Hay lugares de Chile donde el progreso llega vestido de chimeneas.
Promete trabajo, crecimiento, energía y modernidad. Se presenta con planos, cifras y palabras que parecen incuestionables. Pero, con el paso de los años, el humo permanece, el mar cambia, la tierra pierde fertilidad y los cuerpos comienzan a expresar aquello que las estadísticas tardan demasiado tiempo en reconocer.
Entonces, el progreso toma distancia.
Los beneficios viajan. La energía alimenta ciudades lejanas. Las materias primas cruzan fronteras. Las utilidades se contabilizan en oficinas ubicadas fuera del territorio. Los costos, en cambio, se quedan a vivir junto a las comunidades.
Se quedan en el aire que respiran los niños. En la mujer que acompaña a su hijo a urgencias. En el pescador que observa un borde costero que ya no reconoce. En la persona mayor que recuerda cuando la tierra producía y el mar alimentaba. En la familia que no puede abandonar su vivienda, pero tampoco puede asegurar que permanecer en ella sea saludable.
A esos lugares los llamamos zonas de sacrificio.
La expresión incomoda porque contiene una verdad difícil de disimular: para que exista un territorio sacrificado, alguien debió considerar que ese territorio podía sacrificarse. No necesariamente mediante una decisión única, pública y explícita, sino a través de décadas de autorizaciones fragmentadas, fiscalizaciones insuficientes, silencios administrativos y promesas de reparación aplazadas.
El sacrificio no ocurrió en un solo día. Fue construido.
La geografía de los costos
Quintero-Puchuncaví es probablemente el rostro más visible de esta historia, pero no es una excepción. Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel también han sido reconocidas como zonas donde se concentran instalaciones industriales y cargas ambientales desproporcionadas.
En estos territorios conviven termoeléctricas, fundiciones, refinerías, puertos, depósitos de combustibles, industrias químicas, pesqueras, cementeras y otras actividades estratégicas para la economía nacional. La acumulación no solo modifica el paisaje. Transforma las relaciones sociales, las economías locales, la salud de la población y la posibilidad de imaginar un futuro distinto.
Durante años, cada industria pudo ser evaluada como si estuviera sola. Sin embargo, las comunidades nunca respiraron emisiones separadas en expedientes administrativos. Nunca recibieron una sustancia por vez ni experimentaron los proyectos de manera aislada.
El cuerpo recibe la suma.
El territorio también.
Esta diferencia entre la forma en que las instituciones administran los impactos y la forma en que las personas los viven constituye una de las principales fallas de la gestión ambiental chilena. Mientras el Estado divide competencias entre organismos, la población enfrenta una sola realidad: aire, agua, suelo, trabajo, salud, vivienda y vida comunitaria formando parte del mismo problema.
El desastre no es únicamente el episodio visible, la nube que obliga a suspender las clases o la emergencia que llena un servicio de urgencia. El desastre es el proceso territorial que permitió acumular amenazas, vulnerabilidades y desigualdades hasta convertir la exposición cotidiana en una condición aparentemente normal.
Y cuando el daño se normaliza, también comienza a normalizarse la injusticia.
La enfermedad que no aparece en los balances
La economía suele hablar con precisión de producción, inversión, empleo y crecimiento. Es menos rigurosa al calcular el precio de una infancia expuesta a contaminación, de una enfermedad respiratoria recurrente o de una comunidad que vive esperando el próximo episodio crítico.
Ese costo existe, aunque no aparezca en los balances de las empresas.
Lo pagan las familias cuando deben trasladarse para recibir atención. Lo paga la atención primaria cuando recibe una y otra vez las consecuencias de exposiciones que no puede controlar. Lo pagan los hospitales, las escuelas, los municipios y las personas que pierden jornadas laborales. Lo paga el Estado cuando debe responder tardíamente a un daño que pudo prevenir.
Pero también se paga de otras maneras.
Se paga cuando una familia deja de confiar en el agua, en el aire o en la información oficial. Cuando una madre aprende a reconocer síntomas que ningún padre debiera considerar normales. Cuando una comunidad se acostumbra a vivir bajo alerta y la incertidumbre deja de ser excepcional para convertirse en parte de la vida diaria.
La evidencia científica ha descrito contaminación por metales pesados en suelos de Quintero y Puchuncaví, con riesgos especialmente relevantes para la población infantil. También se han investigado mecanismos de daño oxidativo asociados con estas exposiciones. La Organización Mundial de la Salud ha destacado los desafíos ambientales enfrentados por escolares de estas comunas.
Sin embargo, la salud no puede reducirse a una medición aislada de sustancias ni a una relación clínica simple entre contaminante y enfermedad.
