El 17 de diciembre de 2010, la Corte Penal de París condenó a 13 de los 14 acusados, a penas de prisión entre 15 años y cadena perpetua, por el secuestro y la tortura de Alfonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. La Corte también emitió órdenes de arresto contra ellos. Los acusados están siendo buscados por Interpol.
El 27 de octubre de 2011, entraron al Penal Cordillera a entregar las condenas del juicio en Francia: Claude Katz, Karine Bonneau, Ximena Reyes (abogada de la FIDH, Erika Hennings-Chanfreau e Isabel Ropert.
Fueron recibidos por el Alcaide, Mayor de Gendarmería en su oficina. Estaba al tanto de la gestión de la FIDH y que aún estaba pendiente la notificación judicial de las condenas por parte de los tribunales chilenos.
Se le entregó formalmente la notificación para cada uno de los condenados que se encuentran en ese Penal, es decir para Manuel Contreras, Pedro Espinoza (es la primera cadena perpetua para ambos), Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff (30 años de prisión para ambos).
Isabel Ropert señaló: "Nos dijo que los cuatro se habían negado a recibir la condena personalmente de parte de la delegación de la FIDH. Nos explicó que no estaba autorizado a permitirnos entrar al recinto en donde se encuentran los condenados por violaciones a los derechos humanos porque hay que elevar previamente una solicitud a través del Director de gendarmería. Con Erika le indicamos que lo haríamos, pues nos interesa comprobar en qué situación se encuentran recluidos. Nos preocupamos de preguntar si tenían acceso a Internet (hoy salió en la prensa que a Iturriaga Newmann en Punta Peuco le encontraron un dispositivo móvil Internet); se nos señaló que tienen computadores pero sin tarjeta Internet. Igualmente, el Alcaide nos enfatizó que ese penal está a cargo de Gendarmería y que en ese recinto son diez los militares condenados por violaciones a los derechos humanos; que hay otros militares pero son por condenas de otro tipo."
Afuera, en la calle, frente a la puerta de ingreso del Penal Cordillera, en José Arrieta con Las Perdices, se encontraban con letreros varios miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, ex presos políticos, compañeros de la dirección de Villa Grimaldi; y prensa.
En conferencia de prensa, en Santiago el 24 de octubre, la delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH solicitó que las autoridades chilenas cumplan con las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal de París el pasado 21 de junio, en contra de doce uniformados y un civil, Emilio Sandoval Poo, responsables de la desaparición, secuestro y tortura de cuatro ciudadanos franco-chilenos bajo la dictadura militar.
La misión especial de la FIDH se queda en Chile hasta el 28 de octubre para solicitar a las autoridades chilenas que cumplan con las órdenes de detención decretadas contra los responsables de la desaparición, secuestro y tortura de cuatro franco-chilenos bajo la dictadura de Pinochet, Jorge Klein, Etienne Pesle, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet.
La misión está conformada por el Dr. Claude Katz, abogado de la FIDH en este proceso; Karine Bonneau, Responsable de la Oficina de Justicia Internacional de la FIDH y Jimena Reyes, Responsable de la Oficina de las Américas de la FIDH, quienes ofrecieron una conferencia de prensa esta mañana junto a Roberto Garretón, testigo de contexto en el proceso, y Paz Rojas, ex Presidenta de CODEPU, organización que se hizo parte en este juicio seguido en el extranjero.
Karine Bonneau, señaló que tras “doce años de procedimientos y ocho días de juicio, se lograron estas históricas condenas. Este proceso ha sido muy importante en muchos sentidos, pues además de establecer la responsabilidad penal de los acusados, permitió exponer un completo cuadro del funcionamiento de la dictadura, desde el bombardeo a La Moneda, la creación de la DINA y sus centros de torturas, la persecución de opositores en el marco de la Operación y de quienes participaron activamente en los procesos de reforma introducidos por el gobierno de Allende”.
La abogada también destacó que todos los acusados “se negaron a comparecer al juicio, e incluso a ser representado por un abogado, por lo que fueron juzgados en rebeldía, algo permitido tanto en el derecho chileno como francés”. Junto con recordar que son ahora las autoridades chilenas las que deben responder frente a las órdenes de detención emitidas y comunicadas a Interpol en junio pasado, “por lo que ninguno de ellos puede salir de Chile, o serían apresados y luego extraditados a Francia”.
Por su parte Claude Katz, abogado de la FIDH en el juicio, se refirió a la rigurosidad del mismo, con un total de 37 tomos de instrucción. Que es el único proceso hasta ahora que logró mostrar el mecanismo de exterminio y persecución a los opositores al régimen de Pinochet”.
El jurista aclaró a su vez, frente a la consulta de la competencia de la justicia francesa para conocer de estos casos “que el Código Penal de Francia, en su artículo 113-7, da competencia a su jurisdicción para conocer de crímenes cometidos contra ciudadanos franceses en cualquier parte del mundo”.
Por su parte, Roberto Garretón, testigo de contexto en el juicio y actual concejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aseguró que “este juicio fue un modelo de transparencia, que se pudo llevar adelante con la cooperación de los tribunales nacionales, que accedieron a dar curso a los procedimientos solicitados por la Corte Penal de Francia”. Enfatizó luego que “si bien no hay un tratado de extradición, propiamente tal, entre Chile y Francia, si hay resoluciones de reciprocidad que obligan al cumplimiento de estas órdenes de detención, en este caso de la más alta instancia penal de la justicia francesa”.
