El debate educativo actual tiene varias aristas que complejizan su compresión por parte de la ciudadanía. Principalmente, presenciamos las maniobras del gobierno de la Nueva Mayoría que ha planteado modificaciones y anuncios desarticulados que sólo permiten hacer análisis parciales. Por otra parte, las medidas aisladas, aunque afirman fortalecer la educación pública, lo hacen desde una interpretación tan ambigua de “lo público”, que terminan fortaleciendo el supuesto “aporte público” de los establecimientos privados.
A nivel comunicacional, el gobierno ha concentrado su discurso en defensa de la libertad de elección, la libertad de enseñanza y un sistema de provisión mixta. Este argumento es ahistórico y conservador. En la práctica, consagra la extinción de la educación pública[2] que se inició desde principios de los años ‘80 y que fue intensificada bajo los gobiernos de la Concertación. Si bien en Chile siempre ha estado presente la educación privada, el sistema educativo previo a la instalación de la dictadura era preferente y mayoritariamente público.
Existe amplia evidencia que el sistema escolar está altamente segregado, que continúa el declive de la matrícula y de establecimientos de la educación municipalizada y, de forma paralela, se aumenta y fortalece la oferta privada. Además, se ha desdibujado un proyecto educativo público, inclusivo, integral y con pertinencia social en las escuelas municipales, en reemplazo se consolida uno competitivo, estandarizado y segregador, que invade incluso al sistema municipal. Es por esto que se torna relevante señalar que no hay una educación pública que defender, sino una educación pública que debemos reconstruir.
Existe una falta de perspectiva sobre dónde debiese apostar un proceso de reconstrucción de lo Público. El gobierno ha generado llamados a “participar” que son abstractos, improvisados, y desconocen la historia de organización y de generación de propuestas del movimiento social por la educación.[3] Esto no es nuevo y reflota las maniobras del bloque hegemónico, tales como el consejo asesor presidencial desarrollado desde el 2006 y que concluyó con el acuerdo por la calidad de la educación del 2007, el que a su vez dio lugar a la Ley General de Educación, celebrada con las manos tomadas por dirigentes políticos desde la UDI hasta el Partido Socialista[4].
Nos encontramos frente a dos agendas. Una, de carácter formal, establecida principalmente por el Ministerio de Educación, pero también instalada por los centros de opinión pública, partidos políticos y, en general, por la elite religiosa y empresarial que se encuentra tanto dentro como fuera del espacio educativo y que a su vez hacen parte del gobierno. Por otra parte, los movimientos sociales han levantado otra agenda con criterios y propuestas para la construcción de una educación pública que sea pertinente para las mayorías[5]
Algunas Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública
Desde la experiencia de los actores sociales movilizados, hemos recopilado una serie de propuestas esenciales para fortalecer la educación pública, pero no de cualquier tipo, sino aquélla que sea pertinente para las comunidades, participativa, democrática e inclusiva y que derechamente confronte la hegemonía neoliberal.
1. Descentralizar y territorializar la nueva educación pública. Esto implica contar con la institucionalidad adecuada que permita implementar las políticas educativas a cada contexto, y cuente con las condiciones para dar respuesta rápida y oportuna a las necesidades educativas de cada localidad y, al mismo tiempo, facilite la participación activa de la comunidad educativa en las definiciones curriculares, de gestión y administración en cada establecimiento.
2. Refundar una educación pública participativa. Es necesario eliminar todas las trabas a la participación: en el caso de la educación básica y secundaria, se deben modificar los consejos escolares, para que se tornen resolutivos; para el caso de la educación terciaria, se deben derogar los decretos que inhiben la participación. En ambos casos, es primordial construir todas las condiciones para garantizar una participación efectiva. Es importante superar la idea de la participación formal y apostar a una participación sustantiva, democrática, verificable, con control comunitario. Para ello es fundamental construir condiciones para la participación, es decir, otorgar los espacios de deliberación, con la representatividad adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa, financiamiento y tiempo adecuado, para generar espacios realmente resolutivos.
3. Generar una educación pública que sea de construcción colectiva y propuesta permanente, en contraposición a soluciones tecnocráticas desvinculadas de la realidad local. En este sentido, proponemos que debiera levantarse un debate amplio y constituyente de la educación, permanente y legitimado desde el plano local, que se pronuncie sobre temas como: el significado de la libertad de enseñanza, los alcances del derecho a la educación, y el proyecto educativo nacional, el rol del Estado, entre otros temas.
4. Construir un nuevo currículum para la Educación pública. Esto conlleva deliberación y reflexión con las grandes mayorías. Debe referirse a qué tipo de ser humano y qué tipo de convivencia se pretende en la escuela y en el conjunto de la sociedad. Un currículum fruto de este proceso de trabajo con las comunidades debe ser de carácter situado, pertinente, integral y en permanente revisión y discusión.
