En el juego y en la política —y me atrevería a agregar también en el amor— apostar al todo o nada suele ser una decisión tan audaz como peligrosa. A veces conduce al éxito; otras, al fracaso más rotundo. Lo cierto es que, cuando se decide jugar todas las fichas en una sola mano, ya no existen espacios para los matices ni para un plan alternativo.
Algo de eso parece estar ocurriendo con la megarreforma económica impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast desde prácticamente el inicio de su mandato. La iniciativa ha situado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el centro del debate como el principal arquitecto de una política pública cuyo tránsito legislativo ha sido tan complejo como probablemente será su implementación, si finalmente logra convertirse en ley.
Existe un consenso bastante amplio entre analistas y cientistas políticos en que una parte significativa del capital político de esta administración está comprometido en el éxito de esta reforma. Lo que hace algunos meses parecía un camino relativamente despejado hoy enfrenta un panorama mucho más incierto, luego del freno impuesto en el Senado. Ello, pese a las intensas gestiones desplegadas por los ministros García y Alvarado, dos conocedores de la ingeniería parlamentaria que intentaron construir las mayorías necesarias mediante una estrategia de negociación voto a voto.
La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿qué ocurrirá si la principal apuesta económica del Ejecutivo no consigue aprobarse? ¿Qué costo político tendrá haber concentrado buena parte de sus esfuerzos en una iniciativa que corre el riesgo de naufragar?
La historia reciente ofrece una advertencia. El expresidente Gabriel Boric apostó gran parte de su liderazgo al éxito del proceso constituyente, convencido de que una nueva Constitución consolidaría el sello transformador de su gobierno. Sin embargo, el amplio rechazo ciudadano terminó debilitando tempranamente su administración y fortaleciendo a quienes defendieron la opción contraria, configurando un escenario político que terminaría favoreciendo el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales.
Toda comparación tiene límites, pero la lógica política suele repetirse: cuando un gobierno deposita gran parte de su legitimidad en un solo proyecto, el destino de ese proyecto termina confundido con el del propio gobierno.
Siguiendo la metáfora del juego, cabe preguntarse si el Ejecutivo realmente tiene una mano ganadora. Uno de los principales obstáculos sigue siendo la denominada invariabilidad tributaria por veinticinco años, un aspecto que ha generado resistencias incluso entre sectores proclives a respaldar la reforma. Si bien La Moneda ha mostrado disposición a negociar algunos puntos, mantiene como eje central la reducción del impuesto corporativo, bajo la premisa de que ello permitirá reactivar la inversión, dinamizar el crecimiento y generar empleo en un momento en que la desaceleración económica comienza a transformarse en un problema social de primera magnitud.
Es evidente que la inversión privada desempeña un papel fundamental en cualquier economía moderna. Chile no es una excepción. Sin embargo, también resulta válido cuestionar la tendencia a presentar al gran empresariado como un actor prácticamente intocable, bajo la permanente amenaza de que cualquier modificación tributaria provocará una fuga masiva de capitales.
Esa afirmación merece, al menos, algunos matices. Los inversionistas buscan rentabilidad y estabilidad, ciertamente, pero también existen activos estratégicos que no pueden trasladarse de un país a otro. El cobre, el litio, los recursos forestales o las riquezas del mar continuarán estando donde siempre han estado. Las inversiones podrán diversificarse, pero los recursos naturales permanecen.
La experiencia peruana durante el segundo gobierno de Alan García es ilustrativa. Tras abandonar las tesis tradicionales del aprismo y abrazar un modelo abiertamente liberal, Perú creó condiciones muy favorables para la llegada de capitales extranjeros, particularmente chilenos, que encontraron oportunidades en el retail, la industria alimentaria y otros sectores. Fue una decisión basada en incentivos económicos, no en afinidades ideológicas. Así opera el mercado: el capital busca las mejores condiciones para maximizar su rentabilidad.
Sin embargo, la discusión de fondo no debería reducirse a un falso dilema entre crecimiento o regulación. El verdadero desafío consiste en construir un equilibrio que permita atraer inversión sin hipotecar la capacidad futura del Estado para adaptar sus políticas a nuevas realidades económicas y sociales.
Comparto, para finalizar, una reflexión formulada por un colega cuya lucidez respeto profundamente. Él se preguntaba cuál ha sido, hasta ahora, el verdadero rol del presidente José Antonio Kast en esta apuesta política. Más allá de las apariciones públicas, el protagonismo parece haber recaído principalmente en sus ministros, quienes han llevado el peso de las negociaciones y de los costos asociados al proyecto. Mientras tanto, el Mandatario ha permanecido en un segundo plano, una estrategia que hoy comienza a ser objeto de legítimos cuestionamientos.
Como si el escenario político no fuera suficientemente complejo, el Presidente enfrenta además una prueba de liderazgo muy distinta. El devastador temporal que afecta a buena parte del país ha cobrado vidas humanas y provocado importantes pérdidas materiales, obligando al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en una emergencia que inevitablemente desplazará la agenda legislativa.
Cuando finalmente escampen las lluvias, será el momento de comprobar si el Ejecutivo todavía conserva cartas suficientes para retomar su principal apuesta política o si, por el contrario, el temporal habrá dejado algo más que daños materiales. Porque en política, al igual que en el juego, no siempre pierde quien tiene malas cartas; muchas veces pierde quien decide apostar demasiado en una sola mano.
Rafael Martínez
Periodista y Comunicador Social
