Mientras el país aún intentaba comprender el asesinato de un niño de doce años, la discusión pública dio un giro. Dejamos de hablar de cómo evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir y comenzamos a debatir si la edad de responsabilidad penal debía bajar de 14 a 13 años.
Entonces me quedó dando vueltas una pregunta que no logro sacarme de la cabeza: ¿de verdad creemos que la seguridad pública comienza a los trece años?
Soy madre de un adolescente de esa edad. También soy trabajadora social. Y precisamente por ambas razones me cuesta aceptar que, frente a un hecho tan brutal, la principal respuesta que logremos construir como país sea discutir cómo castigar antes, en lugar de preguntarnos cómo proteger mejor.
Comprendo la reacción. Frente a un crimen de esta magnitud es natural querer hacer algo. Es legítimo exigir justicia. Es legítimo discutir las leyes. Lo que me preocupa es que, una vez más, confundamos la protección con la sanción, la prevención con el castigo, los factores de riesgo con el delito consumado y la política criminal con la seguridad pública.
Porque la política criminal responde una pregunta: ¿qué hacemos cuando el delito ya ocurrió? La seguridad pública responde otra muy distinta: ¿qué estamos haciendo para que ese delito no ocurra? Esa diferencia parece sutil. En realidad, cambia completamente la forma de diseñar una política pública.
Hay otro aspecto que me cuesta comprender de este debate. Hablamos de bajar la edad de responsabilidad penal a los trece años como si esa cifra representará a una persona plenamente formada. Pero un adolescente de trece años está precisamente en una de las etapas de mayor transformación de la vida.
Desde la biología sabemos que su cerebro aún está en pleno desarrollo. La corteza prefrontal - responsable de funciones como el control de impulsos, la planificación, la anticipación de consecuencias y la toma de decisiones - continúa madurando hasta bien entrada la adultez, mientras que los sistemas relacionados con la búsqueda de recompensas y las emociones se activan mucho antes (Steinberg, 2008; Casey, Jones y Hare, 2008). No se trata de eximir responsabilidades, sino de comprender que las decisiones de un adolescente ocurren bajo condiciones neurobiológicas distintas a las de un adulto.
Desde la psicología, la adolescencia temprana es una etapa de construcción de identidad. Erik Erikson describió este período como el momento en que las personas intentan responder una pregunta esencial: ¿quién soy y dónde pertenezco? Cuando esa búsqueda no encuentra respuestas en la familia, la escuela o la comunidad, otros espacios pueden ofrecerlas, incluido el crimen organizado.
Desde el enfoque ecológico de Urie Bronfenbrenner, ningún adolescente puede entenderse aislado de su contexto. Su conducta es el resultado de la interacción entre su familia, su escuela, sus pares, su barrio, las instituciones y las oportunidades que la sociedad pone - o no pone - a su disposición. Pensar únicamente en el individuo y no en el ecosistema donde creció es comprender sólo una parte del problema.
Entonces, cuando discutimos la edad de responsabilidad penal, también deberíamos preguntarnos por las responsabilidades que tenemos como sociedad antes de que un adolescente llegue a esa edad.
He dedicado gran parte de mi vida profesional a trabajar con niños, niñas y adolescentes vulnerados. También con adolescentes que han vulnerado a otros. En casi dos décadas de trabajo he aprendido que detrás de muchos jóvenes involucrados en delitos graves rara vez existe una historia que comenzó a los trece o catorce años. Lo que suele existir es una trayectoria mucho más larga: abandono escolar, violencia intrafamiliar, consumo problemático, pobreza, salud mental desatendida, barrios capturados por el crimen organizado y una larga lista de adultos que fueron llegando demasiado tarde.
Por eso me cuesta creer que la solución pueda comenzar precisamente cuando todo eso ya ocurrió.
Reducir la edad de responsabilidad penal adolescente puede formar parte de una política criminal. Ese debate es legítimo y el Congreso tiene el deber de darlo. Pero convertir esa discusión en el eje de la seguridad pública es mirar únicamente el último eslabón de una cadena que comenzó muchos años antes.
No lo sostengo solo desde mi experiencia. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal sea de al menos 14 años e insta a los países a no reducirla. Organismos como UNICEF, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría Penal Pública han señalado reiteradamente que no existe evidencia sólida de que bajar la edad de responsabilidad penal disminuya la delincuencia. En cambio, sí existe evidencia de que el contacto temprano con el sistema penal aumenta las posibilidades de reincidencia.
Eso debería hacernos pensar.
