamos cuando hay pobres” no describe una función profesional; expresa una comprensión profundamente limitada del funcionamiento de las sociedades contemporáneas y de la distribución desigual de derechos.
Respecto a la afirmación de que “no estudiamos”, conviene ser precisos. El Trabajo Social es una disciplina universitaria con formación sistemática y exigente en metodología de la investigación, estadística social, análisis de datos, matemática aplicada a la política pública, evaluación de programas, diagnóstico social, planificación y gestión, y lectura crítica de indicadores sociales. Trabajamos con cifras, tasas, prevalencias, matrices de riesgo, proyecciones y evaluación de impacto. La diferencia es que no reducimos la realidad a números: los interpretamos.
A ello se suma una sólida formación en filosofía, epistemología de las ciencias sociales, teoría social, ética profesional, derecho público, derechos humanos, legislación social y sanitaria, y marcos normativos nacionales e internacionales. Sabemos producir conocimiento, pero también sabemos preguntarnos desde dónde, para quién y con qué consecuencias se produce.
A esto se agrega un aspecto que suele omitirse deliberadamente: el Trabajo Social no solo interviene, también produce conocimiento y contribuye activamente al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Participa en diagnósticos institucionales, análisis de brechas, elaboración de modelos de intervención, evaluación de programas y monitoreo del impacto social de las decisiones del Estado. No es solo un rol operativo; es un rol técnico-político. Cuando se desacredita al Trabajo Social, no se intenta silenciar una profesión “asistencial”, sino debilitar una mirada crítica situada dentro del propio aparato público.
Quienes ejercemos en hospitales, tribunales, escuelas y servicios públicos no improvisamos. Diagnosticamos, evaluamos, elaboramos informes técnicos, coordinamos redes intersectoriales y tomamos decisiones que tienen consecuencias jurídicas, sanitarias y vitales concretas. Decisiones que, con frecuencia, otros profesionales no están llamados - o no están dispuestos - a asumir.
¿Flojos? Esa afirmación resulta insostenible cuando se contrasta con las condiciones reales del ejercicio profesional: turnos extendidos, trabajo en contextos de urgencia, intervención en territorios de alta complejidad, exposición permanente a sufrimiento social, presión institucional constante, escasez de recursos, precarización laboral e inestabilidad contractual. La lista podría continuar.
Lo que suele descalificarse como “flojera” no es otra cosa que trabajo invisible: aquel que no se mide fácilmente en indicadores de productividad, pero que sostiene procesos, previene daños mayores, amortigua crisis y evita quiebres sociales irreversibles.
¿Comunistas? El Trabajo Social no es una militancia partidaria. Es una profesión regulada por un marco ético explícito, reconocido internacionalmente, basado en la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la dignidad y la no discriminación. Si hoy estos principios provocan burla, el problema no es la profesión, sino el empobrecimiento deliberado del debate público.
Respecto a los “pitutos”, conviene remitirse a los hechos: la mayoría de quienes ejercemos en el Estado lo hacemos mediante concursos públicos, evaluaciones técnicas y acreditación de trayectoria. Provenimos, en su mayoría, de sectores sin capital social heredado. Negar esa realidad no es crítica fundada: es desprecio de clase.
Lo más preocupante de estas descalificaciones no es su tono ofensivo, sino lo que revelan: una incomodidad profunda con las profesiones que recuerdan que la desigualdad existe, que el sufrimiento social tiene causas estructurales y que el Estado no es un enemigo abstracto, sino una herramienta que puede proteger o dañar según cómo se diseñe y se habite.
El Trabajo Social no incomoda por lo que es, sino por lo que evidencia.
No trabajamos para obtener reconocimiento simbólico. Trabajamos para garantizar derechos, incluso cuando ello resulta incómodo, incluso cuando se ridiculiza el lenguaje ético, incluso cuando se intenta deslegitimar una profesión que se niega a separar técnica de humanidad.
Y sí: seguiremos ejerciendo después de las elecciones. Con rigor metodológico. Con lectura crítica de datos. Con sustento teórico. Con responsabilidad jurídica. Con ética profesional.
Porque la dignidad no es una consigna vacía.
La justicia social no es una caricatura ideológica.
Y el desprecio nunca ha sido - ni será - un argumento válido.
Porque cuestionar al Trabajo Social no lo debilita.
Solo confirma, con mayor nitidez, por qué sigue siendo indispensable.
Nombrar la desigualdad nunca ha sido un gesto cómodo, ni pretende serlo. El Trabajo Social existe precisamente para incomodar allí donde el silencio resulta funcional, para insistir en la dignidad cuando otros prefieren relativizar y para recordar que los derechos no dependen del clima político ni del resultado de una elección. En tiempos donde el desprecio, la burla y la violencia simbólica intentan instalarse como formas aceptables de expresión, callar no es neutralidad: es renuncia ética. Y el Trabajo Social, por historia, por formación y por responsabilidad pública, no fue hecho para callar.
