En kioscos: Julio 2024
Suscripción Comprar
es | fr | en | +
Accéder au menu

Violencia en el Alto Bío-Bío. Por Pablo Muñoz Acosta

Primera parte. Esquema global.

En este artículo hemos sintetizado un libro de homónimo título y que Ediciones PuebloCulto, Curepto, publicó en septiembre de 2021, y cuya presentación fue un par de meses después, en el marco de la Feria del Libro en la ciudad de Curicó. Ese texto ha sido uno de los productos de una investigación titulada: "Narraciones orales y etnotextos en tres lugares en la periferia de la novena región" (Fondecyt 1010541). El proceso de investigación tuvo lugar bajo la cobertura institucional del Departamento de Lenguas y Literatura de la Universidad de la Frontera, y bajo la ejecución de los académicos: Luis de la Barra Arroyo, Constantino Contreras Oyarzún, Alejandro Herrera, Alonso Azócar Avendaño, y quien suscribe. Así fue que varias veces, entre 2001 a 2003, visitamos poblados como Troyo, Ránquil, Nitrito, Vilucura, Lonquimay, en una esas periferias, la del Alto Bío-Bío. Un par de años después de entregado el informe final del proyecto, y consultada su opinión en cuanto a que la narración oral que repitieron nuestros entrevistados en esa periferia habían sido los sucesos de Ránquil, Jorge Pinto Rodríguez y Virginia Vidal Vera, fueron enfáticos en afirmar respectivamente que: “la memoria histórica que los pobladores había sido escamoteada”, y que, “los hechos producidos en Ránquil han sido tan tergiversados”. Es más, en alguna conversación Virginia Vidal Vera me confidenció que Reinaldo Lomboy le señaló su arrepentimiento haber escrito sobre los sucesos de Ránquil, al menos en el modo en que los narró.

La preparación del informe final en lo atingente a la periferia del Alto Bío-Bío implicó leer lo publicado por la literatura, la poesía, la dramaturgia, algunos informes parlamentarios, y la historiografía, al menos hasta 2004. Siendo funcionario de la Sección Histórica del Archivo Nacional de Chile a contar de ese año, tuve el privilegio de acceder a todos los depósitos documentales, incluyendo los del Archivo Nacional de la Administración del Estado de Chile del Siglo XX. De la reflexión paralela a la documentación oficial y los testimonios histórico- orales comparados con publicaciones anteriores, surgió la hipótesis que el escamoteo y la tergiversación no habían procedido de la documentación oficial o de la memoria histórica de los pobladores de esa zona. Visto desde el oficio de historiador, el escamoteo y la tergiversación de un hecho histórico, no son sino esa construcción exenta de investigación con documentos, en primer lugar, los que se han salvado y han sido salvados del olvido, cuando no de la destrucción ex profesa, y se conservan en los archivos, como igualmente, de ocultar y silenciar la memoria histórica de los seres humanos que fueron observadores y/o partícipes. Es así que, para la reconstrucción de la verdad histórica parcial y objetiva de los Sucesos de Ránquil, más que lo ya publicado, nos interesó el recuerdo de quienes ya ancianos, fueron testigos y actores en el proceso de la violencia, y, aparte de la documentación oficial, los debates parlamentarios, y varios documentos inéditos generosamente puestos a nuestra disposición por coleccionistas privados. Finalmente, agreguemos algunos trabajos historiográficos, en especial los de Germán Palacios, Jaime Flores Chávez, Olga Ulianova, Alfredo Riquelme. Siendo autocríticos, subsisten varias preguntas, las que siguen estando ahí, a la espera de respuestas.

Entre las interrogantes anexas al escamoteo y la tergiversación, hasta el presente, nunca desde el campo de la literatura y de cierta historiografía, se ha reconocido y/o preguntado, respecto de lo decisivo que son los antecedentes para la creación de la Colonia Agrícola de Ránquil, y el conflicto de clases al interior del Sindicato Agrícola de Lonquimay, una vez establecida esa colonia. Desde mediados de la década de 1920 en los corrillos del Congreso ya circulaban opiniones producto de informes generados por legisladores respecto de la convivencia entre quienes poblaban esa parte del Alto Bío-Bío, mejor dicho; inquilinos, peones, administradores, técnicos y dueños de un par de latifundios: San Ignacio de Pemehue y Guayalí. Esas opiniones pueden consultarse en las sesiones parlamentarias bajo los títulos de: “Solución a los pobladores del Alto Bío-Bío”, o “El problema del Alto Bío-Bío”, referencias legislativas que se prolongaron hasta después de 1934.

En la investigación que nos publicaron, quisimos ir un par de pasos más adelante a lo planteado por Palacios, Flores, Ulianova, y Riquelme. En el diálogo interior con todo el material disponible advertimos la cercanía entre la documentación oficial y los testimonios orales. Esa vinculación, a la vez que le otorgaba más sentido al “escamoteo y la tergiversación”, a su vez dejaba la puerta abierta para discutir con cierto detalle de si acaso los Sucesos de Ránquil, fueron “planificados y/o espontáneos”. Lo primero fue la tesis que, al menos en 1935, Carlos Contreras Labarca, líder de una de las fracciones del Partido Comunista, y que en Moscú el 25 y 27 de marzo de 1935, expuso ante el dirigente Van Min y otros encargados por el Komintern para los asuntos de América Latina, y que en lo puntual señaló: “que la asamblea que se efectuaba en Lonquimay al tratar de ser disuelta por la Fuerza Armada, la reunión llamó a resistir y se libró un enfrentamiento. Cuando se supo que el enfrentamiento era inevitable, la reunión decidió empezar la lucha sin esperar el mes de julio”. (En: Tomo 3 de la serie: “Chile en los archivos soviéticos 1922 -1991", pag. 26).

