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- Allende la UP y el golpe. Textos de Jorge Magasich
- “Sin Asamblea Constituyente, No hay Nueva Constitución” MANIFIESTO PODER SOCIAL CONSTITUYENTE
- La reserva moral del país: los estudiantes. Por Enrique Villanueva

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ALIANZA POR LA DEFENSA DEL MAR Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL PATRIMONIO PESQUERO NACIONAL

El  Proyecto de Ley de Pesca entrega los recursos pesqueros de todos los chilenos a siete familias de grandes industriales    

Chile tiene  3,6 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, siendo el séptimo país con mayor volumen de desembarques pesqueros a nivel mundial. Sin embargo, esta riqueza marítima y patrimonio de la Nación no está al servicio de los intereses de todos los chilenos. 

El continuo saqueo de recursos hidrobiológicos, como peces, moluscos, crustáceos y algas, ha llevado al colapso a casi el 70 por ciento de las pesquerías nacionales[1]. Esta dramática situación deja en evidencia que la capacidad de sustentación y recuperación de los ecosistemas marinos ha sido superada, como consecuencia de décadas de malas políticas y administraciones públicas, la falta de control ciudadano y un irresponsable accionar industrial.   A lo anterior se suma la percepción de que el Estado, el Parlamento y la autoridad pesquera, se encuentran secuestrados por los intereses corporativos de la gran industria de pesca y acuicultura, así como del sector financiero. Hoy, el actual Ministro de Economía y candidato presidencial, Pablo Longueira, intenta entregar de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces de la Nación  a siete familias de industriales pesqueros.   De imponerse en el parlamento  el proyecto de Ley Longueira, constituirá uno de los mayores  actos expropiatorios de bienes públicos que pertenecen a todos los chilenos, vulnerando los derechos de la presente y las futuras generaciones de ciudadanos del país.

EXIGIMOS UNA NUEVA GOBERNABILIDAD  PARA NUESTRO MAR Y SUS RECURSOS

La conservación y administración justa y sustentable de los recursos y ecosistemas marinos constituye uno de los principales desafíos que debe enfrentar la sociedad chilena de cara al siglo 21. Los peces son vitales para la mantención y funcionamiento de los ecosistemas marinos, la soberanía alimentaria, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y equitativo de las regiones costeras y la identidad cultural, entre otros aspectos.   La actual institucionalidad y legislación pesquera ha permitido que las autoridades de turno actúen de manera excluyente, irresponsable, discrecional y sin transparencia en la administración de los recursos hidrobiológicos que pertenecen a toda la Nación. Esto ha puesto en jaque la sostenibilidad y  acceso equitativo a estos recursos, comprometiendo gravemente nuestro  patrimonio pesquero, aumentando la pobreza, inequidad y exclusión social en las áreas costeras, como resultado de un proceso sistemático de concentración económica y "cartelización" del sector pesquero nacional.

Chile necesita una profunda transformación de la institucionalidad pesquera. Por ello urge  construir una nueva gobernabilidad para nuestro mar y sus recursos, sobre la base de una  amplia alianza que involucre entre otros a ciudadanos organizados, estudiantes, pescadores artesanales, pueblos originarios, pequeños y medianos empresarios, científicos, académicos y consumidores, con el fin de impedir el actual intento de expropiación del patrimonio pesquero del país, y abrir espacios para  avanzar unidos en la adopción de políticas de conservación  de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos, equidad, acceso y uso eficiente de los recursos hidrobiológicos, mejorar la alimentación nacional,  generar de fuentes de trabajo estables y de calidad, reforzar la justicia social, el fortalecimiento de las comunidades costeras y pueblos originarios, y los derechos y necesidades de las generaciones futuras.      En ese contexto, hacemos un urgente llamado al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a tomar el control de esta situación, y establecer independientemente de los grupos de presión, un sistema de administración pesquera que vele por la sustentabilidad de los recursos marinos, la equidad en el acceso, uso eficiente y la distribución justa de sus beneficios.

Proponemos y exigimos:    1. El reconocimiento de la propiedad del Estado sobre los recursos hidrobiológicos El Estado debe reconocer su dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. En este sentido cualquier asignación de derechos mediante permisos de pesca no podrá exceder su duración en 5 años. Rechazamos que el proyecto de Ley Longueira entregue cuotas individuales de pesca, de carácter gratuito, indefinido y plenamente transables a un puñado de grandes industriales, los que a su vez podrán transarlas en el mercado a inversionistas extranjeros, amenazando la soberanía marítima y alimentaria del país.   2. Generar una política pesquera democrática.   Es necesario que en la generación de la política pesquera, participe de manera protagónica la ciudadanía organizada e informada, de manera que efectivamente refleje los intereses de la nación y no solamente de los sectores que se benefician directamente de los recursos pesqueros. La tramitación de la ley en el parlamento debe realizarse de cara al país, rechazando la influencia de los grandes industriales a los diferentes candidatos políticos, a cambio de financiamiento de sus campañas electorales..