Finalmente Paz Rojas, ex Presidenta de CODEPU y también testigo en el juicio, resaltó la labor de “la justicia francesa, que desde un primer momento evidenció gestos de transparencia, acogida y respeto. La Corte jamás interrumpió a nadie y manejaba todos los antecedentes del proceso, incluso leyeron los testimonios de los acusados que rechazaron estar presentes en el juicio. Nunca en Chile hemos tenido una realidad así, donde tenemos desde jueces que se quedan dormidos, hasta los que no saben nada las causas que tramitan. Al terminar ese juicio, sentí por primera en la vida que se hacía justicia por todo lo ocurrido en Chile”
La doctora criticó la figura de la media y denunció que esta hoy es otra forma de impunidad, “pues en la práctica permite que las personas sean condenadas, por lo bajo las penas, salgan desde el tribunal en libertad”.
Ver información TVN:
http://www.24horas.cl/videos.aspx?i...
Nuevo informe sobre justicia chilena
En la oportunidad la misión presentó también un nuevo informe sobre justicia en Chile, relativo a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, denominado “Avances y obstáculos en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet”.
Actividades públicas y notificación de condena
Los integrantes de la misión durante esta semana sostendrán reuniones con el Presidente de la Corte Suprema y autoridades de gobierno, además de realizar diversas actividades públicas informativas y de homenaje. Finalmente, está prevista también la notificación de algunos de los más altos responsables, destacando este próximo jueves la visita al Penal Cordillera para notificar a Manuel Contreras de su condena a cadena perpetua.
Más información de caso:
http://fidh.org/El-proceso-de-la-di...
Dossier de prensa FIDH-LDH-CODEPU
El juicio de la dictadura de Pinochet
13 ex responsables de la dictadura fueron condenados por la desaparición de 4 víctimas franco-chilenas después de un juicio que duró del 8 al 17 de diciembre de 2010 ante la Corte Penal de París
Una condena histórica
El 17 de diciembre de 2010, la Corte Penal de París condenó a 13 de los 14 acusados, a penas de prisión entre 15 años y cadena perpetua, por el secuestro y la tortura de Alfonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. La Corte también emitió órdenes de arresto contra ellos. Uno de los acusados fue absuelto por falta de pruebas.
De manera excepcional para un proceso penal en Francia, el Fiscal General ante la Corte de Apelación de París (máxima autoridad del Ministerio Público), François Falleti, la máxima autoridad del Ministerio Público, comenzó los requerimientos el último día del proceso. El insistió, especialmente, sobre la "importancia" de la celebración de este proceso en Francia, 37 años después de los hechos cometidos en Chile.
"Este juicio es indispensable, puesto que mueve el cursor de la historia hacia la justicia. Vamos a juzgar las personas que se han dejado llevar por sus peores instintos cometiendo excesos en contra de personas vulnerables (...) Cuando los excesos son la tortura, la degradación y la negación de la existencia, el mensaje debe ser claro. Esto debe conducir a sanciones sin importar el tiempo trascurrido después de los hechos, y del lugar de los mismos(...) Nosotros juzgamos los hechos, los hombres, y remarcamos también el hecho de que Francia no se olvida de sus nacionales y hace todo lo necesario para hacer justicia".
Hoy: el procedimiento después del juicio
Las órdenes de arresto fueron emitidas en junio de 2011
Los acusados están siendo buscados por Interpol.
Los acusados deberían ser detenidos y / o extraditados a Francia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debera transmitir la petición de aresto y extradición y sus antecedentes a la Corte Suprema.
La FIDH hace un llamado a las autoridades chilenas para que detengan y extraditen a los condenados para que estos sean sometidos a un nuevo juicio en su presencia. Las penas tendrían que ser implementadas en Chile con el fin de que los acusados también estén a disposición de la justicia chilena para otros procesos.
Después de 12 años de Procedimiento y 8 días de juicio, 13 acusados fueron condenados a pena de prisión de 15 años a la cadena perpetua.
