Concordando con lo señalado por el Dr. Gibert, en su excelente artículo sobre la educación chilena "¿Podrá la reforma proveer a Chile de una educación universitaria de calidad?" (Ver texto al final), quisiera agregar algunos elementos de análisis político, no menores. Es obvio que lo que ha sucedido con la educación en Chile no es otra cosa que una "lapidación" de la estructura educativa que tanto costó construir, desde los albores de la república; sin embargo, se habla de lo que pasa, pero no de aquello que generó este descalabro. Descarto hablar de los cuatro obstáculos que tan bien expone mi colega, sólo quiero referirme al último punto, es decir, aquel que plantea una suerte de camino a seguir: ¿qué hacer?, pero antes habría que insertar dos viejas preguntas:unde venis et quo vadis? La primera pregunta se responde [casi] por sí sola, pero sabemos que la memoria es frágil, por lo tanto un pequeño racconto.
Desde 1973 hasta 1990, hubo quienes se empeñaron en destruir la educación pública, lamentablemente lo lograron, entiéndase Guzmán y compañía. Quienes continuaron hasta hoy, poco y nada hicieron para cambiar esta situación; si no fuera por las movilizaciones estudiantiles del 2011 las cosas seguirían tal como estaban. Hoy por hoy, hay inquietud y desesperación en la sociedad, mientras se desarrollan imparables los consabidos acuerdos de cocina (o de pasillos) que suelen hacer los honorables y los no tan honorables congresistas, amparándose en el no tan democrático sistema binominal. Por otro lado, ya en la segunda pregunta, existe la firme sospecha de no saber hacia dónde nos dirigimos, pues los intereses de quienes debieran solucionar los problemas, v.g. “...los legisladores y los grupos de interés harán frente al proyecto de reforma.”, según Gibert, están muy por encima de las necesidades y prioridades del país real. El gobierno anterior (Piñera) no sólo mintió al estudiantado y al país, cada vez que pudo aplicó la ley del garrote, incluso con otras protestas sociales (Coyhaique, por ejemplo), sino que además trató de criminalizar el movimiento estudiantil.
El actual gobierno sigue actuando con la misma política de los primeros gobiernos después de la dictadura: justicia en la medida de lo posible, dejar que las instituciones funcionen y así sucesivamente, una serie de eufemismos que suenan bonito, pero que no se materializan en nada. Todo se ha transado en desmedro de los verdaderos problemas de la sociedad chilena, la endogamia política da sus frutos. Hay, la verdad sea dicha, buenas excepciones, pero el punto es que Chile se debate entre lo políticamente correcto, ante actores que sólo han usufructuado del estado (estado que existe sólo cuando conviene que exista) y realidades sociales con un serio potencial de conflicto, controlado a más no poder, a través de la prensa [oligopólica que hay en Chile], de las leyes, de una Constitución espuria, etc., haciéndose patente, cada vez más “el control en la producción del discurso que no tiene otra función que la de conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault).
Las relaciones de poderes funcionan a la perfección; por ejemplo, gran parte de la iglesia católica vela solamente por sus intereses, apelando a la libertad de educación y religiosa cuando, con platas del estado, no deja entrar a sus colegios a quienes no cumplen con sus requisitos y anacrónicos parámetros inquisitoriales y con un cardenal (Ezzati) que es más explícito en defender los intereses económicos [e inmorales] de la iglesia y no los de su grey: “La Iglesia Católica es el principal grupo de interés entre los sostenedores privados: sólo en la Región Metropolitana sus colegios educan a 159 mil alumnos, por lo que el año pasado el Estado le entregó $109.673 millones en subvenciones” (Ciper, 23.05.2014).
Por otro lado, las familias que controlan el país, no serán más de cinco o seis, han visto un nicho de negocios con esto de la educación, pero con una visión mucho más a largo plazo: por un lado es un buen negocio señalar que todos los chilenos (que quieran) pueden estudiar en la universidad, generando un crecimiento exponencial de la matrícula, sin importar sus capacidades; por otro, la generación de miles de profesionales hará bajar los sueldos, una regla del omnipotente mercado.
