Hace unos días la actual Ministra de Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación Ximena Lincolao fue agredida por un grupo de estudiantes. La empujaron, le tiraron agua, la insultaron. Es violencia y no admite matices. Pero el problema no termina ahí. Lo relevante es lo que ocurrió después: la escena en el patio de La Moneda, el presidente rodeado de ministras, la apelación inmediata a la “sororidad”. Más que un gesto espontáneo, fue una decisión comunicacional. Y ahí aparece una pregunta que el feminismo viene formulando hace mucho tiempo: ¿qué significa que una mujer acceda al poder si ese poder no modifica las condiciones de vida de otras mujeres?
La imagen fue eficaz, pero no inocente. No porque las ministras no tengan agencia, sino porque el encuadre reduce un problema estructural a una escena controlada. La sororidad no se decreta ni se activa según la conveniencia política. No es un recurso retórico disponible para responder a una crisis. Es una práctica sostenida que se expresa en decisiones verificables: leyes, presupuesto, institucionalidad, prioridades de gasto. Cuando esas dimensiones no cambian de forma sustantiva, la apelación a la sororidad queda reducida a escenografía.
Conviene hacer una distinción que suele omitirse. La representación tiene al menos dos dimensiones. Una descriptiva, vinculada a la presencia de mujeres en espacios de decisión. Y otra sustantiva, vinculada a la capacidad de esas posiciones para incidir en políticas que alteren desigualdades. La primera importa. Durante décadas, la exclusión de las mujeres de los espacios de poder fue un problema en sí mismo, y su apertura ha tenido efectos en ciertos contextos: ha permitido instalar agendas, priorizar temas antes invisibles y, en algunos casos, impulsar reformas concretas. Pero convertir esa dimensión en criterio suficiente es un error. La presencia puede ser condición necesaria, pero no garantiza resultados.
Ximena Lincolao es la primera mujer con apellido mapuche en un Ministerio. El hecho es relevante y merece ser reconocido como tal. Sin embargo, confundir ese hito con representación efectiva es un salto analítico que no se sostiene por sí solo. Las mujeres mapuche que viven en comunidades rurales, que enfrentan pobreza estructural, dificultades de acceso a servicios básicos y conflictos territoriales persistentes, no ven alteradas sus condiciones por el solo nombramiento de una ministra. Si el acceso al cargo no se traduce en políticas que incidan en esas realidades, entonces la representación es, en el mejor de los casos, parcial. Este no es un juicio sobre la persona, sino sobre el dispositivo político que la sitúa en ese lugar. Los sistemas políticos contemporáneos han desarrollado mecanismos de incorporación selectiva que permiten mostrar diversidad sin modificar sus lógicas de funcionamiento. Es una forma de neutralizar la crítica: se exhibe inclusión mientras se mantienen intactos los mecanismos que producen desigualdad. La literatura lo ha descrito como inclusión simbólica o tokenismo. El patrón es conocido: una figura visible funciona como prueba de apertura mientras el resto del sistema permanece sin cambios sustantivos.
El uso de esa figura no siempre es explícito, pero es efectivo. Frente a cuestionamientos sobre políticas de género o de reconocimiento indígena, la respuesta implícita es que la sola presencia de una mujer, o de una mujer indígena, sería evidencia suficiente de compromiso. Ese desplazamiento del argumento evita discutir lo central: qué decisiones se han tomado, con qué recursos, con qué resultados y para quiénes.
Después de la agresión, parte del debate se desplazó hacia una simplificación funcional: “la izquierda atacó a una mujer mapuche”. Esa afirmación mezcla hechos con interpretación interesada. La violencia debe condenarse sin ambigüedad, independientemente de la posición política de la víctima. Pero usar ese episodio para reposicionar a sectores que han tenido una trayectoria consistente de resistencia a demandas de género o del pueblo mapuche es un movimiento oportunista. Un hecho puntual no redefine posiciones estructurales.
Del mismo modo, la respuesta gubernamental, centrada en la imagen de unidad femenina, evita una discusión más incómoda: si las políticas existentes son suficientes para hablar de avances sustantivos en materia de género. Esa pregunta no se responde con fotografías ni con declaraciones. Se responde con evidencia: evolución de brechas salariales, acceso a cuidados, cobertura de programas de apoyo a víctimas de violencia, participación laboral, condiciones de vida en territorios históricamente postergados. Sin ese tipo de indicadores, la narrativa queda suspendida en el plano simbólico.
El problema de fondo es conceptual y político. Cuando se instala la idea de que la presencia equivale a representación, se bloquea la posibilidad de exigir cambios reales. El poder puede exhibir rostros diversos y, al mismo tiempo, mantener políticas que no alteran la distribución de recursos, derechos o reconocimiento. Esa confusión no es un error accidental. Es funcional a la estabilidad del sistema, porque reduce la presión por transformaciones más profundas.
Las consecuencias son concretas. Las mujeres que esperaban ser representadas no solo siguen enfrentando las mismas condiciones materiales, sino que además se ven interpeladas por una narrativa que afirma lo contrario. Se les dice que ya están incluidas, que los avances son suficientes, que el problema ha sido abordado. Esa operación tiene efectos políticos claros: desactiva la demanda, fragmenta la crítica y desplaza la discusión desde las estructuras hacia los símbolos.
Por eso la distinción entre visibilidad y poder no es retórica. Es analítica. Representación no es ocupar un cargo. Es incidir en decisiones que modifican condiciones de vida. Es trasladar el acceso individual al plano colectivo. Es que la presencia en el poder se traduzca en políticas que reduzcan desigualdades y amplíen derechos de manera verificable. Sin ese desplazamiento, el hito queda encapsulado en una trayectoria personal y no se convierte en cambio estructural.
Nada de esto implica restar gravedad a la agresión sufrida por Ximena Lincolao. Al contrario. Precisamente porque la violencia es inaceptable, no debería ser instrumentalizada ni por quienes la ejercen ni por quienes la incorporan a una estrategia comunicacional. La condena de la violencia es un mínimo democrático. La evaluación de las políticas públicas es otra discusión, que no puede ser anulada por la primera.
Tampoco implica negar el valor de la presencia femenina en espacios de poder. La historia muestra que la apertura de esos espacios ha sido resultado de luchas sostenidas y que su cierre tiene efectos regresivos. Pero de ese reconocimiento no se sigue que cualquier forma de presencia sea suficiente ni que deba suspenderse la crítica sobre lo que se hace con ese poder.
Las mujeres no necesitamos imágenes que nos representen de manera abstracta. Necesitamos políticas consistentes, recursos suficientes y garantías efectivas. Necesitamos que las decisiones adoptadas en los espacios de poder se traduzcan en cambios en sus condiciones de vida. Sin ese vínculo, la representación queda incompleta.
Si el poder no produce ese tipo de efectos, entonces no hay representación en sentido pleno. Hay visibilidad. Y la visibilidad, por sí sola, no altera la desigualdad. Es, en el mejor de los casos, un punto de partida. Nunca una evidencia suficiente.
Marybel Fuentemavida Vasquez es Ingeniera en Administración pública y municipal y Magister en metodologías críticas para la investigación social
