La fiesta de fin de año es mas universal de lo que se cree y para muchos es una tradición. En todas las culturas cada nuevo año se asocia con la esperanza de mejores tiempos, mejores cosechas, paz y amistad. En ese contexto para nosotros debiera ser el año de las correcciones, de las disculpas y la reparación. Sin duda que una necesidad urgente es la justicia, dar a cada uno lo suyo y reparar el mal causado. Por ello la esperanza en este caso tiene objetivos concretos.
Anular un juicio cuando hay víctimas que exigen reparación es un sin duda un problema que es urgente solucionar. Cuando la nulidad del juicio se basa en el error de un juez que no supo inhabilitarse, entonces se levantan demasiadas interrogantes de porqué pasó. ¿Porque se anula si durante el juicio nunca se solicitó la inhabilidad del juez y por qué se anula un fallo en la que dos jueces de tres son hábiles? Como sea el juicio siguiente debiera realizarse con la rapidez que se demanda.
Otra necesidad urgente es establecer una verdadera democracia, en la que la soberanía se pueda ejercer en plenitud. No ha sido un muy buen ejemplo lo que ha sucedido tanto en el acuerdo parlamentario por una nueva constitución como en la elección del Fiscal Nacional.
LA INHABILIDAD PARLAMENTARIA
En este caso es de una gravedad moral enorme. En efecto, las votaciones de algunos senadores demostraron que el sistema político está seriamente dañado por cuanto los fundamentos para rechazar a determinados candidatos a Fiscal Nacional eran de tipo personal, no por los antecedente profesionales de los candidatos sino porque estos eran los responsables de haberlos investigado a ellos o a sus cercanos en causas criminales de corrupción. El hecho que parlamentarios juzgados y condenados sigan participando en política, mantengan sus cargos y hagan alarde de ello, demuestra que la población carece de cultura política y que los medios de comunicación tampoco han hecho su tarea.
Obviamente que un sistema con esa falencia debe ser corregido lo mas pronto posible, por ejemplo, incorporando la figura de la inhabilidad en tales casos, así como lo establece el Código Orgánico de Tribunales para los jueces. En especial, en el caso del Senado largamente cuestionado al punto que la Convención Constitucional propuso eliminarlo. Las inhabilidades parlamentarias deben ser ajustadas para que esta situación no aparezca como otro privilegio.
Respecto del acuerdo de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional para continuar con el proceso constitucional, lamentablemente se cometió un error politico. Se olvidaron que los ciudadanos constituyen el verdadero poder originario y es a nosotros a quienes se debe consultar. La condición de ciudadano permite estar inserto dentro del sistema de participación política del país, y poder ser elegido en diversos cargos como el de presidente de la república, senador, diputado, alcalde, concejal. También faculta para votar en estos mismos cargos de elección popular, formar parte de partidos políticos y optar a cargos públicos no lectivos. Pero, los representantes elegidos por los ciudadanos no son la soberanía originaría sino derivada, de manera que no corresponde que los parlamentarios hayan establecidos márgenes a la próxima asamblea o convención constitucional que deberá redactar una nueva constitución, para lo cual no estaban mandatados. Todo mal. Pero todo corregible.
RECUPERAR LA ÉTICA POLÍTICA
La ética política en este caso requiere rigor, el que debe ser consecuencia directa de una concepción democrática de la soberanía. La Constitución política vigente dispone que el ejercicio de la soberanía está limitado al respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que “es deber de los órganos del estado respetarlos y promoverlos”, sea que estén garantizados por la propia constitución, así como por los tratados internacionales. Al respecto hay que atenerse a lo que dispone el artículo 27° de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” (ratificada y vigente por Chile): “la parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. La Constitución de 1980 con la reforma de 1989 en lo que atañe al artículo 5°, reafirma con claridad la existencia de derechos del hombre que deben estar protegidos de la manera más eficaz posible.
De lo expuesto se concluye que la soberanía de todos ha sido seriamente afectada por el mencionado acuerdo Constitucional, sumando más malestar social.
La carta de las Naciones Unidas en su preámbulo expresa, entre otras cosas, que sus firmantes: “reafirman la fe de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana...”.
En este nuevo habrá que reconocer las profundas transformaciones en todos los ordenes de la existencia del hombre que hemos conocido, la concepción de los Derechos Humanos, ha introducido modificaciones profundas tanto en el derecho como en los aspectos políticos y sociales de los estados, de los gobiernos y de los pueblos. Para ello, la humanidad ha recorrido un largo y difícil camino en el proceso dinámico de reconocimiento de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales camino se ha hecho al andar. De allí que es inaceptable que cualquiera se auto atribuya la soberanía de todos.
VIOLENCIA O RACIONALIDAD DEMOCRÁTICA
Se puede apreciar que existe una crisis política y es necesario resolverla. Muchas propuestas han surgido. Pero son absolutamente inaceptables aquellas que apelan a la violencia como un método de resolución. Un profesor de historia nos recordaba recientemente que la crisis política de 1924 fue resuelta por el Ejercito y proponía que de nuevo lo hiciera, olvidando varios elementos demasiados importantes para sostener una tesis tan peregrina como aquella. Olvido el profesor que el Ejercito ya declaró por voz de su comandante que no están en guerra con nadie, luego olvidó que el Ejercito ha sido llevado por los gobiernos desde el inicio de la república a reprimir al pueblo causando matanzas y masacres de civiles y genocidios de pueblos enteros. Los militares debieran estar preparados para la defensa del territorio nacional ante el invasor extranjero y no para combatir a su pueblo. La solución al impase actual debiera pasar por la racionalidad democrática, es decir respetando el derecho de los ciudadanos a manifestarse respecto de propuestas constitucionales, en lo que se conoce como participación democrática, en particular que ahora una de las dificultades para su materialización se ha resuelto con el voto obligatorio. Faltan un par de cuestiones importantes para lograrlo: una ley que democratice a los medios y otra que sancione penalmente los fakenews y el uso malicioso de la inteligencia artificial.
Lograr la práctica de la política, de acuerdo con el avance de la cultura que ha superado a Maquiavelo, no al que explica el porqué de los actos políticos, sino al que recomienda aplicar recetas perversas.
Si lo logramos entonces podremos concluir que hemos sido capaces de corregir los errores. Eso para empezar. Felices fiestas.