La exposición ocurre sobre cuerpos concretos. Algunos son más vulnerables debido a la edad, enfermedades previas, condiciones laborales, pobreza, precariedad habitacional o dificultades de acceso a la atención sanitaria. La misma amenaza no produce las mismas consecuencias en todas las personas, porque el territorio tampoco distribuye de manera igualitaria la capacidad de protegerse.
Quien cuenta con recursos puede instalar filtros, trasladarse, consultar de manera privada o incluso abandonar la zona. Quien depende de su trabajo, de una vivienda heredada o de redes familiares locales tiene un margen de decisión mucho menor.
La contaminación sigue así las huellas de la desigualdad.
No se instala en cualquier parte ni afecta a todos por igual.
La salud mental de un territorio herido
Existe, además, un daño que rara vez ocupa el centro de las evaluaciones: el deterioro de la salud mental comunitaria.
Vivir durante años bajo la posibilidad de una nueva emergencia produce miedo, rabia, frustración, inseguridad y agotamiento. Las personas no solo temen enfermar. También sienten que deben demostrar continuamente que su experiencia es real, que sus síntomas importan y que su territorio merece protección.
La incertidumbre prolongada erosiona la vida cotidiana. Puede alterar el sueño, aumentar la ansiedad, profundizar cuadros depresivos y tensionar las relaciones familiares. También puede producir una forma de cansancio colectivo: la sensación de haber marchado, denunciado, participado y declarado demasiadas veces sin conseguir cambios proporcionales a la gravedad del problema.
No existe salud mental sin seguridad ambiental. Tampoco existe recuperación comunitaria cuando las fuentes del daño continúan presentes o cuando las instituciones responden únicamente durante la emergencia.
A esto se agrega la pérdida cultural.
Cuando se deteriora la pesca artesanal, no desaparece solamente un ingreso. También se pierde conocimiento transmitido entre generaciones. Cuando el suelo deja de producir, no disminuye únicamente una actividad económica: se rompe una relación histórica con la tierra. Cuando una playa deja de ser un lugar seguro, la comunidad pierde parte de su memoria y de su espacio de encuentro.
Los territorios también enferman.
Enferman cuando sus habitantes dejan de confiar en aquello que los rodea; cuando la memoria del lugar entra en contradicción con su presente; cuando permanecer significa exponerse y marcharse significa perder pertenencia.
Por eso, la reparación no puede limitarse a controlar emisiones. Debe recuperar vínculos, economías locales, ecosistemas, confianza institucional y capacidad comunitaria para decidir sobre el futuro.
Democracia para algunos territorios
Una democracia no se mide solamente por la existencia de elecciones. También se mide por la capacidad efectiva de las personas para influir sobre las decisiones que determinan sus condiciones de vida.
En las zonas de sacrificio, esa capacidad ha sido profundamente desigual.
Las empresas cuentan con equipos técnicos, consultores, abogados y recursos para participar en los procesos administrativos. Las comunidades suelen responder mediante trabajo voluntario, después de cumplir sus jornadas laborales y atender responsabilidades familiares. Deben aprender lenguaje jurídico, sanitario y ambiental para defender derechos que, en teoría, ya deberían estar garantizados.
Considerar que existe igualdad porque todos pueden presentar observaciones es confundir procedimiento con democracia.
La participación solo es significativa cuando ocurre antes de las decisiones fundamentales; cuando existe acceso a información completa y comprensible; cuando las comunidades cuentan con asesoría técnica independiente; y cuando sus observaciones pueden modificar, detener o condicionar un proyecto.
Informar no es lo mismo que consultar. Consultar no equivale a permitir que la comunidad decida. Escuchar tampoco basta si la autoridad puede continuar actuando como si nada hubiese sido dicho.
En 2019, la Corte Suprema reconoció vulneraciones de derechos fundamentales relacionadas con los episodios de contaminación de Quintero y Puchuncaví y ordenó diversas medidas a organismos públicos. Años después, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió que persistían deficiencias en el monitoreo de contaminantes. En 2023, la Corte Suprema volvió a acoger una acción vinculada con un episodio ocurrido en 2022.
La repetición no es un detalle.
Cuando una comunidad debe recurrir reiteradamente a los tribunales para conseguir que el Estado cumpla su función protectora, existe una falla institucional que excede el ámbito ambiental. Lo que se deteriora es el vínculo democrático entre ciudadanía y Estado.
Las instituciones aparecen durante la crisis, pero las comunidades viven allí todos los días.
Esa diferencia de tiempo también es una diferencia de poder.
La economía que se lleva los beneficios
Las zonas de sacrificio permiten observar una contradicción central del desarrollo chileno: la riqueza se produce territorialmente, pero no necesariamente permanece en los territorios que la generan.
La energía, los minerales y los productos industriales sostienen actividades nacionales y cadenas internacionales. Sin embargo, las comunas que soportan estos procesos no siempre reciben infraestructura, servicios sanitarios, diversificación económica o protección social equivalentes al valor que aportan.
