NUEVA CONSTITUCIÓN: DEBE CONSAGRAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN
...El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile asumió desde primer momento las legítimas demandas que de manera clara y masiva se han expresado en las calles, y que buscan superar las injusticias originadas por un modelo que no garantiza los derechos básicos de las y los chilenos.
Rechazamos tajantemente, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante estas manifestaciones y exigimos al Gobierno terminar con esta actitud represiva y criminalizadora de las protestas; por tal razón, hemos denunciado las agresiones a quienes ejercen el periodismo.
En este escenario, instamos a las y los periodistas a mantener los más altos estándares de responsabilidad y ética a la hora de informar recordando, especialmente, nuestro compromiso con los derechos humanos, con la sociedad y los principios democráticos.
Destacamos y felicitamos la labor de los y las periodistas -colegiados o no- corresponsales extranjeros, reporteros gráficos y camarógrafos quienes, en esta situación tan adversa, han cumplido con valentía su rol, y se han enfrentado a quienes pretenden limitar el derecho a la información, incluso desde las propias jefaturas de los medios de comunicación, según han denunciado algunos profesionales. A todos y todas, nuestra solidaridad.
Como trabajadores de las comunicaciones, debemos reflexionar, de manera amplia, profunda y con sentido crítico nuestra labor, evaluar si hemos contribuido a denunciar las injusticias que hoy reclaman las y los chilenos, considerando aquellas realidades que no hemos mostrado suficientemente en nuestros medios, manteniendo, así, una sensación de invisibilización por amplios sectores de la sociedad.
El Consejo Metropolitano, considera que una de las mayores trabas para contar con información más plural y diversa en Chile, es la alta concentración de los medios de comunicación en pocas manos.
Como Colegio de Periodistas de Chile, desde hace varios congresos nacionales, hemos llamado a cambiar la Constitución y hemos exigido que en ella se consagre el derecho a la comunicación y a la información considerando las libertades de expresión y de prensa, que emanan de ese derecho principal.
Consideramos, como puntos esenciales para la democratización de las comunicaciones, que en la nueva institucionalidad, se reconozca a los medios sociales, comunitarios y/o sin fines de lucro, como tercer sector junto a los públicos de propiedad estatal y comerciales con regulaciones anti concentración; la implementación de un subsidio estatal que permita a TVN cumplir su rol de televisión pública mediante la entrega de contenidos culturales, que incorporen el pluralismo político, social, de género y de pueblos originarios; la redistribución de la publicidad estatal para apoyar el desarrollo de medios locales, provinciales o regionales; y la definición del espectro electromagnético como bien público de libre disposición.
Este Consejo Regional Metropolitano hará todos los esfuerzos para que los puntos descritos estén presentes en una nueva constitución, con la más amplia participación de las organizaciones sociales y generaremos diversas iniciativas en este sentido, que serán oportunamente informadas a las y los periodistas colegiados, así como a toda la ciudadanía.
Consejo Regional Metropolitano
Colegio de Periodistas de Chile
Santiago. 20 de noviembre de 2019
Colegio de Periodistas rechazó "extorsión económica" de empresario agrícola a CNN y CHV por su cobertura del estallido social
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COMUNICADO DE PRENSA El Sindicato N° 3 de Periodistas y Afines del Grupo Copesa comunica lo siguiente a sus socios:
La dirigencia de nuestra organización acogió las inquietudes de asociados que se desempeñan en la sección Nacional del diario La Tercera, respecto al tratamiento de informaciones emanadas de la dirección y editorías del periódico.
Con el fin de recoger y analizar los planteamientos directamente de voz de nuestros colegas se los citó a una asamblea ordinaria para esos socios, y contó con la asistencia de la mayoría de los integrantes de esa área del diario.
En dicha reunión el sindicato recibió antecedentes, entre otros que afectarían el trabajo de los redactores, respecto a la complicada situación del periodista Sebastián Vedoya, como autor de la crónica publicada por el diario La Tercera, el pasado lunes 28 de octubre en su edición impresa, así como en las plataformas web del medio, y bajo el título “Policía identifica a uno de los autores de incendios en estaciones de Metro”.
Se nos informó que el colega Vedoya recibió una instrucción directa del director del medio para elaborar la nota en base a un documento que le aportó esa misma dirección de La Tercera.
La nota encontró amplia repercusión en la opinión pública, pero resultó fuertemente cuestionada por su contenido, críticas que se acrecentaron desde el momento que un Fiscal le dio el carácter de «falsa». Todo ello provocó que Vedoya fuera víctima en esos días de una virulenta campaña de insultos y odio a través de las redes sociales.
En ese contexto nos correspondió entregar nuestro apoyo y solidaridad al citado profesional, más todavía si el propio diario reconoció que la publicación de la mencionada crónica había sido una «falla», asumiendo la responsabilidad del error en el manejo editorial.
También se nos señaló que en algunas secciones del diario La Tercera existe una práctica sistemática, a través de instrucciones verbales emitidas por editores y responsables del medio, en cuanto a restringir el derecho que tienen los periodistas a no firmar notas o reportajes que hayan sido alterados más allá de lo que se encuadra en el trabajo de edición.
En la asamblea se denunció, además, que en algunas secciones ha existido la práctica habitual de exigir a los periodistas que sustenten y publiquen determinadas tesis instruidas por directivos del medio, incluso si éstas se contradicen con el trabajo de reporteo realizado por los mismos periodistas. A la vez, se dijo que en una de las jornadas de manifestaciones se envió a un grupo de reporteros a recoger la opinión de los ciudadanos y después ese material no fue publicado.
Ante toda esta situación expuesta por nuestros socios, la directiva resolvió actuar con responsabilidad y equilibrio -para no incurrir en la misma falta de no cotejar las fuentes-, por lo que solicitó una reunión con el director de La Tercera, la que debido a los días festivos sólo se cristalizó este lunes 4 de noviembre. También conocimos la posición en este caso del propio Vedoya, quien reconoció haber firmado una nota que no fue investigada por él.
En tanto, en la reunión con el responsable del diario, nuevamente reconoció que hubo una equivocación al no aplicar mayor rigor en los estándares de publicación. No obstante, puntualizó que la información se originó desde una fuente de inteligencia, no política, emanada de un documento elaborado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Con todo, la dirección consideró que dicho documento debió ser corroborado con otras fuentes y que en eso hubo una falla como equipo editorial. Agregó que asumió el mea culpa y la responsabilidad completa de la línea de mando.
Respecto a las otras denuncias de los periodistas de la sección Nacional de La Tercera y que para la dirigencia sindical son gravísimas, en caso de ser efectivas, el director del medio dijo desconocer tales hechos y expresó que lo conversaría con las jefaturas del área.
Frente a esta preocupante situación, los periodistas de La Tercera plantearon a su organización sindical la permanente voluntad de realizar el trabajo profesional con los mayores estándares de exactitud, equilibrio y veracidad.
Por lo mismo, como Sindicato hacemos un llamado a las autoridades del diario y del GrupoCopesa a iniciar un proceso de análisis en conjunto, que involucre tanto a periodistas como editores y plana directiva. Todo ello, con el propósito de enfrentar los desafíos impuestos por el actual escenario social y político que vive el país e iniciar su propio cambio, para recuperar así la confianza pública en el rol que cumplimos en la sociedad.
