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Vamos por el 100% Por Pamela Valenzuela Cisternas, Comité de Trabajadoras y Sindicalistas CF8M.

La semana pasada se promulgó el proyecto del 10 % de retiro de ahorros previsionales de las AFPs. Su aprobación es un fracaso rotundo para el gobierno de Sebastián Piñera, su comité político encabezado por Larroulet, las cúpulas de Chile Vamos y los 40 años del capitalismo neoliberal en nuestro país. A lo largo de todo el proceso desde el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas CF8M estuvimos alertas y activas en torno al debate y la protesta. Por la sencilla razón de que para nosotras el problema de la seguridad social en el país es uno de los ejes estructurantes de nuestro Programa Feminista las y les que luchan. Las siguientes líneas expresan algunos de los planteamientos que elaboramos en la agitación de los días pasados y que además se entrecruzan con nuestra evaluación del gobierno, precisamente en momentos que se despliega la pospuesta cuenta pública presidencial.

Desde que empezó su discusión, vimos una situación que se repite desde octubre del 2019: un ejecutivo que niega una situación de crisis y se resiste a implementar las exigencias de la sociedad movilizada. El gobierno y partidos de la coalición Chile Vamos rechazaron activamente la ley, planteando al presidente la posibilidad del veto. Nada sirvió, ni la articulación de la bancada del gobierno, ni la promulgación de nuevas medidas dirigidas a la “clase media”, ni la insinuación amenazante en discursos públicos y cartas al editor de El Mercurio sobre los “riesgos de repetir los mismos errores históricos” que condujeron al golpe militar.

Pese a la campaña del terror, la ley fue aprobada con el apoyo transversal de la oposición, junto a algunos congresistas de derecha, mostrando el resquebrajamiento interno de Chile Vamos. La inmensa presión popular que se desplegó para aprobar la ley fue superior a cualquier artilugio que intentase cubrir la crisis económica y social evidenciada en la revuelta, agudizada por la pandemia y las políticas neoliberales usadas para “contenerla”. La depresión económica, altas tasas de desempleo y disminución ingresos, ha hecho que las necesidades básicas para sostener la vida pasarán de ser una tarea difícil a ser casi imposibles de resolver para la mayoría de la población. La ley será un alivio concreto sin endeudamiento mediante, para millones de personas.

Tras 4 meses de medidas destinadas a contener la crisis sanitaria y depresión económica, hace pocos días un estudio del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica indicó que el 55,2% de los hogares han visto reducidos sus ingresos un 50%, en junio la tasa de desempleo subió a 11,5%, dejando a 2 millones de personas sin empleo, cifras que remontan a la situación del país en 1986. Para las mujeres, es por supuesto, más agudo el efecto de la crisis. La tasa de participación laboral femenina cayó a 38,9% y más de 900.000 perdieron sus trabajos remunerados. Golpeando principalmente a trabajadoras de casa particular, comercio, restaurantes y hoteles, ramas de la economía históricamente feminizadas y con bajos niveles salariales.

Ni el bono Covid-19, ni el IFE, ni las cajas de comida entregadas en junio y julio, han conseguido contener la caída de los ingresos. Más aún, las políticas al empleo han permitido la destrucción de puestos de trabajos y la reducción de los ingresos. La Ley de protección del Empleo para el trabajo formal, permitió la suspensión y reducción de salarios, así como los despidos con cargo al Seguro de Cesantía a más de 677 mil personas, que verán reducido el ingreso por los pagos de 70%, 55%, 45%, 40% y 35% proporcionales al salario que entrega el seguro. Las medidas para trabajadores y trabajadoras independientes consistieron en un subsidio de $100.000 para quienes acreditasen ingresos bajo $500.000, además del ‘derecho a un préstamo’ con tope de $650.000. En este país no hay derecho al trabajo ni a la seguridad social, pero sí ‘Derecho a un préstamo’, l es decir, ‘derecho a la deuda’, tenemos derecho a que la solución de la crisis nos las ofrezcan en cómodas (o no tanto) cuotas con intereses, que incrementarán el peso de deudas que no podemos pagar.

Desde el gobierno, una de las medidas usadas para detener el retiro del 10% fue el Plan de Protección a la Clase Media dirigido una vez más solo a trabajadores y trabajadoras formales. Esto permitirá postergar por tres meses el pago de deudas, CAE, dividendos, junto a subsidios de arriendo y un préstamo estatal solidario. Además de una transferencia directa de $500.000 a quienes ganen entre $400.000 y $1.500.000. ¿Qué pasa con el 53,1% de trabajadores y trabajadoras (NESI 2018) que ganan menos de $400.0000? ¿Cuáles son nuestras opciones? Pues no muchas. Si se gana menos de $300.000 pesos y se tiene contrato se puede postular al Ingreso Mínimo Garantizado, (hasta $59.200 por persona), para el resto, el trabajo informal en donde la mayoría somos mujeres no hay nada, no hay bono, transferencia, o IFE. En resumen, para algunas alcanzará para bonos de $500.000 para otras, a lo mejor, una caja de comida.