Fueron condenados a cadena perpetua: − Juan Manuel CONTRERAS SEPÚLVEDA, antiguo Jefe de la DINA y antiguo general del Ejército de Tierra chileno − Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, antiguo Coronel del Ejército de Tierra, director de operaciones y jefe de la Brigada de Intervención Metropolitana (BIM) de la DINA
Fueron condenados a la pena de 30 años de prisión: − Hermán Julio BRADY ROCHE, antiguo Comandante en jefe del cuartel de Santiago − Miguel KRASNOFF MARTCHENKO, antiguo Capitán del Ejército de Tierra adscrito a la DINA − Marcelo Luis MOREN BRITO, antiguo Comandante del Ejército de Tierra adscrito a la DINA
Fueron condenados a la pena de 25 años de prisión: − José Osvaldo RIVEIRO, antiguo Teniente-Coronel del Ejército de Tierra − Gerardo Ernesto GODOY GARCÍA, antiguo Subteniente del Ejército de Tierra adscrito a la DINA − Basclay Humberto ZAPATA REYES, antiguo Suboficial del Ejército de Tierra adscrito a la DINA − Enrique Lautaro ARANCIABIA CLAVEL, antiguo Representante de la DINA en Argentina − Raúl Eduardo ITURRIAGA NEUMANN, antiguo Responsable del Departamento Exterior de la DINA − Luís Joachim RAMÍREZ PINEDA, antiguo Comandante de campo de TACNA
Fue condenado a la pena de 20 años de prisión: − Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA, antiguo Oficial del regimiento TACNA
Fue condenado a la pena de 15 años de prisión: − Emilio SANDOVAL POO, antiguo Militar reservista de la Fuerza Aérea, actualmente empresario en Temuco
Fue absuelto por falta de prueba − José Octavio ZARA HOLGER, antiguo Oficial del Ejército de Tierra destinado en la DINA
Augusto PINOCHET también estaba siendo procesado por su responsabilidad penal personal y directa en la desaparición y tortura de las cuatro víctimas, en tanto que Comandante en Jefe del Ejército de Tierra y Jefe de la Junta Militar: una orden de detención internacional había sido igualmente expedida en su contra. La investigación francesa finalizó con su muerte, ocurrida el 10 de diciembre de 2006, tan solo unas semanas antes de que la jueza Sophie Clément emitiera el auto de procesamiento. Otros cuatro sospechosos procesados en este caso murieron también antes de la apertura del juicio: Javier Secundo Emilio PALACIOS RUHMANN (antiguo General del Ejército de Tierra chileno, encargado de dirigir el ataque al Palacio Presidencial de la Moneda), Osvaldo ROMO MENA (antiguo Comandante del Ejército de Tierra adscrito a la DINA), Andrés Rigoberto PACHECO CÁRDENAS (antiguo Coronel del Ejército del Aire y Comandante de la base de Maquehue) y Paul SCHAEFFER SCHNEIDER (antiguo Jefe de la «Colonia Dignidad» y antiguo nazi).
Las víctimas franco-chilenas al centro de este juicio
Jorge Klein, Consejero del Presidente Allende
Nacido en Francia el 29 de diciembre de 1945, Jorge Klein emigró a Chile en 1953. En 1971, se casó con Alicia Vera Fausto, con quien tuvo una hija, Vanessa.
Psiquiatra de profesión, militó primero en el partido socialista y más adelante en el partido comunista (1967). Fue nombrado consejero del Presidente Allende.
Jorge Klein se encontraba junto al presidente Salvador Allende durante los bombardeos al Palacio de la Moneda. Al igual que los otros defensores del Palacio, fue tomado prisionero ese mismo día y transferido en autobús junto con 40 personas al regimiento TACNA (regimiento de artillería del ejército). El regimiento fue comandado por el teniente coronel Luís RAMÍREZ PINEDA quien, junto con el general Javier PALACIOS, estuvo bajo el comando del General Herman Brady ROCHE, Comandante en Jefe del cuartel de Santiago.
Al llegar, los 40 prisioneros fueron llevados a las caballerizas y obligados a tenderse boca abajo, con las piernas abiertas y las manos detrás de la nuca, posición en la cual permanecieron hasta el día siguiente. Según varios testimonios, los prisioneros sufrieron malos tratos durante su transferencia al regimiento TACNA: golpes violentos, obligación de quedarse inmóviles en el frío, privación de agua y alimentos, amenazas de muerte, etc.
El 13 de septiembre, Jorge Klein fue llevado en un camión fuera del regimiento TACNA junto con otras 20 personas y despareció. Algunos testimonios recogidos durante la investigación relataron que posiblemente fue llevado a los terrenos de Peldehue, donde pudo haber sido abatido con sus co-detenidos por tiros de ametralladora, por orden del mayor Rafael AHUMADA VALDERRAMA.
Etienne Pesle, encargado de la reforma agraria del Instituto de Desarrollo de Agricultura y Pesca (INDAP) en Temuco
Nacido en Francia el 9 de enero de 1927, Etienne Pesle, en ese entonces sacerdote, se fue a vivir a Chile en 1953 para consagrarse a los más desvalidos. En 1966, dejó el sacerdocio y se casó con Aydée Méndez Cáceres con quien tuvo dos hijos, Roberto y Anne-Marie.
Etienne Pesle estaba a cargo de la reforma agraria en el INDAP, que tenía por objetivo especial la redistribución de tierras en provecho de los campesinos pobres, y en la región de Temuco especialmente a los indígenas mapuches.
El 12 de septiembre de 1973, Etienne Pesle fue detenido una primera vez durante 24 horas. El 19 septiembre de 1973, fue arrestado por segunda vez en su lugar de trabajo por militares que llevaban el uniforme de la FACH (Fuerza Aérea Chilena), entre los cuales se encontraba Emilio SANDOVAL POO, capitán reservista de la FACH. El grupo estaba comandado por Miguel MANRÍQUEZ, piloto civil y propietario del terreno contra quien Etienne Pesle había iniciado operaciones de expropiación en beneficio de los indígenas mapuches.
Desde ese día, su familia no lo volvió a ver. Varios indicios concordantes permiten pensar que después fue llevado a Maquehue, base de la fuerza aérea en el sur de Temuco, donde la tortura era aplicada sistemáticamente, también a los civiles. Algunas personas relatan que lo mataron y que su cuerpo fue tirado al mar desde el avión privado de Miguel MANRÍQUEZ.
