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Violencia del Estado en el espacio público. por Alex Ibarra Peña

Es muy importante que la nueva constitución permita la posibilidad política de cambiar la estrutura del neoliberalismo, pero también el orden de la represión institucionalizado.

El orden de la represión es una grave problema que atenta contra los derechos ciudadanos y le da «legalidad» a los abusos en contra de personas que se les castiga por ilegítimas vías como la simple sospecha o fraudulentos montajes utilizados como dispositivos de control social.

En este sentido la impunidad que ha tenido el gobierno de Piñera en relación a la graves violaciones de derechos humanos ha sido blindada por los otros poderes del Estado, tanto por el poder legislativo como el poder judicial. Seguramente el gesto simbólico, pero tal vez más de interés electoralista que vimos la semana pasada con la aprobación apenas -los diputados Auth y Lorenzini se abstuvieron- de la Acusación Constitucional para destituirlo por el enriquecimiento ilícito y corrupto que ha realizado con su familia y amigos, será blindada nuevamente en el Senado. El juicio político a Piñera sólo ha sido realizado con claridad fuera del poder desde el repudio ciudadano colectivo, los libros de historia, los más honestos tendrán que reconocer este hecho.

Todo este actuar de los poderes del Estado manifiestan la «legalidad» del orden represivo situado lejos de la legitimidad. La nueva constitución del Estado tiene el desafío de terminar con esta «legalidad» impuesta por la dictadura y mantenida por la clase política que ha estado gobernando en las últimas décadas.

El orden represivo no sólo actúa en los espacios del poder sino que también aparece en el espacio público, cuestión que lo hace aparecer como un dispositivo de control naturalizado. Quiero referirme especialmente a un espacio público que es una plaza en calle San Isidro justo en el frontis de la sede del «Grupo móvil» de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, los más temidos por sus abusos represivos en las manifestaciones.

En el centro de este espacio público hay una piedra con un placa que exhibe la leyenda «A la violencia del desorden, la fuerza del orden legal», en este mismo espacio crecen niños y migrantes pasean a sus mascotas. ¿Qué herencia le estamos dando a los niños? ¿Qué integración le estamos ofreciendo a los hermanos migrantes? ¿Cómo hemos permitido tanta violencia del Estado?

Insisto es un tremendo desafío ciudadano fortalecer la democracia tan dañada por aquellos a quienes se la habíamos confiado para dirigirla. Lo traidores del pueblo, la mayoría también corruptos. La fuerza convencional independiente tendrá que estar muy atenta frente a los cantos de sirena que entonan esos convencionales que fueron elegidos para tratar de defender los imperativos morales que justifican la «legalidad» de la dictadura. Sólo superaremos la dictadura cuando ya no quede nada de su herencia no sólo en nuestras conciencias sino que también en nuestras instituciones. La única vía posible en este curso que hemos tomado es la radicalización de la democracia y esto implica la valoración de cualquier triunfo sobre las fuerzas políticas de la derecha.

El orden legal sólo alcanza legitimidad desde el orden moral. Dicho orden sólo es democrático cuando auténticamente representa la voluntad de las mayorías, así es la democracia. Las imposiciones de la clase política que creen representar a la ciudadanía por que en algún momento obtuvieron su voto (engañándose dada la alta abstención electoral) son los que han entendido la política como oportunidad para lucrar y no es el tipo de políticos que requiere el nuevo Chile.

Los organismos de derechos humanos y las comunidades organizadas pueden ser un aporte significativo para la recuperación de la democracia que pueda superar las atrocidades del poder. Cada espacio público, cada institución pública, debe pertenecer a la ciudadanía y no a esa poder que la niega.

Alex Ibarra Peña. Dr en Estudios Americanos

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