La ignorancia es insolente y cruel. El reciente Decreto Exento N.º 243 del Ministerio de Salud, que modifica la Norma Técnica N.º 150, no solo introduce cambios administrativos: redefine el modelo de atención hospitalaria en salud sexual y reproductiva, y lo hace eliminando las unidades especializadas de ginecología, neonatología y urgencias obstétricas. En la práctica, esto significa diluir la atención diferenciada que reciben las mujeres y recién nacidos, y reducir —sin justificación técnica clara— el protagonismo de la matronería en el sistema público.
Este cambio se justifica bajo criterios de eficiencia, integración de servicios y modernización. Sin embargo, en la realidad epidemiológica de Chile, estas decisiones resultan peligrosas. En un país con más del 50% de nacimientos por cesárea, altas tasas de embarazo adolescente, y una persistente brecha en salud sexual, este tipo de atención especializada no es un lujo: es una necesidad.
Sí, el presupuesto en salud es limitado, y eso nadie lo niega. Pero reducir costos eliminando unidades esenciales y especializadas es una estrategia miope. En lugar de robustecer aquello que ha dado resultados —como la atención gineco-obstétrica liderada por matronas—, se opta por importar modelos extranjeros donde la matronería ha sido marginada, como en Estados Unidos, un país con algunos de los peores indicadores perinatales del mundo desarrollado. En contraste, países como Holanda, Nueva Zelanda y Reino Unido han elevado el rol de las matronas como líderes de la atención perinatal con excelentes resultados de salud y satisfacción usuaria.
Lo que hace este decreto no es solo ignorar la evidencia: es borrar décadas de construcción de un sistema de atención respetuoso, humano y especializado para mujeres, personas gestantes y recién nacidos. Y todo ello, sin diálogo, sin participación de los gremios involucrados y sin una evaluación previa de impacto.
Reducir costos a costa de la salud sexual y reproductiva es una fórmula que puede salir muy cara. Urge suspender la implementación del Decreto 243, conformar mesas de trabajo con participación efectiva de matronas, equipos de salud y comunidades usuarias, y construir una política pública que no solo sea eficiente, sino también justa, basada en evidencia y centrada en las personas.
___
Libertad Méndez Núñez, Médica Ginecóloga, Universidad de Chile
