Cuando la izquierda renuncia a transformar el orden que prometió combatir, deja tras de sí un vacío. Chile muestra cómo ese vacío puede ser ocupado por la extrema derecha. Francia sugiere, todavía de manera frágil, que también puede abrir espacio para una nueva izquierda.
En Chile y en Francia no se juega únicamente una alternancia electoral. Lo que se dirime es algo más profundo: la credibilidad histórica de una izquierda que, llegada al poder o instalada en sus inmediaciones, prometió abrir una ruptura con el orden neoliberal y terminó administrando sus límites. Allí donde esa izquierda deja de aparecer como portadora de una transformación posible, el campo político entero se reorganiza. En Chile, esa desilusión desembocó en la elección de José Antonio Kast en diciembre de 2025. En Francia, el desgaste del Partido Socialista abre un espacio para que La France Insoumise aparezca como la fuerza que vuelve a nombrar el conflicto social y a dar un contorno reconocible a la propia idea de izquierda.
A veces, las derrotas electorales no hacen más que volver visible una derrota anterior, más profunda y silenciosa: la de una promesa. No se pierde primero en las urnas. Se pierde antes, en el lenguaje, en la imaginación política, en la confianza de quienes habían creído que la política podía todavía alterar el curso de las cosas. Chile y Francia, tan distintos por su historia, sus instituciones y sus tradiciones políticas, ofrecen hoy dos escenas de una misma crisis: la de una izquierda que prometió ruptura y terminó administrando los límites del orden existente.
No se trata de equiparar mecánicamente dos trayectorias nacionales incomparables. Chile sigue marcado por la herencia del laboratorio neoliberal pinochetista y por la violencia originaria de un modelo que convirtió la mercantilización de la vida en principio de organización social. Francia, por su parte, atraviesa otra clase de crisis: la larga integración de su socialdemocracia en el consenso liberal europeo y la normalización de una izquierda de gobierno que acabó haciendo de la adaptación al mercado su horizonte último. Sin embargo, más allá de esas diferencias, ambas secuencias dejan ver un mismo mecanismo político. Cuando las fuerzas elegidas para transformar el orden se convierten en sus gestoras prudentes, dejan tras de sí un vacío. Y ese vacío rara vez permanece intacto. O bien lo ocupa una extrema derecha que promete autoridad, claridad y protección, o bien lo llena una izquierda que decide volver a hablar de antagonismo, redistribución y poder popular.
Chile representa, en este sentido, la versión más amarga de esa deriva. Gabriel Boric había llegado a La Moneda como heredero político del estallido social de 2019, investido por la esperanza de una superación del modelo neoliberal y por la promesa de un nuevo pacto social. Pero, tras el rechazo del primer proyecto constitucional en septiembre de 2022, su presidencia inició un giro progresivo hacia la recomposición institucional: incorporó a figuras de la centroizquierda tradicional, reconfiguró su gabinete y fue desplazando el horizonte refundacional en favor de una lógica de contención, de acuerdos parlamentarios y de restauración de la gobernabilidad. Esa inflexión política se apoyó en otra, de carácter económico. Desde el inicio de su mandato, Boric moderó el tono con el que había prometido “enterrar” el modelo heredado, buscó tranquilizar a los inversionistas y terminó inscribiendo sus reformas más importantes en una gramática de la prudencia. La reforma previsional de enero de 2025 fue presentada incluso como una señal de compromiso, celebrada por su sostenibilidad fiscal y por su capacidad para tranquilizar a los mercados.
El problema, por tanto, no fue solo la insuficiencia de las reformas, sino su significación histórica. Para amplios sectores que habían depositado en el proceso abierto en 2019 la expectativa de una alteración sustantiva del régimen social chileno, la sucesión de compromisos, correcciones y prudencias sonó menos como una estrategia que como una renuncia. El desfase entre las promesas originarias y la práctica gubernamental fue erosionando el vínculo de confianza que había hecho posible la victoria de Boric. A ello se añadió un segundo desplazamiento, no menos decisivo: el del centro del debate público hacia la seguridad, el crimen y la migración. En mayo de 2023, la derecha obtuvo la mayoría en la elección del órgano encargado de reabrir el proceso constitucional. Dos años más tarde, Kast capitalizó plenamente ese clima: ganó la presidencia con el 58 % de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, apoyándose en el miedo al crimen y a la inmigración y conduciendo a Chile hacia su giro más marcado a la derecha desde el fin de la dictadura.