Porque la seguridad pública no empieza cuando un adolescente cruza la puerta de un tribunal. Empieza mucho antes. Empieza cuando un niño permanece en la escuela. Cuando una familia recibe apoyo antes de quebrarse. Cuando existe acceso oportuno a la salud mental. Cuando un barrio ofrece espacios deportivos, culturales y comunitarios donde los adolescentes encuentran pertenencia antes de que la encuentren en una banda.
También empieza cuando fortalecemos las habilidades parentales. No para responsabilizar exclusivamente a las familias, sino para acompañarlas. Criar adolescentes hoy es mucho más complejo que hace veinte años. Muchos padres enfrentan jornadas laborales extensas, redes de apoyo débiles y una exposición permanente de sus hijos a redes sociales y organizaciones criminales que ofrecen identidad, dinero y reconocimiento. Pretender que las familias enfrenten solas ese desafío no es una política de seguridad; es abandonarlas.
Empieza, además, cuando enseñamos habilidades socioemocionales desde la infancia. Aprender a resolver conflictos, tolerar la frustración, controlar impulsos, pedir ayuda o construir vínculos saludables no son aprendizajes secundarios. Son factores protectores frente a la violencia y herramientas indispensables para la convivencia.
Y también comienza en la escuela.
La escuela no puede limitarse a ser un lugar donde se enseñan contenidos. Debe ser un espacio protector. Muchas veces las primeras señales aparecen ahí: el niño que deja de asistir, el adolescente que cambia bruscamente de conducta, la violencia, el consumo, el reclutamiento por bandas. Los profesores lo ven. Los equipos de convivencia lo advierten. Los compañeros lo saben. Sin embargo, demasiadas veces nadie interviene. A veces por miedo. A veces por falta de herramientas. A veces porque los protocolos son insuficientes o porque los establecimientos sienten que cualquier intervención puede terminar judicializada. Y mientras discutimos esas limitaciones, otro adolescente sigue quedando disponible para que alguien más lo reclute.
Existe otro elemento del que hablamos poco: los adultos significativos.
A lo largo de mi trayectoria he comprobado que muchas historias cambian cuando un niño o niña encuentra, aunque sea una sola vez, un adulto que cree en él. Puede ser una profesora, un entrenador, una trabajadora social, un vecino, una abuela o un monitor deportivo. Alguien que pone límites, acompaña, escucha y permanece. A veces basta una persona para cambiar una trayectoria completa. El problema es que cuando ese adulto no aparece, el crimen organizado suele ocupar ese lugar con una rapidez que el Estado todavía no logra igualar.
Por eso creo que la verdadera discusión no debería ser únicamente desde qué edad encerramos a un adolescente. Deberíamos preguntarnos por qué seguimos produciendo adolescentes que llegan hasta ese punto.
Porque, si todo nuestro esfuerzo se concentra en ampliar el castigo, corremos el riesgo de perfeccionar la respuesta cuando el daño ya está hecho, en lugar de evitar que ocurra. No necesitamos construir mejores delincuentes desde edades más tempranas; necesitamos construir mejores oportunidades desde la infancia.
La cárcel puede ser necesaria para proteger a la sociedad frente a delitos graves. Nadie discute eso. Pero pensar que la cárcel resolverá aquello que la familia, la escuela, la comunidad y el Estado no lograron hacer durante años es exigirle algo para lo que nunca fue diseñada. La cárcel llega cuando todo lo demás ya fracasó. Convertirla en el principal instrumento de seguridad pública es aceptar, implícitamente, que renunciamos a prevenir.
La justicia debe actuar con firmeza. Pero la seguridad pública exige algo mucho más difícil que endurecer penas: construir las condiciones para que menos niños y adolescentes lleguen a delinquir.
Esa conversación es menos popular. Requiere recursos, coordinación, políticas públicas sostenidas y resultados que probablemente no se verán en el próximo titular ni en la próxima elección. Pero también es la única capaz de disminuir realmente la violencia.
Porque una sociedad verdaderamente segura no es la que consigue encarcelar adolescentes cada vez más jóvenes. Es aquella que logra que cada vez menos adolescentes lleguen a una cárcel.
La discusión no es si un adolescente de trece años debe responder cuando comete un delito grave. Claro que debe responder.
La verdadera pregunta es otra.
¿Dónde estaba el Estado cuando ese adolescente tenía ocho años? ¿Dónde estaba cuando tenía diez años? ¿Dónde estaba cuando abandonó la escuela, cuando comenzó a ser reclutado, cuando dejó de confiar en los adultos que debían protegerlo?
Tal vez el mayor fracaso de un país no sea tener que juzgar a un adolescente.
Tal vez el verdadero fracaso sea descubrir que llegamos recién cuando tenía trece años.
Porque una política de seguridad que comienza a los trece años ya no está protegiendo a la infancia. Está administrando un fracaso.