Alfonso Chanfreau, miembro del MIR, responsable de la ciudad de Santiago
Alfonso Chanfreau nació el 22 de diciembre de 1950 en Santiago. Se casó con Erika Hennings, con quien tuvo una hija, Natalia.
Era miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se convirtió en responsable de la ciudad de Santiago.
El 30 de julio de 1974, Alfonso Chanfreau fue arrestado en su domicilio por la DINA. Gerardo GODOY GARCÍA y Osvaldo ROMO MENA participaron en esta operación. Su esposa, Erika, fue arrestada en la mañana siguiente para que «el marido hablara».
Durante 15 días de detención en la calle Londres 38, en el centro de Santiago, Alfonso Chanfreau y su esposa fueron bárbaramente torturados, principalmente por Osvaldo ROMO, Miguel KRASNOFF MARTCHENKO y Marcelo MOREN BRITO.
Erika Chanfreau fue posteriormente transferida a otros centros de detención y después expulsada a Francia con su hija Natalia. Alfonso Chanfreau, por su parte, fue transferido el 13 de agosto de 1974 a la «Villa Grimaldi» en donde le aplastaron las piernas con un vehículo antes de volverlo a llevar a la calle Londres 38.
Desaparecido desde entonces, ciertos testigos indican que fue conducido a la «Colonia Dignidad», lugar de secuestro y tortura de prisioneros y lugar de formación de agentes de la DINA, creado por Paul SCHAEFFER, antiguo criminal nazi.
Jean-Yves Claudet, miembro del MIR, encargado de relaciones internacionales
Jean-Yves Claudet nació el 30 de enero de 1939 en Maipú (Chile). Se casó con Arhel Danus en febrero de 1962, con quien tuvo dos hijos, Etienne y Roger.
Ingeniero de profesión, Jean-Yves Claudet era miembro del MIR. Arrestado en dos ocasiones en 1973, estuvo detenido un año. Una vez liberado, fue inmediatamente transferido a la Embajada francesa y embarcado en un vuelo con destino a Francia.
Desde Francia, Jean-Yves Claudet ayudó a instalar una célula del MIR en Argentina. Viajó a Buenos Aires el 30 de octubre de 1975 llevando consigo documentos. Fue interpelado en el Hotel Liberty el 1ro de noviembre de 1975 por agentes de la policía secreta argentina (SIE), en el marco del Plan Cóndor. Un representante de la DINA en Buenos Aires mencionó en un memorando dirigido a su superior jerárquico que Jean-Yves Claudet «Ya no existe».
Un proceso sin precedentes
Antecedentes: doce años de procedimiento en Francia
El 16 de octubre de 1998, el general Augusto Pinochet es detenido en Londres a petición de las autoridades judiciales españolas.
En los días siguientes, las familias de nueve ciudadanos franceses, desaparecidos o ejecutados en Chile o Argentina (aunque por hechos imputables a las autoridades chilenas), entre el 11 de septiembre de 1973 (fecha del golpe de Estado) y el 9 de febrero de 1977, interponen una querella en Francia para obtener la verdad y la justicia que no obtuvieron en Chile.
La primera querella la interpone Isabelle Ropert en nombre de su hermano, Enrique Ropert, detenido el 11 de septiembre de 1973 delante del Palacio Presidencial de la Moneda, quien fue luego encontrado muerto el 20 de octubre de 1973 en la morgue de Santiago.
Las querellas con constitución de parte civil de las familias de Alfonso Chanfreau, de Jean-Yves Claudet, de Jorge Klein y de Etienne Pesle son las únicas declaradas admisibles por la justicia francesa. La justicia ha aceptado el carácter continuo del delito de desaparición forzada, ya que los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados. Este delito se califica en el derecho francés como detenciones y secuestros, con el agravante de tortura y actos de barbarie.
La FIDH y su organización miembro en Francia, la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH) se constituyen parte civil en julio de 1999. La CODEPU, organización miembro de la FIDH en Chile, la Asociación de ex prisioneros políticos chilenos en Francia y Francia América Latina también se constituyen parte civil en apoyo a las familias de las víctimas.
El 30 de octubre de 1998, el juez Le Loire abre la instrucción, que es dada por concluida por la jueza Sophie Clément, el 21 de febrero de 2007, quien reenvía el caso ante la Corte Criminal de París. Las 19 personas implicadas en estos hechos de torturas y desapariciones han sido objeto de órdenes de detención internacionales emitidas por Francia, incluido Augusto Pinochet, identificado como el más alto responsable de estos crímenes. El proceso, inicialmente previsto en mayo de 2008, fue aplazado en un primer momento. Finalmente el proceso tuvo lugar ante la Corte Criminal de París – la instancia más alta de la jurisdicción penal francesa – entre el 8 y el 17 de diciembre de 2010. Fueron juzgados 14 de los presuntos autores de crímenes de tortura y desapariciones forzadas de ciudadanos franco-chilenos, los cuales fueron perpetrados durante los primeros años de la dictadura militar en Chile.