En nuestra investigación publicada como libro, mayor importancia reviste la aseveración de Contreras Labarca de que “la reunión decidió empezar la lucha sin esperar el mes de julio”. A ese respecto, y en anteriores párrafos de su informe, indica que: “Desde el comienzo de 1934, la Dirección del Partido concentró su atención en la región de Lonquimay para impedir el desalojo de los campesinos de sus tierras”, (Op.cit, pag.25), afirmando más adelante: “Los rebeldes pudieron tomar tres fundos con una superficie de 180 Km”,(Ibid, pag.28). En el nivel actual de investigación histórica y de acceso a documentación oficial, las aseveraciones de Contreras Labarca, fueron lo políticamente correcto de informar a la Internacional Comunista, aún cuando hubiese sido producto de su imaginación, o, deliberadamente mal informado localmente. Los dichos de Contreras Labarca sentaron la tesis que el “Levantamiento de Lonquimay” como lo denomina, fueron la defensa armada de los campesinos del Alto Bío-Bío ante el desalojo de sus tierras ordenado por el gobierno de Arturo Alessandri, y que lo espontáneo, consistió en adelantar los plazos planificados. Es posible que esas afirmaciones constituyan uno de los orígenes de como los Sucesos de Ránquil, han calado en el imaginario histórico, y continúen teniendo el peso y la trascendencia en la historia de las luchas populares en Chile. No obstante, y con toda la carga carismática y sensible que los informes revelan de Contreras Labarca, tampoco y vistas las cosas hacia futuro, son menos ciertos los límites políticos del proyecto planificado como “Levantamiento de Lonquimay”.

Analizando la documentación oficial, los debates parlamentarios, y otros, hacia 1934 el Ministerio del Interior, y la Policía de Investigaciones, producto de múltiples allanamientos efectuados desde 1933 sobre imprentas clandestinas y periódicos opositores al gobierno, uno de cuyos resultados fue la incautación de panfletos, estaba al tanto que varios latifundios, entre ellos los del Alto Bío-Bío, eran objetivos no solo de una fracción del Partido Comunista, sino de otros partidos y grupos. Luego, lo que está en discusión no es la tesis de la planificación, sino que la violencia en el Alto Bío-Bío haya sido la resistencia armada dirigida por el Partido Comunista frente a la expulsión de los campesinos, según los dichos de Contreras Labarca.

La tesis central que varias décadas después de los informes de Contreras Labarca, ha planteado una parte de la historiografía, es que los Sucesos de Ránquil, fueron una operación planificada y fracasada, por la que una fracción del Partido Comunista a través de sus cuadros regionales y locales, los mapuche y los obreros que en el Alto Bío-Bío trabajaban buscando oro y los que construían el túnel Las Raíces, más los campesinos, inquilinos, peones y técnicos de los fundos San Ignacio de Pemehue y Guayalí, se tomarían esos fundos instaurando una república de soviets y mapuche, para obligar por la fuerza a que el gobierno de Alessandri negociara con los dueños de esos fundos una forma de pago, los que se convertirían en colonias agrícolas administradas por cada una de las secciones del Sindicato Agrícola de Lonquimay, en otras palabras, en los hechos y por la fuerza, iniciar la Reforma Agraria. Por la información oral que manejamos, el inicio de las operaciones estaba planificado entre el 18 al 20 de junio de 1934, sin embargo y de acuerdo al testimonio oral de Isidoro Llanos – poblador y testigo privilegiado de los hechos de violencia - algunos días antes, “algo sucedió, porque como la cosa reventó antes en Santiago, aquí no se produjo”; quizá una contraorden emitida desde Santiago en atención a que se sospechaba que el ejército había tomado posiciones en el extremo norte de San Ignacio de Pemehue, tal como se desprende de un par de testimonios orales y de un manuscrito inédito, más adelante comentado. Dilucidar la actuación del ejército en los sucesos de Ránquil, es una de las preguntas que hemos dejado planteadas. Si de acuerdo a esas condiciones objetivas, la operación fue abortada, empero la violencia por otros y para otros objetivos igualmente se desencadenó, con lo cual se construyó una de las tesis de lo “espontáneo”, la que señala que la violencia fue la defensa armada de los colonos de Ránquil frente a un decreto de expulsión que ejecutarían destacamentos de carabineros; lo anterior es uno de los nudos cruciales del escamoteo y la tergiversación, y más adelante volveremos sobre aquello. No deja de resultar sintomático, pero tanto la secuencia “proyectada” del levantamiento, como los resultados “espontáneos”, que a inicios de 1935 fueron informados por Carlos Contreras Labarca a la Internacional Comunista, actualmente siguen formando parte – exceptuando los trabajos de algunos historiadores – de esa historiografía cuyos cultores tienen cuidado de que sus monografías no proyecten soluciones políticas hacia futuro respecto de cuestiones inconclusas, en otras palabras, desaguarles en cuanto a torrente subversivo y describirlo como el río que discurre por un cauce controlado por canales secundarios, compuertas, y así por el estilo.

El modo como una parte de la historiografía ha presentado la planificación previa, que por lo demás en nada desdice lo informado por Contreras Labarca, empero se desmarca respecto de lo espontáneo; el accionar de carabineros fue para restablecer el orden y terminar la violencia. Algunos discursos parlamentarios emitidos entre mediados de julio a diciembre de 1934 definieron los hechos como el ataque lumpen y delincuencial ejecutado por bandas de forajidos rurales contra la vida y la propiedad privada en la zona. Ya lo hemos dicho, en el discurso histórico y político sobre los Sucesos de Ránquil, ha habido desde la imaginación voluntarista, el poco acceso a documentos, la ausencia de investigación y teoría, especialmente en desconocer el conflicto de clases al interior de la misma organización que debía comandar aquello que Carlos Contreras Labarca denominó “El Levantamiento de Lonquimay”.