LA DIRECTIVA SINDICATO N°3 DE PERIODISTAS Y AFINES DEL GRUPOCOPESA
Santiago, 4 de noviembre de 2019
Ante la grave situación que enfrentamos chilenas y chilenos, desde el punto de vista comunicacional, agudizado hoy con el Estado de Excepción y Toque de Queda, resulta imprescindible que como Colegio contribuyamos a parar el cerco informativo y pongamos a disposición de la ciudadanía nuestros sitios web y redes sociales, para entregar al país aquellas informaciones que no aparecen en la gran prensa, principalmente en los canales de televisión. Por las redes sociales, se reitera la disconformidad con el trabajo periodístico y se nos interpela a cumplir con nuestro rol y compromiso social. No nos están pidiendo nada extraordinario, simplemente que cumplamos, no sólo con nuestros estatutos y nuestro código de ética, sino con la esencia de nuestra profesión. Ayer interpelamos al Gobierno a terminar con el estado de excepción, porque no es tolerable en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Con la misma fuerza y decisión, tenemos que ponernos a disposición de la ciudadanía para que tenga acceso a la información sobre lo realmente está ocurriendo en el país, no sólo relacionada con vandalismo y caos. Las universidades, las organizaciones sociales, la cultura y muchas otras instituciones, han emitido sendas declaraciones públicas a las que ningún medio ha hecho referencia. Nosotros, como Colegio debemos abrir los espacios, como lo hicieron en dictadura nuestros colegas, que hasta entregaron su vida por defender nuestros derechos. Sólo a modo de ejemplo, quisiera señalar que desde mi ámbito laboral, he recibido las declaraciones de algunos rectores de la Universidades Estatales, quienes están exigiendo “encarecidamente al Gobierno, salir lo antes posible del Estado de Emergencia, que no da la posibilidad de diálogo de los distintos actores, ni una solución a este conflicto de manera rápida y solo expone a nuestra sociedad a momentos complejos y a la polarización. Es tarea del Gobierno proponer soluciones concretas y oportunas, convocando al país y a los diversos actores políticos y sociales a trabajar mancomunadamente para que los beneficios del progreso se logren prontamente con una mayor justicia social”. ¿Quién informa sobre esta postura de la universidades del Estado?, nadie. Así también recibimos convocatorias del arte, de la cultura de las organizaciones estudiantiles y gremiales. Colegas, pongámonos al servicio de la ciudadanía. Contrarrestemos el cerco informativo. El Regional Metropolitano ha iniciado una tarea de la mayor trascendencia, al poner a disposición del país la Carta a los Periodistas, que en dictadura, se constituyó en un ejemplo de ética periodística. Se puede.
Santiago, 20 de octubre de 2019.
Margarita Pastene V.
Presidenta Nacional del Colegio de Periodistas de Chile.
EXIGIMOS COBERTURA POR LA PAZ
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE
Ante los graves hechos ocurridos en los últimos días y la cuestionada orientación informativa de los canales de televisión, el Colegio de Periodistas de Chile, insta a los medios de comunicación a otorgar al país una cobertura periodística por la paz.
No estamos en guerra. Como ello es indesmentible, no podemos crear ambientes de beligerancia con información que en nada contribuyen para dar tranquilidad a la ciudadanía.
No podemos ser parte del intento de justificar la presencia de militares en las calles, con la indebida decisión de decretar Estado de Emergencia por parte del Gobierno, sin un análisis cívico acorde a una sociedad democrática y a un Estado de Derecho. No podemos negar ni ignorar la importancia de las comunicaciones, sobretodo en el escenario como el que estamos viviendo.
Dada la situaciónes de riesgo para nuestros colegas, los medios deben además velar por la integridad física de sus periodistas, camarógrafos y fotógrafos.
Reiteramos que la situación que enfrentamos hoy es suficientemente grave como para desde la prensa se vaya en el sentido contrario al rol que debemos cumplir, como medios de comunicación y periodistas.
Hacemos un llamado a editores, directores/as de medios, a nuestros/as colegas periodistas para que su trabajo aporte a que la ciudadanía tenga la tranquilidad, que lo que se les informa sea fidedigno y así puedan analizar las reales causas sociales, económicas y culturales que explican el descontento social.
Con 63 años de historia, el Colegio de Periodistas de Chile, ante este conflicto social, estará más vigilante que nunca, para que de está forma se respete la ética periodística y los derechos humanos.
Por el derecho a vivir en paz, promovamos una cobertura por la paz, 22 de octubre de 2019
El derecho a la información, la verdad y a la memoria histórica Por Libero Amalric
En los últimos días, durante las históricas y masivas manifestaciones pacíficas del pueblo y sus diversas organizaciones sociales a lo largo de todo Chile para exigir los necesarios y profundos cambios que deben terminar con los abusos, la discriminación y la desigualdad, hemos sido testigos de falsas informaciones por parte del gobierno de Piñera y de manipulaciones de la información por parte de los medios de comunicación, especialmente los canales abiertos de televisión y sobre todo los diarios como el Mercurio, que ya había jugado un rol perverso en la preparación del golpe de Estado y durante la dictadura con repetidas informaciones falsas. Particularmente grave han sido las palabras del presidente Piñera “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, imitando en eso a Pinochet, lo que es en realidad incitar a la violencia por parte de las fuerzas armadas y las fuerzas especiales de carabineros durante el estado de emergencia. Lo anterior ha dado lugar a una brutal represión con muertos, muchos heridos, la mitad por disparos, varios heridos con lesiones oculares graves, querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso contra niños, niñas y adolescentes, así como por violencia sexual, sin hablar de las detenciones, muchas ilegales, durante el toque de queda, todos hechos denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Colegio Médico y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Grave también ha sido la manipulación de la información por parte del diario El Mercurio, que apoya las palabras del presidente Piñera, desacreditando a la vez a las organizaciones sociales, incluso al Instituto Nacional de Derechos Humanos: “Noticias falsas en Chile fueron comentadas o compartidas al menos 1,7 millones de veces en redes sociales en la última semana”, “El director del INDH admite que se equivocó al involucrar a la PDI en un supuesto centro de detención en la estación Baquedano”, “Gobierno maneja antecedentes de más de 43 mil tuits provenientes de Venezuela llamando a alterar el democrático en Chile”, todo eso como titulares en primera página de la edición del domingo 27 de octubre, sin contar los otros comentarios nefastos al interior del diario. Ya con anterioridad, el relator de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas había denunciado la doctrina del Estado de la criminalización de las protestas en Chile, a lo cual se agrega ahora la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos y el cierre de los espacios institucionales de diálogo, que se suman a la exacerbación por parte de agentes del Estado de la violencia, las amenazas y hostigamientos, las muertes y heridas graves.
Cabe observar que el gobierno de Piñera insiste sistemáticamente en exacerbar la violencia de algunos grupos muy reducidos y el daño al patrimonio público, en particular el metro. Y son precisamente aquellos miembros de los partidos políticos en el gobierno quienes, bajo la dictadura, han participado en la brutal y sangrienta violación de todos los derechos humanos del pueblo, instaurando el terrorismo del Estado. Al respecto cabe constatar que los daños causados al metro no corresponden ni siquiera al 0,1% de los daños al patrimonio público por “el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno” como lo tituló su libro la periodista María Olivia Mönckeberg y que han sido estimados por la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados de las irregularidades en la privatización de empresas públicas ocurridas con anterioridad a 1990. Cabe recordar también que el objetivo de la creación de las AFP, financiada por el Estado, nunca ha sido asegurar pensiones dignas, sino más bien procurar el capital necesario para las empresas del Estado privatizadas bajo la dictadura, lo que se ha podido constatar, entre otros casos, por la estafa de Ponce a las AFP en el caso cascadas. ¿No son los terroristas, los ladrones y los corruptos en el gobierno, en las fuerzas armadas y carabineros, que son la causa de los disturbios, protestas y manifestaciones por la falta del derecho a información, verdad y memoria histórica?