Exigimos que se transparenten las fuentes de financiamiento de los candidatos al congreso nacional, debiendo inhabilitarse frente a conflicto de intereses.

Una política pesquera democrática de cara al siglo 21 debe tener como objetivo principal el uso sustentable, justo, y eficiente de los recursos marinos de la Nación, de manera que estos bienes públicos generen el máximo bienestar posible para las actuales y futuras generaciones.

3. Asegurar el derecho de los pueblos originarios al acceso y uso de los recursos pesqueros  Es un deber del Estado asegurar el derecho de los pueblos originarios al acceso y uso de los recursos pesqueros y del litoral costero, así como el reconocimiento de los usos ancestrales de recursos y territorio costero, teniendo en cuenta la Ley Lafkenche (Ley 20.249), la obligación del Estado de Chile de cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas. 4.  Transparencia y control ciudadano sobre  las políticas y decisiones públicas Demandamos establecer procesos de participación ciudadana vinculantes y mecanismos de control público sobre el accionar de las autoridades y funcionarios del sector de la pesca, acuicultura, medio ambiente y salud pública.

5. Integrar al sector pesquero a una estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria  Se debe integrar al sector pesquero y de acuicultura a una estrategia de salud pública y seguridad alimentaria, mediante políticas de promoción de una alimentación sana a la población, la cual asegure, especialmente a niños, estudiantes, tercera edad y sectores vulnerables, el acceso masivo y a bajo precio a esta fuente de alimentos de alta calidad biológica, poseedora de altos niveles de proteínas, minerales y de ácidos grasos poliinsaturados. 

La entrega en propiedad de los recursos pesqueros de la Nación a particulares, impide al Estado desarrollar políticas que permitan la soberanía alimentaria, primando la obtención de utilidades económicas sobre nuestra propia seguridad nacional.   6. Realizar un manejo adecuado de los recursos pesqueros  Establecer un modelo transparente de toma de decisiones para el manejo pesquero, que permita tomar medidas oportunas y eficaces, donde el principal objetivo sea mantener o recuperar la sostenibilidad de las pesquerías de acuerdo a lo que internacionalmente es recomendado, es decir utilizando Puntos Biológicos de Referencia (PBR) por debajo del Rendimiento Máximo Sostenido (RMS).

Estas decisiones deben ser independientes de los intereses de los sectores directamente interesados y de los gobiernos de turno y tienen que ser de carácter público para el escrutinio de la sociedad organizada. En este sentido, ni el Consejo Nacional de Pesca ni los nuevos “Comités Científico Técnicos (CCT)” aseguran las capacidades para tomar decisiones independientes, eficientes y oportunas.

En el caso de los CCT propuestos por la Ley Longueira para la toma de decisiones, están compuestos por asesores que se dedican parcialmente al manejo pesquero y que sesionan una cantidad muy limitada de veces en el año, sin financiamiento acorde a su función, por tanto, es evidente la deficiencia de estos para una toma de decisiones eficientes y oportunas.

Por otro lado, el manejo pesquero debe adoptar gradualmente lo que internacionalmente se conoce como principio precautorio, es decir la toma de decisiones con un margen de seguridad adecuado y no al límite de sus posibilidades como lo es la utilización del RMS como PBR y el enfoque ecosistémico que no es otra cosa que una visión integral del manejo pesquero, que supone una mayor vinculación con variables de tipo biológicas, ecológicas y del comportamiento humano, concepto imposible de desarrollar sin una institucionalidad de investigación, de fiscalización y de administración apropiada.

7. Crear un Instituto Nacional de Investigación Pesquera  Es imprescindible para el manejo adecuado de las pesquerías nacionales la creación de una institucionalidad para la investigación científica que sea de carácter público, autónomo y vinculante en el manejo pesquero.   Para ello proponemos reestructurar el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), cuyo objetivo es totalmente extemporáneo, para dar lugar a un Instituto Nacional de Investigación Pesquera, autónomo, independiente, impermeable a las presiones corporativas, altamente profesionalizado, y con financiamiento adecuado proveniente del presupuesto de la nación. Dicho instituto debe ser el principal encargado de proponer medidas de manejo según el estado de las pesquerías y establecer, producto de las evaluaciones directas, hechas por el mismo instituto, las Cuotas Totales Permisibles o Cuotas Globales de pesca para las pesquerías en plena explotación.   Paralelamente, es necesario establecer medidas de control y transparencia que obliguen a la adopción de medidas de conservación y manejo en base a la mejor información científica disponible, fuera de las tradicionales presiones de los grupos de interés.   8. Ampliar el reconocimiento exclusivo de las cinco millas costeras para las actividades de la pesca artesanal  Se debe establecer el cierre sin exclusiones y definitivo de las 5 millas costeras y la ampliación de estas a todo el territorio nacional, como zona de exclusividad para las actividades de la pesca artesanal, de manera de asegurar la conservación de la biodiversidad marina y manejo responsable de los recursos hidrobiológicos, en toda la costa del país, incluidas aguas interiores.

