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Transición del régimen político interior de Chile: una consecuencia ineludible. Por Federico Arenas Vázquez y José Orellana Yáñez

La elección por voto abierto de la/os Gobernadora/es en mayo reciente, permitió cerrar, preliminarmente un ciclo de la descentralización política, ya que se unió a la elección popular de los consejeros regionales estrenada unos años atrás. Decimos, preliminarmente, porque aún quedan varias cuestiones de esta dimensión política que gestionar, entre ellas la superación de Delegado Presidencial, representante del centralismo institucional del Estado chileno, quien ya disputa poder con las recién electas autoridades. No cabe duda, que no serán pocas las fricciones que se observarán en ese sentido, ya que estas autoridades regionales no se restarán en demandar las atribuciones que le corresponden por derecho propio.

Federico Arenas Vázquez

Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía, Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente, Director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile

José Orellana Yáñez

Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano

Pero en el fondo, este avance en materia de descentralización instala un proceso sustantivo en términos de régimen político administrativo interno, el cual proyecta dimensiones institucionales, económicas y culturales necesarias de identificar, objetivizar y gestionar, adecuadamente, ya que lo que se vive, es una transición de régimen político administrativo interno. Una transición es un momento de tensión de flujos y reflujos, a propósito de lo nuevo (deseado) v/s lo conocido (lo instituido), que en el caso que comentamos, asegura conflicto, dadas las adecuaciones institucionales, sociales y culturales que ello implicará. Además de esta dimensión política, quedan todavía la administración de futuras fricciones en lo administrativo y lo fiscal, sobre todo en lo fiscal, comportando otro eje clave del proceso descentralizador (rentas regionales), ya que es otra delegación concreta de poder efectivo hacia los territorios.

Es en esta perspectiva de transición política de régimen interno, que importa la idea de espacio geográfico/territorio en su dimensión de escala, o mejor dicho de interescalaridad, ya que la misma deberá aplicarse para resolver, cómo regionalmente tal situación espacial se ajusta, en relación con la escala nacional y la local, y sobre todo con esta última, en el entendido que la misma viene encontrando en la escala regional, con todas sus dificultades, un marco referencial que posibilita desarrollo territorial por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), principalmente (aunque la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, tenga gran protagonismo en su operación).

Para un Gobierno Regional (GORE) en forma, en medio de un proceso de transición política de régimen interno, nociones como la gobernanza de la proximidad y geografía de la multitud, se hacen no sólo pertinentes, sino que, necesariamente urgentes de colocar en valor. La primera, como concreción de una participación ciudadana vinculante y, la segunda, como manifestación conflictual ciudadana variada en lo temático e interescalar en lo territorial. Estos influjos proveídos por ambas condiciones debiesen redundar en políticas públicas que se comiencen a diseñar y a ejecutar más participativa y democráticamente, como también, reconsiderar unos instrumentos de ordenamiento del territorio, donde ahora sí, debiesen reperfilarse, no sólo en importancia, sino que, además, en diseño y, por supuesto, también en ejecución, comportando la acción, más democracia territorial.

Lo comentado, además, trasunta al principio de equidad territorial irrefutablemente, debiendo ser entendido en procesos complejos, donde expresiones factuales como el sistema de partidos políticos nacional (¿regionales?), deberá adecuarse, sin perjuicio de las tensiones que se vendrán, implicando más flexibilidad para mantener la condición de nacionales, o bien, hacerlo acompañar de un sistema electoral que se ajuste a la nueva realidad. Qué decir con lo referido a la elección de congresistas en sus distritos y circunscripciones, los cuales verán en las/os gobernadoras/es regionales potenciales competidores. En la misma dirección anterior, se deberá avanzar en nuevas formas de funcionamiento de la estructura central del estado y, especialmente de los ministerios con gran capacidad de transformación territorial, los que, en el mediano plazo, deberían adaptar sus planes de escala regional, a las nuevas Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) y Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), que surgirán fortalecidos en esta nueva etapa del proceso descentralizador. En este último caso, claro está, el nivel central todavía puede jugar a su favor, retardando la definición y aprobación del reglamento para la elaboración de dichos planes y por esa vía, impidiendo la formulación de unos PROT que, ahora sí, serán vinculantes para el conjunto del sector público. En última instancia, todavía quedará por resolver el tema de la necesidad que tendrá el GORE, una vez aprobado el mencionado reglamento, de obtener para su instrumento de ordenamiento territorial, el visto bueno de cada uno de los doce ministerios que conforman la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), sin lo cual, estos no verán la luz.

El camino está dibujado y lo está en la dirección correcta, queda establecer las condiciones y las voluntades que permitan a las nuevas autoridades elegidas a nivel regional, recorrerlo y ensancharlo. En esa perspectiva, esta transición política de régimen interno encuentra en el actual debate que lleva adelante la Convención Constitucional, una oportunidad de apurar el proceso, en el entendido que varios y varias integrantes de ésta se encuentran llanos a profundizar la descentralización, en cuanto herramienta de dignidad de la persona humana y, por defecto entonces, dignidad a los territorios, a propósito de la concreción del principio de equidad territorial. Por otra parte, no hay que olvidar que existe un antecedente que provino desde el proceso de consulta ciudadana que se realizó el año 2016 con los encuentros autoconvocados (locales, provinciales y regionales), funcionales al logro de una nueva constitución promovido por el gobierno de la ex Nueva Mayoría, donde la descentralización resultó ser una de las materias más relevantes en términos de principio y valor.

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