Centrando los Sucesos de Ránquil al Estallido de la Violencia, estos se desencadenaron entre el 24 de junio al 05 de julio de 1934. Nuestra tesis es que fue la venganza o el ajuste de cuentas liderada por la sección Guayalí del Sindicato Agrícola de Lonquimay, contra la dirigencia de esa organización, los colonos con más recursos que poblaban desde enero de 1931 una zona conocida con el nombre institucional de Ránquil Alto, contra un destacamento de carabineros que ejercían vigilancia en una zona conocida como Nitrito, y contra todos aquellos inquilinos, peones, y técnicos afiliados al sindicato, que se negaron a seguir y/o solidarizar con los objetivos de la sección Guayalí. Ajustar cuentas, apropiarse por la fuerza de todos aquellos recursos en poder del comercio local, y dispersarse en todas direcciones evitando el cerco policial, resulta lo más plausible del estallido de la violencia.

¿Por qué hablamos de venganza o de un político ajuste de cuentas?

Porque la dirigencia del Sindicato Agrícola de Lonquimay, una vez que en enero de 1931, y luego de un detallado estudio de títulos en terreno que en 1929 efectuó el Ministerio de la Propiedad Austral, consiguió que la hijuela Ránquil del latifundio San Ignacio de Pemehue, se convirtiera en Colonia Agrícola, y en la misma condición 4.000 hectáreas de un sector conocido como Nitrito por el D.F. L N° 258 del 26 de mayo de 1931 – a pocos días antes de que Ibáñez del Campo fuese forzado al abandono del poder- y que la declaró de utilidad pública, autorizando la expropiación y reconociendo la validez de títulos de ese fundo en la parte sometida a la Ley de Constitución de la Propiedad Austral; es decir, la ocupación del sector Nitrito del fundo Guayalí tenía asidero legal, otra cosa es el precio y la modalidad de pago por la expropiación que la Sucesión Bunster Gómez negoció con el ejecutivo desde noviembre de 1932 a marzo de 1934.

Respecto de ambos latifundios, al poder ejecutivo y con el concurso del Consejo de Defensa Fiscal, les respaldó en su decisión que, acorde al informe de 1929, una parte de ambos latifundios estaba al sur de la Zona Austral, es decir eran tierras fiscales. Establecida la colonia de Ránquil y fuera del poder Ibáñez del Campo, la organización sindical no presionó ante el gobierno por su programa fundacional y lo que es más gravitante, tampoco por hacer efectivo el decreto relativo a Guayalí, y dada la violencia política que se prolongó durante el segundo gobierno de Alessandri, las condiciones objetivas hicieron impracticables el conjunto de las aspiraciones de esa organización sindical. Las negociaciones que entre el ejecutivo y los abogados de ambas sucesiones se efectuaron a contar de noviembre de 1932, únicamente arribaron al acuerdo que las conclusiones del informe de 1929 eran válidas: una parte de ambos latifundios eran terrenos fiscales, pero el Fisco, si decidía expropiar, debía pagar por las obras de infraestructura. Hubo acuerdo respecto de la hijuela Ránquil, no así con la sucesión Bunster Gómez, cuyos apoderados consiguieron en marzo de 1934 una sentencia judicial: el desalojo por la fuerza de los ocupantes de Nitrito, es decir, de unas 64 familias asociadas a la sección Guayalí del Sindicato Agrícola de Lonquimay, las cuales fueron ubicadas geográficamente al interior de la Colonia Agrícola de Ránquil, en un sector conocido como Llanquén, también denominado por algunos de nuestros entrevistados como “El Matadero.

La angostura de Llanquén es una parte en que el curso superior del río Bío-Bío discurre encajonado entre laderas escarpadas y cubiertas de riscos, además de nieve en invierno. Ese fue el lugar hacia el cual fueron enviadas una parte de los socios de la Sección Guayalí y sus familias. Llanquén era terreno de veranadas. Si el poblamiento forzado a ese lugar fue resistido por la Sección Guayalí, más lo fue por los colonos de Ránquil Alto; el grueso de sus recursos consistía en ganado vacuno y ovejuno que habían traído desde Argentina. Hasta donde nuestra capacidad y olfato investigativo en cuanto a entrevistadores nos lo permitió, ni los colonos de Ránquil Bajo, ni la dirigencia y las otras secciones del sindicato presionaron al gobierno respecto de la situación de los ubicados en Llanquén, pero tampoco fueron solidarios con leña y alimentos, e incluso trabajo. De otro lugar, antes y después de su expulsión hacia Llanquén, en al menos tres oportunidades, la dirigencia de la Sección Guayalí fue citada por la Intendencia de Cautín; desde mediados de 1933, el gobierno central estaba al tanto del conflicto latente entre la Sección Guayalí, con la dirigencia del Sindicato Agrícola de Lonquimay y los socios de la Sección Ránquil, con los cuales se formó la Colonia Agrícola de Ránquil. Hacia abril de 1934, era más que evidente que, por lo pronto, Ránquil sería la única colonia agrícola en la zona, y los terrenos de Llanquén, el lugar de poblamiento para la Sección Guayalí.

Para todos quienes, a la buena o bajo amenaza de muerte formaron parte de las “comisiones” lideradas por la Sección Guayalí, especialmente para éstos, las facetas y el conjunto del estallido social, era todo o nada: perder una fracción de tiempo y libertad en la cárcel, la vida en un instante, o lograr sobrevivir ese invierno en Llanquén, ¿y después qué?