Se produce una transferencia silenciosa.
Los beneficios se distribuyen ampliamente o se concentran empresarialmente. Los perjuicios se localizan.
En términos económicos, esto constituye una externalización de costos. En términos humanos, significa que algunas familias financian con su salud una parte del crecimiento del país.
El empleo es utilizado con frecuencia como argumento definitivo. Y es cierto que una clausura improvisada puede generar cesantía, pobreza y ruptura social. Pero proteger el empleo no puede significar condenar a una población a convivir indefinidamente con el daño.
Obligar a escoger entre salario y salud no es ofrecer una elección. Es administrar una dependencia.
Una transición justa debe comenzar antes del cierre de las instalaciones. Requiere formación laboral, protección de ingresos, inversión pública, apoyo a pequeñas empresas, recuperación de actividades tradicionales, creación de empleos de calidad y participación de los trabajadores y las comunidades.
Cerrar una industria sin reparar el territorio puede transformar el sacrificio ambiental en abandono económico. Mantenerla funcionando sin reducir de manera efectiva los riesgos perpetúa la enfermedad. La salida no está en escoger entre ambas formas de daño, sino en construir una alternativa que proteja simultáneamente la vida y el trabajo.
Cambiar el nombre no basta
Actualmente se habla de “territorios en transición”. La expresión puede abrir una oportunidad, pero también encierra un riesgo.
Cambiar el nombre de una zona de sacrificio no elimina la deuda acumulada.
Una transición verdadera no puede medirse solamente por el cierre de una termoeléctrica o por la reducción de determinados contaminantes. Debe considerar los suelos degradados, el borde costero afectado, las enfermedades, la pérdida de actividades económicas y la desconfianza instalada durante décadas.
Tampoco basta con reemplazar una industria contaminante por otra presentada como sostenible. La transición energética podría reproducir las mismas desigualdades si las nuevas infraestructuras se concentran nuevamente en territorios con menor poder político.
La tecnología puede cambiar mientras permanece intacta la estructura del sacrificio.
Una transición justa debe preguntar quién decide, quién obtiene los beneficios, quién asume los riesgos y qué capacidades quedan instaladas localmente. Si las respuestas continúan siendo las mismas, la transición será energética, pero no democrática.
Reparar es más que dejar de contaminar
Chile necesita una política nacional de reparación para los territorios afectados por contaminación industrial.
Reparar significa, en primer lugar, reconocer el daño. No como un hecho excepcional ni como una suma de episodios inconexos, sino como una deuda sanitaria, ambiental, económica y democrática.
Ese reconocimiento debe traducirse en acciones verificables: vigilancia epidemiológica de largo plazo, seguimiento de las personas expuestas, atención especializada accesible, fortalecimiento de la atención primaria y programas permanentes de salud mental comunitaria.
La población no puede seguir cargando con la obligación de probar individualmente el origen exacto de cada enfermedad mientras enfrenta exposiciones que las instituciones no midieron de manera suficiente.
Reparar también implica recuperar ecosistemas, descontaminar suelos y sedimentos, proteger las fuentes de agua y establecer sistemas independientes de vigilancia ambiental. La información debe ser pública, oportuna y comprensible. No basta con acumular datos si las comunidades no pueden interpretarlos ni utilizarlos para protegerse.
En el ámbito económico, se necesitan fondos de transición territorial, diversificación productiva y reconversión laboral planificada. Las empresas responsables deben participar en el financiamiento de la reparación, sin sustituir las obligaciones fiscalizadoras y protectoras del Estado.
También debe modificarse la evaluación ambiental. Los proyectos no pueden continuar analizándose como unidades aisladas cuando se instalarán en territorios que ya soportan múltiples cargas. Deben considerarse los efectos acumulativos y sinérgicos, la vulnerabilidad social, la situación sanitaria previa y los límites ecológicos del lugar.
Sobre todo, reparar significa devolver poder de decisión.
Las comunidades deben participar de manera vinculante en la construcción, ejecución y evaluación de los planes. Deben contar con recursos para producir conocimiento propio, contratar asesoría independiente y fiscalizar los compromisos asumidos.
No se trata de pedirles que colaboren con decisiones adoptadas en otro lugar. Se trata de reconocerlas como sujetos políticos capaces de definir el destino de sus territorios.
Ningún territorio es descartable
Durante décadas se nos enseñó que contaminar era el costo inevitable del desarrollo. Como si la enfermedad fuese una moneda legítima. Como si algunos cuerpos pudieran incorporarse al precio de la energía. Como si el progreso necesitara, por naturaleza, una periferia donde esconder sus consecuencias.
Pero ningún territorio nace para ser sacrificado.
No existe comunidad descartable ni población cuya salud pueda intercambiarse legítimamente por indicadores de crecimiento.
