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En este numero:

- Mapa del pauteo de las pesqueras a senadores y diputados y su impacto sobre la destrucción de la institucionalidad democrática. Por Pablo González
- Cierre del Penal Punta Peuco. por Jaime Donoso
- Intereses de clase y/o fracciones de clase que defienden las actuales candidaturas. Por Manuel Acuña

- Sumario completo



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Chile neofeudal. Por Libero Amalric

“La verdad es irrelevante. Lo que cuenta es lo que se afirma, incluso en contra de la evidencia. En Roma se ordenan obispos y cardenales a jóvenes retoños de quince años para que en el futuro se conviertan en papas, y a esos jóvenes, al igual que a los papas, no se le exige que renuncien a tener un sinfín de amantes o innumerables perversiones, sino, simplemente, que nieguen tenerlos. Recuerda, en nuestro mundo la verdad es la que escriben los poderosos, no existe por sí misma.”

Luca Di Fulvio “La chica que tocaba el cielo”

Son las palabras de un aristócrata que orientan al defensor de una joven mujer judía, acusada por la inquisición de ser bruja. La historia se sitúa en Venecia a comienzos del siglo XVI, época feudal en que se condenaban a las brujas a ser torturadas y quemadas. Como se verá más adelante, se encuentran ciertos paralelos, quinientos años más tarde, en la historia de Chile luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, lo que llamaremos las características neofeudales de la ideología neoliberal.

Más de cuarenta años después del golpe, “la ley del silencio” sigue vigente y las fuerzas armadas se niegan a colaborar con la justicia al igual que los civiles involucrados en torturas, asesinatos y desapariciones de miles de personas, sea directa o indirectamente en tanto encubridores y colaboradores. Asimismo, los civiles y militares que robaron y saquearon las empresas del Estado durante la dictadura, muchos de ellos involucrados en los recientes crímenes de corrupción y colusión, niegan sus actuaciones, al igual que los ministros y funcionarios niegan su responsabilidad en las desastrosas consecuencias para la ciudadanía de las privatizaciones no sólo de las empresas estatales sino también de los bienes y servicios públicos.

En efecto, en Chile se privatizaron bajo la dictadura no sólo las empresas estatales, sino la educación, la salud, los transportes, los recursos naturales, la previsión, la tierra y las aguas. Todo ello con el objetivo de formar un poder económico y político de tipo neo-feudal, que corresponde, además, a una mentalidad latifundista chilena histórica, que encuentra su expresión en las palabras de Eduardo Matte Pérez “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa como opinión ni como prestigio”. No cabe extrañar que la dictadura reunía en su seno todos los poderes -militares, legislativos, económicos, justicia, prensa y religión- una imagen perfecta del neo-feudalismo totalitario.

Luego del golpe de Estado cívico-militar de 1973, Chile se transformó en un laboratorio para la aplicación de un sistema neoliberal a ultranza bajo un concepto de dictadura totalitaria. En el caso de Chile se ha demostrado cómo una dictadura cívico-militar ha logrado la total destrucción de un sistema democrático y la brutal imposición de una ideología neoliberal extrema mediante la violación sistemática de todos los derechos humanos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, hipotecando el futuro de varias generaciones e impidiendo cualquier cambio fundamental hasta el día de hoy, es decir más de cuarenta años después del sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Los antecedentes recopilados en diferentes investigaciones sobre los acontecimientos bajo la dictadura entre 1973 y 1989 demuestran claramente la organización criminal entre militares de alto rango de las fuerzas armadas, organizaciones empresariales, altos funcionarios de instituciones y empresas públicas, ideólogos neoliberales y neofeudales como lo son los llamados “Chicago boys” y los fundadores e integrantes de la UDI, el partido pinochetista hasta hoy en día, cuyo principal objetivo era organizar (el período 1973-1979) y luego institucionalizar (período 1980-1989) el robo de todos los recursos naturales y humanos así como de las empresas estatales del país mediante el terrorismo del estado y de la imposición fraudulenta de una constitución justificativa y de decretos leyes de dudosa legalidad en la completa ausencia de control y fiscalización por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta la existencia de un aparato de justicia corrompido y una prensa censurada y adicta a la dictadura.

