Más de 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron una carta al Presidente de Chile, Sebastián Piñera; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al Ministro de Salud, Jaime Mañalich; entre otras autoridades; solicitando que se deje en libertad a todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social, ante el peligro, para sus vidas, del COVID19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.
Señalan que “la aplicación masiva de la privación de libertad a las personas que han salido a manifestarse en contra del sistema político/económico imperante en Chile, desde octubre de 2019, ha sido desproporcionada” y que la prisión de 2.500 niños/as, adolescente, y adultos “se ha convertido en un castigo anticipado, sin juicio, ni pruebas, lo cual ya es injusto en sí”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), manifestó que han firmado esta petición “porque en estos momentos sus vidas y la salud de los presos políticos corren peligro” agregando que “las miles de personas que fueron detenidas hicieron uso de su derecho a movilizarse antes las injusticias y la impotencia de que no se escuchen las demandas de este pueblo tan golpeado”.
José Miguel Guzmán, director ejecutivo del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), organizacion que ha dado atención a cientos de ex presos políticos, señala que todas estas detenciones demuestran que el Estado no ha querido escuchar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la manifestación pública ya que, las personas que han participado de las protestas sociales y han sido encarceladas, “están siendo castigadas con este tipo de medidas”.
“Lo que hemos visto también, por nuestro trabajo de salud mental y derechos humanos, es una afectación no sólo a los que están hoy privados de libertad, en condiciones carcelarias muy graves, que vulnera su situación de salud física como mental, sino que también afecta a sus familias. Ponen nuevamente a las familias en una situacion de vulneracion, incertidumbre, sin poder resolver una situación que es de tremenda injusticia”, señala Guzmán.
Para la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza, la liberación de los presos políticos obedece a razones de justicia y humanitarias. “A la gran mayoría, los tribunales les han aplicado la medida cautelar de privación de libertad, la más extrema de todas, la más severa de todas”, dice.
Entre los detenidos, denuncia la abogada, hay unos 180 menores de edad encarcelados y, a todos, “no se les respeta el principio de inocencia” y “con pocas pruebas, los tribunales los tienen en prisión, en juicios que se han ido eternizando. Toda esta situación de injusticia se ve agravada por el riesgo a su integridad física por el tema del Coronavirus”.
Jose Miguel Guzman, agrega, a todo lo anterior, que “nos parece impresentable, a estas alturas de la historia del pais, recintos que fueron centros de detencion y tortura, como fue 3 y 4 Álamos, de desaparicion de personas, durante la dictadura, hoy día sigan siendo centro de detencion para los nuevos jovenes. Los jóvenes de esta generacion víctimas también del maltrato, del abuso y la tortura del Estado chileno”.
“Es urgente poner término a la privación de libertad de toda las personas que han sido formalizadas y acusadas; en pocos casos con pruebas concretas en contra de ellos. Hay que terminar con las criminalización que existe en Chile y reivindicar los derechos humanos”, finaliza la abogada Alejandra Arriaza.
La carta por la libertad de los presos políticos ha sido firmada por las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos, la Red de sitios de Memoria, la Fundación Víctor Jara, la Comisión Ética Contra la Tortura, Comisión Chilena de Derechos Humanos, CODEPU, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras. También por organizaciones de EEUU como SOAWatch, Alliance For Global Justice, Denver Justice and Peace Committee, y Solidarity Chile-Chicago; y por profesionales, intelectuales, y defensores de derechos humanos de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Francia, Suecia, Bélgica y Estados Unidos.
Entre los firmantes, figura Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de Paraguay; los historiadores Sergio Grez y Jorge Magasich; Alvaro Ramis, Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano; los abogados de derechos humanos Alberto Espinoza y Roberto Garretón; y Adrián Ramírez López, presidente de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; entre otros.
Anteriormente, Amnistía Internacional (AI) señaló también que “las autoridades chilenas deben acelerar la aplicación de medidas que reduzcan el hacinamiento carcelario, así como proveer todos los servicios esenciales para evitar casos de personas con COVID-19 en las cárceles del país” y, en el mismo contexto, demandó la “liberación de todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la asamblea pacífica, así como revisar inmediatamente todas las medidas de prisión preventiva actualmente vigentes.
“La estrategia de criminalización de la protesta social aplicada por las autoridades durante los últimos meses mantiene tras las rejas a cientos de personas por delitos menores, lo cual agrava las ya precarias condiciones del sistema penitenciario chileno, poniendo a miles de personas en riesgo", dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de AI Chile.
Finalmente, agregar que en Chile siguen en prisión una treintena de presos políticos mapuche y unos 15 presos políticos detenidos antes del 18 de octubre de 2019. La carta finaliza con la exigencia de “Libertad para todos los presos políticos en Chile”.
