A 101 años de la creación de la primera Escuela de Servicio Social de América Latina y el Caribe, fundada en Santiago en 1925, el Trabajo Social chileno y latinoamericano llega a este 11 de noviembre de 2026 con una trayectoria histórica consolidada y una pregunta perentoria ¿qué hacemos con lo heredado y cómo proyectamos nuestra historia hacia el futuro? Conmemorado el centenario, los análisis se desplazan hacia una perspectiva prospectiva, orientada a pensar los horizontes de la disciplina y la profesión. Esta fecha remite, además, a un hito de organización profesional ocurrido en 1950, cuyo significado histórico insta a ponderar las decisiones colectivas de aquella época y a examinar su proyección. En ese acontecimiento encontramos una clave para pensar los desafíos actuales y los horizontes futuros del Trabajo Social.
Recordemos la historia. Entre el 6 y el 11 de noviembre de 1950, las entonces llamadas asistentes sociales sostuvieron en Chile una jornada de análisis y debate sobre su propio quehacer (Vivero Arriagada, 2010). Fue una deliberación de seis días en la que un grupo de profesionales asumió colectivamente una pregunta que mantiene plena vigencia, qué somos, qué hacemos y para qué. Del cierre de esa jornada surgieron dos decisiones que se explican mutuamente, declarar el 11 de noviembre como el Día de la Profesión, con lo que la fecha de término del encuentro pasó a ser la fecha de su memoria, y constituir la Federación de Asistentes Sociales de Chile, la primera estructura gremial que reunió a la profesión a escala nacional (Vivero Arriagada, 2010).
Esa Federación fue el germen de lo que vino después. En 1955, la Ley 11.934 creó el Colegio de Asistentes Sociales[1] (República de Chile, 1955) y con ello la profesión obtuvo reconocimiento legal y una institucionalidad estable, de modo que el actual Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile tiene su raíz en aquellos seis días. La secuencia amerita leerse completa, porque dibuja un orden: primero la reflexión compartida, luego la organización gremial y, posteriormente, el respaldo de la ley. La profesión asumió la responsabilidad de definir colectivamente el sentido de su trabajo, debatió entre pares, llegó a conclusiones y las tradujo en instituciones. Esa capacidad de pensarse colectivamente y convertir el debate en estructura representa un legado esencial del 11 de noviembre y una orientación política para abordar los desafíos actuales.
El primero de ellos es la formación. Chile cuenta con una de las trayectorias formativas más antiguas de la región y, desde 1925 (Castañeda y Salamé, 2015), la disciplina ha construido un cuerpo propio de saberes, con escuelas, planes de estudio, revistas y comunidades académicas que sostienen la reflexión crítica sobre el quehacer profesional. La recuperación del rango universitario en 2005, mediante la Ley 20.054 (Ministerio de Educación, 2005), constituyó un avance histórico para el Trabajo Social chileno, pues restituyó a la profesión un reconocimiento que había perdido durante la dictadura militar. Sin embargo, su consolidación institucional sigue siendo una tarea pendiente, puesto que la exclusividad universitaria de la formación profesional aún enfrenta brechas en su cumplimiento efectivo. Recuperar en propiedad este rango supone fortalecer la regulación de la formación, resguardar su carácter universitario y asegurar estándares de excelencia académica, disciplinar y profesional.
El desafío consiste en consolidar una enseñanza crítica y humanista, con sólida base teórica, ética y metodológica, que enseñe a leer la sociedad antes de intervenir en ella y forme profesionales capaces de analizar contextos, decidir con criterio y sostener un posicionamiento ético ante realidades complejas. Una formación de excelencia debe dialogar con los problemas del presente, a saber, las desigualdades persistentes, las transformaciones del trabajo, las migraciones, las nuevas expresiones de exclusión y las configuraciones contemporáneas de las sociedades de clases. Todo ello desde una perspectiva fundada en los derechos humanos, la justicia social, la dignidad humana y el reconocimiento de las diversidades.
Esta tarea también fortalece la investigación. El Trabajo Social goza de una posición privilegiada por su vinculación histórica con los territorios y las comunidades, desde donde observa las expresiones concretas de las desigualdades y las formas en que las políticas públicas se materializan en la vida cotidiana. Transformar esa proximidad en investigación sistemática, publicada y discutida supone una responsabilidad académica, gremial y política. Se trata de producir conocimiento propio, ampliar la participación en revistas y espacios científicos, consolidar líneas de investigación y formar nuevas generaciones que comprendan la producción de conocimiento como una dimensión constitutiva del ejercicio profesional. Formación e investigación se retroalimentan: lo que se estudia en los territorios vuelve al aula y lo que se enseña orienta nuevas preguntas, interpretaciones y propuestas de transformación social.
Formación e investigación hallan su expresión concreta en los campos profesionales. El Trabajo Social ejerce en salud, educación, infancia y adolescencia, justicia y familia, vivienda, desarrollo territorial y políticas sociales, entre otras muchas. En estos ámbitos, su trayectoria histórica y su aporte al bienestar individual y colectivo conforman fundamentos para avanzar hacia mayores niveles de reconocimiento institucional, normativo y laboral. Uno de los desafíos decisivos es incorporar el Trabajo Social al Libro V del Código Sanitario, referido al ejercicio de la medicina y las profesiones afines, reconociendo su contribución histórica a la salud pública y su papel en el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Esta incorporación fortalecería el reconocimiento de sus competencias y su participación en los equipos interdisciplinarios que trabajan con personas, familias y comunidades.