visuels l’un à côté de l’autre de l’incendie de la Moneda bombardée et Palais de justice de Paris (comme dans l’ancien dossier de presse p.2) legende : Golpe de Etado del 11 de septiembre de 2010, Bombardeo del Palacio Presidencial de la Moneda légende : Palacio de Justicia de Paris
Un proceso histórico
Este proceso tiene un valor histórico por varios motivos: Más allá del reconocimiento de la responsabilidad individual de los acusados, este proceso ha sido la ocasión de establecer, e incluso de sancionar, el funcionamiento del sistema represivo creado por la dictadura de Pinochet, que reinó en Chile de 1973 a 1990. Aunque existen procesos en Chile, ninguno ha tratado, de manera conjunta, casos de víctimas de crímenes diferentes, lo cual permite exponer un cuadro completo del modo en que operaba la dictadura. Además, el proceso trata eventos muy destacados del comienzo de la dictadura y característicos de su funcionamiento, que describen perfectamente su modus operandi: − el bombardeo del Palacio Presidencial de la Moneda y la detención de los colaboradores de Salvador Allende; − las operaciones sistemáticas contra los opositores (entre ellos, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR–) y las personas vinculadas al régimen anterior (como los actores de la gran reforma agraria iniciada por Allende); − el funcionamiento claramente jerarquizado de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA); − el Plan Cóndor, con el objetivo de eliminar a los opositores de los regímenes dictatoriales de la región; − los crímenes cometidos en centros de tortura (crímenes sistemáticos bajo la dictadura de Pinochet), como Londres 38, Villa Grimaldi o «Colonia Dignidad».
encadré El proceso del sistema represivo creado por el general Pinochet en Chile
Desde el primer día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet instauró un autentico sistema represivo para perseguir a los opositores políticos.
➢ Desde los meses de septiembre y octubre de 1973, el gobierno de la junta militar va a perseguir y eliminar a los militantes de la Unidad Popular de Salvador Allende (la coalición de partidos de centro-izquierda y de izquierda), del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y de los partidarios de las reformas iniciadas por el presidente Allende, como la reforma agraria.
➢ En 1974, el General Pinochet crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía de represión política, y confía su dirección a Manuel Contreras. Situada directamente bajo el mando del General Pinochet, la DINA es responsable de la mayoría de las desapariciones forzadas, de los asesinatos y de la tortura de numerosísimos opositores políticos. La DINA participó en la creación y la administración de varios campos de detención y tortura clandestinos, entre los cuales la «Villa Grimaldi» y la «Colonia Dignidad».
➢ Paralelamente, se pone en marcha el Plan Cóndor. Operaciones como campañas de asesinatos y de lucha anti-guerrilla son dirigidas conjuntamente por los servicios secretos de Chile (en particular, la DINA) y de los países limítrofes (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) contra los disidentes políticos y, en Chile. Basado en una pretendida «doctrina de seguridad nacional», el plan se despliega incluso en territorio europeo (Francia, Italia, Portugal, España) y estadounidense.
• Este proceso identificó a Augusto Pinochet, a la cabeza del régimen, como el principal responsable de estos crímenes.
«Las audiencias han permitido entre otras cosas escuchar a varios testigos históricos. A pesar de la muerte de Augusto Pinochet, este juicio fue un juicio póstumo que permitirá revelar el conjunto del sistema de represión establecido», declararon los abogados de las familias, William Bourdon y Sophie Thonon, y los abogados de las asociaciones, Claude Katz y Benjamin Sarfati.
• Este proceso trató igualmente la responsabilidad penal de civiles, en particular, los directivos de empresas que desempeñaron un papel importante en la ejecución de estos crímenes, tema que no ha hecho revelado ante la justicia chilena.
• En este proceso comparecieron, junto a las familias de las víctimas, numerosos testigos que se han desplazado desde Chile. Ellos son:
Testigos de los hechos, del arresto, del secuestro, de la detención y de las torturas de las cuatro víctimas.
Personalidades que analizaron el contexto de los hechos, la situación jurídica y política en Chile.
Mediante este proceso, los tribunales franceses podrían hacer justicia, una justicia que se les ha negado a las familias de las víctimas en Chile.
El juicio, día por día
Este juicio fue objeto de una intensa cobertura mediática en Francia, la sala de audiencias de la Corte Penal de París estuvo siempre llena de público y periodistas.
8 de diciembre: El Presidente de la Corte, Hervé Stéphan llamó a testigos y querellantes. Canceló la participación del jurado debido a la ausencia de los acusados, y organizó la agenda de audiencias. Finalmente, empezó la lectura del auto de procesamiento ante la jueza de instrucción Sophie Clément, el cual tenía más de 200 páginas.
9 de diciembre: El Presidente terminó de leer el auto de procesamiento y comenzó a llamar a los "grandes testigos", expertos del contexto. Louis Joinet, ex Relator Especial de la ONU,co-autor de los Principios para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad, y uno de los redactores de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Louis Joinet presentó las dificultades de definir y castigar el delito de desaparición y la importancia de considerar las violaciones masivas de los derechos humanos desde la perspectiva del individuo y de la sociedad. También habló del marco legal deChile en el momentos de los hechos,y de su breve encuentro hace algún tiempo con Jorge Klein. Stéphane Hessel, uno de los co-redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con su autoridad moral, reafirmó los principios que sustentan la importancia moral y legal de este juicio.
