El Oficio N.o 16 del gobierno ha sacado roncha en todos los sectores. Y no es para menos: hasta ahora no han dado pie con bola, encadenando error tras error. Pero esta vez no se trata de uno más, ni mucho menos de la filtración de un documento inocuo. Estamos ante la carta de navegación de un desmantelamiento del Estado y de programas, criminal e inhumano, que expone, sin disfraz, la ideología que los sostiene. Aquí no hubo un “problema de comunicación” ni una mala interpretación de lo dicho. No: esto es una declaración de intenciones, clara y precisa, que, por su impacto, intentarán atenuar y maquillar. Pero no hay maquillaje que oculte lo evidente: esto es exactamente lo que quieren hacer.
Estos son los mismos personeros que se declaran “pro vida”, pero que, con total desparpajo, pretenden recortar fondos a programas esenciales: vitales para la realidad de la población más vulnerable y decisivos para el futuro de Chile. El programa de salud mental en Atención Primaria de Salud (APS), identificado como ID 122570 del Ministerio de Salud de Chile, que el gobierno de emergencia pretende eliminar, es la forma en que el sistema público organiza la atención de la salud mental desde el nivel más cercano a la vida cotidiana de las personas: el consultorio, el CESFAM y el territorio donde viven.
El programa funciona como un continuo de atención. En primer lugar, permite la detección temprana de problemas de salud mental. Esto ocurre cuando una persona consulta por cualquier motivo en el centro de salud y el equipo identifica señales de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias u otras dificultades. A partir de ahí, se inicia un proceso de evaluación más específica.
¿Me pregunto si estos descendientes de malinche han salido a las calles de las poblaciones para encontrarse con el paso inestable de un quinceañero que no puede caminar por el efecto de la droga, el alcohol y la pobreza cultural? ¿Si han sostenido el llanto de una madre o padre cuando se enfrentan al callejón sin salida de ver las autoagresiones en los cuerpos de sus hijos/a por cuadros depresivos, o brotes psicóticos? Estas personas pro vida que nos gobiernan no pueden ser buenas si cuidan solo la vida del que se está gestando, y descuidan el horizonte posible de las personas con certezas jurídicas.
La salud mental, la depresión psicosocial, la ansiedad, las adicciones y el sufrimiento de las familias, es un padecer que debe abordar el Estado porque ha sido este el que, por su tamaño, ineficiencia o inexistencia, es responsable de las desigualdades sociales que pesan sobre las mentes y el alma de los pueblos. Debe ser este el planificador para establecer el bien común, crear sociedades de bienestar y evitar la estratificación de niños/as de primera o segunda clase. Es este el que debe proteger la vida; por eso, debe haber Estado con recursos, con impuestos de los más ricos y privilegiados, bien gestionado y con adecuada dotación de profesionales para alcanzar la felicidad de los pueblos. Velar por la vida en todas sus formas es su rol principal, y ha sido un compromiso que no solo lo ha asumido a través del derecho público, sino también con el derecho internacional y sus organismos internacionales, que invitan a mejorar las condiciones materiales, sociales, psicológicas, culturales de los pueblos para alcanzar la dignidad humana.
Pero el señor por el cual muchos no votaron, y algunos /as parlamentarios/as en quienes hemos delegado parte de nuestra soberanía para que mejoren nuestras condiciones integrales, solo legislan con prisa sus dietas parlamentarias y reajustes, y han dejado de transitar las calles oscuras de la ciudad por donde caminan los pasos zigzagueantes de la drogadicción, la violencia asociada a ella, la pobreza, la salud mental y el embrutecimiento cultural.
Hace más de seis años, los recursos y los organismos de inteligencia (como la Agencia Nacional de Inteligencia y otros) se enfocaron en sofocar la insurgencia, la protesta y la desobediencia civil. Todo esto ocurría mientras los carteles de droga se tomaban las calles y las poblaciones se inundaban de armas traficadas, convirtiendo a nuestros jóvenes en soldados, vendedores de estupefacientes ilegales y miembros de redes que han terminado por esclavizar sus vidas.
