La victoria del #SíalYasuní trae lecciones para la sociedad peruana que en su mayoría desconoce de la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y de su enorme aporte para el equilibrio climático del planeta.
El domingo 20 de agosto fue un día histórico, no sólo para el Ecuador, sino para el mundo entero. El 58,97 % de los/as ecuatorianos/as se manifestó a favor de detener la actividad petrolera en el Bloque 43, conocido también como ITT (por los nombres de sus campos: Ishpingo, Tambococha y Tiputini), protegiendo así al Yasuní y sus pueblos. Sin duda, este resultado nos habla de la madurez y conciencia ambiental y social de la ciudadanía ecuatoriana y constituye un punto de inflexión en nuestra región, la misma que atraviesa un nuevo ciclo de intensa promoción de actividades extractivas por parte de los Estados. Esto último, pone en evidencia una contradicción con sus compromisos internacionales ambientales para hacer frente a la crisis climática, incluso a menos de un mes de haberse comprometido en la Cumbre Amazónica en Belém do Pará (Brasil) a la “protección de la Amazonía” de cara a la próxima COP28.
En contraste a la victoria conseguida en Ecuador, el Perú va muy atrás en materia de reconocimiento y protección de derechos de la naturaleza y de las naciones indígenas. Por esta razón, tomamos con esperanza este hito y apuntamos a que esta ola ecuatoriana tenga impacto en el Perú.
Yasuní, además de ser uno de los lugares más biodiversos del planeta, es el territorio compartido por varios pueblos indígenas entre ellos los waorani, kichwa y familias en situación de aislamiento (de filiación waorani), conocidas como Tagaeri y Taromenane. Dentro de estos últimos, hay en realidad varios otros de los cuales conocemos muy poco o desconocemos por completo y que viven a ambos lados de la frontera común entre Ecuador y Perú. Estos pueblos transfronterizos, hacen uso del territorio sin conocer y por lo tanto, sin tomar en cuenta la existencia de la frontera entre los Estados. Los pueblos aislados en ambos países se enfrentan a problemas similares. Por ejemplo, comparten la amenaza de la explotación petrolera en sus territorios. Al ser pueblos aislados, su vida y continuidad como grupo depende de manera absoluta e inequívoca del perfecto estado de conservación del bosque. Algunos especialistas los consideran pueblos “ecosistémicos” debido a este alto grado de interdependencia con los ecosistemas. Viven exclusivamente de su aprovechamiento e incluso su vida, su cultura, su cosmovisión se organizan en torno a ello y muchos otros aspectos que la sociedad mayoritaria ignora. Estas características, convierten a los pueblos indígenas aislados, en los mayores defensores de los bosques que habitan y por lo tanto, de manera inherente, en fuerza fundamental en la lucha para mitigar el cambio climático.
En este contexto, para Ecuador se abre una nueva etapa, de respeto a los derechos de estos pueblos, pero además, se da el primer paso en un camino post-extractivista que comenzará con el retiro de la actividad hidrocarburífera y la ejecución de las actividades necesarias para la protección efectiva del Yasuní y la concreción del buen vivir para sus pueblos. Esto sin duda requerirá la participación y acuerdo entre las naciones indígenas, sus organizaciones, el Estado (el nuevo gobierno) y la sociedad civil en su conjunto. Mientras tanto, el Perú continúa sumergido en una vorágine de múltiples crisis políticas, lo cual si bien afecta a toda la ciudadanía, conlleva mayor complejidad para los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, las que se encuentran en la primera línea de defensa de sus territorios y derechos.