Roger Le Loire, primer magistrado de instrucción en este caso, que también lanzó las primeras órdenes de arresto contra Pinochet y otros, presentó los desafíos y las principales conclusiones de su investigación. Le Loire hizo referencia a la evolución de la cooperación de las autoridades chilenas en la investigación, la cual fue muy hostil en 1998 cuando se realizó la comisión rogatoria en Chile con el apoyo del juez Guzmán, y a los interrogatorios, de los principales acusados, que realizó en Chile. También habló del papel de los Estados Unidos en el golpe de Estado y en la Operación Cóndor, recordando su citación a Henry Kissinger, a comparecer en su visita a Francia.
Magdalena Garcés, abogada chilena, presentó los avances y obstáculos en la persecución de los autores de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Presentó la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que descarta el decreto de amnistía e implementa normas de derecho internacional. Pero también describió con precisión la figura de la "media prescripción", que permite a los acusados de salir libres, a pesar de una condena, esta medida constituye una nueva forma de impunidad, por lo cual este juicio en Francia es aún más importante.
Otros testigos expertos comparecieron durante el juicio (mas abajo)
10 de diciembre : La detención - desaparición de Jorge Klein fue el tema de los debates del día, a través del testimonio de su hija, Vanessa Klein, de René Bendit amigo de Jorge Klein, y de Joan Garcés, cercano y colega de Jorge Klein, quien también explicó cómo, a partir de su experiencia con el Presidente Allende, dedicó su vida en España al enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura
Isabel Ropert compareció como gran testigo. Hermana de Robert Enrique, fue la primera en querellarse en Francia. Sin embargo, y dado que el cuerpo de su hermano fue encontrado, el juez francés declaró la acción prescrita (a diferencia de los delitos de desaparición considerados como continuos). Isabelle Ropert sin embargo, testificó durante el período de los hechos en Chile y el comienzo de la investigacion en Francia.
La Dra. Paz Rojas, ex presidenta de CODEPU, y neuropsiquiatra, contó su experiencia con las víctimas y los efectos trans-generacionales de las desapariciones forzadas. También declaró sobre Jorge Klein y los otros médicos de la Moneda con quienes trabajaba.
13 de diciembre: La detención - desaparición de Etienne PESLE fue el centro de los debates del día, principalmente a través de los testimonios de Eduardo Herrera, ex funcionario del INDAP, Mario Nahuelpan, quien fue detenido con Etienne Pesle en la base de Manquehue, Paillalef Nepomuceno, ex director del INDAP del Sur, de su hijo Roberto PESLE y de su hermano Hubert PESLE.
Testificaron como grandes testigos, Viviana Uribe, presidente del CODEPU y el abodago Roberto Garretón. Viviana Uribe comentó las conclusiones de su trabajo sobre las desapariciones durante la dictadura y el funcionamiento de la DINA. Roberto Garretón declaró sobre el marco jurídico en el que se cometieron estos crímenes y la actitud del poder judicial.
14 de diciembre: La detención-desaparición de Alfonso Chanfreau fue el centro de los debates del dia, a través de los testimonio de Cristian Yurick VAN y Miguel Angel Rebolledo, ambos detenidos con Alfonso Chanfreau, de Eric Zott, quien se refirió al funcionamiento de la Colonia Dignidad, donde fue detenido, y de su sobrino Alejandro Retamal, de su hermano Bernardo Chanfreau, de su esposa Erika Hennings y de su hija Natalia Chanfreau.
15 de diciembre: La detención-desaparición de Jean-Yves Claudet fue el centro de los debates del dia, a través del testimonio de sus hermanas Marcelle Claudet y Jacqueline Claudet, y de Isabel Ropert. El escritor estadounidense John Dinges, el juez argentino Alejandro Carrió, el uruguayo M. Michelini, hijo de Zelmar Michelini declararón sobre la Operación Cóndor, así como Martín Almada, que descubrió los archivos del Plan Condor en Paraguay. La abogado Carmen Hertz declaró sobre el funcionamiento del sistema represivo de la dictadura.
Los querellantes y testigos pudieron presentar fotos y otros documentos personales.
16 de diciembre Por la mañana, el presidente Stephan leyó el testimonio escrito de René VALENZUELA Debido a la ausencia de los acusados, el presidente también leyó las declaraciones escritas de los acusados tomadas durante la investigación, y también otra declaración escrita de Manuel Contreras
En la tarde, los abogados de los querellantes presentaron sus alegatos : Claude Katz (por la FIDH y la LDH), Clémence BECTARTE (por la FIDH), Sophie Thonon (por Francia - América Latina y la Agrupación de los ex presos politicos chilenos en Francia), Benjamin SARFATI (por CODEPU), Sophie Thonon (por la Familia Claudet), William Bourdon (por las familias Klein, Pesle y Chanfreau).
17 de diciembre
La fiscalía presentó sus alegatos y requerimientos El Fiscal General ante la Corte de Apelación de París (máxima autoridad) François Falleti intervino por primera vez para señalar la importancia de este juicio. Pierre Kramer, Fiscal de la República, presentó sus conclusiones y requirió penas de 20 y 15 años de cárcel.
