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Wallmapu libre: 500 años de lucha. Por Alejandro Herrera

Desde la huelga de hambre realizada por el machi Celestino Córdova y otros presos políticos del pueblo mapuche, quienes han padecido una persecución sostenida hacia sus dirigencias públicas y consecuencia de ello, muchos están privados de libertad.

Las acciones de solidaridad del pueblo mapuche con quienes se encuentran en huelga de hambre han incluido la toma de edificios municipales en Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria. La visita del nuevo ministro del interior el viernes 31 de julio, Víctor Pérez, que volvió a instalar la discusión sobre el terrorismo en la región, realizó llamados al desalojo y “aportó”, su mirada policial, solo sirvió para agudizar el conflicto y la noche del 01 de agosto, se produjo un desalojo de los edificios ocupados que involucró una acción conjunta de Carabineros y civiles armados.

El Estado de Chile ha tenido una relación sistemática con el pueblo mapuche desde una postura colonialista y racista durante toda nuestra historia independiente. En el siglo XIX, aquello que nos enseñaron en el colegio como “la pacificación de la Araucanía” con la figura del coronel Cornelio Saavedra como el pacificador, fue una guerra de ocupación del territorio mapuche. La usurpación de sus tierras, en beneficio de terratenientes y la concentración de la propiedad en beneficio de pocas familias, es quizá el tema de fondo de la reivindicación del pueblo mapuche.

Son casi 2 millones de hectáreas en manos de dos forestales, la de los Matte y Angelini. La militarización del Wallmapu para defender los intereses de estas familias y la criminalización de la lucha del pueblo mapuche, son también obra de los gobiernos de la concertación, incluso bajo el gobierno de la nueva mayoría, se llevó a cabo la operación Huracán, a cargo de un subsecretario militante del partido socialista como Aleuy. En este periodo la machi Francisca Linconao estuvo presa por meses, invocando el gobierno la ley anti terrorista.

La acción de grupo de civiles armados en el desalojo de los municipios, demuestra una vez más, la peligrosa subordinación de carabineros, y las FFAA en general, a los intereses de la ideología dominante, de las elites. Lo vimos durante el estallido social, como carabineros protegía marchas de estos grupos en el sector oriente de la capital, que incluso hacían ostentación de armas de fuego. Para ellos no había detención, ni control de identidad, Una policía de clase al servicio de la oligarquía.

Los gobiernos del duopolio, post dictadura, definieron como política ´publica hacia el pueblo mapuche que su gran problema era la pobreza, por tanto, el conflicto mapuche requería de subsidios, becas, bonos, todas medidas bajo el paradigma neoliberal de la focalización, de que “mejoren sus condiciones materiales”, pero no abordando los temas políticos, que de eso se trata al final, tales como el reconocimiento constitucional, la autodeterminación o la plurinacionalidad.

Claro, es mejor las becas, los subsidios, pero no los derechos políticos colectivos, como lo aborda el convenio 169 de la OIT firmado por chile. Estamos en un proceso constituyente inédito en la historia de Chile. Tenemos la posibilidad de establecer un pacto social, por vez primera, con la participación democrática de todos. Un proceso para el que hemos conquistado paridad, lista de independientes y escaños reservados para pueblos originarios, factores que elevan el estándar democrático del proceso constituyente.

Los mecanismos que permitirán a los pueblos indígenas a participar en pleno derecho del proceso constituyente a través de sus propios actores políticos no están definidos y es necesario que el Estado avance en su reconocimiento y definiciones de participación.

El plebiscito se conquistó empujando las transformaciones con el pueblo movilizado en la calle, pero también en la lucha en el plano institucional donde se logró doblegar a la derecha y sectores reaccionarios a abrirse a un proceso constituyente que derive en una nueva Constitución.

En este momento constituyente, tendremos la posibilidad de disputar el carácter del Estado que queremos en diversas materias, como la seguridad social, la descentralización y el régimen ´político (¿presidencialismo, parlamentarismo, congreso unicameral?) entre otras materias. Pero también tenemos la posibilidad de reconocernos como un pueblo diverso, plurinacional y empezar a cambiar la mirada colonialista y racista hacia nuestros pueblos originarios.

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