Segunda parte. La globalidad explicada desde sus partes

La Colonia Agrícola de Ránquil, de 37.000 hectáreas, fue creada entre otras razones, a raíz del informe en terreno que una comisión de alto nivel del Ministerio de la Propiedad Austral, en 58 páginas que incluyen fotografías, listados de socios de las secciones del Sindicato Agrícola de Lonquimay, y otros anexos, con fecha 10 de julio de 1930, remitió al ejecutivo. La investigación fue titulada: “Informe de la Comisión Nombrada por el Decreto 265 de 27 de marzo de 1930 sobre el Problema del Alto Bío-Bío”. Este documento se conserva en la bóveda del Archivo Nacional de la Administración del Estado de Chile del Siglo XX, con el N° 107 del fondo Ministerio de Bienes Nacionales. Debe haber sido la primera vez que el poder ejecutivo ordenó investigar los títulos de un latifundio, y con el apoyo del Consejo de Defensa Fiscal.

A finales de junio de 2022, se cumplieron 88 años de los Sucesos de Ránquil, focalización inexacta porque la violencia se produjo en todas las hijuelas del latifundio conocido como San Ignacio de Pemehue, propiedad de la sucesión Puelma Tupper, siendo Ránquil una de esas partes. Desde el 24 o 26 de junio y hasta el 05 de julio de 1934, se generaron combates armados, robos, incendios, asesinatos, persecuciones y capturas que llegaron hasta Loncopué, localidad fronteriza en territorio de Argentina.

Hasta el momento, el único informe oficial y disponible para consulta pública es el enviado por la Prefectura de Carabineros de Cautín, y que está en el volumen 8675 del fondo Ministerio del Interior, subserie “providencias confidenciales”. El 15 de julio de 1934, Fernando Délano Soruco, Prefecto de Carabineros de Cautín, en once páginas remitió a Franklin Quezada Rogers, juez instructor y ministro en visita, un informe titulado: “Da cuenta de subversión del orden público en la comuna de Lonquimay, y de los delitos de homicidio, asalto a mano armada, secuestros, y violaciones que se indican”. El informe incluye la identificación de 56 detenidos, con nombre, oficio, nivel educacional, grado de participación en los hechos, afiliación político y partidista, lugar de residencia, y una relación cronológica de los hechos. Investigaciones posteriores han calculado en 62 los apresados y a quienes Franklin Quezada Rogers les tomó declaraciones tanto en Victoria como en Temuco, expediente que se conserva en el archivo de la Corte de Apelaciones de Temuco, y al cual accedió el historiador Jaime Flores Chávez en el marco de la preparación de la tesis que en 1993 presentó ante la Universidad de Santiago para optar al grado de Magister Artium, y que lleva por título: " Un episodio de la historia social de Chile. 1934. Ránquil. Una revuelta campesina". Algunos de los detenidos, al igual que una decena de carabineros, entre ellos el prefecto, declararon ante oficiales del ejército enviados desde el Juzgado Militar de Concepción, y cuyo expediente se conserva en la Sección Histórica del Archivo Nacional de Chile. El proceso judicial se extendió entre julio y hasta finales de noviembre de 1934, sin embargo, el 15 de septiembre de 1934, se promulgó la Ley N° 5483, de Amnistía para los casos estipulados en el Decreto Ley N° 50 de 1932, o sea, entre otros, a los miembros de la Armada de Chile que fueron sometidos a proceso, en los hechos que entre 1970 a 1971, Patricio Manns tituló como: "La Revolución de la Escuadra".

Los hechos de violencia enfrentaron a carabineros, muy posiblemente militares, administradores de algunas hijuelas, pulperos y colonos, con los integrantes de una parte de las secciones del Sindicato Agrícola de Lonquimay, y, de ser efectivo, con la totalidad de los efectivos de la sección Guayalí de ese sindicato. Empero, la violencia no únicamente fue en el territorio de ese latifundio, abarcó hasta otro colindante, propiedad de la sucesión Bunster Gómez y conocido como Guayalí, y a otros lugares situados más al norte, entre ellos Ralco.

En el campo de la producción historiográfica y de la investigación en archivos estatales, dentro y fuera de Chile, en 1992, el historiador Germán Palacios Ríos publicó un trabajo que tituló: "Ránquil. La violencia en la expansión de la propiedad agrícola", y al año siguiente Jaime Flores Chávez, presentó su tesis. En el año 2003, el Centro de Estudios Públicos le publicó a Olga Ulianova, los resultados y conclusiones de una investigación titulada: "El levantamiento campesino de Lonquimay y la Internacional Comunista". A esa publicación agreguemos, de la serie: "Chile en los archivos soviéticos 1922 -199", el tomo 3 de la misma, y cuyo título es: "Komintern y Chile 1935 -1941", a cargo de un equipo de profesionales chilenos y rusos liderados por Olga Ulianova y Alfredo Riquelme Segovia.

Hasta la publicación de esas investigaciones, la historiografía chilena, no había propuesto explicaciones relativas a los Sucesos del Alto Bío-Bío o de Ránquil, utilizando documentación, ya sea privada u oficial, siendo una de las razones, la falta de acceso a la documentación producida por la administración pública chilena durante el siglo XX, y agreguemos, el desconocimiento de varios manuscritos e informes mecanografiados que aún conservan coleccionistas, antropólogos, historiadores y abogados. Por varias décadas, los hechos de violencia en el Alto Bío-Bío, fueron difundidos por otros campos de la producción cultural.