Tras más de dos horas de deliberación, la Corte dio a conocer su sentencia sin otro fundamentó que la firme convicción de los tres jueces. Ellos respondieron sí a las preguntas sobre si las cuatro víctimas fueron arrestadas, detenidas, secuestradas y torturadas. Para cada víctima, dijeron que los acusados fueron responsables y cómplices. La Corte Penal condenó a 13 de los 14 acusados a penas de 15, 20, 25, 30 años y cadena perpetua.
Después una breve pausa, la Corte realizó una audiencia y se pronunció sobre las demandas civiles.
Competencia de los tribunales franceses
Los acusados, aunque debidamente notificado de este juicio, se han negado expresamente a comparecer ante los tribunales franceses y también se han negado a ser representados. Fueron juzgados «en rebeldía», de acuerdo con el procedimiento penal francés.
El llamado juicio en rebeldía
El juicio en rebeldía que permite a un acusado ser juzgado en su ausencia, que sutituyó el procedimiento de juicio en ausencia (“par contumace”) en 2004, para cumplir con los requisitos de un juicio justo. La Ley del 9 de marzo de 2004 fue adoptada para implementar los requisitos de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). De acuerdo con los requisitos de la CEDH, el acusado, aunque ausente, puede ser defendido por un abogado. Sólo si el acusado persiste en su negativa a comparecer ante el tribunal y a designar a un representante legal, pueden ser juzgados.
El Fiscal General, François Falleti declaró en los alegatos finales en nombre del Ministerio Publico: "Debemos respetar el derecho de los acusados, pero también respetar los derechos de las víctimas. Es inconcebible permitir que los torturadores decidan venir o no venir bajo su discreción, o se autodesignen para decidir la agenda de la Corte. La evidencia de la investigación era muy completa. Hay muchos factores a considerar por la Corte. Además de los testimonios, hay elementos substanciales. El procedimiento en rebeldía obliga a notificar, a las familias y a los acusados, los cargos, las pruebas y las fechas del juicio. Los acusados tuvieron la oportunidad de ser representados. Y decidieron no ser representados, esa fue su elección. Sin embargo, para las víctimas, no podemos esperar más. Este juicio se necesitaba para las familias. "
Asimismo, el Fiscal Pierre Kramer en su alegato final justificó este procedimiento de la siguiente manera: "Si el procedimiento por rebeldía no existiera, se abriría la puerta a la impunidad. No se debe convertir en rehén de los acusados. No deberían ser maestros del tiempo. El procedimiento rebeldía ha sido valorado por la Corte Europea de Derechos Humanos. Es perfectamente justo. Hemos aplicado la ley, no un procedimiento excepcional. Además, la Convención contra las Desapariciones dice claramente que la amnistía no debe ser un obstáculo a la justicia. El derecho a la justicia resulta de todos los convenios, CIDH, CEDH, etc. La defensa de los derechos humanos es esencial. La autoridad judicial tiene que controlar cualquier privación de libertad y la aplicación del habeas corpus."
El jurado no está presente en un juicio en rebeldía, sólo están los 3 jueces profesionales. Si el condenado es detenido, debe ser extraditado y juzgado de nuevo ante un tribunal penal con la presencia del jurado.
El procedimiento es de derecho ordinario, incluyendo la revisión de las pruebas, la audiencia de los querellantes, testigos y expertos.
La competencia extraterritorial de los tribunales franceses
Es la nacionalidad franco-chilena de las víctimas que sirve de base a la competencia del juez francés en este asunto. la competencia personal se basa en la nacionalidad del autor (competencia personal activa) o de la víctima (competencia personal pasiva) de la infracción. La justicia francesa se ha pronunciado sobre el fundamento de la competencia personal pasiva: Alfredo stiz, conocido como «el ángel de la muerte» de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada argentina, fue condenado a cadena perpetua en rebeldía en marzo de 1990 por la desaparición de dos religiosas francesas durante la dictadura. Tras haber escapado a la justicia argentina gracias a la ley de amnistía, denominada «de punto final», promulgada en diciembre de 1986, Alfredo Astiz debió enfrentar un proceso en su contra en Buenos Aires a partir del 11 de diciembre de 2009 por crímenes cometidos durante la dictadura.
Este proceso es especialmente importante ya que remedió algunas deficiencias de la justicia chilena.
El funcionamiento deficiente de la justicia chilena
A partir de los trabajos de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (conocida como Comisión Rettig), de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación - creadas en 1990 y 1992 respectivamente que tuvieron un mandato limitado sobre las violaciones del derecho a la vida - y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech, creada en 2003), el Estado chileno reconoce oficialmente a 3.197 víctimas de desapariciones o ejecuciones y a 28.461 víctimas de torturas.
El mandato limitado de estas instancias y la imposibilidad para muchas víctimas de acceder a las mismas, debido al sentimiento de inseguridad, sobre todo a comienzos de la década de 1990, y a su mandato restrictivo,tuvo como consecuencia que cientos de víctimas no fueran identificadas como tales.
En febrero de 2010, las comisiones Rettig y Valech fueron reinstaladas durante un período de tiempo corto, lo que permitió que nuevas víctimas se dieran a conocer y que beneficien así de ciertas medidas de reparación.
Estas Comisiones de la Verdad no pretendían establecer las responsabilidades individuales ni impartir justicia.
