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Tramitación del presupuesto cultural 2021: Salvemos al ministro de Hacienda del dogma neoliberal. Por Jorge González San Martín

En el contexto de la tramitación y votación de la Partida 29 del Presupuesto Público en Cultura 2021, que vivió la semana pasada su tercer rechazo al mantener el Gobierno su propuesta inalterable de seguir recortando planes y programas culturales, confundiendo a la población al presentar un falso aumento de los recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministro de Hacienda, Sr. Ignacio Briones, intervino en sala el pasado martes 17 de noviembre, defendiendo la necesidad de aumentar la concursabilidad como mecanismo de asignación de recursos del MINCAP. En complemento, señaló la necesidad de aumentar la transparencia respecto de la gestión de los recursos para los agentes culturales del sector.

El carácter ideológico de ambas premisas, fundadas en una concepción neoliberal, con que el Gobierno entiende el campo cultural, hacen necesario que expongamos aquí algunos argumentos que lo confrontan con hechos. Este análisis cobra relevancia toda vez que este martes comienza la discusión en el Senado de tan criticado proyecto.

En primer lugar, el ministro señaló que el mecanismo “democrático”, fundado en el principio de la “subsidiaridad” para la provisión de bienes y servicios culturales, que “abre la cancha”, es la concursabilidad y la competencia por los recursos. Por ende, el proyecto del gobierno recorta prácticamente todos los programas y programas no concursables, recortes que alcanzan un total de un 10% - que en algunos programas llega hasta un 25%- para destinar estos recursos a un fondo transitorio de emergencia, concursable.

Sin embargo, lo que el Ministro no señaló en su intervención es que los beneficiarios mayoritarios de estos recursos son personas naturales o jurídicas cuyo origen social son comunas con el mayor índice de desarrollo humano del país. Esta tendencia, que se ha extendido durante 4 décadas, se encuentra largamente explicada por las teorías de la desigualdad cultural: el origen social determina el capital cultural de partida en la trayectoria de los agentes, su logro académico y su logro laboral. Al ser los Fondos de Cultura un concurso donde muchos compiten por recursos escasos, los seleccionados son mayoritariamente personas con un mayor capital cultural que les permite sortear con éxito una selección de proyectos altamente especializada, tanto programática, como administrativa. En este sentido, sociológicamente hablando, los fondos concursables son un mecanismo de asignación de recursos que profundiza y promueve la desigualdad cultural.

Nuestra organización, ANFUCULTURA, en base a las reflexiones realizadas en los Cabildos Constituyentes que realizamos de Arica a Punta Arenas a partir del 18 de octubre del 2019, propuso en el mes de mayo a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y al Gobierno, en el contexto del diseño de los Planes de Emergencia (concursables) para el sector cultural, “incluir como requisito para los agentes culturales que soliciten o reciban los recursos del plan de emergencia, que prioricen como públicos o destinatarios de sus iniciativas culturales a la población más vulnerable de cada región del país”. No fuimos escuchados. El resultado está a la vista: los recursos entregados se concentraron en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.

Dado lo anterior, es importante que el Ministro Briones sepa, que nuestra institución dispone de una batería de planes y programas no concursables, de los Departamentos de Ciudadanía Cultural, Educación Artística, Patrimonio Cultural y Pueblos Originarios, que representan aproximadamente el 25% de nuestro presupuesto (similar al de fondos concursables), que focalizan su intervención de manera directa en los territorios más vulnerados y aislados del país, aquellos que el neoliberalismo ha olvidado. En sentido estricto, estos programas expresan la otra dimensión del principio de subsidiaridad que el Ministro omitió misteriosamente de su intervención: el Estado debe focalizar bienes y servicios -en este caso culturales- en aquella población que no es capaz de prodigar por sí misma dichos bienes. Pero lamentablemente, estos programas, que emplean a una cantidad significativa de trabajadores independientes de las culturas, las artes y el patrimonio, se recortan para el 2021 para aumentar la concursabilidad.

En segundo lugar, el ministro puso en duda sin fundamento ni evidencia empírica alguna, el estricto control de los flujos financieros del Estado hacia las agentes culturales que llevamos a cabo los y las funcionarios públicos/as del sector, señalando que “ese es el tipo de cosas que se necesitan revisar, ya que cualquier institución tiene el deber de ser extremadamente transparente en la información de su gestión”, situación que, estima, no ocurre, permitiéndose hacer un llamado a “mejorar ese standard”. Detrás de esta premisa, se encuentra presente el dogma de que el Estado es ineficiente e ineficaz y que, en el caso de nuestra institución, la transparencia no sería un atributo de nuestra cultura organizacional.

Parece necesario también aclararle al ministro que a diferencia de los grandes conglomerados económicos, los agentes colaboradores del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio de Chile deben rendir cada peso que reciben del Estado, arriesgándose en caso de no cumplir, a juicios de cuentas o acciones por parte del Consejo de Defensa del Estado. Parece necesario, también, explicar que somos las trabajadores y trabajadoras del MINCAP, los mismos a los que se reduce en dotación en el proyecto 2021 y se precarizan sus condiciones laborales, los que realizamos de manera incansable una labor fiscalizadora de la institucionalidad cultural a lo largo de todo el país, desarrollando de manera permanente y sistemática la supervisión y revisión financiera de las iniciativas culturales, de manera seria, responsable y transparente.

Transparente sería, también, que el ministro Briones explicara porqué no les ha hecho ningún llamado a “mejorar el standard”, ni tomar medidas efectivas desde el punto de vista fiscal frente a los fraudes millonarios de las Fuerza Armadas, Carabineros de Chile o empresas como SQM.

Por último, invitamos al ministro a conocer a fondo la demanda por el aumento del presupuesto cultural que nuestra organización adscribe en conjunto con la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, CICE. Este aumento debe ser equilibrado, fortaleciendo el conjunto de fondos, planes y programas, a las instituciones colaboradores y al cuerpo de funcionarios y funcionarias de la administración, con condiciones laborales dignas. Y lo invitamos también, a «salvarse del dogma neoliberal», al igual que los miles de ciudadanos y ciudadanas que el 25 de octubre decidimos aprobar una nueva constitución que supere la desigualdad y los privilegios de una minoría conservadora y antidemocrática . Jorge González San Martín es Presidente Nacional de ANFUCULTURA y Miembro de la Asamblea Nacional de ANEF

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