Frente a la manipulación de la información, tanto por Estados como por empresas y los medios de comunicación y en el contexto de los principios generales establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para proteger, garantizar, respetar y también promover los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad se han desarrollado e institucionalizado los principios de los derechos fundamentales implícitos a la información, la verdad y la memoria histórica. El reconocimiento del acceso a la información como un derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del desarrollo internacional de los derechos humanos.
El sistema interamericano de derechos humanos ha cumplido en ello un rol importante como se destaca en el “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2007), que ha venido trabajando para que los Estados garanticen y amplíen el acceso a la información en las Américas, en el entendido de que su implementación efectiva constituye un elemento fundamental para la consolidación del derecho a la libertad de expresión, fomenta la lucha contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de políticas de transparencia, necesarias para fortalecer las democracias y el respeto de los derechos humanos. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer Tribunal Internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El 13 de enero de 2004, los Jefes de Estado de las Américas emitieron la Declaración de Nueva León, mediante la cual se comprometieron a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a todos los ciudadanos el derecho a acceder a la información. Lo anterior implica la obligación del Estado a dar acceso a la información de todas las instituciones que dependen de él, no solo los ministerios y las administraciones sino también las fuerzas armadas, los parlamentos y la justicia, de manera que aseguren el derecho de los ciudadanos a la participación en las decisiones de la política pública y en la defensa de sus derechos. Pero el acceso a la información no se limita a las obligaciones del Estado, sino también incluye a los otros actores no estatales, especialmente las empresas privadas, a proveer la información de sus actividades relacionadas con los derechos humanos. Al respecto, en septiembre de 2011, en una reunión convocada por la Universidad de Maastricht y la Comisión Internacional de Juristas, un grupo de expertos y expertas en derechos humanos y derecho internacional, denominado el Consorcio ETO, adoptó los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados referido a la sede de las empresas transnacionales en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el mismo año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respaldó de forma unánime los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen claramente el papel y las responsabilidades de los negocios y los Estados. Estos Principios Rectores se basan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos: acceso a la compensación. Según normativa del gobierno de noruego, los fondos de pensiones estatales de este país no pueden realizar inversiones en empresas cuando existe “riesgo inaceptable” de que tales empresas estén implicadas en violaciones de derechos humanos, graves contaminaciones del medio ambiente, corrupción masiva u otras violaciones graves de normas éticas fundamentales (Guidelines for observation and exclusión from the Government Pension Fund Global’s Investment Universe, art.2). También el reconocimiento del acceso a la verdad, relacionada con el derecho al saber, como un derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del desarrollo internacional de los derechos humanos. En su artículo “Una revisión sobre las tensiones entre el Derecho a la Información y el Derecho a la Verdad Histórica” (2014) Rodrigo Mora define la impunidad como una infracción a un deber estatal de “investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de todos los perjuicios sufridos, de garantizar el Derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violencias” (Naciones Unidas 2007). El derecho a la verdad o el derecho a saber ha sido conceptualizado por primera vez por un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, suscrito por L. Joinet en 1997, donde delimita que el Derecho a la Verdad no puede ser agotado únicamente en su faz individual, entendido como saber lo ocurrido, sino que considera una dimensión colectivo que busca que en el futuro dichas violaciones masivas ya no se reproduzcan. Se refiere aquí al Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949 que tiene relación con las personas desaparecidas y fallecidas a raíz del conflicto bélico, donde el artículo 32 detalle “el Derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros. Joinet considera que el Derecho a saber contempla un deber estatal a la memoria “a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que por nombre el revisionismo y el negacionismo”. Con este propósito, se proponen dos clases de medidas: la primera, la puesta en marcha a corto plazo de comisiones no judiciales de investigación en el entendido que los tribunales no pueden sancionar rápidamente a los asesinos y sus cómplices comendatarios; la segunda, preservar los archivos que tengan relación con las violaciones de Derechos Humanos. Al respecto, en su artículo en le Monde Diplomatique (septiembre 2015) “Cómo abrir a la Justicia y a la Sociedad los testimonios sobre la tortura en dictadura en la Comisión Valech”, Branislav Merelic plantea que el secreto de la Comisión Valech, que ha recopilado denuncias de más de treinta mil víctimas reconocidas, desde la perspectiva de la investigación penal, es un gran obstáculo para que los jueces investiguen casos de tortura. Los Estados, bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tienen la obligación de iniciar investigaciones de oficio en crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no son delitos privados, son delitos que ofenden a toda la sociedad y por tanto, la sociedad en su conjunto está interesada en que se sancione a los responsables y se establezca la verdad. La obligación de investigar judicialmente la tortura es una norma imperativa de Derecho Internacional, que es de tal entidad –Ius Cogens– que no tolera norma interna alguna contraria a su observancia. De esta forma, el Estado de Chile, al tener una norma de secreto (por un período de 50 años) que obstaculiza las investigaciones, no solo está perjudicando la labor de los tribunales de justicia, sino que está incumpliendo una norma de jerarquía internacional. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la intrínseca relación existente entre la democracia, y la vigencia y respeto de los derechos humanos. La falta de información completa, objetiva y veraz sobre lo sucedido durante períodos de dictadura ha sido una constante, una política de Estado e incluso una “estrategia de guerra” como en el caso de la práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas. El derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados. Es a través de los esfuerzos para combatir la impunidad que los órganos del sistema de derechos humanos han desarrollado estándares regionales que dan contenido al derecho a la verdad. En este contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en 2014 el documento “Derecho a la Verdad en las Américas” con el objetivo de apoyar los esfuerzos del Sistema Interamericana de Derechos Humanos orientados a la divulgación de los estándares sobre el derecho a la verdad mediante la sistematización del marco jurídico aplicable y análisis de algunas experiencias implementadas en la región. Bajo dichas disposiciones, el derecho a la verdad comprende una doble dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos, así como, dependiendo de las circunstancias de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales.
En segundo lugar, se ha consolidado la noción que este derecho no sólo corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Al respecto, la Comisión ha sostenido que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
En el presente informe, la Comisión analiza los estándares generales en materia del derecho a la verdad a la luz de la interpretación realizada por los órganos del sistema conforme a las disposiciones señaladas de los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
En este contexto en el cual se insertan los archivos de la memoria en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha impulsado la sistematización, la preservación y la plena accesibilidad de los archivos en el marco de “obligaciones estatales que se derivan del Derecho de Acceso a la Información como instrumento para garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos”.
