— -Tras el estallido de 2019 y los dos procesos constitucionales fallidos que se desarrollaron, el panorama político cambió radicalmente, diferentes discursos aparecieron, desaparecieron o se fortalecieron con el paso del tiempo. Si en la revuelta, surgieron diferentes narrativas que pedían un cambio social profundo, en la actualidad, ideas como las de “unidad” o “consenso” comenzaron a tomar gran fuerza. Inclusive, actores de todo el espectro político han utilizado o utilizan estos discursos. Sin embargo, desde un punto de vista histórico surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué se oculta detrás de estas narrativas políticas? ¿Se puede soñar con unidad en nuestra sociedad? ¿Acuerdo entre quienes?
Antes que nada, es necesario aclarar que diferentes actores políticos relacionan la palabra unidad con ideas como: inexistencia de conflicto, política de los consensos y la unidad nacional/territorial. Desde la derecha y parte importante del autodenominado “centro político”, constantemente utilizan esto para señalar que la izquierda quiere “dividir al país”. Por su parte, el gobierno del presidente Gabriel Boric, también ocupa el recurso político de la unidad con el fin de llevar a cabo una “política de los acuerdos”. Paradójicamente, ambos sectores apelan o apelaron alguna vez a los acuerdos, no obstante, estos nunca han llegado.
Ahora bien, ¿en la historia de nuestro país existió la unidad que estos sectores políticos plantean? Para responder esta interrogante se debe señalar, de manera general, que al igual que en toda América Latina, en Chile la construcción del orden institucional fue incluyente/excluyente. Las elites políticas y económicas en su posición de poder impusieron un determinado orden social en diferentes momentos, que en sus narrativas incluían a diferentes sectores, pero que en la práctica mantenía desigualdades y abusos contra grupos marginados (mujeres, obreros, pueblos indígenas, estudiantes, profesores, etc.). Debido a esto, se articularon movimientos sociales con el objetivo de hacer visibles los problemas sociales. En otras palabras, la visibilización de las diferentes demandas sociales conllevo una disputa entre estos grupos y el orden imperante.
A pesar de lo anterior, se debe señalar que cada lucha social presente en la historia de nuestro país se producía en un determinado contexto histórico, por tanto, era representante de su tiempo. Si en el siglo XX, los movimientos sociales se desarrollaban en torno a las clases sociales, la igualdad y la economía. En la actualidad, tomaron fuerza las luchas por el reconocimiento de diferentes identidades culturales, sexuales y étnicas. A pesar de ello, la disputa social entre Estado y grupos marginados es una constante.
Esto no quita que a lo largo del tiempo se desarrollaron diferentes procesos de democratización y cambios políticos que permitieron avanzar en diferentes materias sociales. Entre los cambios que se pueden destacar, encontramos: la expansión de la educación, la inclusión de las mujeres y la clase media a la política, el aumento progresivo de los derechos laborales, entre muchos otros avances. En este sentido, diversos gobiernos haciendo eco de las cuestiones sociales impulsaron reformas. Sin embargo, diferentes estructuras históricas de desigualdad y abusos lamentablemente han tenido una larga duración histórica. Por este motivo, que luchas sociales como la feminista se mantiene vigente hasta el día de hoy, pues las consecuencias del patriarcado todavía están latentes. Otro caso es las demandas laborales de los profesores, no por nada piden pagar la “deuda histórica”. Desde el inicio de la práctica docente en nuestro país, por ejemplo, el sueldo de estos ha sido un problema.
Considerando lo dicho en párrafos anteriores, se hace imposible concebir la unidad deseada por diferentes sectores políticos, puesto que la desigualdad, marginación y abusos que sufren diferentes grupos sociales aumenta la posibilidad de conflictos. Es verdad, se han desarrollado avances, sin embargo, en nuestro país continúan habiendo narrativas y prácticas que emanan desde la institucionalidad y la sociedad civil, las cuales reproduce enunciados y acciones que perpetúan la discriminación contra estos grupos. Lo paradójico es que muchos de estos discursos y prácticas emanan de los mismos sectores que piden unidad.
De esta forma, el discurso de unidad, que es empleado por la derecha y “centro político”, termina por ocultar las injusticias presentes en nuestra sociedad, además de distorsionar la historia. La verdad es que nunca hemos estado unidos y tampoco todos los sectores han sido reconocidos de la misma forma. Por ejemplo, ¿cómo puede haber unidad cuando no se reconoce a cabalidad los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas? Esperar que dichos grupos no cuestionen a la institucionalidad y protesten exigiendo sus derechos es ingenuo.
Por su parte, la idea de unidad en relación a acuerdos que utiliza el gobierno puede servir para avanzar en diferentes materias, pero es difícil que cambie mayormente el modelo social neoliberal. Si bien, en política los acuerdos son necesarios, puesto que permiten llevar a cabo un proyecto, la verdad que estos no se desarrollan bajo relaciones de poder simétricas. El modelo de libre mercado impuesto por la dictadura dio un papel central al mundo privado. Sector que junto con la derecha constantemente se ha negado a llevar a cabo reformas que pasen llevar sus intereses.
La Concertación de Partidos por la Democracia vivió esa realidad y logró consensuar ciertos cambios, no obstante, diferentes elementos propios del modelo no se tocaron mayormente y siguieron operando bajo lógicas neoliberales (salud, educación, pensiones, entre otros.).
A fin de concluir, se habla de unidad, pero detrás de todo esto se oculta problemas sociales que no permiten concebir ese deseo. A lo largo de la historia de este país, se ha presentado discriminación y abusos contra diferentes actores sociales (pueblos originarios, mujeres, disidencias sexuales, entre muchos otros.) Inclusive, los mismos que se jactan de defender la unidad, reproducen discursos que perpetúan la discriminación a estos sectores. Por ejemplo, negar los derechos sociales de estos grupos es una forma discriminar. Por su parte, la política de los acuerdos que busca este gobierno posee buenas intenciones, puesto que tiene por objetivo llevar a cabo reformas que mejoren la vida de las personas. Sin embargo, la realidad es que dichos acuerdos se desarrollan en un contexto político, social y económico determinado. Por un lado, el gobierno no tiene la fuerza política necesaria para impulsar un proyecto transformador; por otro lado, la élite económica defiende con uñas y dientes el modelo que tanto les beneficia. Lamentablemente, los únicos que sufren son los ciudadanos, que piden soluciones para mejorar su ya malograda calidad de vida. Sebastián Rubio Salazar
Licenciado en Historia de la Universidad Diego Portales