Por Pablo Ruiz, periodista SOAWatch
Señor Sebastián Piñera Echenique Presidente de la República de Chile Presente Los abajo firmantes comunicamos a Ud., a las autoridades pertinentes, a la ciudadanía y a la comunidad internacional que presos políticos mapuche de las cárceles de Angol y de Temuco han iniciado una huelga de hambre de carácter indefinido con los siguientes objetivos: 1o Cambiar las condiciones al interior de los penales. 2o Que se les otorgue el beneficio de cumplir sus condenas en sus territorios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y otros tratados del Derecho Internacional. 3o Los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, piden su excarcelación debido a la pandemia del Covid-19 y a no disponer de condiciones sanitarias al interior de la cárcel. En la Provincia de Malleco, Cárcel de Angol, se encuentran en huelga de hambre los presos políticos mapuche Sergio Levinao Levinao, Juan Calbucoi Montanares, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Queipul Millanao, Sinecio Huenchullán Queipul, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao y Reinaldo Penchulaf Sepúlveda. En la cárcel de Temuco, el machi Celestino Córdova se encuentra en huelga de hambre indefinida, hasta que sea cambiada su reclusión y la de los demás presos políticos mapuche. Se encuentra establecido en la legislación internacional de derechos humanos que debe considerarse el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación nacional, teniéndoseencuentalascaracterísticas económicas,socialesyculturalesdelosacusadosde delitos, así como debe darse preferencia a tipos de sanciones distintas del encarcelamiento. Este Convenio ha sido ratificado por el Estado de Chile el 15 de septiembre de 2008. También debe tenerse presente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esto, bajo el principio de estándares mínimos para el ejercicio de los derechos humanos de los citados pueblos y de acuerdo al Convenio No 107 de 1957 sobre Protección e Integración de Poblaciones Indígenas en la perspectiva de su asimilación a las sociedades occidentales. En relación a las peticiones específicas de los presos políticos mapuche, es válido explicitar que la conciencia de identidad de los pueblos indígenas constituye un criterio fundamental para determinar la aplicación de las disposiciones del Convenio 169. Ello implica el derecho a la  autodeterminación concretada en autonomía y que es la exigencia sustantiva del pueblo mapuche, trasfondo de la equívoca denominación de “conflicto mapuche”. A lo anterior se suma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de 1966 que, en su artículo 1 señala que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su conducción política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural”. También es necesario recordar al Estado de Chile que resulta política y éticamente condenable mantener en prisión a líderes del pueblo mapuche que muy legítimamente buscan superar las condiciones de discriminación, opresión y explotación que padece el pueblo al que pertenecen. Dicha aseveración es ratificada por la Subcomisión de Prevención de discriminaciones y Protección a las Minorías del Consejo Económico-Social de la ONU, sobre el Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas (1971), al afirmar que “comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que, poseyendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran disímiles de otros sectores de las sociedades dominantes en aquellos territorios o parte de los mismos. Ellos componen actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su continuidad como pueblos en conformidad a sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales”. La historia de Chile ha insistido en que este país posee unidad cultural y es étnicamente homogéneo. Se ha trasmitido un enraizamiento en la hispanidad, como si lo indígena nunca hubiera existido. Es por ello que las exigencias de los mapuche son vistas por el Estado y las clases dominantes chilenas como atentados a la integridad nacional, permaneciendo en una aislamiento teórico e intelectual, como si la conciencia de la humanidad no se desarrollara. En base a estos considerandos, exigimos que se acceda a las exigencias de los presos políticos mapuche en huelga de hambre.
Atentamente,
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Patricio Vejar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Hervi Lara, Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile.
Carlos González, Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia
Pablo Ruiz, Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas
Y muchas otras firmas...
En tanto Colectivo (Francia) de Madrinas y Padrinos de los jóvenes presos políticos de la revuelta en Chile, hace algunas semanas los invitamos a firmar una carta abierta exigiendo su liberación. Agradecemos de todo corazón a todos aquellos que apoyaron ese reclamo. Si bien la carta, que enviamos a las instancias correspondientes, contó con aproximadamente 4700 firmas (¡todo un éxito!), el gobierno chileno ha hecho caso omiso de ella, así como de las presiones que los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales siguen ejerciendo.
Es por eso que hemos concebido una nueva estrategia, a la que los invitamos, una vez más, a sumarse: se trata de enviar otra carta (cuyo modelo encontrarán aquí abajo y en archivo adjunto), pero ahora de modo individual, al correo postal y a las direcciones electrónicas que aquí mismo señalamos, una vez que hayan indicado sus datos al principio y al final del documento –nombre, apellido, profesión, lugar, fecha.
Considerando el papel que tuvo la opinión internacional durante la dictadura de Pinochet para acompañar a los presos políticos de esa época, estamos convencidos que el aporte de ustedes puede ser, hoy también, sumamente valioso.
Saludos fraternos,
Colectivo de Madrinas y Padrinos de los jóvenes presos políticos de la revuelta en Chile