Cuando ya se les colaron y se instalaron en el territorio nacional el Tren de Aragua, Los Gallegos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Valencianos y diversas bandas peruanas y colombianas, en nombre de la seguridad pretenden redimensionar el presupuesto, abandonando la intervención y la recuperación de una juventud ya profundamente afectada por una cultura narco que glorifica las armas y el dinero fácil.
Estos gobernantes vienen montados en bestias, arrogantes y soberbios en su comodidad, y con una peligrosa falta de sentido ético. Invocan a Dios y la defensa de la vida, pero carecen de un compromiso real con el prójimo cuando omiten actuar frente a conductas de riesgo no tratadas, especialmente en jóvenes aún en desarrollo, afectados por condiciones estructurales que limitan sus posibilidades y los empujan hacia trayectorias de daño; por eso, cuando deben actuar con políticas de largo plazo, la crisis ya los ha sobrepasado. No ven, no sienten y actúan tarde, retrasando el desarrollo humano que Chile necesita y exige.
Si el siglo XX aspiraba a expandir la educación, la alfabetización y la salud, hoy se nos propone, en cambio, reducir la edad de responsabilidad penal para encarcelar a nuestros jóvenes. ¡No más escuelas, sino más cárceles! Nos enfrentamos así a un retroceso ético profundo, sin precedentes y, lo más grave, sin propuestas reales de salida.
Según la empresa internacional francesa dedicada a estudios de opinión pública, mercado y tendencias sociales, IPSOS, un 69% de los chilenos/as considera que la salud mental es el principal problema de salud, siendo Chile el país que ocupa el primer lugar a nivel mundial en esta percepción. Cabe insistirles a estos señores, que las personas se sienten mal, infelices, insatisfechas pues el 69% piensa frecuentemente en su salud mental, y 82% cree que la salud mental es igual de importante que la física. El 78% piensa que muchas personas no pueden pagar atención de salud y 75% señala que las listas de espera son demasiado largas. Según Ipsos, Chile vive una crisis de salud mental masiva y transversal y existe una brecha entre conciencia social y respuesta institucional. Pero bueno, este gobierno terminará con el problema de las listas: ¡acabarán con programas por donde usted y yo podemos entrar al sistema de salud pública!
Según estadísticas publicadas por Senda y recogida por medios de comunicación, chile está en el tercer lugar a nivel latinoamericano en relación al consumo de marihuana, después de Argentina y Uruguay. Y subiendo en la escala del escándalo y la vergüenza nacional, el consumo de éxtasis y en el de las drogas sintéticas, Chile ocupan el segundo lugar; y el cuarto a nivel latinoamericano en consumo de Cocaína. Y atención los pro vida: los estudios vinculan el consumo con: estrés y salud mental, desigualdad, precariedad juvenil, cultura narco emergente. Y toda esta miseria cultural y humana se expandió a vista y paciencia de nuestros bien pagados empleados/as públicos: elegidos/as por votación y asignados/as por los gobiernos de turno.
Datos recientes del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) señalan que un 19% de la población reporta depresión, ansiedad u otro trastorno mental; es decir, casi 1 de cada 5 personas presenta actualmente algún problema de salud mental. A su vez, un estudio sobre bienestar y salud mental en el trabajo, elaborado por la Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, indica que el 72% de las enfermedades profesionales en el país están vinculadas a problemas de salud mental. Este impacto también se expresa a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que cada año se pierden 12mil millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que evidencia sus profundas consecuencias económicas y sociales.
La Circular N.o 16 es, en realidad, una declaración de principios de la extrema derecha conservadora que hoy gobierna. Lo harán, tarde o temprano: desmantelarán el Estado si no existe una oposición organizada, unida y educada. Porque, parodiando al gran Gabino Palomares, vienen montados en bestias; y como demonios del mal no dejan de llegar rubios a los que les abrimos las puertas, quedándonos con el maleficio de entregar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan y nuestro dinero. A manos del actual gobierno, la “maldición de Malinche” vuelve a caer sobre el pueblo de Chile.
O quizás nunca nos hemos liberado de ella.
Soledad Romero Donoso. Periodista/Cientista político.