La paradoja chilena es cruel, pero instructiva. Kast no apareció solo como el adversario del boricismo, sino también como el beneficiario interno de su decepción. Su éxito no se explica únicamente por la fuerza propia de la extrema derecha, sino también por el hecho de que una parte del oficialismo terminó validando, aunque de manera moderada, algunas de las prioridades que la derecha radical supo luego absolutizar: la disciplina fiscal, la centralidad del orden público, el control migratorio y la primacía de la estabilidad. Allí donde la izquierda deja de ofrecer una salida reconocible, la derecha autoritaria puede presentarse como la única fuerza que todavía promete decisión.
Francia ofrece una escena distinta, aunque recorrida por una dolencia vecina. Allí, la desilusión no se concentra en un solo quinquenio, sino en una secuencia más larga: la mutación del Partido Socialista en una fuerza cada vez menos identificable como izquierda. La presidencia de François Hollande marcó un punto de inflexión duradero. Desde entonces, el PS quedó asociado, para una parte creciente de las clases populares y de los asalariados urbanos, a la aceptación del marco liberal europeo, a la flexibilización económica y a una cultura de gobierno más preocupada por la respetabilidad institucional que por la confrontación social. Esa evolución no se detuvo con el declive electoral del partido. Al contrario, se prolongó bajo el macronismo, hasta el punto de que apoyos parlamentarios recientes al gobierno de Sébastien Lecornu fueron leídos como una nueva confirmación de su integración funcional en el orden liberal. Más que un partido de alternativa, el PS aparece hoy, para muchos, como una fuerza de acompañamiento.
Lo que se juega en las municipales francesas de marzo de 2026 desborda, por ello, la escala estrictamente local. No se trata solo de alcaldías o de equilibrios territoriales. Se trata, en el fondo, de saber quién puede hablar hoy en nombre de la izquierda y en qué lenguaje. En ese vacío histórico dejado por el progresivo desdibujamiento socialista, La France Insoumise ha ido ganando densidad política. Su fuerza no reside únicamente en sus resultados electorales, todavía desiguales según los territorios, sino en haber reconstruido una identidad reconocible. Allí donde el Partido Socialista administra posiciones locales, LFI vuelve a articular una gramática de izquierda: defensa de los servicios públicos, redistribución, conflicto con el poder económico, dignidad de los barrios populares, de la juventud precarizada y de las poblaciones racializadas o relegadas. La primera vuelta del 15 de marzo mostró avances de LFI en varias grandes ciudades, así como en Saint-Denis, una de las principales comunas de la región parisina. Al mismo tiempo, esos resultados confirmaron que su implantación local sigue siendo desigual y que los viejos aparatos socialistas y comunistas conservan posiciones importantes. La segunda vuelta del 22 de marzo confirmó, más allá de los desenlaces locales, que estas municipales funcionan como un test político nacional de cara a la presidencial de 2027.
Precisamente ahí reside la novedad. Sin disponer todavía de una hegemonía territorial comparable a la del viejo socialismo municipal, LFI ya ocupa el centro del debate sobre qué significa hoy ser de izquierda en Francia. Mientras el PS conserva posiciones, pero pierde nitidez histórica, LFI gana algo quizá más decisivo que alcaldías: gana legibilidad. Y, en política, la legibilidad es una fuerza material. Un partido puede sobrevivir durante cierto tiempo con escaso empuje electoral; le resulta mucho más difícil hacerlo cuando deja de encarnar una diferencia reconocible.