El peso de esta realidad obligó a Piñera a promulgar la Ley, ante la potencia de un movimiento social que volvió a ocupar no solo las redes sociales siguiendo los pormenores de este debate, sino que también la calle. Desafiando el toque de queda y alza de la represión política del Estado, para exigir el retiro del 10%, la libertad para el Machi Celestino Córdova en huelga de hambre y contra la forma misógina con que la ley trata a las mujeres evidenciado en el caso de Antonia Barros.

La impugnación de octubre permanece y crece, es partera del fracaso del gobierno y sus medidas contra la pandemia, de las políticas de focalización y competitividad para acceder a derechos, del mercadeo de la seguridad social. Fracaso que retumba en las paredes del congreso clamando que aprobar el 10% va junto a la transformación estructural del sistema de pensiones y el término de la capitalización individual. Cala hondo en los corazones que defienden el legado dictatorial que tras 40 años esta reforma constitucional, toque la alambicada reja que protege a las AFPs. Proyecto emblemático de la dictadura, creado por José Piñera que junto a su Plan Laboral de los 80’s son el marco que ha permitido a la gran empresa tener mano de obra barata y financiamiento fresco gracias las inversiones de las AFPs. Temen que esta grieta sea el heraldo que anuncia la caída de los dioses con los que fundaron la sociedad que nos han hecho padecer las últimas 4 décadas.

Por ello afirmamos que el Programa Feminista Contra la Precarización de la Vida, levantado en el Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, la crisis lo ha vuelto urgente. Si vamos por el 10% de las AFPs, es porque estamos conscientes que este no es el sistema de pensiones en que deseamos jubilar, 40 años de AFPs han sido 40 años de miseria para las mujeres en su vejez. Nuestro horizonte es la solidaridad y el Sistema de reparto, tripartito y solidario propuesto por NO+AFP que incluya el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado, y un sistema de salud único, público, gratuito, plurinacional y sin discriminación de género.

Reconocemos el derecho a los cuidados, y vamos por la socialización radical de éstos, a través de un Sistema Plurinacional de Cuidados. Plurinacional, porque existimos identidades y pueblos diversos, con reivindicaciones y visiones de mundo propias, así como el derecho a participar en la creación, ejecución y gestión de un sistema enfocado hacia sus comunidades, financiado por el Estado y empleadores.

Sabemos que esta crisis de reproducción de la vida es también la de un modelo de empleo que no reconoce el aporte social y económico del trabajo de cuidados y doméstico, los trabajos no remunerados. Por eso vamos por el fin del Código laboral y la creación de un modelo de trabajo acorde a la reproducción de la vida, la crianza y los cuidados, sin discriminación, donde podamos trabajar libres de violencia machista. Que respete y reconozca el derecho a la huelga general y negociación ramal. Estos cambios estructurales no son los únicos. En enero avizorábamos –incluso sin Covid-19- la agudización de la crisis y propusimos las siguientes Demandas inmediatas y urgentes: Plan de emergencia de creación de empleos con enfoque de género para combatir la cesantía; Igualdad y alza de los salarios en clave feminista; Salario mínimo de $500.000; Seguro de Cesantía Universal para todas las formas de empleo; Fin a la criminalización de las, los, les trabajadores por cuenta propia que se desempeñan en las calles; Incorporar a red de cuidados a todas las personas postradas, con discapacidades o situación de dependencia; Incorporación de las, les y los cuidadores a planes de estudio y trabajo según sus necesidades de vida y tiempo; Post natal paritario hasta el año, fuero hasta los 5 y sala cuna universal con cargo a Estado y empresas. Si estas medidas se hubiesen implementado, nuestra cuarentena sería con dignidad. Para terminar con la precarización de nuestras vidas, ha de acabar el modelo que la permite. Para tener vidas dignas necesitamos una sociedad cuyo centro esté en el cuidado de las personas y territorios, por sobre de las utilidades y ganancias de grupos económicos.

Por eso vamos por el 100%, de nuestras vidas, derechos y territorios. Vamos con la fuerza de Fabiola Campillai, de Gustavo Gatica, de las cientos de víctimas de trauma ocular, de los y las presas de la revuelta, de las trabajadoras del comercio ambulante y sexual reprimidas por trabajar, por las vidas que nos ha arrebatado la pandemia. Vamos con la potencia del feminismo que no parará hasta que valga la pena vivir.

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