Empero, y si leemos desde nuestro presente y con una óptica historiográfica los sucesos del Alto Bío-Bío, empezando por los discursos parlamentarios que en su mayoría fueron titulados: "Situación de los pobladores del Alto Bío- Bío", y que se produjeron entre 1924 a 1935, los diagnósticos y soluciones propuestas, resaltaron la insuficiencia, abandono y desinterés por parte del estado. Obviamente siendo efectivo lo anterior, el discurso parlamentario se fijó en los árboles en vez de entender el bosque, porque a través de la violencia sus actores no buscaron finalmente obtener lo que al ejecutivo le hubiese sido más fácil de arribar con soluciones negociadas. Hacia 1934, ese espacio de tiempo ya había pasado. Establecida la Colonia Agrícola de Ránquil, y con Ibáñez del Campo fuera del ejecutivo, fue evidente que el referente fundacional del sindicato, alcanzó para formar una colonia agrícola: Ránquil. Las razones de lo anterior hunden sus fundamentos históricos y jurídicos en la delimitación de la zona austral por una Ley de 08 de agosto de 1874. Posteriores investigaciones en terreno, entre otras, la que en 1929 estuvo a cargo del Ministerio de la Propiedad Austral, determinaron que una parte de los latifundios San Ignacio de Pemehue y Guayalí, estaban al sur de la zona austral, por tanto eran tierras fiscales, en que sin embargo, el estado reconocía la validez de sus títulos comprometiéndose a consensuar el precio por la expropiación, el cual, en el caso de la hijuela Ránquil fue respetado por el segundo gobierno de Arturo Alessandri ante los abogados representantes de Eduardo Altamirano y Sara Orrego Puelma. Por tanto nunca existió ni se produjo un decreto de lanzamiento de los colonos de Ránquil, pero sí hubo, en marzo de 1934 el lanzamiento de los miembros de la sección Guayalí, los que liderados por la familia Sagredo y otros, al unísono de ocupar un lugar conocido como Nitrito, y cuya ubicación era en la parte sur del latifundio Guayalí, se negaron a continuar siendo inquilinos y/o trabajadores de la sucesión Bunster Gómez, procediendo en un primer momento a vender o intercambiar la producción de oro directamente en las pulperías de San Ignacio de Pemehue, hasta que más adelante, ese comercio o fue prohibido o fue castigado con una tasa de descuento.

Frente a la ocupación de Nitrito, y no habiendo acuerdo respecto del precio por la expropiación, los abogados de la sucesión Bunster Gómez, obtuvieron la decisión judicial para el desalojo, el que afectó a 64 familias las que en abril de 1934, fueron expulsadas por carabineros y enviadas a la angostura de Llanquén, al interior de la colonia de Ránquil. La Prefectura de Carabineros de Cautín, estableció un cuartel de vigilancia en Nitrito; el lugar del desalojo. El día 24 de junio de 1934, ese cuartel fue atacado por una parte de los desalojados, siendo asesinados los carabineros encargados de su custodia, y en la madrugada del 26 de junio y cuando una parte del sindicato sesionaba en los galpones de un lugar conocido como Quilleime, cercano al actual Troyo, la sección Guayalí, liderada por los hermanos Sagredo ingresó a ese lugar portando armas largas y cortas, además de palos e instrumentos de labranza, y bajo amenaza de muerte: “el camino largo”, que en palabras de uso local era: ser arrojado al río, obligó a todos los presentes, sin importar militancia o simpatía política, o de partidos, a sumarse a las acciones que efectuarían por espacio de una semana. El estallido del Alto Bío-Bío había comenzado.

Las cuestiones medulares respecto de por qué o para qué se produjo la violencia, han sido motivo para variadas explicaciones lo mismo sus características locales. Proponer explicaciones históricas avaladas con documentación oficial y con el testimonio oral de todos quienes aceptaron recordarlos en la entrevista, constituyó otra de las motivaciones que guiaron el libro de nuestra autoría, en el cual además de proponer respuestas, empero y con sentido autocrítico, también planteamos las preguntas que aún subsisten, y lo que es más decidor: la documentación oficial, de los partidos políticos, y la producida por el Sindicato Agrícola de Lonquimay, que falta para responderlas.

El proceso de la violencia ha sido descrito como una serie de asesinatos colectivos, fusilamientos discrecionales, lanzamientos al rio Bío-Bío (“el camino largo”), aplicación de la pena por la fuga (“el salto del conejo”), saqueos, incendios, y otros. La descripción del desenlace consistió en la captura y envío a las cárceles de Victoria y Temuco de un total de 62 personas y su sometimiento a proceso, en los interrogatorios y declaraciones de algunos civiles y carabineros, y en la aplicación de una Ley de Amnistía. Lo anterior, obviamente crucial, no obstante oculta, el que finalmente el objetivo de quienes comandaron los hechos de violencia – tal y como hemos venido reconstruyendo el hecho histórico- no fue ocupar por la fuerza esa parte del Alto Bío-Bío.

Probablemente nunca sepamos cuántos de los apresados murieron o fueron asesinados camino hacia Victoria y/o Temuco, o hechos desaparecer “por el camino largo o el salto del conejo”; los que “fueron quedando en el camino”, parafraseando la obra de teatro escrita por Isidora Aguirre, delitos que han sido atribuidos a carabineros, pero también a civiles como venganza frente a la violencia. Isidoro Llanos recuerda que el 04 de julio, habiendo huido sus captores, regresó caminando hacia la escuela de Ránquil Alto procedente desde Quilleime, recordando que en el trayecto “observó algunos caballos muertos y varios cadáveres tendidos sobre la nieve”.

La arista de algunos que, habiendo sido apresados, fueron fusilados en el lugar mismo, nos lo informó Anacleto Córdova Estrada, ex carabinero y que participó el 28 de junio en el combate de Llanquén. Córdova Estrada, en su testimonio señaló que “el capitán nos ordenó fusilar a algunos de los detenidos y los cadáveres los arrojamos a un estero chico que estaba por ahí”.