Esa ganancia de legibilidad permite comprender mejor lo que distingue hoy a Francia del caso chileno. Cuando una izquierda de gobierno se desacredita, dos salidas son posibles. La primera es la chilena: en ausencia de una alternativa de izquierda creíble, coherente y arraigada en lo popular, la decepción se desplaza hacia la extrema derecha. La segunda es la francesa: el agotamiento de la socialdemocracia liberal puede abrir paso a una izquierda más frontal, más consecuente en el plano ideológico y más dispuesta a asumir el antagonismo con el orden existente. No se trata de idealizar a LFI, cuyos desatinos, personalismos y conflictos internos son conocidos. Se trata de registrar un hecho político: en el campo de la percepción social, LFI aparece hoy, mucho más que el Partido Socialista, como una fuerza que no ha hecho las paces con el neoliberalismo.
Chile y Francia muestran así dos desenlaces distintos de una misma crisis histórica. Allí donde la izquierda institucional decepciona y ninguna otra fuerza logra ocupar su lugar, la extrema derecha transforma el desencanto en obediencia. Allí donde emerge una fuerza capaz de devolver nombre, conflicto y horizonte al campo popular, puede nacer una nueva esperanza. Chile consagró la primera hipótesis con la elección de Kast. La secuencia municipal francesa de marzo de 2026 está poniendo a prueba la segunda. Lo que se dirime, en última instancia, no es un simple calendario electoral. Es una cuestión estratégica decisiva para la izquierda contemporánea. Durante demasiado tiempo, una parte de ella creyó que podía conservar su legitimidad histórica renunciando poco a poco a su razón de ser; que bastaba con administrar el mundo existente con mayor decencia que la derecha. Chile acaba de mostrar el precio de esa ilusión. Francia podría estar mostrando, todavía de manera parcial y frágil, la posibilidad de otro camino. Porque una izquierda sobrevive no cuando gestiona mejor el orden dado, sino cuando vuelve a persuadir de que ese orden no es el destino.
Paris Francia - Marzo 2026
Traduction
Dernières élections au Chili et en France : d’une désillusion à un nouvel espoir
lorsque la gauche renonce à transformer l’ordre qu’elle avait promis de combattre, elle laisse derrière elle un vide. Le Chili montre comment ce vide peut être occupé par l’extrême droite. La France suggère, encore de manière fragile, qu’il peut aussi ouvrir un espace pour une nouvelle gauche.
Au Chili comme en France, il ne s’agit pas seulement d’une alternance électorale. Ce qui se joue est plus profond : la crédibilité historique d’une gauche qui, une fois arrivée au pouvoir ou installée à sa périphérie, avait promis d’ouvrir une rupture avec l’ordre néolibéral et a fini par en administrer les limites. Là où cette gauche cesse d’apparaître comme porteuse d’une transformation possible, tout le champ politique se réorganise. Au Chili, cette désillusion a débouché sur l’élection de José Antonio Kast en décembre 2025. En France, l’usure du Parti socialiste ouvre un espace pour que La France insoumise apparaisse comme la force qui recommence à nommer le conflit social et à donner un contour reconnaissable à l’idée même de gauche.
Il arrive que les défaites électorales ne fassent que rendre visible une défaite antérieure, plus profonde et plus silencieuse : celle d’une promesse. On ne perd pas d’abord dans les urnes. On perd avant cela, dans le langage, dans l’imaginaire politique, dans la confiance de celles et ceux qui avaient cru que la politique pouvait encore infléchir le cours des choses. Le Chili et la France, si différents par leur histoire, leurs institutions et leurs traditions politiques, offrent aujourd’hui deux scènes d’une même crise : celle d’une gauche qui avait promis la rupture et qui a fini par administrer les limites de l’ordre existant.
Il ne s’agit pas d’assimiler mécaniquement deux trajectoires nationales incomparables. Le Chili reste marqué par l’héritage du laboratoire néolibéral pinochetiste et par la violence originaire d’un modèle qui a fait de la marchandisation de la vie un principe d’organisation sociale. La France, quant à elle, traverse une autre forme de crise : la longue intégration de sa social-démocratie au consensus libéral européen et la normalisation d’une gauche de gouvernement qui a fini par faire de l’adaptation au marché son horizon ultime. Pourtant, au-delà de ces différences, ces deux séquences laissent apparaître un même mécanisme politique. Lorsque les forces élues pour transformer l’ordre se convertissent en gestionnaires prudentes de celui-ci, elles laissent derrière elles un vide. Et ce vide demeure rarement inoccupé. Soit il est investi par une extrême droite qui promet autorité, clarté et protection, soit il est rempli par une gauche qui décide de reparler d’antagonisme, de redistribution et de pouvoir populaire.
