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En este numero:

- La Revolución plurinacional boliviana desde sus fundamentos indigenistas y marxistas. Entrevista de Alex Ibarra al sociólogo boliviano Antonio Abal Oña
- Entre lo viejo, lo nuevo y otros cuentos. Reflexiones en respuesta a Gabriel Salazar por Camila Vallejo Dowling
- ¿HACERSE CARGO DEL GOLPE O DE LA HISTORIA? por Ángel Saldomando

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Hacia una cultura democrática. Consideraciones en torno a la política nacional en formación ciudadana. Por Rodrigo Escobar San Martín

(JPEG) No cabe duda que uno de los temas más importantes que se encuentra en la agenda de políticas educativas nacionales es la formación ciudadana. Ya desde los inicios del presente siglo, la formación ciudadana ha sido un tema recurrente, objeto de debates y comisiones que progresivamente tienden a colocar en la agenda política la necesidad de educar en ciudadanía, ya no sólo como proceso formativo sino que principalmente para fortalecer la convivencia democrática y la democracia misma.

Ante esto, los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004; 2014; 2015; 2017) plantean la importancia que progresivamente ha tomado la ciudadanía para la consolidación de la democracia. Una ciudadanía más empoderada y participativa implica a su vez un estado saludable de la democracia.

Por ello, la educación juega un papel central. Independientemente del punto de vista en que se mire, educación y política son concomitantes. En este sentido educación y democracia es una tarea de cómo pensamos, nos relacionamos y actuamos políticamente en vistas al desarrollo del país, pero por encima de todo al anhelo de país que queremos. El desarrollo país invita a relacionarnos en democracia, en convivir democráticamente, especialmente en Latinoamérica en que, tal como plantea Norbert Lechner (1987;1988), la convivencia político-social ha sufrido los embates del autoritarismo, teniendo como consecuencia democracias frágiles gracias a la persistencia de irrupciones traumáticas del pasado, o a la herencia política que aun sobrevive en las incipientes democracias de la región.

La necesidad de una educación democrática atiende al fortalecimiento de las sociedades, pero también establece las condiciones que posibilitan pensar la escuela con sus fundamentos, fines y propósitos a la hora de formar los elementos políticos y éticos basales de la vida democrática que, en palabras de Jorge Millas, busca propiciar la convivencia integral entre personas que supone reconocer la participación, inclusión y pensamiento, a través del diálogo, como propósitos fundamentales en el desarrollo de los individuos y de la comunidad.

Por esta razón es importante entender cuáles son los antecedentes que propendan a la comprensión de establecer una política pública en formación ciudadana mediante decreto de ley, me refiero a la ley 20.911. Su antecedente inmediato tiene como principal documento la inquietud que surgió entre las propuestas del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción (Comisión Engel) (2015), donde se enfatiza la necesidad de “un sistema educacional que forme en valores cívicos de respeto a la convivencia y fomento del bienestar común” (p. 89), proponiendo la necesidad de incluir la formación ciudadana en las bases curriculares desde el segundo nivel de transición hasta el cuarto año de educación media; incluir la formación ética y ciudadana en los proyectos educativos institucionales de los establecimientos educativos; incluir en la formación inicial docente la formación ciudadana, ética y el pensamiento crítico.

No obstante aquello, a partir de los años 90, en plena restauración de la democracia en Chile, los gobiernos de la concertación iniciaron los primeros cambios políticos de transformación y modernización de la educación. La repercusión particular en la formación ciudadana comienza a partir del año 1994 en que se esbozan los lineamientos básicos para abordar los elementos políticos y ciudadanos que deben tener como propósitos los fines de la educación y asimismo comienza a instalarse el discurso de avanzar en la calidad del sistema educativo (Comisión nacional de modernización de la educación, más conocida como comisión Brunner). A raíz de aquello, una de las primeras medidas fue la eliminación de educación cívica del currículum nacional de la escuela.