Comparando los informes que en marzo de 1935 Carlos Contreras Labarca expuso ante la Internacional Comunista, en el cual es la única vez que el Partido Comunista ha asumido participación en la planificación y ejecución del estallido en Ránquil, no deja de llamar la atención algunos de los párrafos del manuscrito solidariamente puesto a nuestra disposición por el antropólogo Ruperto Vargas Díaz, y que su autor tituló: “Narración de los hechos del alto Bío-Bío en 1934”. Constancio Cortés, desde 1931 fue uno de los encargados que el estado comisionó para comprar oro en el Alto Bío-Bío. Periódicamente él y su hijo Antonio partiendo desde Angol, pasando por Mulchén ascendían al Alto Bío-Bío. El manuscrito incorpora dos hojas, “panfletos”, impresos en 1933, al menos uno de ellos en Concepción, y que llamaban a la toma y/o a la división de los latifundios, incluyendo los de la iglesia católica. Esos panfletos le fueron entregados “por unos afuerinos” a Antonio Cortés el día 15 de junio de 1934, a la altura entre Queupuca y Loncopangue, quienes le aseguraron que la revolución se venía en los términos escritos en los impresos. Constancio Cortés escribe que su hijo llegando a Angol, le mostró los panfletos, y que él de camino a informar al intendente, al pasar por el cuartel del regimiento reparó en que únicamente estaba la guardia. El intendente le señaló que el regimiento estaba en maniobras. Aproximadamente el 04 de julio, Constancio Cortés subió al Alto Bío-Bío, encontrándose nada más que con efectivos de carabineros. Y acercándonos a los puntos cruciales, traigamos a colación una parte del testimonio que nos informó Isidoro Llanos, quien en 1934 era profesor en la escuela de Ránquil, y que además estaba casado con la hija de Herminio Campos Pedraza, uno de los chilenos repatriados desde Argentina, y que al igual que otros de los repatriados, arribaron a la zona con un capital compuesto de ganado. En su testimonio, Isidoro Llanos, nos señaló que en la tarde del 26 de junio fue apresado, permaneciendo detenido en Quilleime hasta el 04 de julio.

Creada la Colonia Agrícola de Ránquil, Campos Pedraza y otros repatriados, fueron ubicados en la parte conocida como Ránquil Alto. Otros socios del sindicato, los que habían sido inquilinos, peones, o trabajadores especializados de San Ignacio de Pemehue, fueron radicados en Ránquil Bajo. Los entrevistados José Ibáñez Labra y Juan Alegría, hijos de los radicados en Ránquil Bajo, y que en 1934 tenían entre 17 a 23 años, no recordaban haber escuchado respecto del accionar del Partido Comunista en la zona, pero sí les resonó el recuerdo que “cuando llegaron los militares esos entraron a arrasar nomás”, señala Ibáñez Labra; “no ve que los paisanos de Ralco se andaban tomando los fundos y haciendo puras fechurías”, señala Alegría. De otro lugar, en el Vol. 2764 del fondo Ministerio de Bienes Nacionales, se conserva una extensa sesión del Consejo Consultivo del Sindicato Agrícola de Lonquimay fechada el 20 de agosto de 1930, la cual, aparte de identificar a cada uno de quienes integraban las cinco secciones del sindicato, también señala los nombres de los socios de la sección Guayalí, y que en esa acta, el consejo consultivo anotó que la dirigencia de la sección Guayalí, estaba representando a otras 250 personas, en su mayoría mapuche, y que habitaban en Ralco, Loncopangue, Queupuca, y otros lugares vecinos, ¿serán esos los mapuche a los que el testimonio oral de algunos de nuestros entrevistados nos recordó, quizá los mismos que antes del 24 de junio – hipotéticamente -se enfrentaron con el ejército enviado desde Angol, los mismos que desde los informes de Contreras Labarca, la poesía, la literatura, y la memoria colectiva de los mapuche, y de algunos de los entrevistados, son recordados como las víctimas de un asesinato colectivo?. El accionar del ejército no lo hemos podido descubrir en la documentación tanto de la Subsecretaría de Guerra, como del Ministerio de Defensa, pero de ser efectivo adjuntaría más pruebas en cuanto a que el gobierno estaba al tanto de los planes para invadir el fundo San Ignacio de Pemehue desde el norte. Un combate con esas características habría forzado otros desenlaces, entre ellos, adelantar el inicio del estallido.

Desde otra arista, no hemos encontrado referencias al estallido del Alto Bío-Bío, en la documentación del dirigente Manuel Hidalgo Plaza, la que se conserva en la Sección Histórica del Archivo Nacional de Chile. Se entiende que no es un dato menor citar los informes de Contreras Labarca e Hidalgo Plaza. En referencia a los informes que Contreras Labarca leyó ante el Buro Sudamericano de la Internacional Comunista en marzo de 1935, y su conversación con el encargado del Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, el 22 de septiembre de 1935 - informes citados en el tomo 3, páginas 17 a 50, y 111 a 125, del Tomo 3 de la publicación: “komintern y Chile 1935-1941”, el más importante es el transcrito entre las páginas 24 a 29, y que Contreras Labarca empieza conceptualizando como: "lucha por la defensa de las reivindicaciones inmediatas de las masas, en defensa de las consignas revolucionarias planteando la perspectiva de ocupación revolucionaria de las tierras de los grandes propietarios". El resto de su informe es el relato del estallido de la violencia, el que se inició antes de julio, fecha informada por Contreras Labarca para el inicio del levantamiento. Por otro lado, el ataque y asesinato de los carabineros que la Sección Guayalí perpetró el 24 de junio en Nitrito, no guardan relación directa con las aseveraciones de Contreras Labarca respecto del “Levantamiento de Lonquimay”, y más bien nos inclinamos a pensar que fue el inicio de la venganza, o sea una de las tesis de lo espontáneo en estallido del Alto Bío-Bío.

