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Sobre el autor

Rafael Barajas y Pedro Miguel
Caricaturista y periodista, escritor y periodista, respectivamente.
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Página de inicio >> Diciembre de 2014

Relaciones entre poder político y crimen organizado
El naufragio del Estado mexicano

por  Rafael Barajas y Pedro Miguel

Tráfico de drogas, asesinatos, extorsión, negocios... El avance de las organizaciones criminales sobre el Estado mexicano parece no tener límites. La masacre de cuarenta y tres estudiantes en septiembre pasado cristalizó el enojo de la población, que salió masivamente a las calles para denunciar la alianza entre el poder y los carteles.

Si en un país, un grupo de policías detiene a cuarenta y tres estudiantes, los hace desaparecer y los entrega a un grupo criminal organizado vinculado a la droga, para que este último, a modo de “lección”, los asesine, una constatación se impone: el Estado mutó en narco-Estado, un sistema donde crimen organizado y poder político ya son indisociables.

Si esas mismas fuerzas del orden ametrallan a estudiantes, matan a seis de ellos y hieren gravemente a otros seis; si se apoderan de uno de esos jóvenes, le arrancan la piel de la cara, le quitan los ojos y lo dejan tendido en la calle para que sus compañeros lo vean, se hace evidente otra constatación: ese narco-Estado ejerce una forma de terrorismo.

Todo eso ocurrió en el sur de México, en Iguala, tercera ciudad del estado de Guerrero. La policía agredió allí salvajemente a un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y, según los testimonios, los condujo hacia su muerte. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles (cercanos a un cartel de la región), sospechados de ser los instigadores de la operación, fueron detenidos el martes 4 de noviembre.

El propósito de las escuelas normales rurales, fundadas hace ocho décadas, es difundir una enseñanza de calidad en el campo, ofreciendo al mismo tiempo a jóvenes maestros, de origen campesino, la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Ese doble objetivo, heredado de la Revolución Mexicana (1910-1917), choca de frente contra el modelo económico neoliberal instaurado en el país desde los años 80. Según su lógica, la educación pública frena el desarrollo del mercado de la enseñanza, mientras perviven en el campo intolerables vestigios del pasado (comunidades indígenas o pequeños agricultores) que obstaculizan la expansión de la agroindustria de exportación. Por eso, las escuelas normales que sobreviven en México, quince en total, son blanco permanente de hostilidades, apreciables tanto por los recortes presupuestarios que les imponen, como por la manera en que las presentan los medios y los dirigentes políticos: “semilleros de guerrilleros”, según la ex secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Elba Esther Gordillo (1); refugios “de vagos y delincuentes”, en oportunidad de un debate por el canal Televisa (1º de diciembre de 2012); y en estos últimos tiempos, “guaridas del crimen organizado” según el periodista Ricardo Alemán (El Universal, 7 de octubre de 2014).

Al igual que sus compañeros de las otras escuelas normales rurales, los estudiantes de Ayotzinapa luchan por garantizar la supervivencia de su institución. Completan los magros subsidios estatales –equivalentes a 2,9 millones de euros anuales, para cubrir los gastos ligados a la formación, el alojamiento y la cobertura médica de algo más de quinientos estudiantes, cuarenta docentes y seis funcionarios administrativos– mediante colectas de fondos. El pasado 26 de septiembre, los estudiantes de Ayotzinapa se habían dirigido a Iguala, precisamente, para realizar una de esas colectas, cuando fueron secuestrados. En apariencia, los atacaron con la furia característica de los carteles hacia sus enemigos. Un testigo ocular –policía– reveló que pese a estar heridos, los cuarenta y tres estudiantes habrían realizado largos trayectos a pie, antes de ser finalmente golpeados, humillados, regados con diesel y quemados vivos. Los cuerpos se habrían consumido durante catorce horas, hasta que no quedaron de ellos más que cenizas, pedacitos de huesos y dientes.

El poder de la droga
Si bien nosotros, los mexicanos, estamos acostumbrados a las noticias-bomba (decapitaciones, ejecuciones colectivas, torturas, etc.), la indignación producida por esta historia no decrece. La certeza de que evidencia una forma de terrorismo que emana de un poder en el que carteles y dirigentes políticos se mezclan, plantea preguntas angustiantes: ¿qué extensión tiene el narco-Estado en México?, ¿cuál es la verdadera magnitud de la represión política que éste ejerce?