Libero Amalric, Santiago 29 de octubre de 2019
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APAGAR LA “CAJA IDIOTA” Y DESCONECTARSE DE LAS REDES SOCIALES. Para reflexionar políticamente la rebelión popular y ciudadana 18-0 Por Juan Carlos Gómez Leyton
La profusión de informaciones que circula tanto por las redes sociales como por los medios de prensa y comunicación tradicionales sobre la rebelión popular y ciudadana, es abrumadora y agobiante. Especialmente, para las y los ciudadanos que buscan tener cierta claridad de lo que está aconteciendo. Poseer mucha información no implica estar mejor informado o tener una mejor comprensión del proceso social y político en desarrollo. Es vital distinguir lo sustantivo de lo superficial. De los análisis serios y profundos de aquellos que solo son “rellenos” en los espacios informativos de la televisión, de las radios o de la prensa escrita. Sobre todo, también, necesario depurar y refinar las redes sociales de la gigantesca y masiva circulación de noticias falsas, memes e información “basura”, que se reitera al infinito. Se hace inevitable, por algunas horas, apagar y desconectarse de todo. Para, poder reflexionar. Se requiere silencio, para, poder pensar con tranquilidad y sin desazón. Tengo la impresión que el torbellino de la acción histórica de millones de ciudadanos chilenos nos tiene confundidos, asombrados y, tal vez, desconcertados. Pues, todo lo sólidamente construido en las últimas décadas parece que se está desvaneciéndose. Los actores políticos, los comunicadores sociales, los analistas de todo tipo, los periodistas, y no pocos ciudadanos, etc., están consternados y angustiados. Todos están buscando las explicaciones psicológicas, sociológicas, económicas y políticas para este entender el gigantesco “reventón histórico” que desde hace una semana azota a la sociedad neoliberal chilena. Hurgan en el pasado inmediato y en el remoto en busca de las causas del masivo y contundente descontento ciudadano. Las diversas teorías, explicaciones y diagnósticos van y vienen. Se ha construido, para ponerlo jerga neoliberal, un gran supermercado de ideas y explicaciones, en donde el ciudadano puede elegir, escoger y seguir la que le parece más convincente y conveniente a su propia visión del proceso en desarrollo. Aunque, este supermercado, como todo lo neoliberal, muy acatado y nada pluralista, por lo menos, en aquel que es dominante y hegemónico. Sin embargo, en la sociedad neoliberal no existe ese único supermercado de información, sino que es posible distinguir tres. Los cuales son ampliamente diferenciados entre sí. En primer lugar, está el supermercado televisivo, controlado por el poder empresarial y capitalista neoliberal nacional como internacional. Por este desfilan los actores institucionalizados y legitimados por el poder político y comunicacional hegemónico. En segundo lugar, esta está el supermercado de los medios alternativos, especialmente, digitales en la red de internet, con un ejército de intelectuales y dirigentes sociales y políticos que buscan interpretar desde distintas ópticas y perspectivas teóricas y políticas contra hegemónicos. Son múltiples, plurales, democráticos y culturalmente diversos. Y, por último, está el gran supermercado de las redes sociales: el twiter, el facebook, el Instagram, el whatsApp, etcétera. Este es de las y los ciudadanos que utilizan para dar a conocer su opinión, emitir mensajes, memes, noticias de todo tipo. El supermercado de las redes sociales es vasto, extenso, diverso, plural y muy masivo, a diferencia de los dos anteriores, que son colectivos reducidos y tienen aún líneas editoriales centralizadas y que deciden que se publica o se edita o aparece al aire. El supermercado de las redes sociales es, fundamentalmente, individualista. Cada ciudadano es un emisor de mensajes de todo tipo. Millones de ellos en este momento que escribo y usted que lee este texto, están enviando millones de datos a las redes y estas se multiplican por el universo digital y virtual de la red, diría, casi al infinito. Es imposible hunamente poder tener la capacidad de ver, leer y analizar esa avalancha de información entrado y saliendo del ordenador o del aparato telefónico. Se conforman cadenas de información integrada por miles y miles de personas que individualmente van replicando al infinito la información emitida por uno de sus integrantes. Sin lugar a dudas esa información circulando día y noche, apesadumbra, abruma, recarga y turba, altera y, en cierta forma, perturba. Es un exceso. Ella atiborra no solo la memoria digital sino también el cerebro, anulando, al ciudadano la capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar, la memoria se satura. Y, estos pasan a ser un engranaje más de una gran máquina virtual irreflexiva. El ciudadano para estar al tanto de todo lo que circula por la red debe estacionarse las 24 hrs., del día. Las redes lo atrapan. La realidad social es lo que se lee y ve en la red. La red enajena. Los trastorna. Deja de ser. Se pierde. No piensa. Por eso, creo que es necesario desconectarse de los celulares y para volver a ser un ser ciudadano reflexivo. La tecnología no puede anular nuestra capacidad de razonar. Es lo que está pasando en este momento. No estamos reflexionando con tranquilidad. La velocidad de los acontecimientos nos obliga hacerlo. Tal vez, eso está bien, para el tiempo explosivo de los periodistas, para los analistas simbólicos de la política, de los decidores de escenarios de crisis, que buscan por la general informar o controlar lo que acontece. Pero, no para los cientistas sociales que intentan captar algo más que lo que acontece superficialmente. La ciencia social crítica debe esperar que el “humo explosivo” de los acontecimientos se disipe para analizar y comprender adecuadamente el proceso histórico en desarrollo. Muchas veces, y eso ha ocurrido, en otras coyunturas críticas que ha experimentado la sociedad neoliberal chilena en su pasado reciente, las reflexiones políticas que se realizaron estuvieron movidas por la urgencia o imperiosa necesidad de decir algo, de no quedarse fuera del espectáculo histórico que presenciamos y asistimos. La historia cercana enseña que una vez concluidas las grandes movilizaciones ciudadanas de 2006, 2011, 2013 u 2017, sobre las cuales se escribieron in situ numerosos análisis y se levantaron poderosas tesis, quedaron en nada. Fundamentalmente, porque se pensó y se reflexionó de manera apresurada. Escasamente meditada, sopesando, la acción cada uno de los actores involucrados en la contienda, poniendo más las intenciones de los que debía suceder que lo que estaba sucediendo. En fin, no hubo acción política reflexiva. Asistimos a una gran rebelión ciudadana posmoderna en una sociedad profundamente neoliberal. Todos los ciudadanos protestantes cargamos en nuestras manos un aparato celular, dispuesto utilizarlo para comunicar a los otros y otras que estamos presente en la movilización. Estamos protestando, estamos en la calle, en la concentración, pero sentimos la necesidad de comunicar que lo estamos haciendo, por eso nos fotografiamos y fotografiamos a los demás. Y, las fotos las subimos a la red para que todos nos vean que somos parte de la “protesta social y política”, o sea, estamos haciendo historia. Son miles de aparatos encendidos. Cientos de planes vendidos por las compañías telefónicas que están recaudando millones de pesos, gracias al gran afán del ciudadano neoliberal posmoderno, de estar allí y de decir que están. Según los datos estadísticos, en Chile hay casi 27 millones de celulares. O sea, todas y todos los ciudadanos del país poseen uno. Sí, todos las y los ciudadanos apagaran los celulares: las compañías, colapsan. Pues, ellas son tan abusivas con los consumidores como lo son las tiendas del retail, las farmacias, las compañías de electricidad, de agua potable, las ISAPRES, del Metro, las AFPs, etcétera. Pero, no, las y los ciudadanos neoliberales no la hacen. No podrían vivir desconectados. El hacerlo sería su desaparecimiento virtual y comunicacional. Por cierto, sería un alivio. Y, un colapso para las transnacionales de la comunicación. Una acción de esa naturaleza sería una acción tan