El planteamiento central de nuestro libro fue que hubo planificación, pero no exclusivamente la que en 1935 informó Contreras Labarca, sino también del dispositivo militar de gobierno. Siguiendo lo informado por Isidoro Llanos, podemos especular el que la dirigencia que comandaría las operaciones o se restó de participar por la llegada del ejército, o por lo mismo recibieron instrucciones desde Santiago, desde la FOCH, o desde el Partido Comunista u de otros aliados, quizá evaluando la represión que se desencadenaría. Todo lo anterior es otro conjunto de preguntas que siguen en el aire. Empero, tampoco exageremos las consecuencias represivas, porque el estallido de la violencia se produjo, y quienes lo comandaron, bajo pena de muerte obligaron, empezando por la dirigencia del Sindicato Agrícola de Lonquimay a sumárseles al estallido, ¿por qué y para qué? En páginas anteriores hemos indicado a quiénes y por qué se les ajustaría cuentas. En alguna parte de la entrevista, Isidoro Llanos nos dijo haber conversado con Juan Leiva Tapia, y que después del primer combate entre carabineros y colonos; el que se produjo en el puente de Ránquil, el cadáver de Juan Leiva Tapia fue amarrado en las cercanías. Según su testimonio, lo mataron los de la Sección Guayalí. El saqueo de las pulperías fue una consecuencia y no el objetivo primario, y en la misma lógica, el asesinato de los pulperos y sus dependientes; defendieron su propiedad con las armas en la mano.

Para una parte de la historiografía, incluso la conservadora, la explicación ha consistido prácticamente en seguir las afirmaciones de Contreras Labarca, exceptuando obviamente los asesinatos y/o fusilamientos discrecionales y los desaparecidos, los que sí Contreras Labarca expone con tonos trágicos pero combativos, quizá porque esa era la actitud y la postura que un dirigente de su nivel era esperable ante la Internacional Comunista.

Con las excepciones de los trabajos publicados por Germán Palacios, Jaime Flores, Olga Ulianova y Alfredo Riquelme, hasta el momento una las tesis centrales que explican el estallido del Alto Bío-Bío, es que el estallido se produjo como respuesta al desalojo de la colonia de Ránquil ordenado por el gobierno de Alessandri. No siendo falsa, esa tesis es inexacta y engañosa, por cuanto los desalojados fueron los ocupantes de Nitrito.

A mediados de noviembre de 1933 y en el marco de la Asamblea de la Central Socialista de Colonización, la que se efectuó en el teatro Tepper de Temuco, el dirigente Hipólito Méndez Ortíz criticó abiertamente a Juan Leiva Tapia señalando el olvido respecto de los objetivos primarios del sindicato, diciendo que: “el señor Leiva Tapia se ha contentado con obtener 30.000 hectáreas cuando pudo lograr 200.000”. Esas declaraciones fueron remitidas al gobierno, seguramente por infiltrados de la Policía de Investigaciones, y cuyo detalle puede ser consultado en una sub serie documental del Ministerio del Interior agrupada bajo el título de “providencias confidenciales”, las cuales se conservan en el Archivo Nacional de la Administración del Estado de Chile del Siglo XX. Leyendo con detención los informes producidos en el teatro Tepper, la dirigencia del sindicato guardó silencio frente a las acusaciones de estar incumpliendo sus objetivos primarios, aún cuando no disponemos de las actas del sindicato. Hacia abril de 1934, para las familias expulsadas hacia Llanquén, las alternativas eran o quedarse en ese lugar o irse, pero ¿a dónde? Las actividades del Partido Comunista en Temuco desde comienzos de 1933 eran vigiladas por la policía uniformada, y una de ellas fue informada en un oficio reservado que con fecha 28 de febrero de 1933, la Dirección General de Carabineros remitió al Ministerio del Interior. En lo preciso, el oficio indica de la reunión de una célula del Partido Comunista efectuada en una casa del sector céntrico de Temuco y con asistencia de Bernardo Parada y Exequiel Arellano, a objeto de formar un club deportivo cuyo nombre sería Libertad, además de apoyar la labor del partido en la localidad de Cunco, y fortalecer la campaña comunicacional del partido en contra de los planes gubernamentales en pro de morigerar la cesantía. Este oficio puede ser consultado en el volumen N° 8380 del fondo Ministerio del Interior, y nada indica respecto de la situación del Alto Bío-Bío, de los mapuche, o que el accionar del Partido Comunista en la zona excediera la política de masas. Por otro lado, Parada y Arellano no son mencionados en la documentación de Manuel Hidalgo Plaza, aunque el trabajo partidario en Cunco es referido en los informes de Carlos Contreras Labarca.

A finales de 1933, la convivencia política en el Alto Bío -Bío, era en extremo delicada no solo para el gobierno, sino también para la dirigencia del sindicato, más que por el control de las otras cuatro secciones, por la situación de los socios de la sección Guayalí. A este respecto, Isidoro Llanos recuerda que los colonos de Ránquil Alto, ya desde mediados de 1931, se negaron a pagarle cuotas al sindicato.

La formación del Sindicato Agrícola de Lonquimay, y el conflicto de clases agudizado por la expulsión hacia Llanquén, para los abogados de la sucesión Puelma Tupper, únicamente fue “otra revuelta más de inquilinos levantiscos”, siendo el historiador Gonzalo Vial Correa, quien fue más lejos al postular que los hechos de violencia acaecidos en Ránquil, finalmente fueron consecuencia del “conflicto que entre las sucesiones Puelma Tupper y Bunster Gómez tenían por objeto el apoderarse de esa parte del Alto Bío-Bío”.

Aún faltaban décadas para el inicio de la Reforma Agraria, pero la formación de la Colonia Agrícola de Ránquil a partir de las demandas de un sindicato formado por campesinos, y con la sapiencia de un grupo de sus dirigentes, los cuales descubrieron en las leyes y la documentación, que una parte de esos latifundios al estar al sur de la zona austral eran tierras fiscales, además de recibir el apoyo del dictador Carlos Ibáñez del Campo. No olvidemos que la Ley de 08 de agosto de 1874, al establecer la demarcación de un territorio denominado Zona Austral, impidió la expansión del latifundio en la actual novena región, al menos desde el curso del río Malleco hacia el Océano Pacífico, así como la legislación para la Constitución de la Propiedad Austral a contar de 1928, aproximadamente el mismo objetivo tuvieron respecto de la décima región, al menos hasta el río Cruces.