El narco-Estado señala un problema estructural: el dinero de la droga irriga la economía mexicana. Un estudio mexicano-estadounidense sobre los bienes ilícitos, publicado en 2010, estima que los carteles hacen entrar, cada año, de 19 a 29 mil millones de dólares de Estados Unidos hacia México (2). Según la agencia de seguridad Kroll, la cifra oscilaría entre los 25 y los 40 mil millones de dólares (3). El narcotráfico constituiría entonces la principal fuente de divisas del país, superando a la exportación de petróleo (25.000 millones de dólares) y los envíos de dinero de residentes en el exterior (también 25.000 millones de dólares). Este maná alimenta directamente al sistema financiero, columna vertebral del modelo neoliberal. Agotar la fuente conduciría al derrumbe económico del país. En otros términos, México se asienta sobre una narco-economía, que no puede mantenerse sin la correspondiente conducción de un narco-Estado.

Esta alianza entre mundo político y mundo de la droga se extiende por todo el territorio. En regiones enteras –los estados de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca–, los carteles dictan la ley. Imponen funcionarios, jefes de policía, negocian con los gobernadores. Poco importa la filiación política de los representantes del Estado; la autoridad queda en manos del crimen organizado. Hace unas semanas, un video divulgado por el cartel de Los Caballeros Templarios mostraba a Ricardo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador de Michoacán, conversando tranquilamente con Servando Gómez Martínez, alias “la Tuta”, padrino de la organización criminal que hace estragos en ese estado (4). En esas regiones, la mafia cobra tributos, extorsiona, secuestra, viola y mata con total impunidad. Comparadas con el infierno que viven allí los ciudadanos, las alucinaciones de El Bosco son viñetas infantiles. En algunos estados, se formaron milicias ciudadanas de autodefensa.

Actualmente, contamos con distintos índices que demuestran que el narco-Estado corroe a las altas esferas de la clase política. Ningún partido ni región escapa a ello, y en especial, los más importantes: el PRI, en el poder, el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los narcotraficantes no pueden actuar sin la colaboración de los políticos y de los funcionarios, en todos los niveles. En las elecciones, el dinero cumple el papel de gran elector, mientras las campañas electorales brindan un eficaz método de blanqueo de capitales.

El caso del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI (en el poder desde 2012), es especialmente preocupante. Ninguna prueba directa permite determinar sus vínculos con el crimen organizado. Pero durante su campaña, una de las más costosas de la historia mexicana, parte de la prensa dio a conocer algunas operaciones financieras turbias, que ascienden a varios millones de dólares (5). El escándalo causó gran revuelo en México, pero la “comunidad internacional” guardó silencio. No se dispone de instrumentos que permitan cuantificar la totalidad del gasto insumido por Peña Nieto para ganar la presidencia en 2012. Pero el 5 de noviembre de 2014, una comisión legislativa estableció que el PRI había gastado más de 4.500 millones de pesos (alrededor de 270 millones de euros, trece veces el techo que fija la ley) (6). La comisión no pudo investigar muchas operaciones ocultas, que sin duda llevarían la suma a una cifra superior. Oficialmente, nadie sabe de dónde viene ese dinero, lo cual preocupa legítimamente, en un país corroído por el narcotráfico. Más aun porque, en distintos territorios dominados por el crimen organizado, los carteles locales apoyaron activamente al PRI (7)...

Durante su campaña, Peña Nieto prometió luchar eficazmente contra el narcotráfico, asegurando que los primeros resultados se harían sentir al cabo de un año. Eso fue hace tres años. Muchos de los votantes esperaban que la política del PRI fuera más eficaz que la de su predecesor, pero el plan de seguridad de Peña Nieto no difiere en nada del anterior: Washington vigila e impone su propia doctrina en términos de seguridad. Y los asesinatos continuaron. Según un órgano del gobierno federal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se registraron, en los primeros veinte meses del gobierno de Peña Nieto, 57.899 investigaciones preliminares por homicidio intencional (8).

La violencia del Estado
La violencia perpetrada por el crimen organizado tiende a relegar a un segundo plano la ejercida por el Estado, aunque ésta no es desdeñable. El gobierno afirma que Ayotzinapa es un caso aislado. Los mexicanos tienen buenas razones para pensar que no es así, en absoluto.

Cuando era gobernador del estado de México, Peña Nieto ordenó, en 2006, la represión de los pobladores de San Salvador Atenco, que hacía años que se oponían a la expropiación de sus tierras para la creación de un aeropuerto. En el transcurso de esa operación, las fuerzas del orden cometieron innumerables violaciones de los derechos humanos, en particular, múltiples agresiones sexuales a detenidas. Y permanecen impunes.