Hacia dónde vamos, es difícil saberlo. Este es el país de la endogamia y del eufemismo perfecto; a los sin casa se les llama "en situación de calle"; a los despedidos "desvinculación por necesidades"; a la democracia se le llama "democracia protegida". Un país convertido en un centro comercial (perdón, MALL); un país sin idioma propio porque todo se transa en inglés o como la escuela de Chicago el FMI y Banco Mundial nos dicen que tiene que ser; un país lleno de farmacias (perdón, DRUGSTORE), de créditos a la medida de las necesidades de la gente y de liquidaciones de temporada (perdón, sale off). Un país que no tiene ciudadanos, sino clientes; los estudiantes ahora denuncian a las universidades en el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor, que hace las veces de mediador para que nada pase), porque ya no son estudiantes, sino clientes que no vienen a aprender, sino a consumir. Y no es culpa de ellos, es el modelo: omnipotente fagocitador y Leviatán, que nos devora. El modelo es un hecho consumado, facta praeterita... Quo vadis: nescio
Prof. Doctor Gastón Tagle Orellana Académico Universidad de Valparaíso Chile
¿Podrá la reforma proveer a Chile de una educación universitaria de calidad? Por Jorge Gibert Galassi
Dejando de lado un puñado de universidades donde, en general, podemos constatar una educación universitaria de calidad, quisiera exponer brevemente algunos problemas falsos en el actual debate, así como también comentar cuales son los obstáculos que impiden que Chile posea un sistema universitario de calidad, plantando algunas dudas respecto al perfil de la Reforma.
El primer problema falso es el dinero. Es un problema importante pero relativo, toda vez que esconde dos problemas globales, cuáles son la distribución de recursos estatales en el sistema universitario, por una parte, y por otra, el uso que las instituciones hacen de éste. Hay recursos estatales para la educación superior, pero se distribuyen muy asimétricamente entre las instituciones, debido a condiciones de ventaja inicial de las más antiguas respecto de las instituciones más nuevas. Además, muchas veces estos recursos son malgastados, por ejemplo en publicidad, producto de la situación mercantil en que se desenvuelve el sistema universitario general y otras veces en apuestas de negocios universitarios que no fructifican debido a la ineficiencia, incompetencia o corrupción de los mismos gobiernos académicos.
El segundo problema falso es la inexistencia de una institucionalidad que dé cuenta de los procesos tradicionales, la docencia orientada a la entrega de certificados de títulos y grados académicos y la investigación universitaria. El primer fantasma es la Subsecretaria de Educación Superior (Superintendencia de Educación Superior u otra). El segundo fantasma es el mentado Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ambos casos, se pretende tapar la muy debatible gestión de instituciones que ya existen y que funcionan, aunque de un modo poco feliz. Si el CSE, la CNA y el resto de órganos administrativos hubieran realizado su labor con la prolijidad y el rigor que implicaba el mandato, jamás habríamos tenido los escándalos que hemos presenciado. Si CONICYT, el Ministerio de Economía y otros organismos que fomentan la ciencia y la tecnología tuvieran sus muchos programas ordenados y sin duplicaciones, operando con una perspectiva de largo plazo, garantizando la carrera de Investigador Nacional y los flujos de fondos para la permanencia de las iniciativas importantes, quizás la comunidad científica no estaría preocupada del tema. (Aunque, en verdad, es muy necesaria la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero por otras razones).
Entonces, ¿cuáles son los obstáculos reales?
El primero y más obvio es el vínculo entre gratuidad y calidad. La izquierda pone el acento en la primera mientras la derecha hace lo propio con la segunda. Pensando bien (¿por qué no?), la izquierda busca la movilidad social, imposible para quienes entran al mundo profesional con una mochila muy pesada de deudas estudiantiles; mientras la derecha busca proteger la excelencia de algunas universidades, solo posible con estudiantes provenientes de círculos socio-económicos cultos y acomodados, que pagan por ello. En ambas ideas hay trampas: una mala universidad gratuita no implicará movilidad social y una universidad “Ghetto” siempre tendrá niveles de excelencia planos, carentes de diversidad creativa. La conjunción de estas dos dimensiones provocó la revuelta estudiantil: mala educación que endeuda, la oferta mayoritaria del sistema universitario chileno. Luego, toda reforma que no amarre ambas dimensiones, está destinada a soslayar el corazón de la (correcta) protesta ciudadana. Así, la reforma puede volverse parte del problema y no parte de la solución.