Transcurrida casi una década en que la Educación Cívica desaparece formalmente como asignatura en el currículo nacional, además de comisiones políticas específicas en esta materia y estudios efectuados entre los años 2003-2005, en el año 2009, el Ministerio de Educación nuevamente participa del estudio internacional de educación cívica y formación ciudadana. Los resultados de dicho estudio fueron entregados en 2010, evidenciando una fragilidad en la formación ciudadana, por lo que se debía profundizar estrategias para lograr mejores resultados en este tipo de prueba de carácter estandarizado a nivel mundial. De esta manera, el gobierno propone avanzar en la obligatoriedad de un plan de formación ciudadana para cada uno de los establecimientos educativos del país. En primer lugar, se propone una asignatura de formación ciudadana y al mismo tiempo acciones concretas tanto institucionales como en la transversalidad del currículum que aborden el tema de la formación ciudadana en su conjunto, es decir, el concepto de una cultura democrática y ciudadana debe ser uno de los fundamentos principales de acción educativa en que tanto la sociedad como escuela den vida a la democracia real (Apple & Bean, 2012). Ahora bien, ¿por qué hablar de formación ciudadana en vez de educación cívica?

Los fundamentos que plantea el MINEDUC para hablar de formación ciudadana son extraídos principalmente de la experiencia del IV seminario de ministros de educación que se llevó a cabo en Trinidad y Tobago y, especialmente, de la obra de los autores Cristián Cox, Rosario Jaramillo y Fernando Reimers, titulada “Educar para la Ciudadanía y la Democracia en las Américas: Una Agenda para la Acción” (2005).

A este respecto, se plantea que, a nivel latinoamericano, el tránsito de la educación cívica a una Formación Ciudadana tiene una ampliación del concepto y de sentido, basado principalmente en trasladar el foco de los contenidos en la institucionalidad política hacia una ampliación temática donde no solo tenga cabida la institucionalidad, sino también las temáticas y problemas actuales de la sociedad. Además de ello, la formación ciudadana deja de encontrarse ubicada en los últimos cursos de la Educación Media, para encontrarse presente a lo largo de la trayectoria escolar. Finalmente, la formación ciudadana se orienta tanto a la adquisición de conocimientos como también a las habilidades y actitudes en ambientes y prácticas con predominio de relaciones participativas y democráticas (Cox, Jaramillo, Reimers, 2005).

De esta manera, el cambio de paradigma supone un enriquecimiento de los fundamentos, fines, metodologías y prácticas para educar en ciudadanía, pero, por sobre todo, deja de pertenecer a una asignatura en especial, por lo que el desafío actual es instalar en la formación docente la formación ciudadana como un elemento constitutivo transversal para así dejar a un lado el discurso acerca de la formación ciudadana como competencia propia de la asignatura de historia y geografía que actualmente permea en los establecimientos educativos.

A partir de la praxis, el impulso curricular implica comprender que la Formación ciudadana promueva una educación para la ciudadana, enfoque que establece como elementos centrales el desarrollo en las/los estudiantes un conjunto de herramientas (el conocimiento-comprensión, habilidades y aptitudes, valores y disposiciones) que les permitan participar en forma activa y sensible en los roles y responsabilidades que tendrán en sus vidas adultas como miembros de la sociedad. Por tanto, integra conocimientos que permitan comprender la historia nacional, las instituciones políticas, estructuras y procesos del gobierno y la vida política (educación cívica), y, al mismo tiempo, los estudiantes tengan un rol activo dentro de la comunidad educativa, aprendiendo a través de la participación la importancia que posee, desde la escuela, la experiencia de una comunidad democrática.

Por esta razón, democratizar la educación implica construir en convivencia una formación más humana, y humanizar la educación es construir una forma de convivencia más democrática (Morin 1999), rebasando la mera asociación instrumental y procedimental. Por esta razón se hace imperiosa la búsqueda de sentido y resignificación de la escuela en el siglo XXI en que tanto los enfoques de derecho, género, territoriales, participativos e inclusivos sean elementos vitales dentro de las comunidades educativas, como también el pensamiento crítico donde existan espacios de reflexión no solo en el aula sino también en la escuela y así también distintas miradas de la sociedad. Por otro lado, la importancia de los discursos reflexivos, el debate y el desarrollo argumentativo deben tener cabida, convirtiéndose en prácticas permanentes dentro de las comunidades educativas. Por último, la importancia de una cultura democrática que avale y dignifique el pluralismo y la interculturalidad como espacios deliberativos y de expresión de la alteridad.

Por tanto, la educación es central, porque tiene que ver con la autonomía y la convivencia que ésta posibilita. De este modo es importante preguntarse por el sentido, no solamente desde una perspectiva instrumental, sino también desde una visión antropológica que enfatice la libertad y rescate las memorias colectivas y populares, vitales para una cultura democrática.

 
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