Recién en el 2022, el Estado peruano decretó el reconocimiento oficial, en esa zona de la frontera, de los pueblos indígenas Tagaeri, Taromenane, Aewa, Sapara y Taushiro, quienes habitan en lo que se proyecta como Reserva Indigena Napo-Tigre. Absurdamente, este reconocimiento demoró cerca de 20 años y la definición y protección efectiva de sus territorios se ve todavía lejana. Adicionalmente, el reconocimiento de la existencia de los pueblos aislados del Napo-Tigre despertó una campaña desinformativa y política impulsada por un sector del empresariado de la región Loreto. Por sus vínculos a la explotación de petróleo, madera, monocultivos de la palma aceitera, empresas constructoras, etc., se agremiaron para cuestionar varias políticas estatales de derechos humanos que tanto costó conquistar a los movimientos sociales; entre ellas la de protección de los pueblos en aislamiento. Estos colectivos niegan que los pueblos aislados existan, cuestionan los rigurosos estudios que justifican reconocer su existencia y sus territorios, detallados en la Ley 28736 de 2006. Esta retahíla ha tenido acogida en primer lugar por el Gobierno Regional de Loreto, el que a la par que asume compromisos climáticos y de protección de derechos, y luego por diversos políticos del ámbito nacional.
No obstante, existe una gran diferencia en cuanto a la batería de acciones legales y campañas políticas activadas en el lado peruano. Por ejemplo, la petrolera Perenco, que opera los Lotes 39 y 67 (que se observan en el mapa y que se encuentran en el área de la futura reserva indigena), accionó en contra del Decreto Supremo del 2022 que reconoce la existencia de los aislados del Napo Tigre. Paralelamente, un grupo de comunidades, cooptadas por la empresa, presentaron dos demandas en la misma línea.
En ese sentido, como consecuencia de la campaña que busca el retroceso de derechos humanos, un congresista presentó un proyecto de ley, con el objeto de debilitar la ley N 28736 la cual desarrolla los derechos constitucionales de los pueblos aislados y las obligaciones del Estado para su protección. Este proyecto de ley motivó 14 informes de organizaciones indígenas, entidades estatales especializadas, la academia y otras instancias de la sociedad civil, advirtiendo sobre las nefastas consecuencias sobre la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento en toda la Amazonía peruana. Por supuesto, no fue casualidad que la justificación de dicho proyecto de ley se centre en cuestionar los avances de la creación de la Reserva Indígena Napo-Tigre. Esto da señales del poder de agencia del sector petrolero y de los actores económicos que se beneficiarían de la apertura de los territorios indígenas.
Las organizaciones indígenas amazónicas con mucho esfuerzo lograron que la empresa Perenco desistiera de su demanda y el proyecto de ley fuese archivado, tras reunir más de 500 mil firmas a nivel mundial en menos de una semana, manifestando así el rechazo al proyecto de ley. Sin embargo, varias de las demandas continúan avanzando y hay un reciente anuncio de resucitar el proyecto de ley en cuestión.
Con estos antecedentes, queda clara la necesidad de acciones de protección conjunta y coordinada del territorio continuo, por parte de ambos países. Con base en esto, las organizaciones indígenas lideradas por ORPIO (Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente) y AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana), apoyadas por la Alianza Cuencas Sagradas y otros aliados, han propuesto la creación del Corredor Binacional Yasuní/Napo-Tigre. La identificación de este corredor ubicado en el corazón de las Cuencas Sagradas, responde al uso que realizan los pueblos aislados antes señalados y no se rige por criterios antojadizos como diversos actores peruanos afirman.
Como podemos ver, a pesar de la contundente victoria ecuatoriana en las urnas, será necesaria la vigilancia y presión de las organizaciones indígenas amazónicas y de la sociedad civil en su conjunto. El #SíalYasuní trae vientos de esperanza y renovación, y posiciona al Ecuador en un sitial inmejorable de cara a liderar el diálogo en torno al no uso de combustibles fósiles y al acceso a recursos para el desarrollo de una economía socialmente más justa y en favor de la vida. Esperemos que el Perú y otros países de la región amazónica, sean capaces de asimilar este ejemplo, por el bien de la humanidad.
*Guisela Loayza es asesora legal de la Iniciativa Cuencas Sagradas. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.
*Eduardo Pichilingue Ramos es el Coordinador de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas en Perú y Director de Pachamama Alliance Perú