El segundo problema son los profesores. Un sistema que aumentó a un millón su matrícula de pregrado, debería haber aumentado la cantidad de sus profesores idóneos. Pero el crecimiento fue tan explosivo que la mayoría de los profesores no son idóneos. A lo más, reemplazan Wikipedia. Son varias las razones de esta falta de idoneidad, pero en una sociedad motorizada por la información y el conocimiento, la principal es que los profesores no realizan actividades de investigación. Las causas son, entre otras, el exceso de clases presenciales, mecanismos de evaluación de desempeño anti-diluvianos, etc. Sin realizar investigación, están incapacitados de comprender el conocimiento en curso en sus respectivas disciplinas, pues no conocen los lenguajes conceptuales y las nuevas técnicas en marcha. Bajo ese axioma, es imposible que hagan una apropiada transferencia de conocimiento y, con mayor razón aún, que co-construyan el conocimiento con sus alumnos o los motiven a aprendizajes orientados a la innovación. Solo la experiencia laboral de la gran mayoría de los docentes impide un mayor desastre.
El tercer obstáculo son las plataformas de trabajo, la realidad material de las instituciones de educación superior. En gran parte debido a que el sistema universitario es un sistema de competencia mercantil por alumnos y recursos, es imposible o difícil la cooperación entre instituciones. Ello impide que se materialicen los grandes proyectos país e impide que se desarrolle en el sistema universitario la modalidad básica de trabajo del siglo XXI, el trabajo en redes. Como esto no se da, la gran mayoría de las instituciones carecen de una infraestructura básica para el logro del propósito universitario. Ello se manifiesta en la falta de laboratorios de ciencias y tecnologías, en la carencia de acceso a revistas online relevantes y otras bases de datos, en las instalaciones de bibliotecas y, finalmente, en la carencia de mecanismos formales de integración al trabajo de calidad. Entre estos últimos, destaca la precariedad de los contratos académicos y de servicios al interior de los campus, pero también la bipolaridad respecto de las relaciones con la empresa y el sector industrial, en las públicas demonizado (pecado de omisión) y en las privadas mercantilizado (pecado de pertinencia). Finalmente, como factor de naturaleza holística, el sistema estatal impide en general plataformas de trabajo eficaces debido a la legislación obsoleta y la extraña gobernanza de sus instituciones.
El cuarto obstáculo para lograr una educación de calidad es que hoy, tanto la “buena” como la “mala” educación no tienen pertinencia social, es una educación universitaria en el vacío territorial. El graduado puede hacer su trabajo (bien o mal) en Nigeria o en Antofagasta. La razón de ello es que la docencia y la investigación no están institucional ni socialmente vinculadas con las ciudades o los territorios donde la universidad actúa. Todo es simbólico, con muy poca evidencia en términos de cantidad de graduados que permanecen en la zona, servicios universitarios hacia la industria local, o bien alianzas de formación pertinentes al entorno socio-cultural: la mayoría de los profesionales emigra a Santiago, la mayoría de los servicios se orientan a la industria minera y los programas de formación de pre y postgrado se mantienen siempre que se autofinancien. Bajo esas condiciones, las posibilidades de que exista un lazo fuerte entre universidad y territorio son escasas. Bajo otras condiciones, el famoso “vínculo con el medio” podría manifestarse en la creación de todo tipo de Clusters o sistemas de interacción virtuosos.
¿Qué hacer? Bueno, los legisladores y los grupos de interés harán frente al proyecto de reforma. El gobierno, por su parte, puede atacar los tres problemas restantes al mismo tiempo y bajo todos los ángulos, empezando por elaborar ahora mismo una política de inserción en el sistema universitario de los cientos de jóvenes con vocación académica que han sido beneficiados con las Becas-Chile, que aún no saben muy bien a qué o para qué volver al país. Este ejército de postgraduados podría aumentar bruscamente los indicadores docentes y de investigación en el sistema universitario, podrían confabularse para exigir plataformas de trabajo acordes al mundo que vivimos y, quizás, podrían volver a sus terruños, de manera de volcar sus experiencias en pos de una actividad pertinente, que haga más fructífera la relación entre las comunidades locales y sus universidades.
Agosto 2014.
JORGE GIBERT GALASSI Dr. en Epistemología de las Ciencias, U. de Chile. Académico en la Universidad de Valparaíso