En educación, el desafío consiste en acompañar trayectorias de vida y aprendizaje y trabajar con las comunidades escolares los factores sociales que inciden en ellas; en infancia, familia y justicia, sostener intervenciones que protejan derechos con rigor técnico y enfoque ético; en vivienda y territorio, fortalecer la participación y la organización comunitaria; y en las políticas sociales, aportar al diseño, implementación y evaluación desde el conocimiento directo de las realidades que se busca transformar. A estos ámbitos se suman campos en expansión, como género y cuidados, migraciones, derechos humanos, construcción de paz y convivencia, donde la profesión cuenta con trayectoria, conocimiento y legitimidad para asumir responsabilidades estratégicas. Consolidar los campos profesionales supone avanzar hacia marcos regulatorios, reconocimiento de competencias, condiciones laborales dignas y participación efectiva en las decisiones que orientan las políticas públicas.
Todo ello se vincula con la renovación de la intervención social, entendida como un proceso analítico, contextual, ético y transformador, que articula la lectura estructural de los problemas con la acción cotidiana. Cada intervención encarna una oportunidad para responder a situaciones concretas y contribuir a transformar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que las originan. En sociedades cambiantes, caracterizadas por nuevas configuraciones de desigualdad, conflictos y disputas por los derechos, el Trabajo Social está convocado a fortalecer su capacidad de análisis situado, su creatividad profesional y su compromiso con la construcción colectiva de alternativas junto a las comunidades.
Esta proyección también demanda una agenda de fortalecimiento gremial, legislativo y académico. Entre sus prioridades se encuentra avanzar hacia una Ley de Trabajo Social que reconozca y regule el ejercicio profesional, establezca atribuciones y competencias, resguarde principios éticos y contribuya a fortalecer las condiciones para su desempeño en los distintos campos laborales. Una legislación de estas características debe expresar el reconocimiento social e institucional de una profesión cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la defensa de los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la dignidad de las personas.
Junto con ello, es imprescindible fortalecer la colegialidad y la articulación entre el gremio y la academia, construyendo una agenda compartida que convoque al Colegio profesional, las asociaciones, las escuelas, los departamentos universitarios y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores sociales. Esta convergencia configura una condición estratégica para impulsar iniciativas legislativas, defender el ejercicio profesional, incidir en las políticas públicas, fortalecer la formación y proyectar una voz colectiva ante los debates nacionales y regionales. La organización profesional asume aquí una dimensión política, es decir, construir acuerdos, sostener posiciones y participar activamente en las decisiones que comprometen el presente y el futuro de la profesión.
En materia formativa, recuperar en propiedad el rango universitario representa una demanda histórica y un compromiso con las nuevas generaciones. La recuperación legal alcanzada en 2005 constituye un hito relevante (Ministerio de Educación, 2005), cuya expresión efectiva debe materializarse en el cumplimiento de la exclusividad universitaria de la formación en Trabajo Social. Esta aspiración se vincula directamente con la calidad académica, la responsabilidad pública de las instituciones de educación superior y el reconocimiento de un campo disciplinar con fundamentos teóricos, metodológicos, investigativos y ético-políticos propios. Una formación profesional de excelencia debe estar a la altura de las complejidades de las sociedades actuales, las desigualdades de clase, género y territorio, las transformaciones del mundo del trabajo y las nuevas disputas por la democracia y los derechos sociales.
Tras el centenario, la pregunta es qué se construye con lo heredado. La respuesta se expresa en una profesión y disciplina con mayor solidez formativa, capacidad investigativa, reconocimiento jurídico y presencia en las decisiones públicas; con campos profesionales consolidados, articulación gremial y académica, y vínculos regionales e internacionales que fortalezcan la producción de conocimiento y la defensa de los derechos. Una profesión con voz propia en los debates sobre paz, justicia social, solidaridad y democracia, capaz de renovar sus respuestas frente a las transformaciones históricas y sostener su identidad disciplinar y profesional.
Eso es posible porque el 11 de noviembre ya contiene una enseñanza histórica. En 1950, un grupo de profesionales convirtió una jornada de debate en una organización con futuro (Vivero Arriagada, 2010). Setenta y seis años después, la tarea mantiene su vigencia, cada generación recibe ese legado y asume la responsabilidad de renovarlo mediante el conocimiento, la organización, la formación y la acción colectiva.
Conmemorar el 11 de noviembre significa, entonces, asumir una responsabilidad histórica y política con el Trabajo Social. La memoria adquiere sentido en las decisiones del presente y en los proyectos que somos capaces de construir colectivamente. Pensarnos como profesión, organizarnos como colectivo y proyectarnos como disciplina se erige en una tarea ética y política que compromete a la academia, al gremio y a cada trabajadora y trabajador social. El futuro del Trabajo Social se construye desde esa memoria compartida, con autonomía intelectual, organización profesional y un compromiso irrenunciable con la transformación de las desigualdades y la construcción de una sociedad más justa.
Referencias
Castañeda, P., y Salamé, A. M. (2015). Trabajo Social en Chile y América Latina: historia, identidad y desafíos profesionales. Santiago: RIL Editores.
Ministerio de Educación. (2005). Ley N. ª 20.054. Restablece la exclusividad universitaria del Trabajo Social y otorga el grado académico de Licenciado en Trabajo Social. Diario Oficial de la República de Chile.
República de Chile. (1955). Ley N. ª 11.934, crea el Colegio de Asistentes Sociales. Diario Oficial de la República de Chile.
Vivero Arriagada, L. (2010). La profesionalización del Trabajo Social chileno: génesis, desarrollo y proyección. Santiago de Chile.
Dra. Sonia Brito Rodríguez
Académica Investigadora
Directora Carrera Trabajo Social
Universidad Alberto Hurtado
[1] Actual Colegio de Trabajadoras y Trabajadores sociales de Chile.