5. Construir un sistema nacional articulado en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Esto va en contra de la idea de mercantilización y la fragmentación educacional, que permite un amplio, diverso, y complejo negocio educativo, en todas sus etapas y áreas de especialización. Además, un sistema educacional de estas características permite que las luchas y movilizaciones se hagan desde la unidad de los trabajadores y estudiantes y no solamente de manera gremial o aislada.
6. Desestandarizar la educación. Eliminar el SIMCE, porque es una medida de competencia en el mercado, y para el control gerencial de los colegios y los actores educativos. Es necesario cambiar el paradigma actual que se sostiene sobre la base de mecanismos de estandarización que instrumentalizan el conocimiento en función de valores e intereses neoliberales.
7. Desmercantilizar la educación. Eliminar la concepción de que la educación es un servicio y reposicionarla como un derecho social. De esta manera, se eliminará la competencia entre las escuelas por una lógica de colaboración. Entre otras medidas esto implica, eliminar las ATE, ya que el Estado debe construir un sistema de apoyo institucionalizado y permanente. Es necesario superar la lógica mercantil en todas las instituciones educativas, incluyendo las estatales en sus diversos niveles. Esto implica fiscalizar y finalmente eliminar los grandes negocios presentes hoy en la educación pública: editoriales, empresas de alimentación, constructoras, etc.
8. Generar una Educación inclusiva y no discriminadora. Esto se traduce, entre otras iniciativas, en que ningún establecimiento educacional pueda seleccionar, en base a su proyecto educativo, exigencias económicas u otras medidas segregadoras. La educación pública no puede permitir las escuelas segregadas por género[6]; tampoco se puede permitir la discriminación de género tanto en las relaciones interpersonales como en el contenido o materias curriculares.
9. Eliminar los mecanismos secundarios de selección, como la organización de cursos en relación al rendimiento académico. A su vez y en un mediano plazo, cada escuela pública debiese garantizar las condiciones de infraestructura y equipo humano disponibles para los y las estudiantes con necesidades educativas especiales y proyectos que incorporen adecuadamente procesos de educación intercultural, que respeten las tradiciones, valores, diversidad, identidad, y cultura de cada pueblo, incluidos los inmigrantes.
10. Fortalecer la formación docente y mejorar las condiciones de trabajo. Algunas medidas son: disminuir las horas lectivas, elevar los salarios, establecer una carrera única de profesores de Estado. Es fundamental, restituir la deuda histórica en su sentido amplio: además del justo e ineludible reparo económico, se deben abordar temas como la imagen social de los profesionales de la educación, una estructura de apoyo permanente a los docentes, particularmente en las problemáticas de salud laboral de los trabajadores de la educación. Por otra parte, un buen camino que apunte a la unidad de los trabajadores de la educación es que el Colegio de Profesores deje de ser una organización meramente gremial, para convertirse en una unión sindical de trabajadores de la educación.
11. Cambiar el modelo de financiamiento de subvención a la demanda, por uno basal a colegios públicos, que cubra los costos reales y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad educativa. Por ejemplo, los colegios rurales y de localidades aisladas, así como las escuelas urbano–populares en contextos complejos requieren más recursos que los actuales. De forma paralela se deben congelar los aportes del Estado a instituciones privadas y en caso de recibir financiamiento público, estas instituciones deben cumplir una serie de exigencias y ser susceptibles de ser fiscalizados por Contraloría en el uso de sus recursos, ya que éstos provienen del Estado. Hoy no puede haber el mismo trato entre la educación pública y la particular subvencionada: por ello, dentro de las medidas urgentes, es importante eliminar las donaciones empresariales con fines educacionales, ya que éstas fortalecen sólo a un grupo específico de sostenedores, justamente aquél que se erige como modelo educativo para el resto de las escuelas, y que representa los valores más conservadores y neoliberales, como el individualismo y la competencia.
12. Creación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Estatales. En este sentido, INACAP debiera volver al Estado, ya que le fue arrebatado a éste en la década de los ’80 y entregado a grupos vinculados al gran empresariado, representados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Asimismo, los 70 Liceos Técnico Profesionales traspasados según el Decreto 3166 a corporaciones empresariales en esos mismos años debieran volver a la Administración del Estado (MINEDUC). Se debe además, formar profesores especialistas para la Educación Media Técnico Profesional. Además, es necesaria también la articulación entre la enseñanza media técnico profesional y la formación técnica superior[7].
13. Incorporar, como parte de un nuevo sistema de educación pública, un financiamiento permanente a las iniciativas autogestionarias de educación popular, muy extendidas actualmente en el país. Estas alternativas son un hecho y contribuyen significativamente a la recomposición del tejido social. Si la Iglesia y el empresariado reciben dinero del Estado para educar, ¿por qué no las organizaciones populares?[8]
Ninguna de estas propuestas, por sí sola, basta para que sea considerada como válida. Hemos sido testigos de la estrategia de la clase dirigente de extraer el título de alguna iniciativa, de forma aislada, pero además cambiando el contenido y propósito, para mostrarse a favor de las demandas de los movimientos educativos y sociales.
