Las consecuencias del cambio climático cada vez son más perceptibles en el mundo. Las tragedias se suceden una tras otra. Ante esto, cada país con sus condicionantes y sus medios intenta hacer frente unilateralmente a problemas globales que no conocen las fronteras, tal como muestra el desplazamiento de la capital de Indonesia, los récords de calor en Australia o los incendios en Grecia. ¿Qué tanto puede el Estado chileno en su versión neoliberal hacer frente a una tragedia anunciada?
Chile se encuentra particularmente expuesto a los efectos del cambio climático y a los desastres naturales. Un ejemplo reciente fue el sistema frontal que azotó a parte importante del país. Frente a los prolongados cortes de luz que afectaron a más de 1.2 millones de clientes y ante las críticas que apuntaban a una pasividad por parte del gobierno, el ministro de energía sugirió tímidamente el debate sobre la creación de una empresa estatal que viniera a jugar un rol en la distribución eléctrica.
Sin embargo, este debate no encontró un apoyo transversal por parte del oficialismo, volviendo perceptible la falta de una estrategia común y la ausencia de un proyecto de desarrollo para el país. Esto es palpable en la manera en que se lleva a cabo el debate: temporizando, sin abordar el meollo del asunto ni los intereses que están en juego. Tal como ocurre con el debate por la reforma de pensiones que lleva más de 10 años estancada. Aun así, se sigue insistiendo en la misma estrategia de los acuerdos en nombre del pragmatismo, apostando a cambios graduales mientras la gente se muere esperando.
Lo que parece disimularse entre cifras, tecnicismos, reglamentaciones y buenas intenciones es que la falta de acuerdos no se debe simplemente a la mala voluntad o a un problema del sistema político: se trata fundamentalmente de la disputa entre intereses contradictorios, en donde el bloque político-empresarial defiende su hegemonía instaurada en la constitución del 80 y el otro parece esperar pacientemente la buena fe de su contraparte, un milagro o que las elecciones en un futuro les otorgue la mayoría necesaria para hacer cambios graduales. Mientras tanto: business as usual; aquí no ha pasado nada.
Más allá de la oleada de reacciones previsibles por parte del bloque político-empresarial -para defender silenciosa pero férreamente al modelo ante la insinuación de crear un servicio público- cabe observar cómo el lenguaje empleado en el debate instituye en sí mismo la carga ideológica que lo conduce.
Clientes o consumidores, no personas
Hablar de clientes en este contexto y no de personas, hogares o familias, conduce directamente el debate a las lógicas del mercado. De esta forma se evita hablar de lo que significa para la vida y la dignidad de las personas el acceso a un bien de primera necesidad; o del rol estratégico que juega en la soberanía, el modelo de desarrollo de un país y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
De acuerdo a los lineamientos de la cultura neoliberal criolla, las soluciones a estos eventos vendrían de más mercado y no del Estado: generadores, estaciones de carga portátil, baterías conectadas al sistema eléctrico de la casa o paneles solares para quienes puedan desembolsar el equivalente a 4 sueldos mínimos, son algunas de las ofertas que ofrece el mercado. Tal como en la educación, cada uno se sirve según el tamaño de su bolsillo y su capacidad de compra. Los servicios públicos serían regresivos, deficientes, “ideológicos”, oportunistas, de otra época.
Desde esta perspectiva, el corte del suministro eléctrico se concibe como un mal servicio. In fine, éste será sancionado en su justa medida por el equilibrio del libre mercado y mediante el actuar de las instituciones del Estado que lo garantizan. La tarea del Estado se reduciría entonces a que “el modelo opere” y no a asegurar el acceso a un bien de primera necesidad.
Estos son los términos que constituyen el cuadro del debate. Asi, se responsabiliza al Estado por la deficiencia de la normativa o la legislación, sin atender la asimetría de información que existe en la materia entre el productor privado que tiene un seguimiento cotidiano del suministro y aquel que se limita a fiscalizar según la reglamentación vigente con la no intervención como telón de fondo. Del mismo modo, se equipara la capacidad de acción entre el privado que tiene la iniciativa en la toma de decisiones de la empresa que provee el servicio y un Estado que más allá de los marcos de una reglamentación sólo puede intervenir ex post para hacer mejoras o sancionar con las herramientas previamente acordadas.
