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TRIBUNA: El respeto a la ley ¿para qué? Por Luis Mesina

Desde niños se nos inculca a través de la familia y posteriormente en la escuela el respeto a ciertos valores, a ciertas normas. Se trata de construir socialmente un ideal de sociedad conformada por un conjunto de reglas que los individuos deben cumplir y respetar.

Así, por ejemplo, se nos inculca el respeto a la bandera, al himno nacional y, antes del 11 de septiembre 1973, se infundía el respeto a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Asimismo, antes de que la sociedad conociera la sistematización de abusos que la Iglesia Católica cometía contra niños, también se nos enseñaba a respetarla.

La idea que hay detrás de inculcar respeto a ciertas normas, está directamente relacionada con la idea de conformar una determinada identidad para los individuos que habitan un determinado espacio común, un territorio, un Estado.

Para que un Estado les haga sentido a quienes lo habitan, es preciso que existan normas que guíen la conducta de los ciudadanos. El “Estado de Derecho” surge como respuesta a la legitima y pertinente pregunta de ¿cómo se ordena la convivencia de individuos que habitan un mismo espacio y con diferentes intereses?

Teóricamente, el Estado de Derecho responde a esa interrogante. Opera en un país regulado por leyes que todas las personas están obligadas a cumplir y, las instituciones encargadas de hacer cumplir dichas normas deben actuar con prescindencia de cualquier interés que no sea, hacer cumplir lo que la norma exige. En los Estados modernos, los deberes y derechos fundamentales de los individuos, principalmente se hayan plasmados en la Constitución Política, la que, junto con establecer deberes para los poderes existentes, fija límites a través de la ley, de modo que ese poder esté distribuido entre diferentes actores y no se concentre en uno solo, situación que ocurre con las tiranías.

¿Pero, por qué es necesario respetar las leyes? Se dice porque las leyes promueven el bien común y hacen posible la justicia y la libertad y, además, proveen un marco para aceptar aquello que la sociedad considera conveniente para sí. En general, se señala que las leyes permiten garantizar los derechos fundamentales a las personas y definen cómo actuar e interactuar entre si para resolver las disputas propias de la convivencia humana.

Una forma de comprobar si ello es efectivo, es observando no sólo el contenido de la ley, sino cómo ésta de aplica y por quién se aplica, y contrastarla con la realidad inmediata para confirmar la efectividad de que la “ley es ciega” y que el Estado de Derecho opera rigurosamente en nuestro país. Chile, en lo que va corrido de este año ha conocido diversas manifestaciones que han requerido la intervención del Estado. Ese Estado que opera según nuestra costumbre bajo la lógica absoluta de la separación de poderes -con independencia, diría Montesquieu- ha debido sortear diferentes casos de vulneración de la ley.

Veamos algunos casos para comprender cómo ha operado el “Estado de Derecho”.

Caso Fuentealba, excomandante en jefe del Ejercito de Chile, acusado junto a su esposa del delito de lavado de activos. Demasiada evidencia de malversación de fondos públicos de un sujeto que tenía una vida millonaria, que no era compatible con la de un funcionario público. Fue absuelto, el fiscal responsable, José Morales, conocido en el ambiente como “el sepulturero”, en alusión que ha tenido a su cargo casos emblemáticos de persecución penal y ha terminado por cerrarlos o enterrarlos, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Cascadas, donde aparece Julio Ponce Lerou; el caso de sobornos de Latam Argentina, donde figuraba el nombre de Sebastián Piñera. Además, Morales ha sido vinculado con Luis Hermosilla, autor confeso de una red de poder corrupta que aún goza de absoluta libertad.

Otro caso, el del oficial Claudio Crespo, acusado como autor directo de los disparos que cegaron para siempre al estudiante Gustavo Gatica. Hay demasiada evidencia de actuaciones que vinculan a Crespo en actos de uso irracional y desmedida de la fuerza contra jóvenes que protestaban y que provocaron graves consecuencias. Fuentealba fue absuelto y Crespo apoyado por diputados de derecha también y espera el proceso por caso Gatica.

Actualmente el tratamiento de lo que llamamos justicia para imputados por delitos flagrantes como por ejemplo los exalcaldes Virginia Reginato, Raúl Torrealba, Cathy Barriga, Pedro Sabat, Karin Rojo y tantos otros que han sido imputados por delitos graves, como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude al fisco, etc. gozan de libertad y, salvo, muy pocos, con pena remitida en su hogar. El caso de Luis Hermosilla es muy demostrativo de cómo opera la ley para unos y para otros.

Pero, el caso emblemático de que la Justicia y el Estado de Derecho en Chile no es más que una quimera, lo constituye el caso de Daniel Jadue, imputado por delitos similares al de muchos otros alcaldes, se le ha privado de libertad total. Esgrimiendo argumentos de “poca monta”, la Corte de Apelaciones denegó la petición de la medida cautelar que solicitó la defensa de cambiarla por arresto domiciliario. El ensañamiento es evidente. Se podrá estar en contra o a favor de Jadue, pero es evidente que el poder en este caso opera con un sesgo ideológico y de clase que se inscribe en la lógica de la política “anticomunista” que no es solo contra los comunistas, sino contra todos aquellos que cuestionan el orden político y social actual.

De allí entonces que no sea casual, que la educación desde niños nos enseñe a cumplir con las normas, a respetar las leyes, a respetar el orden establecido, pues ese orden y ese conjunto de normas redactadas por quienes dominan y controlan el poder, no son más que normas tendientes a garantizar los intereses y privilegios de una clase social en detrimento de otra clase social.

Hoy, Chile, sus instituciones encargadas de impartir justicia no solo dan una señal de abierta desigualdad para tratar a las personas, sino que, concretamente tomaron la decisión, en los hechos, de dejar en la impunidad a trasgresores de los sectores pudientes y aplicar el máximo rigor a quienes pertenecen a los sectores populares.

Chile limita al centro de la injusticia, como dijera Violeta.

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