directa y destructiva como la acción realizada contra el Metro. Y, un ataque directo al poder del kapital comunicacional. Lo mismo pasaría si apagáramos por unas cuantas horas o tal vez un día o dos, la “caja idiota”, o sea, la televisión abierta. La “caja idiota” es extremadamente monopólica, autoritaria, segregadora y abusiva con la teleaudiencia. Impone de manera coercitiva que lo que pueden ver y oír las ciudadanías. Desde el 18-O han estado transmitiendo la rebelión casi las 24 horas del día. Lo que por cierto sería bueno, acertado y necesario si tuvieran la intencionalidad de informar oportuna, veraz y acertadamente, pero, lo menos que hacen es, justamente, hacer aquello. La “caja idiota”, busca idiotizar a la ciudadanía con mensajes y programas agotadores y manipuladores que cierta ciudadanía no ve ni escucha. Pero, hay mucha ciudadanía que los escucha y ve. En este momento las televisoras nacionales, están transmitiendo en vivo y en directo la rebelión popular y ciudadana. Pero, lo hacen de manera selectiva y clasista. Apegados al oficialismo-gubernamental insisten una y otra vez en dar una interpretación amañada e interesada del proceso. Manipulan y tergiversan los argumentos de unos y otros. Los mismos rostros se pasean por las pantallas, diciendo, una y otra vez, lo mismo. Sin percibir, que esos mismos “analistas”, son lo que sostenían hace unas semanas antes, que Chile, siguiendo al Presidente, que éramos un “oasis” de tranquilidad y paz. Y, que nuestros vecinos latinoamericanos eran sociedades “desordenadas”, “inestables” “corruptas”, etcétera. Y, refiriéndose a lo negativo que era la situación ecuatoriana, venezolana, peruana o argentina, todos ellos países que no tenían las virtudes de la sociedad neoliberal chilena. Hoy cambian el “chip” y descubren lo que muchas veces se dijo, pero ellos no oían ni querían ver, o solo escuchaban o veían lo que les podría servir a sus míseros intereses políticos partidistas. Ahora, se pasean por la tribuna de la “caja idiota” dando recetas de cómo salir de la crisis. Con argumentos retóricos y demagógicos que encubren la intencionalidad profunda de no modificar, absolutamente, nada. O sea, no se tocan las estructuras que sostienen la sociedad neoliberal. De manera que las causas y factores que hicieron posible el estallido social y popular, se mantienen incólumes. El discurso de los analistas es la conciliación y el diálogo. Y, sobre todo, la condena reiterada a la violencia política popular y la tibia y suave condena a la violencia política estatal, siempre justificada por la primera. La distinción permanente de los sujetos y actores de la rebelión popular y ciudadana. Estos son dos: los buenos, aquella que realizan los ciudadanos decentes, la gente decente, la gente de familia, la clase media, de la ciudad moderna y neoliberal de la plaza Italia hacia el Oriente. Que están molestos por los abusos de los agentes del mercado, pero no contra el capitalismo neoliberal. Distinción muy central en todos los discursos que aparecen en la “caja idiota”. Y, los malos: el lumpen, los delincuentes, los rotos, todos ellos habitantes de los sectores populares periféricos de Santiago. Que son saqueadores, que destruyen aquello les sirve, que queman, que matan. Pero, que están enojados por los abusos de los actores de mercado, de las malas pensiones, por los precios de medicamentos, etcétera. Pero, no son las formas. Cómo fue posible que quemaran el Metro. Son malos, son malos chilenos y chilenas. No respetan la autoridad ni la propiedad privada ni pública. Están enfermos de odio. Así, presentan al pueblo trabajador, a los sectores populares carenciados, empobrecidos por la explotación capitalista neoliberal. Para ellos, bala. Las diversas intervenciones de los panelistas de los funestos Matinales, con sus rostros millonarios, se encargan de sostener una y otra vez que, en los sectores populares, está el peligro para el orden social y económico neoliberal. Estos debieran aceptar lo que se les ofrece. La cantinela aquí es que no pueden solucionar los problemas de larga duración como son los de la salud y de las malas pensiones de la tercera edad. Que se harán gestos, los parlamentarios de bajarán la dieta y otras medidas, como aumentar 10.000 pesos las pensiones solidaras. Es repulsivo, la forma como panelistas como Francisco Vidal, presentan aquello como la gran solución. Da asco la “caja idiota” nacional. Una tarea de futuro es su democratización total y completa. Por ahora, bastaría con apagarla. Este discurso clasista fomentado por la “caja idiota”, penetra y penetra fuerte. Es que lo que lleva a esos sectores poblaciones de asalariados de clase media, a suponer que los sectores populares en rebeldía los van atacar y saquear, y se organizan para defender sus propiedades y patrimonios. Pero, también se organizan para defender la propiedad del capital mercantil presente en sus barrios, por ejemplo, en los supermercados de la cadena Walmart, (supermercados Líder), esta una cadena mercantil de origen estadounidense con las mayores prácticas antisindicales del país. Ello explica el objetivo táctico de los grupos que luchan contra el kapital. También, asumen la defensa de las tiendas del retail, etcétera. Sin comprender absolutamente, que los grupos que realizan esas acciones directas están en lucha en contra del kapital, no contra de ellos y precarias propiedades, que, en realidad, son propiedad real del kapital financiero bancario. Estos grupos clase medieros son entrevistados por estos medios de comunicación y elevados en iconos de la defensa del capitalismo neoliberal. Fomentando con ello lo que el sociólogo Javier Martínez, allá por los años ochenta del siglo pasado, sostuvo a raíz de las grandes movilizaciones contra el dictador Pinochet, durante la Jornadas Nacionales de Protesta, denomino: miedo a la sociedad. Este es otro de los componentes presente en el discurso de la “caja idiota”: el miedo. Fomentar permanente y cotidianamente el miedo a los televidentes. Sobre todo, a las dueñas de casa, a los miembros de la tercera, a las y los medianos y pequeños propietarios de comercios, etc. Infundir miedo, a la población es la consigna. Sin embargo, el miedo es lo que mucha gente ha perdido hoy, ya no se le tiene miedo ni a la sociedad ni al Estado. No obstante, la televisión chilena continúa, manipulando la información para atrapar en él a muchos que aún sienten que todo lo que ocurre es, producto, de la “gente mala”, de seres anómicos, de gente perversa, tal como lo dijo la “primera dama” de seres extraños: una invasión alienígena. Esto no es una estupidez sino una actitud, diría normal, de estos sectores. Ayer, durante la dictadura, el comandante de la Armada y miembro de la Junta Militar que derroco al gobierno popular de Salvador Allende, José Toribio Merino, nombro siempre a los opositores de la dictadura militar como “humanoides”. O sea, seres sin condición humana, por ende, sin derechos humanos, por lo tanto, un enemigo que había que eliminar y hacer desaparecer. La primera dama, sigue la misma senda. Hay mucha estupidez en la “caja idiota”. Agotaríamos estas páginas para referirnos a cada una. Pero, hay algunas que son supinas. Tal como la señalada por la periodista Mónica Pérez, al decir, que al bajarse la dieta parlamentaria llegaría “al parlamento gente mala”. O aquella que dijo que era necesario tener “cultura política de toque queda”. O, aquel periodista que sostuvo “que sabíamos que existía desigualdad social, pero no sabíamos que les molestaba tanto”. Un dato importante de resaltar: en la caja idiota como también entre sus panelistas, funcionarios de gobierno, miembros de la clase política, intelectuales orgánicos de la derecha como de la centro-izquierda neoliberal, es común que se refieren a la clase media, pero, nunca jamás, hablan o se refiere a los sectores populares, poblacionales, trabajadores, sino que nombran a un indefinido sector social: como los “sectores vulnerables”. En otras palabras, no nombran a la clase trabajadora o popular. De manera que el clasismo de la “caja idiota” es total y completo. Pero también lo es el de la prensa escrita. Fue el diario La Cuarta de la cadena periodística COPESA, uno de los dos