Para graficar los límites del Estado en términos de equilibrio de fuerzas, existen dos ejemplos: las multas y el proceso de caducidad. Sin conocer los montos que alcanzarán las multas por lo ocurrido el mes de agosto, es posible dirigirse a un antecedente reciente. Por la demora en reponer el servicio luego de las lluvias del pasado 7 de mayo, la SEC multó con 4 mil millones de pesos a ENEL, lo equivalente a tres días de las utilidades que llevaba la empresa a junio de este año (250.824 millones de acuerdo a la fundación SOL).
Luego de las declaraciones del gobierno sobre dar inicio al proceso de caducidad de la concesión para la empresa italiana, el mercado salió rápidamente a asegurar a ENEL y si bien su valor en la bolsa se vio afectado por unos días, este comienza a dar muestras de un repunte o al menos de una estabilización luego de su caída. Una de las razones que puede explicar este repunte a pesar del storytelling del gobierno, es que se trata de un largo y engorroso proceso que puede dilatarse en el tiempo, además que no existe certitud alguna sobre la salida de este juicio comercial, que incluso eventualmente puede terminar con un fallo favorable a la empresa.
El sistema (aún) funciona
Desde ahí, se le exige al Estado que actúe frente a la emergencia para llenar los vacíos que deja un accionar que se guía sustancialmente por la búsqueda incesante e infinita de generar utilidades; y no necesariamente por la calidad del servicio o considerar que el suministro eléctrico es fundamental para la vida y la dignidad de las personas. Su ethos se resume en la frase tautológica “negocios son negocios”. En este sentido, abaratar costos es uno de los principales mecanismos que tienen las grandes empresas para maximizar sus utilidades.
Siguiendo esta línea, los privados acusan la falta de iniciativa del gobierno para movilizar recursos del Estado como las fuerzas armadas con el fin de remover los escombros que dificultan el restablecimiento del servicio. Así mismo, se oponen a todo tipo de aumento de contribuciones para financiarlos, llamase reforma tributaria o aumento de salarios.
Abaratan costos mediante la movilización de los recursos públicos que son financiados por medio del aporte de los contribuyentes que los financian tanto directa como indirectamente; con las cuentas y con sus contribuciones. A modo de ilustración, las AFP invierten US$1163 millones en ENEL. Hablamos de recursos líquidos que se inyectan mes a mes de los fondos de pensiones de los trabajadores que son al mismo tiempo sus clientes. De esta manera se capitalizan las ganancias y se socializan los costos. Cara gano yo, sello pierdes tú.
Ante esto, es legítimo preguntarse si una empresa estatal (ya sea 100% pública o con el Estado como accionista mayoritario) podría asegurar un mejor servicio, pero no es suficiente. Más bien habría que argumentar porque un control del suministro eléctrico -y no solo de la distribución- por parte del Estado puede transformar a Chile en un mejor país.
El mercado y el Estado funcionan con lógicas disímiles: mientras el mundo privado se mide en función de su capacidad para generar y acumular ganancias, lo público se evalúa en función de su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas como condición de posibilidad para alcanzar el modelo de sociedad al que se aspira. Esto no impide que sus intereses puedan converger y trabajar juntos, pero sí significa una diferencia en cuanto a su razón de ser.
Algo tan fundamental y estratégico como el suministro eléctrico abre una ventana de posibilidades para el país. Además de hacerle ganar en autonomía en términos de soberanía -brindando mayores márgenes para planificar la transición ecológica y prepararse para los efectos del cambio climático- esto se puede transformar en una herramienta importante para la innovación mediante la inversión de capitales en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías trabajando conjuntamente con el sistema de educación superior.
De igual manera, existe la posibilidad de tener un mayor margen de control sobre los precios, no solo de la luz sino que de muchos productos de primera necesidad generando tarifas que estén desvinculadas del valor del dólar y sus fluctuaciones. En este sentido, se podría transformar en una herramienta suplementaria para controlar la inflación.
A modo de conclusión, se podría decir que, no es que el sistema presente fallas y necesite unos ajustes: el modelo funciona perfectamente para lo que fue diseñado.