Desde la asunción de Peña Nieto, las cárceles están llenas de personas cuyo único delito es haber matado por sus derechos, por sus tierras, por su patrimonio, y defendido a su familia contra las agresiones del crimen organizado. En agosto de 2014, el comité Nestora Libre, asociación de defensa de los presos políticos, señaló que desde diciembre de 2012, al menos trescientas cincuenta personas habían sido encarceladas por motivos políticos (9). En Michoacán, detuvieron al doctor José Manuel Mireles, fundador de una milicia de autodefensa contra el crimen organizado, y a trescientos veintiocho integrantes de su grupo. En el estado de Guerrero, Nestora Salgado, trece policías comunitarios y cuatro dirigentes populares que se opusieron a la construcción de la represa de La Parota fueron puestos tras las rejas. En Puebla, treinta y tres personas se pudren en la cárcel, por haberse opuesto a la construcción de una central termoeléctrica muy contaminante. En la ciudad de México, en Quintana Roo, en Chiapas y en muchos otros estados, son ya incontables los presos políticos. En el estado de Sonora y en Chiapas, ciudadanos que se opusieron a la privatización del agua fueron encarcelados, así como aquellos que reclamaban fertilizantes.

Desde el inicio del mandato de Peña Nieto, las fuerzas del orden usaron prácticas típicas de la “guerra sucia” de la represión política en Latinoamérica, entre los años 60 y los 80. Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue torturado y asesinado en el estado de Sonora, cuando participaba en una caravana por la paz. En Chihuahua, sicarios asesinaron a Ismael Solorio y Manuelita Solís, que defendían los recursos hídricos de su región, acaparados por las compañías mineras canadienses. En el estado de Sinaloa, asesinaron a Atilano Román, dirigente de un movimiento de personas desplazadas por la construcción de la represa Picachos. La lista es interminable...

Las atrocidades cometidas en Iguala acicatearon la rabia social, que empieza a manifestarse en sectores de la población tradicionalmente apáticos, amenazando más que nunca la supervivencia del régimen. Ninguna de las armas tradicionales del arsenal del PRI –cooptación, mediatización, infiltración, provocación, difamación– logró contenerla. Por el contrario, los intentos de comprar el silencio de las familias, los esbozos de represión, las incitaciones a actos de violencia (10), la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador –principal dirigente de la oposición de izquierda–, orientada a atribuirle la responsabilidad por las violencias perpetradas contra los estudiantes, y el coro de los medios dominantes que insisten en defender la figura del presidente, intensificaron la rabia de la población y exacerbaron su voluntad de cambio.

El 10 de noviembre, el movimiento que se generó en torno a los estudiantes y sus familias, llevó a cabo una acción sin precedentes: el bloqueo, durante más de tres horas, del aeropuerto internacional del tradicional destino turístico del país, Acapulco, en Guerrero. Todo hace pensar que le seguirán otras acciones, que tendrán como objetivo otros aeropuertos o las autopistas más importantes de la región.

El poder insiste en sostener que Ayotzinapa es “un caso aislado”. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo repitió el viernes 7 de noviembre, en ocasión de una conferencia de prensa, cuando le preguntaron si él consideraba que los hechos podían catalogarse como crímenes de Estado. “Iguala no es el Estado”, respondió. En efecto, Iguala no es el Estado. Pero lo que pasó en esa ciudad de Guerrero permite ver en qué se ha convertido el Estado.

1. La Jornada, México, 6-8-10.
2. John T. Morton, “Binational study of illicit goods”, US Department of Homeland security, Washington, 3-6-10.
3. Citado por Roberto González Amador en “Mueve el narco 40 mil mdd en México”, La Jornada, 1-10-09.
4. “La cumbre Vallejo-La Tuta”, www.youtube.com
5. Roberto González Amador y Gustavo Castillo García, “Indicios de lavado de dinero con las tarjetas de Monex”, La Jornada, 12-7-12.
6. “Caso Monex: PRI gastó más de 4.500 millones de pesos en campaña de 2012”, Aristegui noticias, México, 12-3-12.
7. Véase “Denuncian amenazas del narco en Chihuahua para votar por el PRI”, Proceso, México, 4-7-12.
8. “Los muertos con Peña llegan a 57.899 en 20 meses; son 14.205 más que en el mismo período de Calderón”, 25-8-14, www.sinembargo.mx
9. Verónica Macías, “Denuncian más de 300 presos políticos en gobierno de Peña”, El Economista, México, 20-8-14.
10. El sábado 8 de noviembre, un grupo de presuntos “manifestantes”, visiblemente protegidos por la policía, trató de prender fuego al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo federal de México.

*Caricaturista y periodista, escritor y periodista, respectivamente.
Traducción: Patricia Minarrieta

 
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