grupos que controla la prensa escrita, partidaria del gobierno y defensora de la derecha empresarial y política, la que tituló “Se aleja el lumpen y llega la Familia” haciendo referencia a la movilización de ciudadanos de las comunas del sector Oriente de Santiago. Este mensaje, sin duda carga toda una tradición política que divide a la ciudadanía entre la “gente decente” y los “rotos”. División que viene de antaño. Será muy posmoderna la rebelión, en el uso de los medios tecnológicos, pero, las concepciones ideológicas que tienen las y los actores sociales y políticos vinculados a los grupos dominantes como también de los infaustos sectores medios no se han modificado. Ellos siguen siendo la “gente de bien” y los “otros”, los de allá, el lumpen y rotos peligrosos. Por eso y más que nunca es necesario y urgente apagar la “caja idiota”. Las redes sociales: la irreflexión política conectada La importancia de las redes sociales, para los movimientos sociales del siglo XXI, ha sido señalada ampliamente por la literatura especializada. Estamos en la época de las multitudes conectadas. Ciertamente con el auge de las plataformas de redes sociales digitales, la extensión de los celulares inteligentes y la conexión inalámbrica, el Internet se mueve de la computadora de escritorio o el cibercafé, a la calle. De allí que se sostenga que la irrupción participativa de la ciudadana en movilizaciones y protestas políticas y sociales se vuelve más distribuida, sensible a la activación política de cualquiera, sin esperar mediación de organizaciones partidistas, de colectivos ni de activistas. Las que la vuelve masivas, pero espontaneas, efímeras y sin coherencia organizativa, sin conducción política que les permita obtener objetivos políticos profundos. Las y los ciudadanos que utilizan las redes sociales, también, debieran reflexionar sobre el uso y abuso que están haciendo de este medio de comunicación y conexión. Es innegable su utilidad eso no se discute. Todo lo contrario, hoy día su presencia, permitiría sortear de manera muy inteligente cualquier intento de controlar políticamente la información. Es una garantía para la libertad de expresión, opinión y comunicación. Pero, debemos usarlo de manera reflexiva y, sobre todo, responsable. Ésta debe ser instrumento para la lucha social y política semejante al rol que le cupo a la prensa escrita en la formación y educación de las ciudadanías rebeldes a inicios del siglo XX o de la forma como los rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, han influido en las luchas emancipadoras latinoamericanas, a través de la internet. Diversos analistas, como la española-mexicana Guiomar Rovira, ha destacado que el EZLN el gran apoyo internacional lo obtuvo a través del uso políticamente inteligente y reflexivo de la red de Internet, el ciberespacio, fue un espacio conquistado para la lucha del EZLN. El repertorio de acciones llevado a cabo por el zapatismo en el ciberespacio o en las redes sociales supuso un despliegue de creatividad e innovación en el campo de la protesta, combinando las redes cibernéticas y las acciones físicas. Y, sobre todo, es lo que quiero destacar aquí, es que el flujo de discursos, información y debate serios y profundos, reflexivamente duros, abrieron las puertas a la posibilidad de pensar en la acción política contra el neoliberalismo y a experimentar la potencia colectiva de la transformación. Por eso, considero, que la reflexión política es urgente, más aún en los tiempos de la despolitización ciudadana neoliberal. Este es el camino para reinventar la política. Esta no se reinventa con memes. Sino con reflexión ciudadana dura. Para alcanzar esta es necesario parar. Desconectarse. Y, pensar. Se hace necesario pasar de la acción comunicativa virtual y digital materializadas en escasos caracteres. A la reflexión larga y profunda. A reaprender a leer en largo. A escuchar audios de más de 3 minutos. Ante un audio reflexivo que hice circular a algunos colegas y amigos sobre los escenarios políticos posibles de lo que acontece, de tan solo 8 minutos. Una profesora-amiga me solicitó que lo redujera. Con el objeto de enviárselos a sus colegas, pues “los profes son flojos…. y no escuchan”. Quede pasmado. Pienso, sino escuchan 8 minutos difícilmente van a leer este texto. Esto me hace pensar en una película futurista protagonizada por Sandra Bullock y Sylvester Stallone, Demolition Man, en una sociedad altamente ordenada, computarizada y aséptica lo que era “in”, era recordar o cantar, jingles comerciales de menos de un minuto. Una sociedad sin ningún tipo de reflexión. Ni contacto físico. Hasta el sexo, era a través de máquinas computarizadas. Todo controlado por el ordenador. Todo lo hace la computadora. Hoy estamos en la misma senda. Actualmente es muy alto el porcentaje de ciudadanía que no leer ni escucha. Pero que se alimenta de los memes y de los mensajes cortos, espontáneos, insulsos, muchas veces, idiotas, desechables, que no contribuyen en nada. La nueva política que debe emerger de esta rebelión popular y ciudadana debe ser de mejor calidad que la actual. Para ellos se requiere ciudadanos reflexivos, informados y políticamente activos. Desgraciadamente, los medios tecnológicos que actualmente se disponen no ayudan mucho a esa tarea. Por cierto, son de una gran utilidad para conectarse, coordinarse, para estar y sentirse unidos en una causa. En eso son fantásticos. Pero, hay que pasar de nivel, plantearse otras tareas. Para ello, pienso que las y las ciudadanas deberíamos replantearnos el uso que estamos haciendo de ellos. Por eso, tal vez, sería bueno desconectarse, para reflexionar. Por último, el segundo gran supermercado de ideas es el que se encuentra en los medios digitales y sitios de información alternativos. Estos son numerosos, diversos, plurales, abiertos y muchos ellos militantes. Pero, tengo la impresión que son ampliamente desconocidos por la ciudadanía. Llegan tan solo a los ciudadanos políticamente activos, y con cierta consciencia política e ideológica. Lo cual, por cierto, no está mal, pero requiere su ampliación. En estos sitios se encuentran artículos elaborados y preparados con cierta sofisticación y complejidad teórica. Muy útiles, para la discusión analítica de los acontecimientos. Sin embargo, esa necesaria discusión no se da. No hay polémicas. Nadie discute a nadie. La crítica es muy floja o inexistente. Y, cuando existe. Los polemistas se enojan o se retiran en silencio. Ahora bien, en estos sitios se encuentran muy buenos artículos. Son muy necesarios como alternativas viables y saludables a los dos anteriores. Pero, son vistos y leídos por un pequeño porcentajes cibernautas. Pero, por lo menos, allí se piensa, se reflexiona, pero no se discute. También, tienden al individualismo intelectual. Hay que conformar grupos de discusión interconectados, para producir conocimiento útil para la lucha política e ideológica que supere la enorme fragmentación política de los sectores que se oponen al neoliberalismo y al capitalismo. Cierro con la siguiente reflexión de mi colega Guiomar Rovira, especialmente, centrada en las redes sociales: “la participación política de las multitudes conectadas no genera continuidad en (protesta y en la movilización), sino que es esporádica, intensa y performativa”. Ésta al basarse en la no delegación y al ser muy “individualista”, condición central y fundamental del ciudadano neoliberal, posee álgidos momentos de actividad, como los que estamos observando en estos días en Chile, pero que por lo general se disuelve, tengamos presente por ejemplos, los casos de las movilizaciones de los estudiantes secundarios de 2006 o de los estudiantes universitarios del 2011. Son formas de participación efímeras, que, diluido el movimiento real, las y los ciudadanos neoliberales conectados vuelven a sus rutinas diarias y cotidianas. Para que esos ciudadanos no queden desconectados es necesario pensar políticamente. Pero, para hacerlo, paradojalmente, hay que a pagar la “caja idiota” y la desconectarse de las redes sociales. Para que vuelva aflorar el ciudadano políticamente reflexivo. Para reinventar la política y, sobre todo, transformar la sociedad capitalista neoliberal.