La detención de Augusto Pinochet en Londres, además de dar pie al proceso en Francia, permitió también impulsar los procesos en Chile. Al terminar la dictadura en 1990 se interpusieron pocas querellas y éstas se archivaban casi automáticamente debido a la aplicación del decreto-ley de amnistía. Cuando Augusto Pinochet regresó a Santiago de Chile, tras su detención en Londres, las víctimas de la dictadura habían interpuesto 60 querellas en su contra. Dos meses más tarde ya había casi 100 querellas y, a su muerte, el 10 de diciembre de 2006, sin que se le hubiese juzgado nunca, ya existían más de 400, en particular por desapariciones forzadas, torturas, secuestros de niños y homicidios agravados. Ningún proceso en Chile ha juzgado a los acusados por los hechos cometidos contra las cuatro víctimas franco-chilenas
RECUADRO:
La justicia chilena sobre violaciones de los derechos humanos del pasado En la actualidad hay 307 personas con condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, de estas sólo 70 están, hoy en día, cumpliendo sus condenas en un centro de detención.
De las 786 personas procesadas o condenadas sólo han sido investigados y procesados 54 civiles.
En 2001 se nombraron jueces especiales de primera instancia para investigar estas querellas, que no han dejado de aumentar desde 1998. Algunos de estos jueces han realizado un importante trabajo, que ha permitido divulgar la verdad sobre los crímenes cometidos, calificados por algunos de ellos crímenes contra la humanidad basándose en el derecho internacional convencional y consuetudinario. La Corte Suprema ya no aplica el decreto-ley de amnistía, aunque éste sigue en vigor.
Sin embargo, la justicia sigue siendo deficiente. Las penas demasiados bajas debido a la aplicación desde hace algunos años de la « media prescripción», son totalmente desproporcionadas con respecto a la gravedad de los crímenes. Esta norma que tiene cuenta la antigüedad de los hechos y el comportamiento actual de los autores, implica en realidad que en muchos casos los condenados queden en libertad, tras la sentencia. Además, la justicia es muy lenta: el 65% de los procesos en curso (a menudo tras más de diez años de procedimiento) siguen en la fase de instrucción.
Los esfuerzos de la justicia solo alcanzan a pocos dirigentes civiles de la dictadura. La justicia chilena nunca habría podido juzgar a Pinochet.
Se constata que esta justicia tropieza con las reminiscencias de la estructura de impunidad creada por Pinochet y sus seguidores al preparar la transición.
Para mas información leer el ultimo informe de la FIDH : AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA DE AUGUSTO PINOCHET, octubre 2007, en www.fidh.org
• Movilización de la FIDH, la LDH y CODEPU
Las actividades implementadas por las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, en apoyo de las víctimas, han sido cruciales para movilizar a la opinión pública internacional sobre los crímenes graves cometidos en Chile y la necesaria lucha contra la impunidad
La FIDH
En octubre de 1973, Michael Blum, abogado y ex Secretario General de la FIDH, estaba en una misión a Chile, durante la cual se reunió también con el General Pinochet. El compartó las conclusiones y recomendaciones de esta misión directamente con el Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York. Para denunciar la violaciones masivas de los derechos humanos y apoyar a las víctimas de estas violaciones, la FIDH realizó varias misiones en Chile. En 1986, la FIDH ha realizado una misión de solidaridad, a petición de las ONG y los periodistas chilenos. En 1989, la FIDH ha investigado la aplicación del proceso de transición. Al final de una misión en 1999, durante la detención de Augusto Pinochet en Londres y cuando se discutía la posibilidad de su regreso a Chile, la FIDH concluyó a la incapacidad de la justicia chilena de juzgar al ex dictador. En 2005, 2008 y 2009, la FIDH ha llevado a cabo misiones sobre la administración de la justicia y la evaluación de los procesos abiertos sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. A nivel internacional, la FIDH ha contribuido a la redacción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entrara en vigor el 23 de diciembre 2010.
LDH
La LDH se movilizó para denunciar los crímenes cometidos en Chile y para que la comunidad de los estados actué. La LDH ha acogido a muchos refugiados chilenos en Francia, les ha apoyado en su reinstalación en Francia, incluso para obtener el titulo de de refugiado político.
CODEPU
Creado en 1980 durante la dictadura militar, CODEPU nació para denunciar y oponerse a los crímenes de lesa humanidad: tortura, desapariciones, ejecuciones sumarias ; para la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados ; para oponerse a la impunidad de estos crímenes y para luchar por una vida digna, exigiendo el retorno de la democracia.
Al principio de la transición a la democracia en marzo de 1990, CODEPU, pidiendo que la verdad y la justicia constituyan la base fundamental de la reconstrucción democrática, apoyó a las víctimas y las comunidades sociales para recuperar sus derechos. CODEPU sigue exigiendo la modificación de la Constitución heredada del régimen militar de Pinochet, para garantizar la efectividad de los derechos humanos en toda la sociedad. CODEPU está muy involucrado en la lucha nacional e internacional contra la impunidad. CODEPU fue parte principal en el proceso contra Pinochet. CODEPU se ha comprometido a presentar querellas por desaparición forzadas y ejecuciones extrajudiciales. CODEPU también fue la primera ONG que representó a las víctimas de tortura y obtuvo condenas de los torturadores sobre la base del derecho internacional.
Para obtener más información sobre el juicio:
http://www.fidh.org/El-proceso-de-l...
