La justicia de la liberación

La urgencia de los principios jurídicos indígenas latinoamericanos por sobre los principios jurídicos que informa el sistema neoliberal capitalista, es la tesis central del autor de este artículo, Daniel Urrutia Laubreaux, Juez de Garantía, trasladado ilegalmente por la Corte de Apelaciones de Santiago a un Juzgado de Cobranza, por dictar una resolución que cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario a un grupo de presos por la revuelta, a propósito del estado de catástrofe por la pandemia viral. Un caso de 2004 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la que emitió su sentencia en contra del Estado de Chile por diversas infracciones a los derechos fundamentales del magistrado en el contexto de una investigación disciplinaria. Para la Corte, Chile es “responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión de un Juez”.

En el prefacio de su libro “Extractivismos y Corrupción” (1), Eduardo Gudynas dice que los engranajes del extractivismo, mirados desde los procesos de defensa territorial y el análisis amplio de sus causas y consecuencias, su permanencia en la región, justificación y profundización se producen intrínsecamente unidos a violencia y corrupción, las cuales provienen directamente de las grandes empresas que intentan instalar megaproyectos, como de los mismos gobiernos latinoamericanos que reproducen la lógica de apropiación de la naturaleza, que la asume como un bien de consumo, transable y explotable sin límite. Esto constituye una emergencia de amenaza vital para el planeta.

Desde otra perspectiva, el discurso final de la Quinta Asamblea de la Red Iberoamericana de Jueces, celebrada el 2011 en Bolivia, expresó que una gran tragedia judicial en Latinoamérica es que aquellos jueces “independientes”, entre comillas, lo son ciertamente independientes de la voluntad de los pueblos latinoamericanos, puesto que se encuentran de espaldas a ellos, negando su existencia y son derecha y estructuralmente “dependientes” de la clase dominante, que construyó “la ley” para efectos de defender sus granjerías y privilegios.

Mundo de la legalidad
Y, ¿qué tiene que ver la destrucción y apropiación de la naturaleza permanente en nuestra región con la independencia de unos funcionarios nombrados por “la ley” para dirimir conflictos jurídicos relevantes? Tiene mucho que ver, la conquista y posterior proceso colonial construyó un aparato judicial a su medida, es decir un aparato judicial de represión de los pueblos conquistados. El profesor Alberto Binder (2) reafirma la idea de sumisión de los gobernados al gobernante, dando cuenta que el “trámite”, el expediente, el proceso, se convierte en algo de mayor importancia que el conflicto mismo, creándose la cultura del expediente: a través de este trámite el gobernado se deshumaniza, pasa a ser un número, y se encadena a un proceso que poco entiende y que le atemoriza. De este mundo cerrado nacerá la cultura inquisitiva, que es la matriz básica de funcionamiento de nuestros actuales sistemas judiciales latinoamericanos, configurando la imposibilidad del desarrollo de una “práctica social de gestación de la legalidad”, quedando la vida mandatada por el interés inmediato de los grupos de poder y por su arbitrariedad. Se generó, así, lo que Simón Bolívar denominó “Repúblicas Aéreas”: lo artificioso del mundo de la legalidad, se convirtió en el verdadero mundo del entramado judicial. Y esto se conserva en el presente, repitiéndose en un continuo que nos alcanza hasta ahora. De hecho, como afirma Idón Moisés Chivi (3), el Decreto Supremo de 1825, firmado por Bolívar, ordena que: “las antiguas Audiencias y Cabildos se convertirán en Juzgados y Cortes”. No hubo ningún cambio estructural; solamente se cambiaron los letreros de las puertas. Y esto, más o menos, se repitió en gran parte de la región. De hecho, las leyes españolas, como las Siete Partidas, estuvieron vigentes en procesos penales hasta casi 1900.

Una premisa provocadora: La ley en Latinoamérica está construida para mantener las condiciones que benefician a la élite de turno.

Y hay muchos ejemplos de esto, como el sistema de fondos de pensiones actual en Chile. Otro caso demasiado evidente es la construcción del delito de usurpación de tierras (robo de tierras) en el Código Penal chileno, que tiene pena de multa, mientras el robo de animales tiene una pena equivalente al homicidio. ¿Por qué tiene pena de multa?, porque cuando se redactó el Código Penal el Estado chileno avanzaba sobre las tierras de los mapuche en 1874, a través de una guerra de tierra arrasada. Si llegaban a perseguir a los colonos por robar tierra indígena, solo podían ser multados. La norma está vigente al día de hoy.

¿Que la ley sea el escudo de los poderosos ha cambiado?

Élites cómplices
El modelo de desarrollo neoliberal (4) ha cambiado las reglas de las instituciones privadas y públicas y ha exigido una actualización del sistema jurídico para el desarrollo, que asegure condiciones propicias para el comercio, el sistema financiero y la inversión.

Mantener este sistema jurídico es el nuevo papel del Estado. En este sistema, los derechos de los pueblos no son ninguna prioridad y, por tanto, el Estado de Derecho se identifica y caracteriza como un elemento esencial para ese tipo de “desarrollo”. ¿Acaso dentro del sistema judicial se encuentran como objetivos combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, incorporar a los grandes sectores excluido? Le basta ser eficiente y eficaz para los dueños y propietarios del capital financiero mundial y las élites cómplices en cada país.

La invasión y conquista de Abya Yala, como denominan las naciones originarias a América Latina, no solo significó la derrota militar y el sometimiento de infinidad de naciones sino el advenimiento de un tiempo especial de tribulación para dichos pueblos, donde su forma de vida fue (...)