Bibliografía consultada:
• Guiomar Rovira: Activismo en red y multitudes conectadas. Comunicación y acción en la era de Internet. Icaria/UAM, México, 2017.
• Guiomar Rovira: Zapatistas sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo. ERA, México, 2009.
• Manuel Castells: Redes de Indignación y Esperanza. Alianza Editorial, España, 2012.
Juan Carlos Gómez Leyton
Dr. en Ciencias Sociales y Políticas
Académico-UPLA
Santiago centro, 24 de octubre 2019
©JCGL/jcgl
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El foco donde debe estar
Durante días, los medios de comunicación tradicionales nos están saturando con información sobre saqueos, los desmanes, el vandalismo, la violencia y el lumpen, e instalando voces de políticos, panelistas y expertos que dicen entender el malestar ciudadano y validar las movilizaciones, pero a la vez señalan que “no es la forma”, sin entrar a discutir los temas de fondo. Lo que estamos viendo hoy es un estallido social fruto de años de políticas abusivas y promesas incumplidas de distintos sectores políticos que han llevado a nuestro país a escandalosos niveles de desigualdad. En síntesis, Chile se cansó de los atropellos en salud, educación, trabajo, vivienda, pensiones y tantos otros. Sin embargo, los medios oficiales evitan profundizar en la raíz de estas demandas y levantan un discurso de violencia que potencia el miedo, contribuyendo en gran parte de la confusión y el desorden que estamos viendo hoy día. La Presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, se refirió a un cerco informativo y así es. Al hablar de “caos” se levanta una barrera de estupor que potencia la percepción de un desorden social y la necesidad de volver al status quo, es decir, bloquea e impide ver el origen del conflicto, nublando la perspectiva. Al poner allí el foco, las y los colegas son funcionales a un modelo político y social que está en crisis y que las y los chilenos están cuestionando hoy en las calles. Mientras, el Presidente plantea que “estamos en una guerra contra un enemigo muy poderoso”, con lo que justifica la violencia posicionando a un enemigo interno. Si bien sus palabras fueron ampliamente rechazadas, “algo queda”. No está de más señalar que estos discursos sólo contribuyen a dividir y polarizar a la población. En este escenario, mirar lo que está ocurriendo con un enfoque de derechos resulta fundamental. El centro debiera estar en el valor de la vida y en la dignidad humana. Colegas, paren de hablar de “destrozos”, “turba” y “antisociales” y pongamos el acento en la gente, las demandas ciudadanas y el fin de las desigualdades que hoy nos agobian. Eso es reportear para y por el pueblo del que somos parte.
Paula Correa Agurto
Consejera Nacional y Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos
Colegio de Periodistas de Chile
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Enviado por Luis Díaz:
Entre las “soluciones” propuestas por Piñera y la confusión que provocan las múltiples demandas sectoriales, se ocultan las que constituyen las verdaderas soluciones, soluciones que requieren de enormes recursos y de una nueva institucionalidad.
Ni la rebaja de dietas parlamentarias, ni las “reformitas” tributarias van a proveer al estado de recursos suficientes para de verdad atender las carencias de los jubilados, de la educación, de la salud, etc..
Debemos poner en el centro de las demandas aquellas que de verdad cambiarán el rumbo del pseudo-exitoso Chile y que por su carácter general constituyen demandas que deben unir a todos los chilenos:
RENACIONALIZACIÓN DEL COBRE: Se calcula que entre 1990 y 2017, las transnacionales del cobre sacaron del país la friolera de 250 mil millones de dólares lo que equivale a la inversión de 100 veces la doble vía La Serena-Puerto Montt. El cobre fue privatizado sin que existiera ninguna razón técnica o económica, sino exclusivamente por las presiones del gobierno de EEUU y las transnacionales.
NUEVA CONSTITUCIÓN POR ASAMBLEA CONSTITUYENTE: Los excesos privatizadores que redujeron a una mínima expresión el rol del Estado, debilitado frente al poder económico de los grandes empresarios y las transnacionales, requiere terminar con la constitución neoliberal que impuso la Dictadura.
NO + AFP : Una gigantesca fuente de recursos que permitiría mejorar las pensiones de manera sustantiva requiere el término del sistema de AFPs. Todos quienes argumentan en contra de un sistema solidario de reparto, mienten descaradamente para seguir profitando de dinero que ni siquiera les pertenece.
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS: Las importantes medidas señaladas anteriormente son sistemáticamente ignoradas o tergiversadas por los medios, lo que son controlados por los grandes intereses nacionales y extranjeros. Debemos hacer posible que los periodistas no sean presionados permanentemente por los dueños de los medios para mantener en la ignorancia a los ciudadanos y que de verdad haya libertad de prensa y opinión y no sea ésta una frase.
Punta Arenas, 27 de octubre de 2019
DECLARACIÓN PÚBLICA
En la ciudad de Punta Arenas, la “guerra” anunciada por el Presidente Sebastián Piñera ya se expresa en detenciones arbitrarias y en el uso de la fuerza desmedida por parte de Carabineros.
Lamentamos que durante la marcha pacífica desarrollada ayer en el centro de la ciudad, la fuerza policial reprimiera y detuviera sin mediar motivos, al colega Franco Manzo Mansilla, en momentos en que ejercía su rol de periodista.
Tras pasar toda la noche esposado, en un gimnasio habilitado especialmente por Carabineros, es liberado sin explicación ni citado a control de detención.
En la misma jornada detienen a ciudadanos, dirigentes sociales y sindicales, en un contexto de bombas lacrimógenas, carros lanza agua y otros métodos que no se veían en la zona desde los tiempos en que gobernaba la dictadura de Pinochet.
Hacemos un llamado a cuidar el patrimonio social y cultural de Magallanes. El respeto y la integridad son valores básicos y ese es el “orden” que hay que resguardar. Y para hacerlo no es necesario ni el uso de bombas lacrimógenas ni de lumazos; sino que el diálogo activo, empático, transversal y solidario.
En este sentido, el Colegio de Periodistas no avala y rechaza tajantemente todo tipo de violencia que vulnere los DD.HH., atente contra la libertad de expresión y empañe con destrozos las reivindicaciones del legítimo movimiento social que reclama hoy reivindicaciones justas.
A su vez, hacemos un llamado a la ciudadanía a estar alerta a las noticias falsas o paparruchas que circulan por redes sociales.
En estos tiempos complejos, el buen periodismo es el mejor antídoto y debe expresarse en base a una construcción ética y de calidad, es decir reporteo e investigación.
De ahí que concluyamos que el papel del periodista es fundamental en la crisis y es vital asegurar su integridad y el acceso a la información. Quienes han recibido formación suelen tener un criterio que les permite decir ‘esto es falso’, pero quienes no han pasado por ese proceso no encuentran diferencias entre lo que dice un medio de comunicación reconocido y una cadena de WhatsApp.
Por otro lado, hoy se hace necesario una legislación acorde a los tiempos. Es responsable quien crea, pero también quien difunde.