Es necesario considerar, al momento de establecer medidas de manejo, las diferentes realidades socio-económicas y ambientales existentes a nivel de las pesquerías artesanales regionales. Se debe velar por los derechos económicos, sociales, humanos y culturales de los pescadores de pequeña escala y sus comunidades, con el fin de garantizar la estabilidad y gobernabilidad a largo plazo de las áreas costeras del país. Se requiere declarar como pesquerías artesanales los recursos, que por su naturaleza están mayoritariamente dentro de las 5 millas, como las sardinas y la anchoveta y otros recursos de gran importancia social, que se destinan a consumo humano directo como la reineta, merluzas, congrios, pejegallo, tollo, raya y jibia.

9. Prohibición de la pesca de arrastre Debe existir selectividad en las artes y métodos de pesca, prohibiendo la pesca de arrastre en aguas chilenas, por ser el método más destructivo de extracción pesquera que amenazan gravemente la conservación de la biodiversidad marina en general y sus hábitats.

10. Terminar con la concentración de la pesca en manos de siete familias de grandes industriales.  Se deben establecer mecanismos de subasta progresiva de la fracción de pesca industrial, para asegurar el acceso a los recursos pesqueros de las plantas procesadoras pequeñas y medianas, pudiendo acceder sólo empresas que realicen procesamientos en territorio nacional. La normativa debiera establecer requisitos de sustentabilidad social, ambiental y económica para acceder a la pesca industrial.   El mecanismo de asignación deberá dar la prerrogativa a quienes ofrezcan sistemas de extracción selectivos de los recursos pesqueros, que ejercen un bajo impacto en los ecosistemas, que dirigen sus capturas a las tallas mayores del stock poblacional y que puedan certificar, a través de medios verificables, que sus desembarques corresponden a sus capturas reales. Así mismo, el sistema de asignación deberá considerar el destino de las capturas (materia prima o consumo humano directo, exportación o mercado interno) y el nivel de empleo que genera como elementos importantes en la decisión de asignar a uno u otro oferente.   Una vez asignados los derechos de pesca, se deben realizar evaluaciones periódicas a los usuarios de la fracción industrial para analizar si se cumplieron los objetivos por los cuales se les asignó la fracción correspondiente (extracción selectiva, mano de obra, valor agregado etc.), estableciendo sanciones administrativas en caso de no cumplir con el proyecto comprometido, pudiendo enajenar el derecho de uso asignado, para ser otorgado a un nuevo usuario que cumpla con los objetivos propuestos.

  11. Retribución equitativa de las rentas por el uso de recursos comunes   La actividad pesquera industrial debe retribuir al conjunto de la sociedad chilena por razones de equidad, debido a que utiliza masivamente recursos naturales que son bienes de propiedad común. Esta retribución debe efectuarse mediante el pago de patentes, la subasta de las futuras cuotas industriales de pesca, e impuestos equivalentes a los valores de las subastas para quienes reciban cuotas sin licitación[2] durante el tiempo en que estos derechos se diluyen completamente por efecto de las subastas.  Desde el punto de vista de la justicia distributiva, la transferencia de parte de las rentas que generan los recursos del mar, deben destinarse a mantener los gastos derivados del manejo pesquero, al fortalecimiento de las comunidades costeras, pueblos originarios y pesca artesanal, al incremento de los fondos de desarrollo regional, a la educación y salud públicas y a la vivienda y previsión social, entre otras.   [1]              Estado de las principales pesquerías nacionales. Aspectos biológicos-pesquero. 2010. Subsecretaría de Pesca. Ministerio de Economía. 171 págs. Santiago de Chile. El ejemplo más evidente de colapso es el que afecta al jurel (Trachurus murphiyii), principal pesquería chilena, cuyos desembarques han caído desde 4.500.000 toneladas anuales (1995) a  244.000 mil toneladas el 2012. [2]           Desde 1991, la legislación pesquera contempla la posibilidad que Subpesca licite un 5% de las cuotas de pesca anualmente. Dicha licitación prometía múltiples ventajas: transferir parte de las rentas al Estado, facilitar el ingreso de actores más productivos y utilizar las posturas ganadoras para ajustar los valores de las patentes pesqueras a los vaivenes del mercado. Nada de esto sucedió. No han habido licitaciones y el valor de las patentes ha permanecido en niveles que las mismas empresas reconocen como bajo.

Centro Ecoceanos

Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal

Centro de Conservación Cetácea (CCC)

Pesca Sustentable

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Acción Ecológica

ChilePesca

Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación

Confederación Nacional de Trabajadores Bancarios

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH)

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso (FEUCV)

Liga Ciudadana de Consumidores

Mapuexpress

Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos

Comité de Defensa del Mar de Mehuin

 
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