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Erradicar la violencia de las vidas de los niños y las niñas. Por María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF

“¿Qué pasaría si despertamos dándonos cuenta de que somos mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, solo una, es repudiada por todos, todos que somos todos, no unos, no algunos, sino todos? (...) ¿Qué pasaría si pusiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos? ¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos y avanzamos?... Me pregunto yo, qué pasaría?”
Mario Benedetti

Desde UNICEF, fieles a nuestro mandato y “Considerando que… la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, “recordando que … la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales” y “considerando que el niño debe … ser educado… en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”[1], queremos hacer nuevamente y con especial énfasis un llamado urgente para erradicar toda forma de violencia de las vidas de los niños, niñas y adolescentes.

Es este llamado un imperativo ético insoslayable, pero también una invitación a comprender y asumir como evidencia irrefutable que no haremos realidad los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 si no reconocemos que poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, nos exige mucho más que “limitarnos al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos”[2].

En este marco, es fundamental entender que será imposible o al menos muy poco probable que logremos un desarrollo sostenible en el futuro por venir, si consentimos que la violencia contra los niños siga siendo vista como algo inevitable, inocuo, natural y hasta conveniente o necesario.

Los objetivos que nos animan no son otros que:

· contribuir a movilizar una voluntad social vibrante, inclusiva y transformadora que destierre la indiferencia y se pronuncie a favor de la vida, la igualdad y la dignidad de todos los niños y niñas, “sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”[3]

· actuar juntos para lograr cambiar actitudes discriminatorias, normas autoritarias y políticas estigmatizadoras que impiden u obstaculizan un desarrollo infantil integral, contribuyendo a que los gobiernos fortalezcan marcos jurídicos y prácticas institucionales que protejan a los niños de las diversas formas de violencia, explotación y abuso que confrontan a lo largo de la niñez y garanticen el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.

· eliminar la disciplina violenta y la exposición al maltrato doméstico durante la primera infancia; poner fin a la violencia en las escuelas; prevenir las muertes violentas entre los adolescentes; decir basta a la violencia sexual en la infancia y la adolescencia, especialmente contra las niñas.

· erradicar definitivamente toda forma de violencia contra los niños, porque no es irrelevante ni normal que millones de niños y niñas todos los días alrededor del mundo sean víctimas de violencias que los inferiorizan, humillan, destruyen o matan. Mientras a nivel mundial 1.100 millones de cuidadores, es decir algo más de 1 de cada 4, consideran que el castigo físico es necesario para criar y educar adecuadamente a los niños; en nuestra región de América Latina y el Caribe, 1 de cada 2 niños menores de 15 años son víctimas de castigo físico en el hogar, siendo la disciplina violenta en el hogar - física o psicológica- aún más frecuente en los niños y niñas menores de 5 años. En este contexto, es alarmante advertir que sólo el 9% de los niños y niñas menores cinco años del mundo viven en países donde los castigos físicos en casa están prohibidos -lo que deja a unos 607 millones de niños sin ningún tipo de protección legal ante el maltrato[4] y que hasta el momento sólo 10 de los 33 Estados que integran nuestra región, han prohibido de forma total el castigo físico Infantil, incluido en el hogar.[5]

Por una parte, esta violencia que inferioriza a los niños contradice el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto desconoce que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”[6]. Pero por otra parte, frente a la resignación de muchos y la complicidad de otros, esta violencia que inferioriza a los niños es la expresión más nítida de la persistencia y gravitación de ¨culturas corporativas” y “pactos de impunidad” que, con sofisticadas dosis de hipocresía, esgrimen principios tales como el interés superior del niño para perpetuar la vigencia de modelos tutelares de distinto signo que conciben y tratan a los niños, tanto en los espacios públicos como en el ámbito privado, como seres “menores”, incapaces, incompletos, débiles, cuasi-salvajes, conflictivos, como objetos de dominio.

Mientras la Convención sobre los Derechos del Niño establece la responsabilidad que le cabe a los Estados de adoptar “cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño”[7], en el mundo 732 millones de niños en edad escolar entre 6 y 17 años (1 de casa dos) viven en países donde el castigo corporal en la escuela no está completamente prohibido. En nuestra región, si bien varios estudios dan cuenta de la disminución del castigo físico como método de disciplina y aprendizaje aún 3 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años de edad son víctimas de situaciones de acoso escolar y se registra un preocupante aumento del maltrato emocional.[8] Entre los 33 Estados de América Latina y el Caribe, únicamente 12 tienen el castigo corporal prohibido en guarderías y 20 en las escuelas”[9]

Sin embargo, frente a la violencia que humilla no cabe aceptar omisiones ni consentir una admisión de impotencia. Hay suficiente evidencia empírica acerca de que la violencia que sufren los niños y niñas en el ámbito escolar no es un hecho aislado ni desvinculado de las sociedades donde habitan. En sociedades donde la intolerancia, la xenofobia o la discriminación son prácticas naturalizadas y actitudes generalizadas que conducen hasta ignorar, negar o rechazar “el derecho a tener derechos” de todos y todas, no puede ser interpretado como un hecho casual ni sorpresivo que en sus sistemas educativos, la humillación surja como una forma de violencia institucional que reproduce prácticas anacrónicas y repudiables como el castigo físico, el abuso sexual o el uso del maltrato emocional como mecanismo discriminatorio de disciplinamiento y control de niños, niñas y adolescentes.