Le Chili représente, en ce sens, la version la plus amère de cette dérive. Gabriel Boric était arrivé à La Moneda comme l’héritier politique de l’explosion sociale de 2019, porté par l’espoir d’un dépassement du modèle néolibéral et par la promesse d’un nouveau pacte social. Mais, après le rejet du premier projet constitutionnel en septembre 2022, sa présidence a amorcé un tournant progressif vers la recomposition institutionnelle : elle a intégré des figures de la centre gauche traditionnelle, reconfiguré son gouvernement et déplacé peu à peu l’horizon refondateur au profit d’une logique de contention, d’accords parlementaires et de restauration de la gouvernabilité. Cette inflexion politique s’est appuyée sur une autre, de nature économique. Dès le début de son mandat, Boric a modéré le ton avec lequel il avait promis « d’enterrer » le modèle hérité, cherché à rassurer les investisseurs et fini par inscrire ses réformes les plus importantes dans une grammaire de la prudence. La réforme des retraites de janvier 2025 a même été présentée comme un signal de compromis, saluée pour sa soutenabilité budgétaire et pour sa capacité à rassurer les marchés.
Le problème n’a donc pas été seulement l’insuffisance des réformes, mais leur signification historique. Pour de larges secteurs qui avaient placé dans le processus ouvert en 2019 l’attente d’une transformation substantielle du régime social chilien, la succession des compromis, des corrections et des prudences a sonné moins comme une stratégie que comme un renoncement. Le décalage entre les promesses d’origine et la pratique gouvernementale a érodé le lien de confiance qui avait rendu possible la victoire de Boric. À cela s’est ajouté un second déplacement, non moins décisif : celui du centre du débat public vers la sécurité, la criminalité et la migration. En mai 2023, la droite a obtenu la majorité lors de l’élection de l’organe chargé de rouvrir le processus constitutionnel. Deux ans plus tard, Kast a pleinement capitalisé ce climat : il a remporté la présidence avec 58 % des voix face à la candidate gouvernementale Jeannette Jara, en s’appuyant sur la peur du crime et de l’immigration et en conduisant le Chili vers son basculement le plus marqué à droite depuis la fin de la dictature.
Le paradoxe chilien est cruel, mais instructif. Kast n’est pas apparu seulement comme l’adversaire du boricisme, mais aussi comme le bénéficiaire interne de sa déception. Son succès ne s’explique pas uniquement par la force propre de l’extrême droite, mais aussi par le fait qu’une partie de l’officialisme a fini par valider, quoique de manière modérée, certaines des priorités que la droite radicale a ensuite su absolutiser : la discipline budgétaire, la centralité de l’ordre public, le contrôle migratoire et la primauté de la stabilité. Là où la gauche cesse d’offrir une issue reconnaissable, la droite autoritaire peut se présenter comme la seule force qui promet encore la décision.
La France offre une scène différente, quoique traversée par un mal voisin. Là, la désillusion ne se concentre pas sur un seul quinquennat, mais sur une séquence plus longue : la mutation du Parti socialiste en une force de moins en moins identifiable comme étant de gauche. La présidence de François Hollande a marqué un point d’inflexion durable. Depuis lors, le PS s’est trouvé associé, pour une part croissante des classes populaires et des salariés urbains, à l’acceptation du cadre libéral européen, à la flexibilisation économique et à une culture de gouvernement davantage soucieuse de respectabilité institutionnelle que de confrontation sociale. Cette évolution ne s’est pas arrêtée avec le déclin électoral du parti. Au contraire, elle s’est prolongée sous le macronisme, au point que les soutiens parlementaires récents apportés au gouvernement de Sébastien Lecornu ont été lus comme une nouvelle confirmation de son intégration fonctionnelle à l’ordre libéral. Plus qu’un parti d’alternative, le PS apparaît aujourd’hui, pour beaucoup, comme une force d’accompagnement.