Si en su origen inmediato fue la toma de conciencia de la traición y la sobrevivencia lo que gatilló el ajuste de cuentas y/o la venganza ocurrida en el Alto Bío-Bío, contrariamente las razones de fondo las ha explicado una parte de la historia política de Chile al interior de lo que es más controlable y explicable en la lógica del estado, y en esa opción también está el origen del escamoteo y la tergiversación, sitio en donde han concurrido una parte de la historiografía, la poesía, la dramaturgia, la novelística, el ensayo, y otros etcéteras. Lo que le ha faltado a cada de uno de esos ámbitos de producción intelectual, con las excepciones ya anotadas, ha sido el reconocer la falta de investigación documental en unos, y en otros, del conflicto de clases, o reconocer el evidente exceso de la imaginación artística y literaria, y no obstante su sospecha cierta de una parte de la verdad histórica anidada en la memoria de los pobladores de esa zona, prefirieron construir un relato quizá más por su inclaudicable conciencia y compromiso social, o por su sensibilidad como artistas frente al horror.

Sin embargo, y parafraseando un libro escrito por Elizabeth Lira y Brian Loveman, “Las ardientes cenizas del olvido”, a mediados de 1935 el dirigente comunista José Bascuñan Zurita fue asesinado y arrojado al Bío-Bío, a la altura de Santa Bárbara, quien según se indica en un documento más abajo referido, la última vez que fue visto con vida estaba en compañía de un tal Altamirano y de uno de los integrantes de la familia Sagredo al momento de ingresar a una casa en la localidad de Santa Bárbara. Bascuñán Zurita, según declara su viuda, en 1930 regresó desde el norte salitrero, para sumarse al resguardo y distribución de alimentos en la olla común montada en la población La Legua, lugar donde residía su familia. De las declaraciones ante el Tribunal Popular, no quedan claros los motivos del viaje hacia Laja y Santa Bárbara. Los detalles pueden ser consultados en el Vol. 300, Fondo Varios, Sección Histórica del Archivo Nacional de Chile, en el documento que se titula: “Sumario iniciado por el Tribunal Popular organizado por la clase obrera para averiguar el desaparecimiento del señor José Bascuñán Zurita. Presidente: Carlos Vicuña Fuentes; Secretario: Justiniano Sotomayor; Actuario: Eduardo Landaeta, Santiago, 29 de junio de 1935”. Nuestros reconocimientos a la investigadora Laura Fahrenkrog Cinelli por la referencia documental, la cual es descendiente del pulpero Hardy Fahrenkrog, y quien escribió un libro sobre los sucesos de Ránquil.

Volviendo al punto inicial, Carlos Contreras Labarca, en Moscú, entre los días de 25 a 27 de marzo de 1935, y 22 de septiembre de ese mismo año, informó ante el Buro Sudamericano de la Internacional Comunista respecto de lo que denominó: El Levantamiento de Lonquimay. La importancia que esos informes tienen para la Historia de Chile en el Siglo XX, y para la historia de los comunistas chilenos, es que ha sido la única vez que respecto de los hechos de violencia de Lonquimay, el Partido Comunista de Chile reconoció planificación y ejecución como acción directa a través de la violencia armada, en un territorio, con un propósito y contra un adversario específico. Si hasta donde hoy sabemos, disponiendo de documentos oficiales y testimonios orales con los cuales situar los informes de Contreras Labarca, y si la verdad histórica de sus afirmaciones solamente alcanza para probar planificación, difusión vía panfletos y trabajo político de cuadros seleccionados en la zona de Lonquimay, el hecho de planificar y propiciar el ir de frente contra una fracción de las clases dominantes, no puede sino seguir siendo motivo de sincero orgullo en la historia de los comunistas chilenos. Empero el cambio de estrategia y de tácticas que respecto del latifundio evidencian los informes que entre enero a febrero de 1938 fueron enviados por el Partido Comunista a la coalición de partidos del Frente Popular, insistieron en confiscar los grandes fundos sin indemnización; en aplicar impuestos directos a los grandes latifundios improductivos; entregar más tierras y derechos de propiedad a los mapuche, y liquidar las formas feudales de servidumbre en el campo chileno, aunque por la vía parlamentaria.

Las interrogantes en suspenso, otras u otros las resolverán, empezando por los archivos públicos.

En 1992, la Ex Dirección de Bibliotecas y Museos, inauguró las dependencias del Archivo Nacional de la Administracion del Estado de Chile del Siglo XX, las que conservarán, para la investigación y el acceso informativo, la documentación producida por las instituciones del Estado desde el último cuarto del siglo XIX. Por Ley, el Archivo Nacional de Chile está mandatado a conservar documentación pública y/o privada, entre otras razones, porque todo documentos que se ha conservado, certifica derechos y/o deberes jurídicos.

El trabajo de síntesis que hemos realizado –y cuyos documentación probatoria es inédita, pero que esperamos no lo siga siendo - es un reconocimiento al trabajo de socialización de los archivos públicos producidos en Chile, creación de archivos regionales, y otras tareas que ha producido el Archivo Nacional de Chile, pero también un recordatorio de toda esa documentación asaz valiosa y de alta sensibilidad social que conservan coleccionistas e instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. No produciría acaso un cambio en la formación universitaria, en especial en las mallas curriculares de las Ciencias Sociales el que quienes enseñan vuelvan a los archivos y sometan a prueba su respectiva formación teórica, en especial lo que descubrieron y/o sistematizaron en cursos de pre o post grado. En los pocos archivos que por ley son de público acceso en Chile, y parafraseando a Lenin, los “porfiados hechos”, existen a montones. Desde nuestra posición, el que cada cual, conociéndolos, actúe o no en consecuencia.

Pablo Muñoz Acosta.
Historiador y archivero.
Santiago, marzo de 2023.

Compartir este artículo