Mientras que la comunidad internacional ha condenado la discriminación de la mujer en todas sus formas y se ha comprometido a tomar “todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”[10], en el mundo, alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. En América Latina y el Caribe son 1.1 millón las niñas adolescentes de 15 a 19 años víctimas de violencia sexual y 4 de cada 10 niñas adolescentes que han sufrido relaciones sexuales por la fuerza informan haber sido víctimas por alguien cercano o conocido por ellas. En todo el mundo, también aquí, 1 de cada 4 niños menores de 5 años (176 millones) viven con una madre que es víctima de violencia de pareja[11].

Se ha producido suficiente evidencia, principalmente desde el feminismo, acerca de que la violencia contra las mujeres es un acto basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no innata. A pesar de ello y de que la violencia contra las mujeres merezca hoy el retórico repudio y el formal rechazo de casi toda la comunidad internacional, poderosos resabios de ideologías patriarcales y feroces mecanismos de subordinación de las mujeres provenientes de viejos y nuevos fundamentalismos, conservan un enorme poder simbólico y generan un impacto desproporcionadamente devastador en las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. La violencia machista hiere, golpea, viola y destruye espacios de libertad y autonomía, perpetúa las inequidades y reproduce la crueldad contra las mujeres desde que nacen por el solo hecho de haber nacido niñas, como si se tratara de un designio de la naturaleza, falaz pero aparentemente inapelable.

Mientras la Declaración de Derechos Humanos sostiene y afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”[12], vemos que cada 7 minutos, en algún lugar del mundo, un adolescente entre 10 y 19 años es asesinado en un acto violento. Sólo en 2015, la violencia costó las vidas de alrededor de 82 mil adolescentes a nivel global. La mitad de estas muertes violentas de jóvenes que se registraron durante ese año, sucedieron en la región latinoamericana y caribeña, a pesar de que estos territorios comprenden tan solo un 10% de la población adolescente global[13].

Paradójicamente, la mayor parte de las muertes de adolescentes –dos de cada 3- se deben más a la violencia interpersonal que a la colectiva. Lo cual revelaría, por un lado, que es proporcionalmente más peligroso y mortal para los adolescentes vivir en países sin guerra, que en sociedades atravesadas por conflictos armados tradicionales. Y, por otro lado, pondría en evidencia que aunque la violencia extrema aparezca ante las miradas distraidas y temerosas como una furia indiscriminada, se trata de una violencia darwinianamente selectiva y voraz. Puesto que los estigmas, las vulnerabilidades y las peligrosidades no se atribuyen ni se distribuyen igualitariamente entre los adolescentes. Si son adolescentes que habitan en las periferias urbanas, pertenecen a determinados grupos étnicos o razas, son migrantes, personas LGTBI o meramente pobres, el riesgo de ser víctimas privilegiadas de la violencia que mata crece exponencialmente, también en nuestra región donde no sólo se encuentran 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo[14], sino también los cinco países con mayores tasas de homicidio entre los adolescentes[15].

Para UNICEF los datos que hemos compartido a través de estas líneas y que están más detalladamente analizados en el reciente informe Una Situación Habitual. Violencia en la vida de los niños y adolescentes nos llevan a afirmar y confirmar:

· Que es impostergable sumar todas las voluntades para poner fin a la violencia contra los niños como una cuestión fundamental de derechos humanos y de justicia, y como la forma más digna y eficaz de crear sociedades más pacíficas,

· Que es necesario poner el derecho de los niños y niñas a vivir una vida libre de violencias en el centro de la agenda pública y como aspiración irrenunciable de nuestro tiempo, si es que sinceramente queremos que la Agenda 2030 no sea una vana quimera o una nueva frustración,

· Que la violencia no es eterna ni tampoco inexorable,

· Que poner fin a la violencia contra los niños y las niñas es responsabilidad de todos,

· Que la mayor violencia que podemos perpetrar contra los niños y las niñas es no hacer nada,

· Que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida[16], a ser amado y a ser feliz.

AUTORA: María Cristina Perceval es Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe

NOTAS:

[1] Convención sobre los Derechos del Niño. Preámbulo, párr. 1, 4 y 7

[2] Papa Francisco, Discurso en el Plenario de Naciones Unidas con motivo aprobación de la Agenda 2030, setiembre 2015

[3] Convención sobre los Derechos del Niño. Preámbulo, párr. 3

[4] Una situación habitual: Violencia en la vida de los niños y los adolescentes. UNICEF 2017

[5] Documento de posicionamiento. Prohibir todas las formas de castigo físico y humillante. Movimiento Mundial por la Infancia. 2017

[6] Convención sobre los Derechos del Niño, Preámbulo, párr. 6

[7] Convención sobre los Derechos del Niño, art. 28, inc. 2

[8] Violencia escolar en América Latina y el Caribe. Introducción, pg. 17 y 18. UNICEF y Plan Internacional. 2011

[9] Documento de posicionamiento. Prohibir todas las formas de castigo físico y humillante. Movimiento Mundial por la Infancia. 2017

[10] Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 5

[11] Una Situación Habitual: Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes. UNICEF. 2017

[12] Declaración Universal de Derechos Humanos, art.1

[13] Una Situación Habitual: Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes. UNICEF. 2017

[14] Las 50 ciudades más violentas del mundo. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. 2016

[15] Una Situación Habitual: Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes. UNICEF. 2017

[16] Convención sobre los Derechos del Niño, art. 6

 
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