Ce qui se joue dans les élections municipales françaises de mars 2026 dépasse dès lors l’échelle strictement locale. Il ne s’agit pas seulement de mairies ou d’équilibres territoriaux. Il s’agit, au fond, de savoir qui peut parler aujourd’hui au nom de la gauche et dans quel langage. Dans ce vide historique laissé par l’effacement progressif du socialisme traditionnel, La France insoumise a gagné en densité politique. Sa force ne réside pas seulement dans ses résultats électoraux, encore inégaux selon les territoires, mais dans le fait d’avoir reconstruit une identité reconnaissable. Là où le Parti socialiste administre des positions locales, LFI réarticule une grammaire de gauche : défense des services publics, redistribution, conflit avec le pouvoir économique, dignité des quartiers populaires, de la jeunesse précarisée et des populations racisées ou reléguées. Le premier tour du 15 mars a montré des avancées de LFI dans plusieurs grandes villes, ainsi qu’à Saint-Denis, l’une des principales communes de la région parisienne. Dans le même temps, ces résultats ont confirmé que son implantation locale demeure inégale et que les vieux appareils socialistes et communistes conservent des positions importantes. Le second tour du 22 mars a confirmé, au-delà des résultats locaux, que ces municipales fonctionnent comme un test politique national en vue de la présidentielle de 2027.
C’est précisément là que réside la nouveauté. Sans disposer encore d’une hégémonie territoriale comparable à celle de l’ancien socialisme municipal, LFI occupe déjà le centre du débat sur ce que signifie être de gauche en France aujourd’hui. Tandis que le PS conserve des positions mais perd de sa netteté historique, LFI gagne quelque chose de peut-être plus décisif que des mairies : elle gagne en lisibilité. Or, en politique, la lisibilité est une force matérielle. Un parti peut survivre un certain temps avec un faible élan électoral ; il lui est bien plus difficile de le faire lorsqu’il cesse d’incarner une différence reconnaissable.
Ce gain de lisibilité permet de mieux comprendre ce qui distingue aujourd’hui la France du cas chilien. Lorsqu’une gauche de gouvernement se discrédite, deux issues sont possibles. La première est l’issue chilienne : en l’absence d’une alternative de gauche crédible, cohérente et enracinée dans le populaire, la déception se déplace vers l’extrême droite. La seconde est l’issue française : l’épuisement de la social-démocratie libérale peut ouvrir la voie à une gauche plus frontale, plus conséquente sur le plan idéologique et plus disposée à assumer l’antagonisme avec l’ordre existant. Il ne s’agit pas d’idéaliser LFI, dont les faux pas, les personnalismes et les conflits internes sont connus. Il s’agit de prendre acte d’un fait politique : dans le champ de la perception sociale, LFI apparaît aujourd’hui, bien davantage que le Parti socialiste, comme une force qui n’a pas fait la paix avec le néolibéralisme.
Le Chili et la France montrent ainsi deux dénouements distincts d’une même crise historique. Là où la gauche institutionnelle déçoit et où aucune autre force ne parvient à occuper sa place, l’extrême droite transforme le désenchantement en obéissance. Là où surgit une force capable de redonner un nom, un conflit et un horizon au camp populaire, un nouvel espoir peut naître. Le Chili a consacré la première hypothèse avec l’élection de Kast. La séquence municipale française de mars 2026 met à l’épreuve la seconde. Ce qui se joue, en dernière instance, n’est pas un simple calendrier électoral. C’est une question stratégique décisive pour la gauche contemporaine. Pendant trop longtemps, une partie de celle-ci a cru qu’elle pouvait conserver sa légitimité historique en renonçant peu à peu à sa raison d’être ; qu’il suffisait d’administrer le monde existant avec plus de décence que la droite. Le Chili vient de montrer le prix de cette illusion. La France est peut-être en train de montrer, encore de façon partielle et fragile, la possibilité d’un autre chemin. Car une gauche ne survit pas lorsqu’elle gère mieux l’ordre donné, mais lorsqu’elle recommence à convaincre que cet ordre n’est pas le destin.