DECLARACIÓN COLEGIO DE PERIODISTAS DE MAGALLANES
El Colegio de Periodistas de Magallanes rechaza el diálogo con pistola, la militarización del país y todas las declaraciones que intentan confundir y banalizar las justas demandas sociales que vive nuestra sociedad, asfixiada hace décadas por un modelo que construye desigualdades y lidera la brecha económica más injusta de Latinoamérica. Se trata de una expresión que deteriora y afecta los ámbitos más sensibles y básicos de la vida: salud, educación, transporte, jubilación, trabajo, derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente. En este contexto, creemos que los estados de excepción no ayudan, sino que, muy por el contrario, son la cortina que cierra el diálogo y abre el camino a dictaduras y doctrinas que simplifican argumentos, ven de enemigos a ciudadanos y demandas, justificando y promoviendo violencia. Nos resistimos a una forma de gobierno que enfrenta los problemas, confundiendo la reacción frente a la inequidad con “simple delincuencia”, violentando nuestra cotidianidad con fuerzas armadas que sostenemos económicamente, pese a sus irregularidades y privilegios. El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hasta ahora no ha estado a la altura de las circunstancias y ha escalado, con declaraciones y acciones puntuales, hacia un territorio de descontrol e incertidumbre. Aún así, urge construir un país sin etiquetas, tolerante, inclusivo y sin privilegios. Hoy se hace necesario articular un verdadero diálogo social y generoso que estabilice la estructura ética, moral y los cimientos jurídicos (basados en la Constitución) del país. Tenemos el desafío de mejorar nuestra sociedad y como Colegio decimos presente desde nuestros distintos lugares de trabajo. Lamentablemente en los medios tradicionales gobierna el oficialismo, y en las redes se mezclan las noticias falsas con las verdaderas. Este cerco comunicacional desvía el foco del tema de fondo que es el generalizado descontento ciudadano por las injusticias y desigualdades del país. En tanto, todavía Chile adolece de una Ley de prensa que asegure pluralidad y parcialidad en la entrega de informaciones. Esa lucha histórica y olvidada por la clase dirigente del país -en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia-, explota hoy, principalmente en la televisión, con una clara tendencia a un enfoque aparatoso y sensacionalista y que define el sentido de la noticia en una mercadería de consumo redactada a la necesidad del cliente. ¿Qué pasaría si la justicia tuviera que financiarse bajo las reglas de la publicidad? En nuestro país todos los medios grandes son privados y la televisión estatal se rige a través de las reglas de la publicidad. Desde esta premisa, hacemos un llamado a profundizar el análisis histórico y político, en su contexto nacional y Latinoamericano, dando cuenta del origen y sentido del estallido social que hoy vive el país, con el fin de no invisibilizar la demanda, en beneficio de la rentabilidad económica que da el hecho de espectacularizar las informaciones y así poder cumplir verdaderamente con nuestra misión de comunicar empatía social. Todo bajo la premisa de colaborar en la construcción de una mejor comunidad, a partir del bienestar colectivo y no individual.
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES COLEGIO PERIODISTA DE CHILE
Punta Arenas, 21 de octubre de 2019
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COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE AGRESIONES A PERIODISTAS Y COMUNICADORES DURANTE ESTADO DE EMERGENCIA Y TOQUE DE QUEDA
1. Presentación:
Desde la instalación del Estado de Emergencia y posterior la disposición de Toque de Queda en Chile, que puso en grave riesgo el trabajo de la prensa, el Colegio de Periodistas de Chile, a través de sus 18 Consejos Regionales distribuidos en todas las regiones del país, consideró necesario monitorear las difíciles condiciones en que los y las periodistas y comunicadores/as de diversos medios de comunicación, incluidos los medios independientes, han tenido que realizar sus labores como trabajadores/as de las comunicaciones. A partir de esa observación, nuestra Orden profesional ha realizado un catastro de quienes han sido víctimas de agresiones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, informe que se presenta a continuación y que contiene antecedentes reportados por cada uno de los Consejos Regionales del Colegio de Periodistas y datos obtenidos por el Observatorio del Derecho a la Comunicación.
Los datos recopilados a través de fuentes directas – Consejos Regionales del Colegio de
Periodistas de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación en su informe elaborado el
28 de octubre e informaciones de redes sociales verificada, podemos señalar:
- Número de casos reportados en el país: 36 personas
- Número de detenciones: 6
- Lesiones por armamento disuasorio: 13
- Trauma ocular: 1
- Golpeados: 6
- Violencia sexual: 2 (mujeres)
- No entrega de salvoconductos: 4
- Restricción de comunicadores de entrada al país: 3.
A nivel nacional, quienes mayormente fueron afectados por la violencia de agentes del Estado fueron: 16 periodistas, 9 fotógrafos, 7 reporteros y 4 camarógrafos. Los casos reportados indican que el mayor número de abusos fueron generados por Carabineros durante las movilizaciones (24 casos). Solo se reportan dos casos de abuso de militares – uno en la Región de La Araucanía y otro en la Región Metropolitana, un caso donde la PDI intervino para evitar la entrada de un periodista y dos fotógrafos extranjeros a Chile. La mayor cantidad de agresiones se reportan en la Región Metropolitana (18 casos) con agresiones por balines, golpizas, detenciones y limitación de entrega de salvoconductos a prensa acreditada.
Tal como señala el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación: “En un gran número de casos los disparos por parte de Carabineros se realizaron a muy corta distancia, menos de 10 metros, asimismo hay testimonios y registro audiovisual que acredita que los reporteros eran el objeto del disparo, por encontrarse separados de los manifestantes y ser claramente identificables. El análisis de los datos recopilados permite afirmar que, por lo general, los impactos no se produjeron de forma accidental, existiendo una intencionalidad de agredir a los reporteros que se encontraban registrando la actuación policial durante las protestas”. Además de las agresiones ya informadas, hubo evidente limitaciones para entregar salvoconductos a la prensa y estos hechos no fueron respetados, considerando que muchas de las personas afectadas por detenciones y agresiones, contaban con credenciales de prensa y salvoconductos.
“En los sucesos documentados se manifiesta un sistemático incumplimiento de los protocolos de orden público de Carabineros (Circular Núm. 1.832.- Santiago, 1 de marzo de 2019 publicada en Diario Oficial de Chile de 4 de marzo de 2019)”, señala el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación.
Respeto a los casos informados, cabe destacar tres casos de fuerte impacto: uno es el caso del trauma ocular que fue afectado un camarógrafo de Mega, en la ciudad de Concepción quien recibió un impacto de balín en su ojo por parte de Carabineros, quedando con un daño irreparable a su vista; y la violencia sexual que fueron víctimas dos mujeres periodistas en la ciudad de Arica quienes durante su detención fueron obligadas a desnudarse y hacer zancadillas.
Así mismo, se destaca en este Informe la vulneración de derechos que sufrieron tres
comunicadores argentinos quienes estuvieron retenidos por horas en el Aeropuerto
Internacional de Santiago por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). A los periodistas se les
informó que no se les permitía la entrada al país, por tener en sus redes sociales imágenes de
“incitación al odio” y serían deportados a su país. Además, otro argumento usado por la PDI para
negar el acceso fue que la visita a Chile, se realizaba con visas de turistas y para hacer cobertura
periodísticas necesitaban visa de trabajo. Después de que intervinieran distintas instituciones,
como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión Chilena de Derechos
Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile, la PDI les permitió el ingreso a Chile.
Colegio Periodista de Chile 29- octubre- 2019
