El naufragio del Estado mexicano

Tráfico de drogas, asesinatos, extorsión, negocios... El avance de las organizaciones criminales sobre el Estado mexicano parece no tener límites. La masacre de cuarenta y tres estudiantes en septiembre pasado cristalizó el enojo de la población, que salió masivamente a las calles para denunciar la alianza entre el poder y los carteles.

Si en un país, un grupo de policías detiene a cuarenta y tres estudiantes, los hace desaparecer y los entrega a un grupo criminal organizado vinculado a la droga, para que este último, a modo de “lección”, los asesine, una constatación se impone: el Estado mutó en narco-Estado, un sistema donde crimen organizado y poder político ya son indisociables.

Si esas mismas fuerzas del orden ametrallan a estudiantes, matan a seis de ellos y hieren gravemente a otros seis; si se apoderan de uno de esos jóvenes, le arrancan la piel de la cara, le quitan los ojos y lo dejan tendido en la calle para que sus compañeros lo vean, se hace evidente otra constatación: ese narco-Estado ejerce una forma de terrorismo.

Todo eso ocurrió en el sur de México, en Iguala, tercera ciudad del estado de Guerrero. La policía agredió allí salvajemente a un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y, según los testimonios, los condujo hacia su muerte. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles (cercanos a un cartel de la región), sospechados de ser los instigadores de la operación, fueron detenidos el martes 4 de noviembre.

El propósito de las escuelas normales rurales, fundadas hace ocho décadas, es difundir una enseñanza de calidad en el campo, ofreciendo al mismo tiempo a jóvenes maestros, de origen campesino, la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Ese doble objetivo, heredado de la Revolución Mexicana (1910-1917), choca de frente contra el modelo económico neoliberal instaurado en el país desde los años 80. Según su lógica, la educación pública frena el desarrollo del mercado de la enseñanza, mientras perviven en el campo intolerables vestigios del pasado (comunidades indígenas o pequeños agricultores) que obstaculizan la expansión de la agroindustria de exportación. Por eso, las escuelas normales que sobreviven en México, quince en total, son blanco permanente de hostilidades, apreciables tanto por los recortes presupuestarios que les imponen, como por la manera en que las presentan los medios y los dirigentes políticos: “semilleros de guerrilleros”, según la ex secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Elba Esther Gordillo (1); refugios “de vagos y delincuentes”, en oportunidad de un debate por el canal Televisa (1º de diciembre de 2012); y en estos últimos tiempos, “guaridas del crimen organizado” según el periodista Ricardo Alemán (El Universal, 7 de octubre de 2014).

Al igual que sus compañeros de las otras escuelas normales rurales, los estudiantes de Ayotzinapa luchan por garantizar la supervivencia de su institución. Completan los magros subsidios estatales –equivalentes a 2,9 millones de euros anuales, para cubrir los gastos ligados a la formación, el alojamiento y la cobertura médica de algo más de quinientos estudiantes, cuarenta docentes y seis funcionarios administrativos– mediante colectas de fondos. El pasado 26 de septiembre, los estudiantes de Ayotzinapa se habían dirigido a Iguala, precisamente, para realizar una de esas colectas, cuando fueron secuestrados. En apariencia, los atacaron con la furia característica de los carteles hacia sus enemigos. Un testigo ocular –policía– reveló que pese a estar heridos, los cuarenta y tres estudiantes habrían realizado largos trayectos a pie, antes de ser finalmente golpeados, humillados, regados con diesel y quemados vivos. Los cuerpos se habrían consumido durante catorce horas, hasta que no quedaron de ellos más que cenizas, pedacitos de huesos y dientes.

El poder de la droga
Si bien nosotros, los mexicanos, estamos acostumbrados a las noticias-bomba (decapitaciones, ejecuciones colectivas, torturas, etc.), la indignación producida por esta historia no decrece. La certeza de que evidencia una forma de terrorismo que emana de un poder en el que carteles y dirigentes políticos se mezclan, plantea preguntas angustiantes: ¿qué extensión tiene el narco-Estado en México?, ¿cuál es la verdadera magnitud de la represión política que éste ejerce?

El narco-Estado señala un problema estructural: el dinero de la droga irriga la economía mexicana. Un estudio mexicano-estadounidense sobre los bienes ilícitos, publicado en 2010, estima que los carteles hacen entrar, cada año, de 19 a 29 mil millones de dólares de Estados Unidos hacia México (2). Según la agencia de seguridad Kroll, la cifra oscilaría entre los 25 y los 40 mil millones de (...)