Cuando en 1988 Pinochet perdió el plebiscito que debiera asegurar su continuidad en el poder, se impuso “un acuerdo” con los conglomerados políticos de oposición, reunidos en la Concertación, bajo las amenazas de un nuevo golpe de estado, lo que impidiera al nuevo gobierno cualquier cambio y cualquier juicio contra los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones de miles de personas. En su oportunidad, Pinochet aclaró que las elecciones presidenciales posteriores a su mandato eran tan solo la elección de una persona que debería conducir el país hacia la aplicación plena de la constitución de la dictadura y que no estaba en juego el ideario ni el itinerario constitucional trazado.

Se imponía una democracia limitada y por ende “protegida” por la fuerza militar, lo que quedó en evidencia por las amenazas de un nuevo golpe del entonces presidente Piñera, en 2011, frente a las movilizaciones de estudiantes, apoyadas por casi el 90 % de la población según las encuestas, y por las amenazas de los partidos pinochetistas en 2013, luego de que, por primera vez, la “Nueva Mayoría” –los partidos de la Concertación más los comunistas y los independientes– obtuvo la mayoría en el parlamento. Al igual que bajo Allende, se desató una campaña en los medios de comunicación contra el gobierno de Bachelet con el único propósito de parar las reformas prometidas en las áreas de educación, salud y pensiones, así como las reformas tributarias para financiarlas, para no hablar de la promesa de una nueva constitución.

Lo que se instauró fue una oligarquía neofeudal, a la cual fueron incorporados poco a poco los partidos de la Concertación, obligados a gobernar mediante concesiones y acuerdos con los partidos pinochetistas de la UDI y Renovación Nacional, lo que les alejaba cada vez más de las reivindicaciones de la mayoría de la ciudadanía, cuyas manifestaciones pacíficas son reprimidas con violencia y cuya participación se ve cada vez más reducida. Acostumbrados por la dictadura cívico-militar a la total impunidad de los crímenes políticos y económicos, los miembros de la oligarquía neofeudal, es decir militares de alto rango, empresas y políticos, se han visto involucrados masivamente en los últimos años en procesos por corrupción, colusión y robos institucionalizados, aun cuando hasta el momento nadie ha sido condenado como corresponde por los crímenes cometidos, dado que no parece existir una justicia que condena a los privilegiados sino sólo condena a los ciudadanos común y corrientes.

Lo anterior se traduce en la represión brutal de todas las manifestaciones de protesta en contra los abusos y las violaciones de los derechos humanos fundamentales como lo son los derechos a una vida digna, los derechos a la salud, la educación, la vivienda, al agua y a un medio ambiente saludable, los derechos a la participación política efectiva de la ciudadanía y los derechos a la no discriminación entre otros. Además, los medios de comunicación, en su mayoría en manos de adictos al pinochetismo, manipulan en forma sistemática la información y la transforman en rumores y teleseries de farándula, para no decir en abierta propaganda para la seguridad del estado y del sistema neofeudal establecidos, declarando toda oposición como subversiva y comunista hasta justificar las torturas, los asesinatos y las desapariciones de miles y miles de personas debajo la dictadura cívico-militar y promover la impunidad de asesinos y torturadores.

En 2003, Rodolfo Stavenhagen, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su informe sobre Chile, utiliza por primera vez el término “criminalización de la protesta social” para referirse al tratamiento dado por el Estado chileno a las legítimas demandas territoriales del pueblo mapuche, aplicando para ello el uso de leyes especiales como la Ley Antiterrorista, para perseguir a sus dirigentes y así procurar desestabilizar sus movilizaciones, atribuyendo el carácter de grave delito a sus manifestaciones e incurriendo en graves faltas al debido proceso, al uso de testimonios falsos y de testigos encubiertos.

Esta estrategia político-criminalizadora comienza a extenderse hacia otros sectores de la población, que manifiestan contra la injusticia económica y social, y la información al respecto es manipulada por los medios de comunicación oligopólicos en manos de los dueños que originaron y apoyaron activamente la dictadura cívico-militar. De público conocimiento son las mentiras publicadas por los diarios El Mercurio y La Segunda, así como la manipulación de la información por los canales de televisión.

En este sentido se puede hablar de la instauración de un sistema claramente neofeudal, y en términos modernos hasta de “apartheid”, lo que se manifiesta en la discriminación y segregación política, la discriminación y segregación económica, la discriminación y segregación social, la discriminación y segregación cultural, temas de próximos artículos.

En otras palabras, lo anterior confirma que constituye una aberración jurídica y ética no considerar los crímenes de la dictadura cívico-militar como crímenes contra la humanidad si se tiene en cuenta su carácter genocida. Negarles el carácter de crimen contra la humanidad contribuye no sólo a la impunidad sino a la amenaza permanente de la repetición.

 
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