Una democracia no puede considerarse plenamente desarrollada mientras algunos habitantes deban elegir entre conservar su empleo o proteger su salud; entre permanecer en el lugar al que pertenecen o alejar a sus hijos de una amenaza; entre aceptar la contaminación o enfrentar el abandono.
Las zonas de sacrificio no son una falla accidental del modelo. Son el lugar donde el modelo deja de ocultar sus costos.
Allí podemos observar la distancia entre economía y bienestar, entre participación y poder, entre crecimiento y justicia. También podemos reconocer que el daño ambiental nunca es solamente ambiental: atraviesa los cuerpos, las relaciones, los trabajos, las memorias y la confianza en las instituciones.
El desarrollo que necesita enfermar a una parte de la población no es desarrollo. Es una deuda presentada como progreso.
Chile debe dejar de preguntarse cuánto crecimiento podría perder si protege a estas comunidades. La pregunta correcta es otra: ¿cuánto de su democracia está dispuesto a perder un país que acepta la existencia de territorios sacrificables?
No basta con cerrar chimeneas. Hay que abrir posibilidades.
No basta con medir contaminantes. Hay que cuidar a quienes estuvieron expuestos.
No basta con prometer una transición. Hay que reparar la historia que la hizo necesaria.
Y no basta con escuchar a las comunidades cuando el humo vuelve a ocupar el cielo. Hay que reconocer su derecho a decidir, mientras el cielo todavía está despejado, qué clase de futuro desean construir bajo él.
Fuentes consultadas
1. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Zonas de sacrificio en Chile: Quintero-Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco. Componente industrial y salud de la población. Asesoría Técnica Parlamentaria, 2022. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33401/1/BCN_Zonas_de_sacrificio_en_Chile_2022_FINAL.pdf
2. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Misión de Observación: zona de Quintero y Puchuncaví. 2018. https://bibliotecadigital.indh.cl/items/afcc550d-15fc-4245-a5f7-829dc8e3fec2
3. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quintero y Puchuncaví: intoxicación masiva y el colapso de una zona de sacrificio. Proyecto Rehuir el Olvido. https://rehuirelolvido.indh.cl/caso/quinteropuchuncavi/
4. Instituto Nacional de Derechos Humanos. INDH detectó que, a cuatro años del fallo de la Corte Suprema, la zona de Quintero-Puchuncaví aún no contaba con un sistema suficiente de medición de contaminantes. 2023. https://www.indh.cl/indh-detecto-que-a-cuatro-anos-de-fallo-de-suprema-zona-de-quintero-puchuncavi-aun-no-cuenta-con-sistema-de-medicion-de-contaminantes/
5. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Corte Suprema acogió recurso de protección del INDH por episodio de contaminación ocurrido en 2022 en Quintero y Puchuncaví. 2023. https://www.indh.cl/corte-suprema-acogio-recurso-de-proteccion-del-indh-por-episodio-de-contaminacion-ocurrido-en-2022-en-quintero-y-puchuncavi/
6. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Visita a Chile: informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Documento A/HRC/55/43/Add.1, 2024. https://digitallibrary.un.org/record/4036105/files/A_HRC_55_43_Add.1-EN.pdf
7. Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Decreto Supremo N.º 105/2018. https://ppda.mma.gob.cl/valparaiso/ppda-concon-quintero-puchuncavi/
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11. Organización Mundial de la Salud. Healthy Environments for Children Alliance Network: Exposure to environmental pollution in schools of Puchuncaví, Chile. 2024. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/childrens-environmental-health/hecanet-march-april-2024-final.pdf
12. Hervé Espejo, D. “Determinación de reglas y criterios de justicia ambiental en el ejercicio de las potestades de fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental”. Revista de Derecho Ambiental, 2023. https://www.scielo.cl/pdf/revda/n19/0719-4633-revda-19-00009.pdf
13. Pinto, A. P. et al. “Zonas de sacrificio y recuperación socioambiental en Chile: fallas y oportunidades de los PRAS”. Ambiente & Sociedade, 2023. https://www.scielo.br/j/asoc/a/JdDjvNrLpBJwKYfppfDBWB/
14. Bolados García, P. “Conflictos socioambientales/territoriales y el surgimiento de identidades postneoliberales”. Izquierdas, 2016. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50492016000600102&script=sci_arttext
15. Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). Los desafíos de la contaminación atmosférica en la bahía de Quintero-Puchuncaví. Informe para políticas públicas, 2023. https://www.cr2.cl/eng/policy-brief-cr2-the-challenges-of-air-pollution-in-the-quintero-puchuncavi-bay/
Pablo Andrés Guerra Cisternas
Médico General | Enfoque en GRD y trabajo comunitario | Director Instituto de Riesgo Territorial
