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Tras la victoria democrática: la violencia organizada. Por Alex Ibarra

«Bronca porque ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos... (...) No puedo ver tanta mentira organizada».
La marcha de la bronca. Pedro y Pablo.

No es para nadie un secreto que la ultraderecha suele organizarse para atacar con violencia, siempre amparados por la impunidad de sistemas institucionales controlados por los poderes económicos. Este tipo de injusticia, lamentablemente esto no es exclusivo de Chile y ha sido una pandemia no controlada, nunca sabremos todos los daños ni el número total de las víctimas dado los cercos comunicacionales existentes.

El fin de semana previo al plebiscito hubo un ataque de funcionarios de Fuerzas Especiales con el joven lanzado al lecho del Mapocho en el Puente Pío Nono, además de el uso de armamento en las distintas manifestaciones nocturnas en distintos barrios. Por otra parte, una vergonzosa marcha por el rechazo se paseó armada por Avenida Providencia atacando a los transeúntes (la derrota ya era evidente), ese modo habitual de estas organizaciones ultraderechistas no es novedoso, sin embargo resultaba descarado que además iban protegidos por un cerco policial que los resguardaba. Frente a estos hechos tanto el Ministro del Interior como el Intendente de Santiago fueron acusados judicialmente por medio de demandas ciudadanas. Hasta ahora poca cobertura de los medios y poca eficacia en las tramitaciones de sanciones a los responsables.

La noche del plebiscito marca otra jornada de violencia ultraderechista. La golpiza brutal a un par de jóvenes de la Comuna de San Ramón por efectivos de las Fuerzas Especiales. Los abusos de estos funcionarios de la policía tienen una larga data, sin embargo los gobiernos de la posdictadura han seguido aumentando en entrenamiento y en inversión de insumos para la represión. En este último Gobierno destacan el Comando Jungla que ha estado operando en el Wallmapu, y el cuestionado General Rozas sigue respaldado por Piñera, a pesar de las detenciones ilegítimas, de los abusos represivos, torturas, la ausencia de protocolos con respeto a los Derechos Humanos, etc. También circulan informaciones de baleados con perdigones en las celebraciones de Plaza Ñuñoa. Los coletazos violentos han seguido durante la semana, por ejemplo el viernes en Plaza de la Dignidad, la excesiva dotación de carros y funcionarios policiales, agredían incluso a los voluntarios que suelen asistir a los lesionados, a pesar de que éstos suelen estar claramente identificados con sus símbolos. Quizá la más cobarde agresión fue la de este sábado sufrida por la «Tía Picachú», el «Dragón verde» y el «Guasón» que bailaban pacíficamente protestando con sus conocidos disfraces, siendo golpeados, gasificados y detenidos.

Esta violencia organizada tanto por las Fuerzas Especiales, como también por los grupos ultraderechistas suele quedar en total impunidad. La justicia no llega a estos delitos, no es que tarde, simplemente no llega. El nivel de descaro del poder a favor de los intereses económicos no respeta las demandas democráticas. El descaro es gigante, funcionarios públicos como Guevara o el cuestionado Ministro Pérez tienen antecedentes que los vinculan a estos grupos fascistas y cuentan con el respaldo presidencial sin ser cuestionados con radicalidad por los parlamentarios en ejercicio ni por la opinión pública oficialista.

Qué decir de los «nuevos» rostros fuertes de la derecha. Juan Antonio Kast líder del Partido Republicano (nuevo rostro de la derecha) ilícitamente llamaba a votar rechazo en declaraciones a boca de urna el día del plebiscito, cuestión que prohíbe la vencida y aún vigente Constitución pinochetista. Por lo menos, debió haber sido arrestado, pero esto no ocurre para que aquellos que están sobre la ley, ni siquiera en las declaraciones posteriores asumió el error, dada a esa costumbre de sentirse «intocables» los que son parte de la clase privilegiada. El otro hermanito Kast, supuestamente un poco más evolucionado y «progresista» líder Evopoli, ha hecho pataleo frente al Gobierno pidiendo mayor control en la zona del conflicto Mapuche, lo cual esconde una petición de mayor militarización en defensa de los terratenientes y empresarios forestales. Al parecer, los Kast no son tan diferentes y son figuras distintas de una misma moneda.

Hace unos días distintas personas públicas condenaban la violencia de las barricadas y de los saqueos, tratando de confundir a la opinión pública, haciendo el juego a favor del orden establecido. Hoy están en silencio, estas víctimas de la violencia son los muertos de siempre, los condenados por los «dueños» de la tierra, los que no cuentan en las estadísticas oficiales. No sabremos nunca cuántas son las víctimas ni cuales son los daños totales, el Gobierno y la prensa corrupta controlan esta información al servicio de los monopolios, después de todo siguen siendo los dueños y harán hasta lo ilícito para seguir manteniendo el privilegio. El proceso constituyente necesita de nuestra responsabilidad política, sin descanso y sin tregua, unidos protegiéndonos unos con otros, es la única posibilidad para seguir soñando en que -como dice el graffitti- «otro fin de mundo es posible».

El proceso constituyente requiere de contenidos políticos democráticos en su redacción, la desmilitarización de la policía es una de las tareas urgentes. No se puede seguir soportando una policía abusiva y opresora, la fuerza policial debe ser orientada hacia el servicio de la ciudadanía y comprometida con la democracia. La regulación del presupuesto ayudaría a contener los desfalcos y también la inversión en aparatos y tecnología bélica que se vuelve en contra del pueblo. La formación del personal debe ser más abierta a lo civil, superando las visiones más represivas que no respetan los Derechos Humanos. Es fundamental también que la oficialidad no sea clasista y que adquiera un carácter integrador para buenos funcionarios con independencia de su proveniencia social y más inclusiva hacia el género y las orientaciones sexuales. Este puede ser uno de los contenidos constitucionales urgentes que posibiliten una institucionalidad más fiel al servicio ciudadano.

Alex Ibarra Peña.
Dr en Estudios Americanos.

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