Por otra parte, es imprescindible que estas propuestas sean continuamente debatidas y deliberadas. Ante las acciones de la Nueva Mayoría de englobar a las iniciativas legislativas como reformas, que se deciden en el aquí y ahora, la apuesta es a seguir trazando un horizonte en el que a la educación se le quite su carácter mercantil y se reconstruya una Educación Pública para las actuales necesidades de las mayorías.
Santiago, Septiembre de 2014
[1] Este documento se produce a partir del Seminario-Taller: “Propuestas de transformaciones esenciales para una Nueva Educación Pública”, convocado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) y el Foro por el Derecho a la Educación. Participaron: Sebastián Astete (Secretaría Educación y Pedagogía FECH), Andrea Palma (Corporación Municipal de San Joaquín), Dante Donoso (Colegio de Profesores Comunal La Cisterna; EDUCAP), Jorge Godoy (Colegio de Profesores Comunal La Cisterna; EDUCAP), Leonora Reyes (Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile), María Fernanda Pacheco (Estudiante Educación Parvularia y Básica Inicial, Universidad de Chile), Nayira Belmar (Estudiante de Educación Parvularia y Básica Inicial, Universidad de Chile), Emilia Gambardella (Red de Egresados Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile), Mario Priore (Colegio de Profesores) y María Luisa Pavez (Colegio de Profesores, comunal Rancagua). Por parte de OPECH participaron Sebastián Ligüeño, Jesús Redondo, Patricio López, Rodrigo Cornejo, Mario Sobarzo; y Juan González, Rodrigo Sánchez y Erick Valenzuela (Foro y OPECH)
[2] Ver Jesús Redondo: "Siete medidas de políticas educativas para ‘extinguir’ la educación pública” http://www.opech.cl/comunicaciones/2014/04/index_16_04_2014_siete_medidas_politicas_educativas.pdf
[3] Para este punto, ver propuesta ACES “Por la Educación que queremos” (2011)http://www.opech.cl/comunicaciones/2012/05/aces_final.pdf, las “Propuestas para establecer un Sistema Educacional Público para las mayorías ciudadanas” de la Mancomunal del Pensamiento Crítico (2010)http://www.opech.cl/inv/analisis/propuestas_mancomunal_opech.pdf, la “Síntesis de propuestas de transformación democrática del sistema educativo y fortalecimiento de la Educación Pública” del Bloque Social por la Educación (2008) http://www.opech.cl/editoriales/2008_09/2008_09_13_seminario_taller.pdf , Congreso Nacional de Educación (2009) http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100730201333.pdf y el Congreso Curricular del Colegio de Profesores (2005) http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100830035248.pdf , entre otras propuestas
[4] Ver el “Acuerdo por la Calidad de la Educación” en http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/200711131451580.acuerdocalidaddelaeducaciOn.pdf y análisis respectivo en “Un acuerdo que genera desacuerdos” en: “http://www.opech.cl/comunicaciones/comunicado09_2007_11_22.pdf
[5] Durante el año 2014, el Observatorio Chileno de Políticas Educativas ha generado una serie de espacios de debate para realizar diagnósticos y análisis colectivos en relación a las propuestas de reforma educacional que ha anunciado el gobierno. Entre estos materiales se encuentra el documento "Criterios para la Reconstrucción de lo Público en Educación en el Chile Neoliberal" disponible en http://www.opech.cl/comunicaciones/2014/05/index_20_05_2014_criterios_reconstruccion_publico.pdf. Por otra parte, se encuentran disponibles las conclusiones y propuestas del Encuentro Nacional por la Educación http://www.opech.cl/comunicaciones/2014/05/index_28_05_2014_conclusiones_propuestas_2014.pdf y el “Decálogo” de la ACES http://es.scribd.com/doc/237209694/Deca-Logo
[6] Es un barbarismo que el Estado promueva la existencia de este tipo de establecimientos. El paradigma de la inclusión se basa en la diversidad y, particularmente, la de género. Este modelo, que persiste en los llamados “colegios emblemáticos” del Estado, reproducen la segregación tal como lo hacen los proyectos educativos privados, conservadores y confesionales de la elite.
[7] Para profundizar más, ver Programa Alerta Educativa La Educación Técnico Profesional en Chile: http://www.ivoox.com/alerta-educativa-la-agonia-educacion-audios-mp3_rf_3400865_1.html
[8] Para revisar en detalle esta perspectiva que es invisibilizada desde la reforma educacional recomendamos el documento “Educación Autogestionaria: Lo que Silencia la Reforma” disponible en: http://educacionparatodos.cl/wp/?p=2614
